Se insta a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional a que abra una investigación sobre estas atrocidades
Un nuevo informe de las ONG Amnistía International, Centre Delàs de Estudios para la Paz y Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) pone de manifiesto el papel clave de la empresa española Airbus y del Gobierno español en la fabricación, exportación y el mantenimiento del avión de combate Eurofighter Typhoon utilizado para llevar a cabo los ataques aéreos de la Coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Yemen desde marzo de 2015, incluidos presuntos crímenes de guerra
El informe también denuncia la responsabilidad de Airbus en la fabricación del avión cisterna de reabastecimiento aéreo A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT, por sus siglas en inglés), que ha sido utilizado tanto por los EAU como por Arabia Saudí en su campaña aérea sobre Yemen.

Las autoridades de Arabia Saudí están utilizando la prohibición arbitraria de viajar como instrumento para castigar y controlar a activistas, escritores y escritoras y periodistas, encerrándolos en el país, o, cuando viven fuera de él, impidiendo que sus familiares viajen al extranjero, manifestó hoy Amnistía Internacional con ocasión del lanzamiento de una nueva campaña.
La campaña, “#LetThemFly” (#DéjenlosVolar), documenta los casos de 30 defensores y defensoras de los derechos humanos de Arabia Saudí que fueron condenados a prisión tras juicios manifiestamente injustos y sometidos a la prohibición de viajar inmediatamente después de cumplir la pena de cárcel. Además, documenta los casos de 39 familiares de activistas que también se encontraron sometidos a la prohibición de viajar —sin orden oficial ni ninguna otra forma de notificación—, lo que en la práctica supone la separación forzosa de familias.

“Las fuerzas rusas deben responder ante la justicia por una serie de crímenes de guerra cometidos en el noroeste de Kiev”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe elaborado tras una investigación exhaustiva sobre el terreno.
El informe, titulado ‘He’s Not Coming Back’: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast, está basado en decenas de entrevistas y en un análisis exhaustivo de pruebas materiales. Amnistía Internacional documentó ataques aéreos ilegítimos en Borodyanka y ejecuciones extrajudiciales en otras localidades y pueblos, incluidos Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka y Vorzel.
Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por la secretaria general de la organización ha visitado la región en los últimos días, ha hablado con sobrevivientes y con familias de víctimas, y se ha reunido con altos cargos ucranianos.
“El patrón de crímenes cometidos por las fuerzas rusas que hemos documentado incluye tanto ataques ilegítimos como homicidios deliberados de civiles”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional remarca la necesidad de una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial
”El gobierno español no puede utilizar la excusa de la seguridad del Estado para ocultar posibles violaciones de derechos humanos”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en el día en que, tras más de dos años de retraso, comenzará su trabajo la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, también conocida como Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso. Entre sus tareas se encuentra la investigación de todo lo relacionado con el caso Pegasus, y se produce tras las revelaciones de que destacadas figuras catalanas habrían sido espiadas, así como el propio Presidente, Pedro Sánchez, y algunas de las ministras de su gobierno. “Esta comisión, caracterizada por el secretismo y el oscurantismo, no puede ser el lugar adecuado para investigar supuestas violaciones de derechos humanos”, asegura Beltrán.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentado en rueda de prensa una batería de diez propuestas para hacer frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica
La soberanía energética y la alimentaria, respetando la biodiversidad y el medio rural, son los pilares de la hoja de ruta de las medidas presentadas
Madrid, 4 de mayo de 2022.- La guerra que se desarrolla en Ucrania ha generado una situación marcada por el agravamiento de la crisis social tras el aumento de los precios de las materias primas, la energía y los alimentos. Esto afecta con mayor gravedad a las personas más vulnerables, ya de por sí afectadas por la pandemia de COVID-19, así como a sectores específicos, como el transporte o el sector primario.
Ante esta situación, las cinco principales organizaciones ecologistas estatales —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— además de mostrar su solidaridad con las víctimas del conflicto bélico y demandar de manera urgente la paz, consideran que el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas deben dedicar todos los esfuerzos para paliar esta situación. Por ello, han hecho público un documento con diez medidas urgentes para disminuir la vulnerabilidad social y remediar la crisis ecológica. El documento fue entregado el pasado miércoles a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).

“La impunidad arraigada ha envalentonado a la milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA), financiada por el Estado, a cometer homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, interceptación y posterior detención arbitraria de personas migrantes y refugiadas, tortura, trabajos forzados y otras violaciones terribles de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Creada en virtud de un decreto gubernamental en enero de 2021, la milicia SSA está comandada por uno de los líderes de milicias más poderosos de Trípoli, Abdel Ghani al Kikli, conocido como “Gheniwa”, que fue nombrado a pesar de un historial bien documentado de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos por milicias bajo su mando.
“Legitimar a líderes de milicias que cometen abusos y ponerlos a sueldo del Estado sin hacer preguntas sólo los empodera para seguir pisoteando los derechos de más personas con total impunidad. No sorprende, pues, que la nueva milicia de Abdel Ghani al Kikli esté implicada una vez más en crímenes terribles sea contra personas migrantes y refugiadas o contra la propia población libia”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Se necesitan con urgencia políticas económicas alineadas con los derechos humanos para cambiar de rumbo
Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben aumentar con urgencia el gasto destinado a protección social y salud para afrontar la escandalosa desigualdad socioeconómica de la región que ha resultado fatal durante la pandemia de COVID-19. Así lo afirman Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) en un nuevo informe conjunto publicado hoy.
Desigual y letal: Cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina y el Caribe expone los factores que explican el número desproporcionado de muertes por COVID-19 en la región si se la compara con otras partes del mundo. Con sólo el 8,4% de la población mundial, las Américas han padecido el 28% del total mundial de muertes a causa de la COVID-19. El informe concluye que los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social fueron los que más sufrieron durante la pandemia, y que los efectos más devastadores recayeron en los grupos históricamente marginados.

Los inversores en empresas que fabrican vacunas contra la COVID-19 deben utilizar su influencia para garantizar que los suministros de estas vacunas vitales y necesitadas con urgencia llegan a los países de ingresos bajos y medianos bajos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, con vistas a las juntas generales anuales de Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer (28 de abril) y AstraZeneca (29 de abril).
Cuando está a punto de perderse por un margen significativo el objetivo global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de alcanzar una tasa de vacunación del 70% en todos los países del mundo antes de julio de 2022, las empresas farmacéuticas continúan obstaculizando un acceso justo a las vacunas contra la COVID-19 con su monopolio de la tecnología, sus bloqueos y presiones para impedir el uso compartido de la propiedad intelectual, el cobro de elevados precios por las vacunas y su distribución prioritaria a países ricos.

“La confirmación por la ministra del Interior de Reino Unido de la solicitud de extraditar a Julian Assange violaría la prohibición de la tortura y sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas de todo el mundo”, ha declarado hoy Amnistía Internacional tras la decisión del Tribunal de Magistrados de Reino Unido de dictar una orden para extraditarlo.
La causa será enviada ahora a la ministra del Interior de Reino Unido Priti Patel, que deberá decidir si confirma la solicitud de Estados Unidos antes del 18 de mayo.
“Reino Unido tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad. Las autoridades estadounidenses han declarado de forma categórica que modificarán las condiciones de reclusión de Assange en un centro federal cuando lo consideren oportuno. Este reconocimiento pone a Julian Assange en gran peligro de sufrir unas condiciones de reclusión que podrían causar un daño irreversible a su bienestar físico y psicológico”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Las instituciones de la Unión Europea están incumpliendo su deber de poner fin a las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas con software espía. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, después de que la organización haya confirmado de forma independiente nuevos ataques realizados utilizando el programa espía Pegasus contra destacadas figuras catalanas.
Las nuevas investigaciones llevadas a cabo por Citizen Lab han revelado que decenas de figuras políticas, periodistas y sus familias sufrieron en Cataluña el ataque del software espía Pegasus de NSO Group entre 2015 y 2020. Expertos técnicos del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional han verificado de forma independiente las pruebas de los ataques.
Entre quienes se ha confirmado que sufrieron espionaje se encuentran Elisenda Paluzie y Sònia Urpí Garcia, que trabajan con la Assemblea Nacional Catalana, una organización que trata de conseguir la independencia política de Cataluña respecto a España. Elisenda Paluzie es la actual presidenta del grupo.

Las autoridades penitenciarias iraníes están cometiendo terribles violaciones del derecho a la vida al negar deliberadamente a presos y presas enfermos atención médica vital y al negarse a garantizar la rendición de cuentas por las muertes ilegítimas que se producen bajo custodia. Así lo ha declarado Amnistía Internacional hoy. En un nuevo informe, titulado In death’s waiting room: Deaths in custody following deliberate denial of medical care in Iran’s prisons, la organización documenta cómo las autoridades penitenciarias provocan habitualmente muertes bajo custodia, o contribuyen a ellas, por medios que incluyen el bloqueo o la demora del acceso de las personas presas a hospitalización de emergencia.
En una actitud que coincide con los arraigados patrones de inmunidad sistemática en Irán, hasta la fecha las autoridades se han negado a llevar a cabo investigaciones independientes y transparentes sobre muertes bajo custodia respecto a las que existen informes de negación de atención médica, y no han garantizado que las personas sospechosas de ser penalmente responsables sean procesadas y castigadas.

Devoluciones sumarias y detención arbitraria en marcado contraste con la bienvenida a quienes huyen de Ucrania
“Las autoridades polacas han detenido arbitrariamente a casi dos mil personas solicitantes de asilo que entraron en el país desde Bielorrusia en 2021 y han sometido a muchas de ellas a abusos como registros corporales sin ropa en centros insalubres y masificados y, en algunos casos, incluso a sedación forzada y disparos de armas Taser”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Además, tras una interrupción durante el invierno, más solicitantes de asilo intentan entrar ahora en Polonia desde Bielorrusia, donde no pueden acceder a más fondos debido a las sanciones internacionales y corren riesgo de ser objeto de hostigamiento o detención por la policía bielorrusa debido a su situación de inmigración irregular. En la frontera polaca se encuentran con vallas de alambre de cuchillas y reiteradas devoluciones sumarias a manos de la guardia de fronteras, a veces hasta 20 y 30 veces.

Las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, las limitaciones a la libertad de expresión, la vigilancia de periodistas y activistas críticos con el Gobierno o con el Rey de Marruecos, las políticas sobre control migratorio que siguen vulnerando los derechos de menores no acompañados, así como las vulneraciones de los derechos de las mujeres y personas LGBTI son algunas de las preocupaciones que Amnistía Internacional ha planteado al Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez ante su inminente viaje a Marruecos.
Amnistía Internacional espera que el Presidente del Gobierno español aproveche este viaje para que el respeto de los derechos humanos sea tenido en cuenta de una forma relevante y eficaz, y deje de ser un tema residual en el marco de las relaciones bilaterales entre los dos países.

Dos meses después de que presentara su investigación sobre la impunidad por lo sucedido en las residencias de mayores Amnistía Internacional recorre las calles cercanas al Congreso con una furgoneta para recordar a los partidos políticos que las familias tienen derecho a conocer la verdad, después de que ninguno de ellos se haya mostrado a favor de abrir una Comisión de la Verdad
Una furgoneta con el lema “Las familias tienen derecho a conocer la verdad” circulará por los alrededores del Congreso de los Diputados y por las calles del centro de Madrid proyectando unos vídeos con mensajes que exigen, una vez más, acabar con la impunidad que rodea a lo sucedido en las residencias de personas mayores, especialmente durante los primeros meses de la pandemia. Amnistía Internacional pone en marcha esta iniciativa para denunciar que hasta el momento ningún grupo parlamentario de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso se ha sumado a su petición de crear una Comisión de la Verdad en el Congreso, después de que más de 35.000 personas mayores murieran en residencias y ni una sola persona haya sido declarada culpable.

La población tigriana de la disputada zona etíope de Tigré Occidental ha sufrido una campaña continua de limpieza étnica a manos de las fuerzas de seguridad de la vecina región de Amhara y sus aliados.
La campaña de asesinatos, violaciones, detenciones masivas y traslados forzosos es equiparable a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El gobierno etíope debe pedir a las fuerzas de seguridad y a las milicias que pongan fin a estas atrocidades, permitir el acceso de las agencias humanitarias —incluso a los centros de detención— y apoyar las iniciativas creíbles para hacer justicia que garanticen la rendición de cuentas de los responsables de graves delitos.
Las fuerzas de seguridad de Amhara y las autoridades civiles de Tigré Occidental han cometido abusos generalizados contra los derechos humanos de la población tigriana desde noviembre de 2020 que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; así lo afirman Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un nuevo informe que han publicado hoy (6 de abril). Las autoridades etíopes han restringido gravemente el acceso a la zona y el escrutinio independiente de la situación allí, y con ello mantienen en gran medida oculta la campaña de limpieza étnica.

Nuevos testimonios e investigación
Las tácticas bélicas de asedio utilizadas por el ejército ruso en Ucrania, caracterizadas por los implacables ataques indiscriminados contra zonas densamente pobladas, están provocando homicidios ilegítimos de civiles en varias ciudades. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en una nueva investigación sobre el terreno.
Por primera vez, los equipos de investigación de Amnistía Internacional sobre el terreno en Ucrania han verificado de forma independiente pruebas físicas sobre municiones prohibidas de racimo, cuyo uso viola el derecho internacional. También han recopilado testimonios que documentan las tácticas de asedio rusas, que incluyen ataques indiscriminados ilegítimos, alteración de los servicios básicos, cortes de comunicación, destrucción de infraestructura civil y restricciones al acceso a medicinas y atención médica.

“En 2021, los países ricos se confabularon con los gigantes empresariales para embaucar a la población con consignas vacías y falsas promesas de una recuperación justa de la pandemia de COVID-19 en lo que constituye una de las mayores traiciones de nuestra era”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de su examen anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.
El Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que estos Estados, junto con grandes empresas, en realidad han ahondado la desigualdad global. El informe detalla las causas fundamentales, como la perniciosa codicia de las empresas y el brutal egoísmo nacional, así como el abandono de la infraestructura sanitaria y pública por gobiernos de todo el mundo.
“El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación. En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad, un legado corrosivo para los próximos años”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Representantes de doce entidades se unen a la plataforma No Somos Delito para reclamar cambios más profundos frente al Congreso en la semana clave en las negociaciones para la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana.
Las entidades participantes son las siguientes: Amnistía Internacional, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Coordinadora de Vivienda en Madrid, CGT, Defender a Quien Defiende, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace, Irídia, No más precariedad, No Somos Delito, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma por la Libertad de Información y Sindicato de inquilinas.
Con una mordaza frente al Congreso de los Diputados, representantes de doce entidades y colectivos junto a la plataforma No Somos Delito han expresado así, frente al Parlamento, la necesidad de “aprovechar la última oportunidad” que suponen las negociaciones sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para “quitarnos de una vez todas las mordazas” que se mantienen aún en el proyecto de reforma presentado.
“Amordazada, así está la sociedad civil en nuestro país desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015 y lo seguirá estando si no se acuerdan a partir de hoy cambios significativos en las negociaciones entre los partidos que tendrán lugar esta semana. Por eso pedimos a los grupos parlamentarios que cumplan con sus compromisos y podamos volver a disfrutar del derecho a la protesta y la libertad de expresión de forma plena”, afirmó Sol Román, portavoz de No Somos Delito.

En una carta coordinada por la Alianza Vacuna para el Pueblo, más de 130 exlíderes y exlideresas mundiales, personas galardonadas con el premio Nobel, personalidades destacadas de los ámbitos científico, económico y humanitario, dirigentes religiosos y empresariales, sindicalistas y celebridades reclaman que se actúe con urgencia para vacunar a los países de ingresos bajos y medianos y poner fin a la pandemia de COVID-19.
Estas voces reconocidas se unen en el segundo aniversario de la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de COVID-19 se había convertido en una pandemia y piden a los dirigentes del mundo que “hagan lo necesario para poner fin a esta crisis” y se unan a Una vacuna del pueblo en torno a los principios de igualdad y solidaridad, accesibilidad para todas las personas en todos los lugares, y sin patentes ni especulación, advirtiendo de que “a pesar de lo que algunos dirigentes de los países ricos querrían que creyéramos, la pandemia no ha terminado”. No obstante, el fin de la COVID-19 está “a nuestro alcance”, dicen, si damos “a todas las personas de todos los lugares acceso a vacunas seguras y efectivas y a otras tecnologías vitales contra la COVID-19”.

Amnistía Internacional está en condiciones de revelar que la destacada activista de los derechos humanos Aminetu Haidar ha sido atacada con el programa espía Pegasus de NSO Group en los últimos meses por parte de Marruecos.
El análisis efectuado por el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional concluyó que dos teléfonos pertenecientes a la defensora de los derechos humanos saharaui fueron atacados e infectados en fecha tan reciente como noviembre de 2021, sólo unos meses después de que las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus causaran conmoción en el mundo.
“El hecho de que Aminatou Haidar haya sido atacada con el programa espía Pegasus hace sólo unos meses es una prueba más de que empresas como NSO Group seguirán facilitando la comisión de violaciones de derechos humanos a menos que sean objeto de una regulación adecuada”, ha afirmado Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech.

Ante las imágenes que muestran a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado golpeando de manera injustificada a personas migrantes y posibles refugiadas en la valla de Melilla, tras los saltos de este miércoles y jueves en los que al menos 850 personas han entrado en la ciudad autónoma desde Marruecos, Amnistía Internacional declara:
"El mundo mira ahora horrorizado las imágenes que llegan de la guerra de Ucrania, y la Unión Europea se lleva las manos a la cabeza con la cantidad de personas refugiadas que esta guerra va a provocar, y activa, con buen criterio, la Directiva de Protección Temporal (DPT), que concederá protección inmediata en los países de la UE a las personas de nacionalidad ucraniana que huyen del conflicto en el país. España también ha dicho que es necesaria una respuesta coordinada para atenderles. Pero mientras tanto, en nuestras propias fronteras se castiga a las personas migrantes con extrema brutalidad: ¿esa es la imagen que queremos proyectar, así es como vamos a recibir a quienes llegan también de posibles conflictos o persecuciones?", se pregunta Virginia Álvarez, responsable de Política Interior y experta en refugio y migración en Amnistía Internacional España.

Este lunes a las 17 horas el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, compareció en la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España. La organización reclamará en su intervención una evaluación exhaustiva sobre la gestión de la pandemia y su impacto en el derecho a la salud de las personas puesto que, aunque se ha hecho un importante esfuerzo para superar las barreras que impuso el Real Decreto Ley 16/2012 para las personas inmigrantes en situación administrativa irregular y personas reagrupadas legalmente en España, lo cierto es que la falta de publicación de datos actualizados sobre población sin tarjeta y datos desagregados en materia de vacunación que incluya a estos colectivos impide tener una valoración completa de su situación. La organización lamenta que el Real Decreto Ley 2018 no haya conseguido revertir ese riesgo todavía, y que el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud aun no haya sido adoptado.

En respuesta a la noticia de que el Kremlin ha censurado medios de comunicación nacionales mientras dispersa protestas contra la guerra y persigue a quienes se oponen públicamente a la invasión rusa de Ucrania, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:
“Mientras miles de manifestantes salen a las calles en toda Rusia para denunciar la guerra, el Kremlin sigue decidido a sofocar las críticas al gobierno coaccionando a los medios de comunicación nacionales para que apoyen sus políticas. Al usar la fuerza para dispersar concentraciones contra la guerra y censurar a la prensa, las autoridades rusas se hunden cada vez más en la represión mientras crece el sentimiento público contra la guerra”.
“En su desesperación por silenciar la disidencia, Rusia está utilizando también empresas controladas por el Estado para acallar a quienes alzan la voz contra el conflicto. La eliminación del presentador de televisión Ivan Urgant y la marginación de la respetada periodista Elena Chernenko, que fue excluida de un grupo de prensa gubernamental por redactar una carta contra la guerra, dan testimonio del total desprecio del gobierno por la libertad de prensa.

En los barrios de población no blanca de Brooklyn, Queens y el Bronx hay más cámaras de videovigilancia
En Nueva York, las personas que viven en zonas con mayor riesgo de que la policía decida dar el alto y registrar también están más expuestas a una tecnología invasiva de reconocimiento facial; así lo revela la nueva investigación de Amnistía Internacional y entidades asociadas.
Un nuevo análisis en el contexto de la campaña mundial Ban The Scan (Veto al escaneo) ha demostrado que la operación de vigilancia masiva del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afecta especialmente a quienes ya sufren actuaciones selectivas de dar el alto y registrar en los cinco barrios de la ciudad de Nueva York.

A pesar de los llamamientos urgentes para garantizar la distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19 en 2021, las empresas farmacéuticas fracasaron estrepitosamente a la hora de afrontar el reto de una crisis sanitaria y de derechos humanos global sin precedentes. Por el contrario, monopolizaron la tecnología, bloquearon y presionaron para evitar que no se compartiera la propiedad intelectual, cobraron precios elevados por las vacunas y priorizaron el suministro a los países ricos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una nueva evaluación de los principales desarrolladores de vacunas contra la COVID-19.
El año pasado se produjeron 10.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, más que suficientes para alcanzar el objetivo del 40% de vacunación mundial fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el informe, próximamente también en español, Money calls the shots: Pharma's response to the Covid-19 vaccines crisis (El dinero manda: La respuesta de la industria farmacéutica a la crisis de las vacunas contra la COVID-19) —actualización del informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2021 Doble dosis de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19— revela que poco más del 4% de la población de países de bajos ingresos se había vacunado con pauta completa a finales del año pasado.

El llamamiento está apoyado por más de 100 de colectivos y más de 20 convocatorias para denunciar que la reforma de la Ley Mordaza es tibia, incompleta y poco garantista
No Somos Delito, junto a colectivos, organizaciones y movimientos sociales que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos, llaman a la población y a colectivos afectados a participar en las movilizaciones en todo el Estado
Dos días después de las movilizaciones, el día 15 de febrero, tendrá lugar la reunión de la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, donde se prevé que se cierren los acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma
En estas movilizaciones se reclamará a la ponencia de la Comisión de Interior que se replantee una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades y que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de seguridad ciudadana
Los colectivos consideran que ni el texto de base ni las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos ofrecen una regulación suficiente para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía

“El mundo conoce, desde hace años, de la política de represión instauradas por el gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra investigación muestra que hay momentos de altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Esta coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Este martes se ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Vivienda. Amnistía Internacional acoge con satisfacción un texto que la organización lleva décadas exigiendo, y considera que se trata de un "momento histórico", ya que esta aprobación llenaría un vacío normativo de regulación de este derecho a nivel estatal desde la Constitución española". Sin embargo, la organización ha elaborado un total de siete recomendaciones que considera fundamentales a tener en cuenta para la realización de este derecho. Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional ha declarado:
"Valoramos las medidas que van orientadas a promover la asequibilidad de la vivienda, el incremento del parque de vivienda social, la desincentivación de las viviendas vacías y la prórroga en la suspensión de desalojos de personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre otros aspectos".

Una nueva investigación de Amnistía Internacional sobre residencias documenta la deficiente actuación del Ministerio Fiscal y denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las Comunidades Autónomas está provocando una impunidad casi absoluta sobre lo sucedido: el 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas  
El escaso impulso de las investigaciones está recayendo principalmente sobre familiares de las víctimas, que se sienten abandonados y tienen derecho a conocer la verdad
La organización exige a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a pasar
Madrid.- Este lunes 31 de enero se cumplen dos años desde que se detectó el primer caso de coronavirus en España. Desde entonces, miles de personas han fallecido a causa de la pandemia, entre ellas 35.670 personas mayores que vivían en residencias.

    • La organización pide la liberación de cinco personas que ejemplifican la máquinaria de  censura a la disidencia que llevan a cabo  las autoridades chinas.
    • La comunidad internacional no puede ser cómplice de este intento de lavado de imagen a través del deporte y el COI debe proteger mejor los derechos de los atletas tras el caso de la tenista Peng Shuai.
    • Activistas de Amnistía Internacional organizarán falsas ceremonias de inauguración y entregas de medallas en 14 ciudades de España.

Una periodista que informó sobre el inicio de la pandemia en Wuhan. Un monje tibetano que expresaba opiniones políticas en su web. Una defensora de derechos humanos que denunció casos de tortura. Un académico que proponía medidas para acabar con la discriminación de su etnia. Y un abogado desaparecido desde hace tres años. El próximo 4 de febrero darán comienzo los Juegos Olímpicos de Invierno en China y Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para liberar a estos tres hombres y dos mujeres encarceladas  a través de la iniciativa “Pekín 2022 se pasa la libertad de expresión por los aros”.

Las autoridades talibanas deben investigar urgentemente el secuestro de Alia Azizi, alta funcionaria de prisiones para mujeres, que lleva más de tres meses en paradero desconocido tras acudir al trabajo en Herat. Asimismo, deben dejarla en libertad inmediata e incondicional si se encuentra bajo su custodia, ha declarado Amnistía Internacional.
Alia Azizi, que pertenece a la comunidad de etnia hazara y es directora de la cárcel de mujeres de Herat, no regresó a su casa tras ir a trabajar el 2 de octubre de 2021. Pese a las diversas peticiones que su familia ha realizado a los talibanes para que se investigue el caso, un velo de secreto sigue cubriendo su desaparición.

Con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nuclear (TPAN), organizaciones de la sociedad civil de todo el Estado piden al Gobierno que apoye la adhesión de España al Tratado y se posicione a favor de la eliminación total de estas armas de destrucción masiva.
La campaña '10 razones para firmar el TPAN', liderada por AIPAZ, está formada por una veintena de entidades que trabajan por la paz y los derechos humanos en todo el Estado y que tiene como objetivo presionar al Gobierno para que España firme y ratifique el Tratado. Esta iniciativa pretende ahondar a nivel estatal en los esfuerzos de ICAN, la campaña internacional galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2017, precisamente por su labor impulsando el TPAN.
Forman la campaña:

Ante la noticia publicada esta mañana en Calcalist (C-Tech) de que la policía israelí utiliza el programa espía Pegasus de NSO Group contra la ciudadanía israelí, Gil Naveh, portavoz de Amnistía Internacional Israel, ha declarado:
“Estas importantes revelaciones, si son exactas, deben provocar una reacción enérgica, tanto en Israel como en el resto del mundo.
Aunque la noticia no ha sorprendido en absoluto, los datos que revela son escandalosos y suscitan importantes motivos de preocupación.
Como ya ha demostrado Amnistía Internacional, nadie está a salvo del programa espía Pegasus. Estas revelaciones son una prueba más de que profesionales del derecho, el periodismo y la política, activistas y personas que defienden los derechos humanos pueden ser objeto de vigilancia secreta.
No debemos dar crédito a quienes llevan años insistiendo en que Pegasus se utiliza estrictamente contra “objetivos legítimos” fuera de Israel, y en que no hay forma de prevenir los abusos de esta arma cibernética.
Toda la industria de cibervigilancia debe someterse a un escrutinio más estricto, y por tanto también la industria de seguridad israelí.
Estas revelaciones demuestran una vez más por qué es urgente que los gobiernos se comprometan a detener toda forma de vigilancia que vulnere derechos humanos y que se declare una suspensión global de la exportación, venta, transferencia y uso de equipos de vigilancia hasta que se adopte un marco normativo sólido que sea compatible con los derechos humanos.”

“En los últimos 12 meses, las autoridades rusas han desatado una campaña de represión y represalias sin precedentes contra el líder de la oposición encarcelado injustamente Aleksei Navalny y sus simpatizantes, destruyendo todo vestigio de los derechos a la libertad de expresión y de asociación”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en el primer aniversario de la detención del político. “En el año transcurrido desde la detención de Aleksei Navalny en un aeropuerto de Moscú, el político, sus simpatizantes y las organizaciones de la sociedad civil rusas han sufrido una implacable ofensiva de represión. Decenas de personas asociadas a Navalny y de simpatizantes suyos están enjuiciados por cargos falsos, y un número creciente de ellos ya está en prisión. Mientras tanto, las autoridades han etiquetado sus organizaciones de ‘extremistas’ y han bloqueado sus sitios web”, ha afirmado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
“Algunas de las personas asociadas a Aleksei Navalny lograron huir del país, pero ahora temen que sus familiares en Rusia sufran una suerte similar de enjuiciamiento y prisión infundados. En el aniversario de su detención, Navalny y las personas asociadas a él y dedicadas al activismo viven un infierno”.

Una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Expertos técnicos del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional han revisado el informe y verificado de forma independiente las pruebas forenses que demuestran el uso abusivo de Pegasus en el país.
“El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país. Las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Es inaceptable que en El Salvador se vuelvan cada vez más cotidianas las denuncias de acoso y amenaza contra periodistas y personas defensoras de derechos humano, quienes laboran en un ambiente hostil y se encuentran en grave riesgo. La comunidad internacional debe acompañar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en su demanda por el respeto a los derechos humanos”.

En respuesta a una decisión del Tribunal Superior de Coblenza, Alemania, que ha condenado al exagente de inteligencia sirio Anwar Raslan a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, incluidos tortura, asesinato y violación de personas detenidas en la Sección 251, un tristemente famoso centro de inteligencia militar de la ciudad de Damasco, Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“La sentencia de hoy es una victoria histórica que amplifica las voces de decenas de miles de supervivientes de detención ilegítima, tortura y violencia sexual, así como las voces de las familias de las víctimas que murieron en las prisiones y centros de detención de Siria a consecuencia del trato recibido de las fuerzas de seguridad durante más de un decenio. En especial, también reconoce el carácter sistemático de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Este resultado no se habría producido sin los que se atrevieron a compartir sus historias, los actores de la sociedad civil siria, y las organizaciones de derechos humanos y dedicadas a los litigios que han perseguido tenazmente la justicia, la verdad y la reparación a lo largo de los años.

Ante la sentencia pronunciada por el tribunal sobre el recurso presentado por la figura del tenis Novak Djokovic contra la decisión del gobierno australiano de cancelar su visado, Graham Thom, asesor de Amnistía Internacional Australia sobre personas refugiadas, ha declarado:
“Djokovic ha vislumbrado por un instante lo que las personas refugiadas llevan años experimentando debido a las vergonzosas políticas del gobierno australiano sobre las personas refugiadas. Por ejemplo, Mehdi Ali, iraní de 24 años recluido en el mismo hotel que Djokovic, Park Hotel, contó a Amnistía Australia: ‘la cárcel y la miseria que se respiran en mi habitación llevan acechándome casi nueve años’.
Si hay algo positivo en este asunto es que un caso de interés mundial haya vuelto a poner el foco sobre esta situación terrible, que supone una violación del derecho internacional y que ha causado sufrimiento y muerte a personas cuyo único ‘delito’ era buscar seguridad en las costas australianas.

• La Supercopa de España, organizada por la Real Federación Española de Fútbol, se jugará a partir del 12 de enero entre el Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en la ciudad saudí de Riad.
• La organización ha enviado brazaletes violetas, tanto a la Federación como a los equipos participantes, como muestra de solidaridad frente a la discriminación y la violencia que sufren las mujeres en Arabia Saudí.
“Es la Supercopa de la igualdad”. Con estas palabras presentó en 2019 el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, la primera edición que se celebraría en Arabia Saudí, en una controvertida decisión que el mandatario del fútbol español justificó en “la oportunidad de cambiar cosas” en el país saudí.
Dos años después, Amnistía Internacional denuncia la continuación de graves violaciones de derechos humanos en este país, en particular hacia las mujeres y las personas LGTBI, por lo que envió la semana pasada, tanto a la Federación como a los cuatro clubes que disputarán este torneo, unos brazaletes de color violeta con la propuesta de que los usen en sus partidos y en cualquier comparecencia pública.

“Los países ricos y las empresas farmacéuticas han fracasado catastróficamente al no garantizar el acceso equitativo a las vacunas y han dejado este año a miles de millones de personas sin medicamentos que salvan vidas”, ha declarado Amnistía Internacional hoy, cuando finaliza 2021.
Pese a los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional y otras entidades como la Organización Mundial de la Salud para que se garantizase que, como mínimo, el 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos estuviera vacunada antes de que finalizara 2021, los países ricos y las empresas farmacéuticas han seguido haciendo caso omiso de estos ruegos.

“Los programas de vacunación contra la COVID-19 de todo el mundo excluyen a personas de grupos marginados y discriminados al no tener en cuenta sus circunstancias, necesidades y vulnerabilidades de carácter único”, ha declarado Amnistía Internacional en una declaración pública emitida hoy.
Las deficiencias de los programas nacionales de vacunación, que abarcan una recopilación de datos insuficiente o inexistente, información pública inadecuada y no abordar la desconfianza en las instituciones sanitarias y la información engañosa, afectan de forma desproporcionada a la capacidad de algunos grupos —mujeres, personas LGBTI, personas indígenas y minorías étnicas, entre otros— para acceder a las vacunas. Estos grupos también se ven más gravemente afectados por obstáculos logísticos y técnicos para obtener una vacuna y por la falta de participación de la sociedad civil en la planificación y ejecución de los planes de vacunación.

Amnistía Internacional analiza en un nuevo informe la saturación de los centros de recepción, la falta de protección adecuada de niños y niñas no acompañados, la ausencia de mecanismos adecuados para la identificación de victimas de trata, abusos físicos, detenciones arbitrarias y devoluciones en caliente
Amnistía Internacional, tras seguir durante más de quince años la situación de los derechos humanos en Canarias y realizar este mismo año dos misiones de investigación a las islas, relata en un nuevo informe la saturación de los centros de recepción de personas refugiadas e inmigrantes, unas condiciones indignas de acogida que se prolongaron en el tiempo, y la falta de protección adecuada de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como los niños y niña no acompañados, o las mujeres víctimas de trata, en el marco de un sistema de asilo degradado.
Canarias ya experimentó una situación parecida en 2006, con la denominada “crisis de los cayucos”, cuando hasta 30.000 personas migrantes y refugiadas llegaron a las islas. Sin embargo, la infraestructura de acogida no se mantuvo y en 2020, a pesar del creciente número de llegadas, tuvo que “improvisarse”, cuando la situación ya era insostenible, el Plan Canarias, con un planteamiento que ha resultado claramente insuficiente.

Se restringe el suministro de alimentos y productos médicos a zonas en las que el ejército ha atacado indiscriminadamente a la población civil.
Se ataca al personal local de ayuda humanitaria y a los equipos voluntarios de respuesta humanitaria cuando intentan comprar o entregar suministros de ayuda humanitaria o prestar atención médica de emergencia.
Las personas que han quedado desplazadas temen por su vida, pues tienen dificultades para satisfacer sus necesidades de supervivencia básicas.
Desde que tomó el poder hace casi un año, el 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar viene llevando a cabo ataques indiscriminados contra la población civil y obstruyendo el acceso a productos y servicios esenciales para su supervivencia, manifestó hoy Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional entrevistó a cuatro personas civiles desplazadas y a seis trabajadores y trabajadoras humanitarios y otro personal voluntario de respuesta humanitaria. Sus impactantes relatos dejan al descubierto los intentos sistemáticos del ejército para matar de inanición a la población e impedirle el acceso a asistencia médica, en su campaña para aplastar la resistencia armada al golpe de Estado.

Los talibanes, el ejército estadounidense y las fuerzas de seguridad afganas fueron todos responsables de ataques que provocaron un sufrimiento generalizado de la población civil antes de que el gobierno se derrumbara este año. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
El informe, titulado No Escape: War Crimes and Civilian Harm During The Fall Of Afghanistan To The Taliban, documenta actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y homicidios a manos de los talibanes durante las etapas finales del conflicto de Afganistán, así como bajas civiles durante una serie de operaciones terrestres y aéreas de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacionales Afganas y fuerzas militares estadounidenses.
“Los meses previos al derrumbe del gobierno en Kabul se caracterizaron por los reiterados crímenes de guerra y el implacable derramamiento de sangre cometidos por los talibanes, así como por las muertes causadas por las fuerzas afganas y estadounidenses”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La propuesta de reforma mantendría íntegramente las infracciones de desobediencia, resistencia y negativa a identificarse (36.6) y de faltas de respeto (37.4); dos artículos de la ley que han sido aplicados de forma extensiva e injusta a miles de personas y de cuya vaguedad ha alertado el Consejo de Europa. Amnistía Internacional pide la modificación y la eliminación respectivamente de estos dos artículos en el trámite parlamentario.
Aunque Amnistía Internacional reconoce avances en el proyecto, señala que está más cerca de “un maquillaje” de la conocida como Ley Mordaza, que de una reforma en línea con los estándares internacionales sobre libertad de reunión, expresión e información.
La reforma propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana por parte de la coalición de gobierno está más cerca de un maquillaje de la versión actual de la norma que de una derogación de sus artículos más preocupantes para la libertad de reunión expresión e información. Es la conclusión de Amnistía Internacional España tras analizar el acuerdo de reforma entre los partidos de Gobierno de la conocida como “Ley Mordaza” que se debatirá en el Congreso a principios del año que viene.

En España la organización lleva años denunciando situaciones de uso excesivo de la fuerza y de empleo inapropiado de material antidisturbios, en protestas como la de Cádiz del pasado mes de noviembre
La organización tiene en marcha una campaña que denuncia los casos de seis activistas que han sufrido persecución y represión en México, Egipto, Territorios Palestinos Ocupados, Nigeria, Guatemala y China
Este año AI ha denunciado restricciones a la protesta y el activismo en al menos 58 países
Madrid.- Con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, Amnistía Internacional señala que gobiernos de todo el mundo están reprimiendo, mediante viejos y nuevos métodos, las protestas surgidas en un año especialmente difícil para la población mundial, sin superar todavía la crisis de la COVID-19. Armas omnipresentes como las porras policiales, utilizadas de un modo indebido en actos que pueden ser constitutivos de tortura y otros malos tratos; y modernas tecnologías al servicio de la vigilancia y el espionaje, como la denunciada en el Proyecto Pegasus, son ejemplos de cómo libertad de expresión se está viendo amenazada en el mundo, en países como China, México, Israel y Territorios Ocupados o Afganistán, entre otros.

Con motivo del primer aniversario de la administración de la primera vacuna contra la COVID-19 en el mundo, Tamaryn Nelson, asesora de salud de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La reciente aparición de la variante ómicron es un crudo recordatorio de lo que sucede cuando no se aborda globalmente una pandemia.
Los expertos nos vienen avisando de que la pandemia es de naturaleza global y la distribución desigual de las vacunas en el mundo no hará sino aumentar las probabilidades de que surjan nuevas variantes. Sin embargo, mientras que en algunos países de ingresos altos ya se ha administrado la pauta completa de vacunación a casi el 90% de su población, en los países de ingresos bajos sólo algo más del 7% de la población ha recibido una sola dosis vacunal.
Los dirigentes de los países ricos han animado encarecidamente a su ciudadanía a vacunarse y han reconocido en repetidas ocasiones la importancia de las vacunas para acabar con la pandemia de COVID-19, sobre todo tras la aparición de la variante ómicron. Sin embargo, parecen olvidar que ese mismo argumento es aplicable al resto de la población del mundo.

Un nuevo análisis de Amnistía Internacional concluye que Twitter sigue sin hacer lo suficiente para proteger a las mujeres y a las personas no binarias de la violencia y de los abusos online.
La Tabla de puntuación de Twitter califica el historial de la red social en la implementación de una serie de recomendaciones para hacer frente a los abusos contra las mujeres y las personas no binarias en la plataforma.
Pese a algunos loables avances derivados de las recomendaciones que formuló Amnistía en la Tabla de puntuación de 2020, Twitter tiene que tomar muchas más medidas para abordar los abusos online contra las mujeres y grupos marginados. La empresa ha implementado en su integridad sólo una de las diez recomendaciones del informe, y ha hecho progresos limitados en la mejora de la transparencia sobre el proceso de moderación de contenido y el de apelación.
“A pesar de nuestros reiterados llamamientos para que mejorase su plataforma, Twitter sigue incumpliendo sus promesas de proteger a las personas usuarias que más riesgo tienen de sufrir abusos online”, declaró Michael Kleinman, director de Tecnología y Derechos Humanos en Amnistía Internacional Estados Unidos.

Los servicios esenciales para las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia de género en Afganistán se han visto diezmados desde que los talibanes tomaron el país, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En 26 nuevas entrevistas, sobrevivientes y personas proveedoras de servicios contaron a Amnistía Internacional que los talibanes habían cerrado los albergues y excarcelado a presos, muchos de ellos condenados por delitos de violencia de género.
Muchas sobrevivientes, así como personal de albergues, profesionales de la abogacía y la magistratura, funcionariado público y otras personas relacionadas con los servicios de protección corren peligro de sufrir violencia o muerte.
“En Afganistán, las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia de género han sido abandonadas, básicamente. Su red de apoyo ha sido desmantelada, y sus lugares de refugio prácticamente han desaparecido”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.”
“Cuesta creer que los talibanes hayan abierto las prisiones en todo el país, sin pensar en el riesgo que suponen los perpetradores condenados para las mujeres y la niñas a las que victimizaron, y para quienes trabajaron defendiendo a las sobrevivientes.”

Según la información recibida por Amnistía Internacional, las personas solicitantes de asilo que residen en el nuevo campo para personas refugiadas financiado por la UE en la isla de Samos están detenidas ilegalmente por las autoridades griegas tras una decisión del ministro de Migración y Asilo que aún no se ha hecho pública.
Con a esta decisión, a partir del 17 de noviembre, quienes carecen de tarjetas de identidad válidas emitidas por el gobierno (tarjetas de asilo) tienen prohibido salir del campo durante un periodo indefinido. La decisión afecta a las personas a las que se ha retirado la tarjeta como consecuencia de la denegación de su solicitud de asilo y a las recién llegadas que aún carecen de ella. Según cálculos oficiales, hace más de dos semanas que, de las 450 personas residentes, se impide salir de las instalaciones, similares a una cárcel, a alrededor de 100, en violación de su derecho a la libertad personal.
“Este campo recuerda más a una prisión que a un lugar donde acoger a personas que buscan seguridad. Se trata de un abuso flagrante del dinero de la UE y de los derechos de las personas residentes”, afirmó Adriana Tidona, investigadora sobre migración de Amnistía Internacional.