Al menos 30 ciudades en España promueven eventos en la calle, escuelas o universidades.
Cerca de 30.000 personas están condenadas a muerte en todo el mundo.
Solo nueve países son responsables de más del 80% del total conocido de forma oficial de ejecuciones: Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Kenia y Sri Lanka.
Con motivo de la celebración de la 19ª edición de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte “Ciudades por la Vida”, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional seguimos denunciando cómo, a pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, países como Arabia Saudí, Irán o Estados Unidos continúan matando en nombre de la justicia.
Este año participarán en la iniciativa 2.371 ciudades de todo el mundo, desde Roma a Johannesburgo, pasando por Amsterdam, París, Berlín o Nairobi, entre otras. En España, son más de 80 las ciudades inscritas a esta iniciativa, y en este 2021, más de 30 como Madrid, Barcelona, Bilbao, Burgos, San Sebastián, Logroño, Málaga, Oviedo, Valencia, Vigo o Vitoria, llevan a cabo hoy actos como la iluminación de edificios emblemáticos con sus respectivos ayuntamientos, así como jornadas en escuelas y universidades.

La organización se ha concentrado, a pocos días de la Conferencia Interministerial de la OMC en Ginebra, frente a la sede de la farmacéutica en Alcobendas para exigir que acaben con la desigualdad mundial en el acceso a las vacunas Covid-19 y salvar así millones de vidas
Madrid.- Activistas de Amnistía Internacional se han concentrado esta mañana en la sede de Pfizer/BioNTech de Alcobendas (Madrid) para protestar por el reparto desigual de vacunas y exigir a la farmacéutica que cambie su estrategia de distribución para aumentar significativamente su entrega a países de bajos ingresos. A pocos días de que se celebre en Ginebra la Conferencia Interministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre el 30 y el 3 de diciembre, AI recuerda que es en esta reunión precisamente donde se abordará la exención temporal de patentes.

Con motivo del lanzamiento de una nueva campaña que resalta los logros de 16 mujeres afganas extraordinarias, Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a mantenerse fiel a su compromiso de apoyar de manera continuada los derechos de las mujeres.
Este año, en el marco de la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género —que se celebra anualmente, en homenaje a las mujeres de todas las regiones del mundo que luchan contra la discriminación de género y alzan la voz por los derechos de las mujeres— la organización de derechos humanos comparte la historia de 16 afganas pioneras que, a lo largo de los últimos 20 años, han superado enormes barreras para participar en la vida pública. Dichas mujeres, de ámbitos públicos tan dispares como el derecho, la política, la universidad y los medios de comunicación, hablan de su trayectoria profesional, sus sentimientos sobre la vuelta de los talibanes, sus esperanzas y temores frente al futuro y sus recomendaciones a la comunidad internacional sobre la forma de seguir apoyando los derechos de las mujeres.

El consentimiento en el centro de la ley, el compromiso con la creación de centros de crisis para la atención a las víctimas de violencia sexual en todas las Comunidades Autónomas, la formación de funcionarios con enfoque de género y el reconocimiento del derecho a reparación de las víctimas: avances relevantes del Anteproyecto que suponen un cambio de paradigma para la protección de las víctimas.
Pulir la tipificación del delito de agresión sexual sin ambigüedades interpretativas, incluir en la consulta sobre el proyecto de ley a colectivos vulnerables como las trabajadoras sexuales que pueden enfrentarse a un mayor riesgo de abusos, y armonizar este proyecto de ley con legislación estatal y autonómica: son mejoras que deben producirse en el trámite parlamentario. con el fin de garantizar la igualdad de derechos de todas las víctimas de violencia sexual.

Pese a que las violaciones son ya endémicas, no se denuncian debido al estigma y a la cultura de culpabilización de las víctimas.
La falta de investigaciones policiales sobre la violencia sexual priva a las sobrevivientes de justicia.
El año pasado se denunciaron 11.200 casos de violación, incluidas violaciones de niñas con resultado de muerte.
En el informe que Amnistía Internacional ha publicado hoy, la organización describe cómo, a pesar de la declaración del “estado de emergencia” por parte de las autoridades nigerianas en relación con la violencia sexual y de género, las violaciones siguen proliferando a niveles de crisis, mientras que se niega justicia a la mayoría de las sobrevivientes, los violadores eluden su enjuiciamiento y cientos de casos quedan sin denunciar debido a la corrupción generalizada, el estigma y la cultura de culpabilización de las víctimas.

Sánchez acude el próximo 17 de noviembre a la VII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países
Madrid.- La retirada del Convenio de Estambul, demostrando así su falta de compromiso para prevenir la violencia contra las mujeres; juicios como el de Büyükada y encarcelamientos como los de Osman Kavala y Selahattin Demirtaş, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes, que muestran la voluntad de Erdogan de reprimir la protesta y la disidencia, son algunos ejemplos de la deriva de Turquía que el presidente Pedro Sánchez debe abordar en su próximo encuentro con su homólogo turco durante la VII Reunión de Alto Nivel que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.
Amnistía Internacional ha enviado una carta al presidente del Gobierno español para presentar algunos de los principales motivos de preocupación que tiene sobre Turquía.

Acciones simbólicas de solidaridad en Atenas el 15 de noviembre a las 12 hora local (en la plaza de Sintagma) y en Bruselas el 16 de noviembre a las 11:00 horas CET.
El juicio de dos voluntarios de búsqueda y salvamento, un hombre y una mujer que pueden ser condenados a 25 años de cárcel por ayudar a personas refugiadas, comenzará finalmente el 18 de noviembre en Lesbos (Grecia).
Sarah Mardini, refugiada siria de 25 años, y Seán Binder, ciudadano alemán de 27 años, se enfrentan a una serie de cargos injustos y sin fundamento que se remontan a la época en que trabajaron como voluntarios localizando y ayudando a embarcaciones en peligro en Lesbos.
Sarah llegó a Lesbos como refugiada en 2015. El motor de la embarcación en la que viajaba dejó de funcionar, y Sarah y su hermana salvaron a otros 18 ocupantes arrastrándola a un lugar seguro. Más tarde, Sarah regresó a Grecia y trabajó como voluntaria en una organización griega de búsqueda y salvamento, donde conoció a Seán, buzo. Sarah y Seán fueron detenidos en 2018, acusados de numerosos cargos, como tráfico de personas, espionaje, uso ilegal de frecuencias de radio y fraude. Ambos pasaron más de 100 días en prisión antes de quedar en libertad bajo fianza en diciembre de 2018.

“El gigante farmacéutico Pfizer está haciendo declaraciones engañosas sobre su compromiso con la equidad en la distribución de vacunas contra la COVID-19 que salvan vidas, pues sigue suministrando la mayor parte a las naciones más ricas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En un nuevo informe, la organización concluye que Pfizer, que ha afirmado hace poco que prevé ganar 36.000 millones de dólares estadounidenses por la venta de vacunas solamente este año, ha distorsionado la realidad en beneficio de su imagen corporativa. A pesar de que la empresa dice que da prioridad a la distribución equitativa de su vacuna y que se compromete a compartir sus herramientas y conocimientos científicos, la verdad es muy diferente.
“Seguimos en medio de una crisis global sanitaria y de derechos humanos sin precedentes y es esencial que todos los países del mundo tengan acceso a vacunas lo antes posible. Pfizer dice que está comprometida con suministrar dosis a países de ingresos bajos y medianos, pero lo cierto es que las cifras no confirman esto. El hecho es que esta empresa sigue poniendo en primer lugar los beneficios”, dijo Patrick Wilcken, director de Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional. Los ejecutivos de Pfizer han afirmado reiteradamente que, antes de que termine el año, la multinacional con sede en Estados Unidos habrá suministrado como mínimo 1.000 millones de dosis a “naciones de ingresos bajos y medianos”.

La perspectiva de una cuarta presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua es aterradora en un país donde las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes durante su gobierno, dijo hoy Amnistía Internacional.
“Una vez más, las personas en Nicaragua se encuentran ante un contexto en donde expresar una crítica en contra de su gobierno los pone en grave riesgo. Durante los últimos años, hemos sido testigos del desarrollo de la trama de una historia de terror en el país, donde son  prácticas comunes la represión letal, las detenciones ilegales, los malos tratos, el hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, todas ellas avaladas por un sistema judicial y una Asamblea Nacional sin independencia que solo existen para ponerle sello a la agenda represiva de Daniel Ortega,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anunció hoy los resultados provisionales, según los cuales Ortega obtendría la reelección en las elecciones generales del domingo. Su nuevo término comenzará en enero de 2022.  Las elecciones estuvieron marcadas por detenciones arbitrarias de activistas  y periodistas, entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política. Además, la libertad de prensa también estuvo en la mirilla del gobierno y los medios de comunicación denunciaron restricciones y obstáculos que imposibilitaron el ejercicio de su labor.

Con motivo de la convocatoria del seleccionador español, activistas de la organización se han concentrado hoy frente a la sede de la Federación Española de Fútbol para dar a conocer “otra lista” que evidencia las condiciones inhumanas en las que se han construido los estadios del próximo Mundial.
Otras selecciones, como Alemania, Noruega o Suecia, ya han manifestado públicamente su preocupación por la situación de miles de trabajadoras y trabajadores migrantes en Qatar.
Sujan, Yam, Manjur, Tul o Mohammed. Son los nombres de otra lista, la de trabajadores fallecidos en Qatar, el país donde se jugará la próxima Copa del Mundo de Fútbol de 2022. Activistas de Amnistía Internacional han querido recordarlos hoy en los dorsales de sus camisetas frente a la sede de la Federación Española de Fútbol con motivo del anuncio de los jugadores convocados por Luis Enrique para los decisivos partidos contra Grecia y Suecia los días 11 y 14 de noviembre, respectivamente.

“Etiopía está al borde de una catástrofe humanitaria y de derechos humanos —ha advertido hoy Amnistía Internacional—, mientras se suceden acontecimientos preocupantes ligados a la escalada del conflicto de Tigré”.
El 4 de noviembre, el gobierno etíope se arrogó nuevos poderes generales de excepción que restringen arbitrariamente los derechos humanos y amenazan la independencia del poder judicial.
Mientras tanto, se está produciendo un aumento alarmante de publicaciones en las redes sociales que propugnan la violencia interétnica y algunas autoridades han rogado a la población que tomen las armas contra el Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF) y el Ejército de Liberación Oromo (OLA), que se han unido recientemente contra el gobierno central.
“La terrible crisis humanitaria y de derechos humanos que comenzó hace un año en Tigré se ha desbordado hasta llegar a otras zonas del país. Para impedir que la situación siga intensificándose sin control, las autoridades etíopes deben adoptar con urgencia medidas serias para garantizar que se respetan el derecho internacional humanitario y el de derechos humanos”, ha declarado Deprose Muchena, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

En respuesta al anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:
"La Corte Penal Internacional ha reconocido finalmente la urgencia de investigar los crímenes de lesa humanidad que múltiples organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han documentado y denunciado durante años en Venezuela. La Fiscalía debe investigar a fondo las atrocidades cometidas contra el pueblo venezolano, persiguiendo los casos contra quienes tienen la mayor responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad."  

Amnistía Internacional y la Campaña contra los Robots Asesinos han presentado hoy un filtro para redes sociales que permite dar una aterradora ojeada al futuro de la guerra, la actuación policial y el control de fronteras. Escape the Scan, un filtro para Instagram y Facebook, forma parte de una importante campaña que pide una nueva legislación internacional que prohíba los sistemas de armas autónomos. El filtro emplea tecnología de realidad aumentada (RA) para mostrar aspectos de sistemas de armas que ya se están desarrollando, como el reconocimiento facial, los sensores de movimiento y la capacidad de lanzar ataques sobre “objetivos” sin un control humano significativo.
Varios países están realizando una fuerte inversión en el desarrollo de armas autónomas, a pesar de las devastadoras implicaciones para los derechos de otorgar a las máquinas control sobre el uso de la fuerza. En diciembre, un grupo de expertos de la ONU se reunirá para decidir si se empieza a negociar una nueva legislación internacional sobre la autonomía de los sistemas de armas. Amnistía Internacional y Stop Killer Robots han lanzado una petición dirigida a todos los gobiernos para que muestren su apoyo a las negociaciones.

A pesar de reconocer el claro avance que supone la histórica aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda, Amnistía Internacional reclama mejoras en su tramitación para blindar de forma efectiva este derecho y asegurar la protección de las personas, especialmente las que están en riesgo de desalojo.
Esta normativa, cuyo impulso se debe en gran parte a la acción de los movimientos sociales del ámbito de la vivienda, debe incorporar cambios para que la vivienda deje de ser un derecho cada vez más inalcanzable para gran parte de la población, así como recoger el trabajo desarrollado por las Comunidades Autónomas en esta materia.
1. Reforzar la protección jurídica. La Ley debería definir la vivienda como un derecho subjetivo y concretar el alcance de ese derecho, así como establecer las obligaciones correspondientes a cada admnistración, tal y como ya lo reconocen la ley vasca y de la Comunidad Valenciana. Además, para garantinzar el cumplimiento de esta normativa son necesarios mecanismos de rendición de cuentas, incluidos recursos judiciales ante las posibles vulneraciones de este derecho.

Los dirigentes del G20 que se reúnen en Roma deben dejar a un lado la avaricia y el egoísmo y garantizar una distribución mundial equitativa de las vacunas de la COVID-19; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional con antelación a la cumbre del G20 que tendrá lugar en Roma (Italia) los días 30 y 31 de octubre.
En noviembre de 2020, quienes lideraban las 20 economías principales del mundo celebraron su habitual cumbre del G20 por Internet, con un enfoque en garantizar la disponibilidad de vacunas de la COVID-19 para todo el mundo. Sin embargo, un año después, los países más poderosos no han protegido la vida de millones de personas, ya que han optado por acaparar vacunas y con ello han causado una escasez de dosis previsible y absolutamente devastadora para el resto del mundo. Se calcula que, ahora mismo, los países ricos tienen almacenados unos 500 millones de dosis.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

Las autoridades sirias han ejecutado a 24 personas acusadas de implicación en los incendios descontrolados que arrasaron el país en 2020. En una publicación de Facebook de 21 de octubre, el Ministerio de Justicia sirio calificaba a los 24 hombres de “criminales autores de los atentados terroristas que causaron muertes y daños en infraestructuras y bienes públicos”. Decía también que otras 11 personas habían sido condenadas a cadena perpetua en la misma causa y 9, de las que 5 eran menores, a otras penas de prisión.
Ante la noticia, Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:
“El Estado sirio ha puesto en marcha una terrible campaña de ejecuciones que pone de manifiesto su cruel menosprecio del derecho a la vida y desprecio por el derecho internacional. Nuestra labor de investigación a lo largo de los años ha demostrado que frecuentemente se dictan condenas a muerte tras juicios secretos que incumplen las garantías procesales básicas o se basan en confesiones obtenidas mediante tortura. La pena de muerte es un castigo cruel y no puede justificarse en ningún caso, con independencia del delito.

Ante la inminente aprobación de la primera Ley de Vivienda en España, la organización celebra este paso adelante y espera que el texto contenga también medidas como la protección frente a desalojos y el aumento progresivo del parque de vivienda social, entre otras
Ante la aprobación, prevista para este martes 26 de octubre, de la primera Ley de Vivienda a nivel estatal en España, Marta Mendiola, responsable de derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional declara:
“Nos encontramos ante un momento histórico. Por primera vez, después de casi 500.000 desalojos en total en la última década (desde 2013), mientras el precio del alquiler subía aproximadamente de media un 32% en el mismo periodo el gobierno reconoce finalmente la necesidad de proteger este derecho”.
“Sin embargo, para que éste se haga efectivo según las normas internacionales, es necesario que la Ley no olvide ni dé por hechas una serie de garantías”.
“La Ley, por supuesto, no sólo debe definir la vivienda como un derecho subjetivo, es decir, que si se viola exista la posibilidad de interponer un recurso. También debe detallar las obligaciones correlativas que implican para las administraciones, así como establecer mecanismos de rendición de cuentas”.

Casi dos meses después de que concluyeran las operaciones de transporte aéreo en Afganistán, quienes quedaron atrás se enfrentan a obstáculos formidables para buscar seguridad fuera del país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. En un informe de incidencia, la organización destaca la manera en que los países vecinos han cerrado sus fronteras a las personas afganas que carecen de documentos de viaje, y a muchas de ellas las han dejado sin más opción que cruzar la frontera de forma irregular. En lugar de brindar protección a la gente que llega a su territorio por esa vía —tal como dispone el derecho internacional—, los países de Europa y Asia Central han sometido a las personas afganas a devoluciones sumarias ilegales, detenciones y deportaciones.

Amnistía Internacional denuncia, tras una nueva investigación sobre el terreno, que más de mil menores están pendientes de algún trámite como, por ejemplo, las pruebas que determinen su edad, después de más de un año de espera en algunos casos
Hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros la reforma del Reglamento de Extranjería, que podría significar un paso adelante para el reconocimiento de derechos de menores no acompañados, aunque en la práctica no se resolverá esta situación hasta que no se revise profundamente el sistema de determinación de la edad
Madrid.- Los y las menores no acompañados sufren las peores consecuencias de la caótica acogida de personas migrantes y refugiadas en Canarias desde que en julio de 2020 el número de llegadas a las islas se viera incrementado. Al caos generalizado ante la falta de preparación, tanto de algunos profesionales como de las instalaciones existentes, que no se ha resuelto con el paso de los meses, se suma la ausencia de procedimientos ágiles y adecuados de coordinación entre los organismos competentes y la falta de voluntad política, que provoca que más de 1.100, de los 2.434 menores que están en Canarias, se encuentren a la espera de pruebas de determinación de la edad, o pendientes de alguna prueba o trámite. Según testimonios recogidos por AI algunos, a pesar del paso del tiempo, todavía “no existen” para el sistema, puesto que no han sido registrados de ninguna manera por la policía.

Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión, combinados con la circulación de desinformación en todo el mundo durante la pandemia de COVID-19, han tenido un impacto devastador en la capacidad de la gente para acceder a información exacta y oportuna que la ayude a afrontar la creciente crisis de salud global, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe Silenciamiento y desinformación: La libertad de expresión, en peligro durante la pandemia de COVID-19 revela cómo el recurso durante la crisis a la censura y el castigo por parte de gobiernos y autoridades ha reducido la calidad de la información que llega a la población. La pandemia ha creado una peligrosa situación en la que los gobiernos están utilizando nuevas leyes para silenciar la información independiente, así como para atacar a las personas que critican directamente su respuesta a la COVID-19, o incluso a las que han intentado investigar esa respuesta.

España: Las autoridades incumplen sus promesas y las víctimas de trata siguen desprotegidas y a merced de sus agresores
Amnistía Internacional lamenta que un año después de la publicación de su investigación Cadenas Invisibles, el enfoque que sigue primando es el de la persecución del delito y la inmigración irregular y no el de la protección
Entre los años 2016 y 2020 de las 44.117 personas en riesgo solo 885 fueron finalmente consideradas víctimas de trata
Las mujeres víctimas de trata continúan pendientes del desarrollo reglamentario que regulará su acceso a la renta mínima
Este lunes 18 de octubre se conmemora el Día Europeo contra las Víctimas de Trata, una fecha que Amnistía Internacional aprovecha para recordar que las autoridades españolas, a pesar de haber prometido mejorar la protección de estas mujeres, siguen anteponiendo la persecución del delito y el control de la inmigración irregular a su condición de víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

Amnistía Internacional y Naciones Unidas demandan que se superen los obstáculos que niegan la justicia a la víctimas en el proyecto de Ley de Memoria Democrática
Amnistía Internacional afirma que las recientes sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional sobre casos de la Guerra Civil y el franquismo perpetúan la impunidad de estos crímenes
Hoy, Amnistía Internacional ha entregado en el Congreso de los Diputados más de 327.000 firmas, recogidas a través de la campaña Seguimos pidiendo Justicia, para reclamar al Parlamento que garantice el respeto, la protección y la realización del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Este acto de entrega de firmas coincide con el día en que tiene lugar el debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno. Esta ley, de aprobarse e implementarse, contribuiría a avanzar en el reconocimiento y la reparación de las víctimas, pero necesita todavía importantes modificaciones para estar completamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos.

“Hay que permitir que las niñas de Afganistán vuelvan a la escuela secundaria y continúen su educación”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de nuevos testimonios de estudiantes y docentes que documentan las amenazas y la violencia de los talibanes.
Mientras los estudiantes varones de todo el país pudieron volver a la escuela secundaria el 17 de septiembre, los talibanes insistieron en que hacía falta un “entorno seguro de aprendizaje” antes de que pudieran volver las niñas.
Sin embargo, en más de 20 nuevas entrevistas, estudiantes, docentes y personal de la administración escolar dijeron a Amnistía Internacional que la intimidación y el hostigamiento de los talibanes están haciendo que los índices de asistencia escolar sigan siendo bajos en todos los niveles, sobre todo en lo relativo a las niñas.

Se considera desde hace tiempo que el acuerdo es un intento de limpiar a través del deporte el historial de derechos humanos de Arabia Saudí.
Nuevo llamamiento para que la Premier League introduzca una prueba de cumplimiento de los derechos humanos para propietarios y personal directivo.
Ante los informes según los cuales la resolución de un litigio mercantil sobre los derechos de transmisión de la Premier League en Oriente Medio despejará el camino para que un consorcio con respaldo de Arabia Saudí compre el Newcastle United Football Club, Sacha Deshmukh, director ejecutivo de Amnistía Internacional Reino Unido, ha afirmado:

Tras ocho años sin estrategia de salud mental en España, las autoridades trabajan en una nueva y Amnistía Internacional presenta un documento con cinco recomendaciones para que cumpla con los derechos humanos y alcance a toda la población
En la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, Amnistía Internacional denuncia que actualmente en España, debido al desmantelamiento paulatino de la atención primaria llevado a cabo por los sucesivos gobiernos en la última década, hay una atención claramente deficitaria de las personas con problemas mentales. El porcentaje de personas asignadas a atención primaria que presentan algún problema psicológico en 2017 fue del 27,4%; es decir, más de uno de cada cuatro que acuden a consulta. Llama la atención que no se hayan hecho públicos datos oficiales posteriores.
“Una atención primaria fuerte garantiza el derecho de acceso a la salud mental de la población. Una atención primaria debilitada como la actual afecta negativamente al disfrute de este derecho en un momento crítico en el que la pandemia de la Covid-19 ha agudizado los problemas mentales de la gente. El empeoramiento de la salud mental solo tendrá cura con una atención primaria reforzada”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Con motivo del la próxima celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre), Amnistía Internacional ha recordado cómo, en numerosos casos, se niega justicia a mujeres condenadas a muerte que, antes del delito por el que fueron condenadas, sufrieron de manera prolongada violencia y abusos tanto físicos como sexuales, que, a su vez, dieron lugar al delito en cuestión.
“Muchas mujeres han sido declaradas culpables y condenadas a muerte en juicios muy deficientes e injustos que, a menudo, incumplen el debido proceso y no tienen en consideración factores atenuantes, como son los abusos, los actos de violencia y las agresiones sexuales de manera continuada”, ha afirmado Rajat Khosla, director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional.

AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer se negaron a participar en las iniciativas concebidas para impulsar el suministro global de vacunas
Ante la cumbre global sobre la COVID-19 organizada por el presidente Biden, Amnistía Internacional lanza el desafío y pide que se entreguen 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año
Seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra la COVID-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología de las vacunas, y casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Los talibanes avanzan sin tregua en la destrucción de todo lo conseguido en materia de derechos humanos en los últimos veinte años, han declarado Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en una nueva información publicada hoy, que documenta la profunda represión del grupo desde que tomaran Kabul hace poco más de cinco semanas.
En contra de las reiteradas afirmaciones de los talibanes de que respetarían los derechos de la población afgana, el documento publicado, Afghanistan’s fall into the hands of the Taliban, describe una larga lista de abusos contra los derechos humanos, entre ellos, homicidios selectivos de civiles y soldados que se habían rendido, así como el bloqueo de la ayuda humanitaria en el valle de Panjshir, que constituyen crímenes de derecho internacional. Además, se han vuelto a imponer restricciones a las mujeres, la libertad de expresión y la sociedad civil.

El Congreso de Estados Unidos debe proteger el acceso al aborto en la legislación federal, en tanto que los legisladores de Texas deben revocar la prohibición extrema del aborto (ley SB8 de Texas), que tendrá efectos devastadores para la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos de las mujeres, las niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas en el estado, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
“La prohibición pone en grave peligro vidas al penalizar la prestación de una atención de la salud esencial. Al declarar ilegal arbitrariamente que quienes prestan servicios de atención de la salud interrumpan un embarazo después de las seis semanas, esta ley prohíbe de hecho todos los abortos antes incluso de que las mujeres y las niñas sepan que están embarazadas. Debe ser condenada en términos inequívocos por revertir decenios de salvaguardias de su bienestar y sus derechos. Los legisladores de Texas deben revocar esta terrible disposición legal y centrarse en prestar apoyo, no en infligir castigo, a las mujeres, niñas y otras personas que están embarazadas”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

En un informe publicado, Amnistía Internacional resalta cómo la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto —especializada en casos de terrorismo y políticos— recurre, cada vez más, a una práctica perfectamente diseñada de citaciones ilegales, interrogatorios coercitivos y constitutivos de trato o pena cruel, inhumano o degradante y medidas excesivas de vigilancia o libertad vigilada, con el fin de hostigar e intimidar a defensores y defensoras de los derechos humanos y a activistas políticos, cuyas vidas destruyen, para que guarden silencio.
El informe, titulado "Nada de esto terminará mientras vivas", documenta cómo la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) ha utilizado las medidas descritas para controlar la vida de 19 hombres y 7 mujeres entre 2020 y 2021. Estos activistas y defensores o defensoras de los derechos humanos aseguran que, cada vez que reciben una citación, los agentes de la NSA los amenazan con la detención si no asisten a los interrogatorios, y que si alguien no comparece, los agentes allanan su domicilio.

Los documentos internos obtenidos por el periódico The Wall Street Journal muestran, según la información disponible, que Facebook utiliza un sistema que exime a los usuarios y usuarias famosos de algunas o todas las condiciones de uso de la plataforma. En respuesta a la información, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Estas escandalosas denuncias muestran, una vez más, que la plataforma de Facebook aviva la difusión a escala mundial de contenidos ofensivos y nocivos.
“Facebook afirma que ‘no saca provecho del odio’. Sin embargo, según los documentos corporativos proporcionados por una persona denunciante anónima, la empresa ha creado un sistema que permite a los usuarios y usuarias influyentes expresarse libremente para hostigar a otras personas, hacer afirmaciones falsas e incitar a la violencia.

Un creciente número de niños y niñas son víctimas de homicidio y reclutamiento por parte de grupos armados en los conflictos que azotan la frontera de Níger con Mali y Burkina Faso; así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe ‘I Have Nothing Left Except Myself’: The Worsening Impact on Children of Conflict in the Tillabéri Region of Niger documenta las devastadoras consecuencias para niños y niñas que está teniendo el conflicto en Níger, en el que están implicados los grupos armados Estado Islámico en el Gran Sáhara y Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, afiliado de Al Qaeda.
Ambos grupos han cometido crímenes de guerra y otros abusos en el marco del conflicto, entre ellos el asesinato de civiles y ataques contra escuelas. Muchos niños y niñas están traumatizados tras haber presenciado los ataques letales perpetrados contra sus pueblos. En algunas zonas las mujeres y niñas están expuestas a secuestros y matrimonios forzados con combatientes y se les ha prohibido realizar actividades fuera del hogar.

Amnistía Internacional alerta de su amplia utilización también en España
Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega han instado hoy a los gobiernos a apoyar un proceso dirigido por la ONU para regular el comercio de material para hacer cumplir la ley, destacando que armas omnipresentes como las porras policiales suelen utilizarse de un modo indebido, en actos que pueden ser constitutivos de tortura y otros malos tratos.
En su nueva investigación, titulada "Golpes contundentes", estas organizaciones presentan 188 incidentes en los que agentes del orden han hecho un uso indebido de armas para golpear, como porras y otras defensas, cuyo comercio apenas está regulado en la actualidad. La investigación se basa en fotografías y vídeos de acceso público de 35 países, e incluye ejemplos de la represión violenta de manifestaciones en Bielorrusia, Colombia, Francia, India y Myanmar. Los vídeos muestran a agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizando porras y armas similares, como lathis y sjamboks (vergajos) para infligir castigos, golpear a personas ya inmovilizadas, propinar peligrosos golpes en la cabeza de manera injustificada, y producir asfixia inmovilizando a las personas por el cuello.

Las fuerzas de seguridad sirias han sometido a personas sirias que regresaron al país tras buscar refugio en el extranjero a detención, reclusión, desaparición y tortura, incluida violencia sexual, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. En un nuevo informe, “You’re going to your death”, la organización documenta toda una serie de terribles violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de inteligencia sirios contra 66 personas retornadas, entre ellas 13 niños y niñas. Entre estas violaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional ha documentado cinco casos en los que personas detenidas murieron bajo custodia tras regresar a Siria, en tanto que continúa sin conocerse la suerte de 17 personas que fueron objeto de desaparición forzada.
Cuando algunos Estados —como Dinamarca, Suecia y Turquía— limitan la protección y presionan a las personas refugiadas procedentes de Siria para que vuelvan a su país, los desgarradores testimonios incluidos en el informe de Amnistía Internacional atestiguan que ninguna parte de Siria es segura para regresar. Personas que habían retornado dijeron a Amnistía Internacional que agentes de inteligencia actuaron de forma explícita contra ellas por su decisión de huir de Siria, y las acusaron de deslealtad o “terrorismo”. 

Ante la visita del presidente de Chile Sebastián Piñera a España, Francia, Italia y el Reino Unido, Amnistía Internacional ha enviado una carta a cada mandatario de estos países europeos expresando su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos y la situación de impunidad que siguen poniendo en riesgo a todas las personas en Chile y que implican un continuo incumplimiento de las obligaciones del Estado con relación a la justicia, la reparación a las víctimas y sus familiares, y las garantías de no repetición.
“A casi dos años de las protestas iniciadas en octubre de 2019 y los ataques generalizados contra la población que se manifestaba por parte de Carabineros de Chile, apenas avanzan las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, y en muchos casos los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de derechos humanos siguen en sus puestos atendiendo al control de las protestas. La comunidad internacional no puede ser cómplice de esta impunidad con su silencio”.

Tras la reunión mantenida hoy entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el Presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados en dicha ciudad; y ante el anuncio de que el objetivo de ambas administraciones es el retorno asistido de estos menores a Marruecos en el menor plazo posible cumpliendo la legalidad, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, manifiesta:
“Amnistia Internacional exige al Presidente del Gobierno y al Presidente de Ceuta que cualquier medida que se tome sobre los menores sea garantizando sus derechos humanos, así como la legalidad nacional e internacional. Les recordamos que la paralización de las devoluciones confirmada por la justicia se debe a la consideración de que son contrarias a la normativa española y vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución española”.

Ante la caída del gobierno afgano como consecuencia de la toma del poder por los talibanes y las escenas de caos en el aeropuerto de Kabul con miles de personas tratando de huir del país, Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Lo que estamos presenciando en Afganistán es una tragedia que se debería haber previsto y evitado. Si no hay una acción rápida y decisiva de la comunidad internacional, no hará sino complicarse aún más. Miles de personas afganas en grave peligro de sufrir represalias a manos de los talibanes —desde personal académico hasta periodistas, activistas de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos— podrían verse abocadas a un futuro muy incierto.

AI también se dirige al Ministerio del Interior reclamando transparencia e información detallada en sus actuaciones sobre menores no acompañados
Ante un segundo día de devoluciones colectivas de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos, Amnistía Internacional se ha dirigido a la Fiscalía de Menores de Ceuta y a la Fiscalía especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado pidiendo que se insten las actuaciones judiciales tendentes a garantizar los derechos humanos de los menores no acompañados y que se paren las devoluciones colectivas y se restablezca la legalidad nacional e internacional.

Las autoridades rusas han erosionado el derecho a la libertad de reunión pacífica usando leyes cada vez más restrictivas así como tácticas policiales de mano dura y causas penales para acallar la disidencia pacífica, hasta el punto de que es prácticamente imposible llevar a cabo una protesta significativa en el país; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.
En Russia: No place for protest, la organización documenta cómo la represión de las protestas pacíficas, que comenzó con la Ley Federal sobre Reuniones de 2004, se ha acelerado en los últimos años a través de sucesivas reformas legislativas y de su aplicación cada vez más selectiva y restrictiva. Ahora existe un sinfín de restricciones legales sobre quién puede ejercer el derecho a protestar en la calle y cuándo, dónde, cómo y con qué finalidad.
“Las autoridades rusas llevan años reprimiendo el derecho a la libertad de reunión con increíble persistencia e inventiva. No ha habido otra cosa en la que pusieran tanto empeño en todos los niveles de poder. Así, la protesta callejera pacífica ha llegado a ser considerada delito por las autoridades del Estado, y un acto de heroísmo por la población rusa que aún cree que tiene derecho a ejercerla”, ha afirmado Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía Internacional sobre Rusia.

Ante las noticias del comienzo de las devoluciones colectivas de menores no acompañados a Marruecos, que se están produciendo hoy en Ceuta, Amnistía Internacional pide al Ministerio del Interior que paralice estas devoluciones hasta que cada expediente haya sido revisado por la Fiscalía de Menores y asegure que se ha actuado de conformidad al interés superior de los niños y niñas. Asimismo es obligación de la Ciudad Autónoma de Ceuta proteger los derechos de los menores que se encuentran en su territorio.
El mismo Reglamento de la Ley Extranjería dispone la necesaria intervención del Ministerio Fiscal y de la entidad pública que ejerza la protección de menores en cualquier expediente de repatriación.

Las prácticas evidenciadas en el nuevo informe Cali: En el epicentro de la represión —que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas— son un reflejo de cientos de denuncias hechas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país, dijo Amnistía Internacional hoy.
“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

A pesar de haberse comprometido en octubre de 2020, no hay noticias sobre la evaluación de la gestión sanitaria durante la pandemia por parte del Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Cuando nos encontramos ante lo que se denomina la quinta ola de la COVID-19, es urgente que se realice una evaluación independiente de la gestión sanitaria durante la pandemia y su impacto sobre el derecho a la salud. Nueve meses después del compromiso de llevarla a cabo, y un año y seis meses después del inicio de la pandemia, no hay noticias sobre una evaluación de las políticas sanitarias aplicadas por el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, que permita extraer lecciones y pueda ayudar a frenar el colapso al que se enfrenta, una vez más, la Atención Primaria. Grupos de expertos y organismos internacionales habían recomendado una evaluación exhaustiva de los sistemas de atención sanitaria y social para preparar al país para nuevas oleadas de COVID-19.

La vergonzosa retirada de Turquía del Convenio de Estambul, concretada hoy, supondrá una situación de mayor peligro para millones de mujeres y niñas, ha afirmado Amnistía Internacional. El anuncio por el presidente Erdoğan de la decisión de abandonar el emblemático tratado sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y contra la violencia intrafamiliar pasará a la historia como la primera vez que un Estado miembro del Consejo de Europa se retira de un convenio internacional de derechos humanos.
La iniciativa ha merecido la condena general en todo el mundo y ha desencadenado protestas en todo el territorio de un país donde la violencia de género en el ámbito familiar es generalizada y donde al menos 300 mujeres fueron asesinadas sólo el último año.

“La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong ha diezmado las libertades de la ciudad y ha creado un panorama cada vez más carente de protecciones de los derechos humanos”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento de investigación publicado hoy, exactamente un año después de la entrada en vigor de la Ley impuesta por Pekín.
In the Name of National Security’ detalla cómo la Ley, vigente desde el 30 de junio de 2020, ha dado a las autoridades vía libre para criminalizar ilegítimamente la disidencia al mismo tiempo que ha suprimido los derechos de las personas contra las que se aplica.
“En un año, la Ley de Seguridad Nacional ha puesto a Hong Kong en una vía rápida para convertirse en un Estado policial y ha creado una emergencia de derechos humanos para quienes viven allí”, declaró Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
“Desde la política hasta la cultura, pasando por la educación y los medios de comunicación, la ley ha afectado a todas y cada una de las partes de la sociedad honkonesa y ha fomentado un clima de miedo que obliga a los residentes a pensar dos veces lo que dicen, lo que tuitean y cómo viven su vida.
“En última instancia, esta ley, general y represiva, amenaza convertir la ciudad en un erial de derechos humanos que recuerda cada vez más a la China continental”.

España: la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica llevan seis años bajo amenaza pero existe una oportunidad de revertir la situación
Desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza y la reforma parcial del Código Penal hace casi seis años, se ha consolidado en España la amenaza al ejercicio de la libertad de expresión, reunión e información
Amnistía Internacional, ARTICLE 19, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Defender a Quien Defiende, Greenpeace, No Somos Delito y la Plataforma por la defensa de la Libertad de Expresión exigen que en el trámite parlamentario ambas leyes se alineen de una vez por todas con los estándares internacionales de derechos humanos
A pesar de que recientemente el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Propuesta de Ley para la tramitación de la reforma del Código Penal en materia de libertad de expresión, desde noviembre de 2020 se encuentra bloqueado el trámite parlamentario en el Congreso español de la Proposición de Ley de reforma de La Ley Mordaza.

Detenciones generalizadas de activistas palestinos
Uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes palestinos
Tortura de personas palestinas detenidas
Falta de protección de la población palestina de ataques planeados por grupos de supremacistas judíos
“La policía israelí ha cometido una serie de violaciones de los derechos de la población palestina en Israel y en la Jerusalén Oriental ocupada al llevar a cabo una campaña represiva discriminatoria que incluye detenciones generalizadas masivas, el uso de fuerza ilegítima contra manifestantes pacíficos y el sometimiento de las personas detenidas a tortura y otros malos tratos durante y después de las hostilidades armadas en Israel y Gaza”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

¿Acabarán el Gobierno y los grupos parlamentarios con los secretos que matan?
    • La campaña Armas Bajo Control presenta hoy su informe “Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa y otro material de 2020” que incluye recomendaciones al Gobierno.
    • Las organizaciones piden que no haya más dilaciones y que se adopte una nueva Ley de Secretos Oficiales
    • Encabezan los destinos de armas preocupantes, una vez más, Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Israel, seguidos de otros países como Colombia, Egipto, Irak y Turquía.
    • Ante la comparecencia este jueves de la secretaria de Estado de Comercio, las ONG exigen que no use el desempleo en el sector como excusa para seguir exportando armas a destinos preocupantes y busquen alternativas en el marco de los planes de recuperación.

Amnistía Internacional descubre nuevas pruebas de tortura, malos tratos y devoluciones ilegales de personas refugiadas y migrantes a Turquía.
Se ha capturado y detenido a personas a una distancia de hasta 700 km de la frontera para luego trasladarlas y devolverlas a la frontera terrestre con Turquía.
Amnistía pide a la agencia fronteriza europea (Frontex) que suspenda o retire sus operaciones en Grecia.
Según la nueva investigación de Amnistía Internacional, las fuerzas fronterizas griegas están deteniendo de forma violenta e ilegal a grupos de personas refugiadas y migrantes para su devolución sumaria a Turquía, lo que vulnera las obligaciones de Grecia en materia de derechos humanos de conformidad con el derecho internacional y de la Unión Europea.

Como muestra de solidaridad con la comunidad LGBTI de Hungría, Amnistía Internacional distribuirá banderas arco iris a los aficionados al fútbol en los alrededores del estadio de Múnich durante el partido de mañana de la Eurocopa de fútbol entre Alemania y Hungría.
Amnistía Internacional, junto con el Christopher Street Day Alemania, distribuirá banderas arco iris a los visitantes del partido de fútbol entre las selecciones nacionales de Alemania y Hungría en el Allianz Arena de Múnich el miércoles por la noche, para que puedan enviar un mensaje de solidaridad con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) de Hungría durante el partido.

En el último año, las autoridades de la región del Kurdistán de Irak han reprimido de manera implacable la labor de periodistas, activistas y manifestantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión, sometiendo a estas personas a detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otras cosas; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. La represión, que comenzó en marzo de 2020, se intensificó tras la celebración de protestas generalizadas en agosto de ese año en las que se pedía el fin de la corrupción y mejores servicios públicos.
“Las autoridades de la región del Kurdistán de Irak han iniciado una escalofriante campaña de represión para tratar de acallar las críticas este último año. Han detenido a activistas y periodistas y los han procesado por cargos falsos en juicios injustos, y han sometido a hostigamiento e intimidación a sus familiares, que no recibieron información alguna sobre la situación de sus seres queridos”, ha declarado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.