Se cumplen dos meses de la entrada de más de 80.000 de personas migrantes en Ceuta.
La organización identifica, durante una reciente investigación en terreno, riesgos específicos que sufren cientos de niños y niñas, desprotegidos por parte de las autoridades. También centenares de mujeres siguen viviendo en la calle sin protección
El discurso de odio alentado por partidos políticos y autoridades alimenta el racismo, la xenofobia, y la islamofobia contra la población migrante y personas racializadas.
Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a los presidentes del Gobierno de España y del Gobierno de Ceuta para compartir las conclusiones de su investigación sobre el terreno y pedirles acciones urgentes que proporcionen ayuda humanitaria y una acogida digna, y atención especializada a mujeres, niñas y niños en riesgo, ya sea en Ceuta o mediante su traslado a la Península.

En una declaración conjunta publicada hoy, 21 se septiembre, organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, piden la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (MIIDH) y abordan cuestiones clave sobre este mecanismo extraordinario de la ONU, incluyendo qué es la MIIDH y por qué debe mantenerse al menos hasta 2028; cómo se complementan la MIIDH, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y los mecanismos de justicia internacional; y, lo más importante, cómo puede contribuir al futuro de Venezuela.
Esta declaración se emite en el marco del diálogo interactivo que inició el 18 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en Ginebra, y continuará el 21 de septiembre, durante su 63º periodo de sesiones. Durante el diálogo interactivo, la MIIDH presentó sus hallazgos más recientes y varias organizaciones de la sociedad civil esperan emitir declaraciones orales instando al Consejo a renovar el mandato de la MIIDH por otros dos años.

Rusia ha utilizado prácticas de explotación, coacción y engaño para reclutar a personas extranjeras en sus fuerzas militares y enviarlas a combatir en Ucrania; así lo afirma Amnistía Internacional en  un nuevo informe  publicado hoy. En muchos casos, estas prácticas constituyen violaciones de derechos humanos y pueden equivaler al delito de trata de personas, fenómeno que sigue siendo muy frecuente en Rusia y cuya erradicación requiere una repuesta urgente de la comunidad internacional.
En el documento se describe con detalle la manera en que agentes de reclutamiento han inducido a personas de otros países a incorporarse a las fuerzas armadas rusas y se han aprovechado de la precariedad de la población migrante y refugiada ya presente en Rusia. Las personas afectadas son fundamentalmente de países de bajos ingresos del Sur Global.

España: Amnistía Internacional pide a todos los partidos políticos y autoridades que condenen públicamente la violencia contra periodistas que cubren información sobre Ceuta y se garantice su seguridad 
Amnistía Internacional observa con preocupación la violencia ejercida contra periodistas que cubren información sobre Ceuta, y reclamamos a las autoridades que garanticen su seguridad, su integridad y el desarrollo de su labor en condiciones seguras.
Las manifestaciones de anoche dejaron imágenes de hostigamiento y violencia contra periodistas que cubrían las protestas. La organización ha hablado también con periodistas que relatan haber sufrido violencia física y verbal, hostigamiento e insultos mientras ejercían su trabajo en Ceuta.

Hoy comparece Sánchez en el Congreso para rendir cuentas sobre la situación en Ceuta. Amnistía Internacional España aprovecha para preguntar al Presidente por: 
1. Datos desagregados sobre llegadas, retornos, devoluciones con todas las garantías procesales, rechazos en frontera. 
2. Repatriación de cadáveres y cooperación con Marruecos para llevarla a cabo. 
3. Medidas para garantizar el acceso al asilo con todas las garantías.
4. Medidas sobre condiciones de acogida dignas.
5. Medidas para garantizar la protección de las niñas frente a la violencia sexual.
6. Medidas para combatir el odio y el racismo contra personas migrantes y refugiadas y garantizar la seguridad de las personas y ONG que realizan labores humanitarias.
Es importante que el presidente, Pedro Sánchez, responda a estas preguntas. La situación que se está viviendo en Ceuta requiere de una respuesta adecuada por parte de las autoridades para garantizar los derechos de todas las personas, especialmente de las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Nos preocupa el creciente clima de violencia y tensión en la calle en Ceuta. Pedimos a las autoridades que protejan a todas las personas, incluyendo migrantes y refugiadas, y que garanticen que el personal humanitario puede desarrollar su labor en condiciones de seguridad.
Aunque AI conoce las dificultades a las que se enfrentan fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en Ceuta, incluyendo el sufrir agresiones, la organización también ha recibido denuncias y testimonios creíbles de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de fuerzas de seguridad del Estado contra migrantes. También por parte de particulares, que en ocasiones acompañan sus agresiones y hostigamiento con insultos racistas.

Ante la Conferencia Sectorial de Infancia que se celebrará mañana, Amnistía Internacional urge a las comunidades autónomas a facilitar la reubicación de los menores que han llegado solos a Ceuta
La ley debe cumplirse sin excepciones. Ante la situación de contingencia migratoria en Ceuta, todas las comunidades autónomas deben facilitar la reubicación de niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta por todo el territorio estatal, en cumplimiento del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo.
Mañana se celebra la Conferencia Sectorial de Infancia, con representación del Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades y ciudades autónomas para abordar la situación de la infancia migrante en Ceuta.

Las autoridades y las fuerzas afiliadas a Hamás en la Franja de Gaza ocupada deben poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de colaborar con Israel, unas ejecuciones que se llevan a cabo sin ningún procedimiento judicial. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Tan sólo el mes pasado, agentes de seguridad de las Brigadas de Al Qassam, brazo militar de Hamás, anunciaron públicamente la ejecución sumaria de un hombre por espiar para Israel, y manifestaron su intención de ejecutar a otro "informante" unos días después, en el contexto de lo que calificaron de una campaña de seguridad en gran escala.
Un informe de la ONU publicado en junio de 2026 identificó 249 casos de ejecución extrajudicial y violencia física severa en Gaza entre agosto de 2024 y principios de 2026; en al menos 60 de esos casos estaban implicadas fuerzas afiliadas a Hamás. Amnistía Internacional ha investigado y documentado nueve ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilícitos cometidos por fuerzas afiliadas a Hamás inmediatamente después del alto el fuego anunciado entre Israel y Hamás en octubre de 2025.

La detención extraterritorial de migrantes y solicitantes de asilo en virtud del acuerdo firmado entre Italia y Albania está poniendo en peligro la seguridad, libertad y derechos humanos de esta población, ha afirmado Amnistía Internacional en un documento informativo publicado unas semanas después de que los acontecimientos de Ceuta pusieran de manifiesto los peligros de las políticas migratorias que la Unión Europea (UE) lleva años aplicando, centradas en la exclusión y la contención.
En Italia: La detención extraterritorial de migrantes y las obligaciones de derechos humanos se examina el acuerdo de 2023 para establecer dos centros para migrantes en Albania gestionados por las autoridades italianas, que condujo a traslado forzoso de centenares de personas que corren peligro de ser privadas de libertad, en muchos casos sin acceso a asistencia letrada. Las condiciones de reclusión y el lesivo coste humano de las políticas extraterritoriales de Italia han llevado a varias personas a autolesionarse o intentar suicidarse.

La ampliación del uso de tecnologías de vigilancia en Argentina durante los dos primeros años de gobierno de Javier Milei ha servido para ampliar la capacidad de vigilancia, establecimiento de perfiles y represalias del Estado en el país, y ha creado un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
El informe, titulado Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, documenta la manera en que el gobierno, mediante resoluciones y decretos ejecutivos, ha introducido grandes reformas institucionales para ampliar su capacidad de recopilar información y, por tanto, sus mecanismos de vigilancia. Entre 2024 y 2025, el gobierno adquirió también tecnologías por valor de al menos 1,2 millones de dólares estadounidenses, entre las que se encontraban herramientas de seguimiento de las redes sociales, tecnologías de reconocimiento facial y herramientas de vigilancia aérea. Unidas, estas políticas y tecnologías constituyen un sistema de vigilancia masiva.

Posicionamiento conjunto de las organizaciones Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante con motivo del quinto aniversario de la toma de poder de los talibanes en Afganistán
Mañana 15 de agosto se cumplen cinco años desde que los talibanes retomaron el control de Afganistán. Cinco años en los que millones de mujeres y niñas han visto cómo sus derechos y libertades están siendo restringidos de forma progresiva y sistemática.
Las organizaciones Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante queremos expresar nuestra profunda preocupación y condena ante el deterioro continuado de los derechos de las mujeres y las niñas afganas. La exclusión de las niñas de la educación secundaria y universitaria; las restricciones a su libertad de movimiento, participación y expresión; así como las limitaciones impuestas a su acceso al empleo y a la vida pública, configuran un sistema de discriminación institucionalizada basada en el género. 

Amnistía Internacional ha solicitado información a las autoridades españolas sobre garantías procesales aplicadas a menores y solicitantes de asilo; la situación de los menores no acompañados en la calle; denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o de violencia por parte de civiles contra inmigrantes tras la entrada de 72.000 personas en Ceuta, entre ellas menores de edad, desde Marruecos, muchas de ellas nadando.
Preocupación por devoluciones sumarias

Ante los fenómenos meteorológicos relacionados con el calor extremo en todo el mundo, como incendios forestales generalizados, sequías e inundaciones, Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional, ha declarado:
"El calor extremo no es sólo un fenómeno meteorológico. Tiene una dimensión política. Se produce cuando el cambio climático, impulsado por la codicia empresarial y el fracaso político, choca con los derechos, las vidas y los medios de subsistencia de las personas. Se trata de una emergencia de derechos humanos que amenaza el derecho a la vida, la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento, la alimentación, la educación y un medioambiente saludable. El calor extremo no es un desastre aislado. Multiplica el daño a los derechos humanos. Mientras muchos gobiernos y actores empresariales dan marcha atrás en sus medidas contra el cambio climático, cada vez más personas en todo el mundo sufren fenómenos extremos causados por el cambio climático, que modifican sus vidas y en muchos casos, desgraciadamente, acaban con ellas."

España está viviendo los incendios más graves de su historia, con 15 personas fallecidas, más de 100.000 afectadas y una superficie quemada seis veces mayor que en el mismo periodo de 2025
Greenpeace exige a todas las administraciones que hagan política en mayúsculas, se coordinen y trabajen unidas para abordar la emergencia climática
A través de una protesta pacífica con pancartas negras, la organización también quiere mostrar su solidaridad con las personas y pueblos afectados, así como exigir condiciones dignas para los equipos de extinción
Madrid, 29 de julio de 2026.- Con humo ficticio, cenizas, troncos quemados y una pancarta negra frente al Congreso de los Diputados donde podía leerse "España arde. Vuestra inacción nos mata". Así es como activistas de Greenpeace han protestado esta mañana en Madrid de forma pacífica para mostrar su solidaridad con las miles de personas afectadas por los incendios, además de exigir a grupos políticos y administraciones que actúen y hagan política en mayúsculas para abordar la emergencia climática. Todo ello en el arranque de una cuarta ola de calor y con gran parte del país afectada por incendios históricos que ya se han cobrado 15 víctimas mortales directas y afectado a más de 100.000 personas, entre desplazadas y confinadas.

Amnistía Internacional se une al llamado de las Guerreras por la Amazonía (GxA), que cinco años después de ganar una sentencia histórica que exige a Ecuador eliminar los mecheros petroleros cercanos a centros poblados, así como reparaciones a las comunidades afectadas, siguen exigiendo su cumplimiento.
"Durante estos cinco años, las Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo Eliminen los Mecheros y las comunidades afectadas han encabezado una resistencia incansable por sus derechos y la justicia climática. Sin embargo, se siguen enfrentando a la indolencia de las autoridades, a acciones que simulan el cumplimiento de la sentencia, así como con actos de estigmatización e incluso ataques en su contra", afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

El concurso, que lleva 15 años apoyando la producción audiovisual comprometida, ofrece una dotación de 5.000 euros y el estreno en España en Abycine Cortos 2027. El plazo de inscripción cierra el 30 de julio.
ALBACETE, 14 de julio de 2026 | Amnistía Internacional y la Fundación Abycine convocan la 15ª edición de su concurso de ayuda a la producción de cortometrajes sobre derechos humanos, una de las iniciativas más consolidadas del panorama audiovisual independiente español. Desde su primera edición, el concurso ha apoyado proyectos que han cosechado dos Premios Goya, un Premio Forqué, una preselección para los Oscar y más de un centenar de selecciones en festivales de todo el mundo.
La colaboración entre el grupo local de Amnistía Internacional en Albacete y el festival de cine independiente ha dado lugar a obras que han hecho un importante recorrido internacional mientras ponían el foco en realidades urgentes: la crisis migratoria en el Mediterráneo, la mutilación genital femenina, la violencia sexual en zonas de conflicto, los centros de internamiento de extranjeros o el impacto discriminatorio de la inteligencia artificial en las decisiones médicas, tema abordado por Ultrasò, el cortometraje ganador de la edición 2025 dirigido por Aitana Ahrens que se estrenará en el Festival este 2026.

La organización publica una nueva investigación en la que analiza cómo el espionaje a activistas, periodistas, políticos/as y abogados entre 2017 y 2020 todavía sigue impune, y concluye que la actuación del Ministerio Fiscal en las diez causas del entorno independentista catalán analizadas se caracteriza, hasta hoy, por la inacción, la obstrucción para que avancen las investigaciones y la revictimización de las personas afectadas.
"¿Qué han hecho con mis datos?": las víctimas denuncian desamparo y angustia causada por el espionaje.
Este tipo de vigilancia invasiva de las comunicaciones afecta y viola el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, además del de asociación y de defensa, así como a tutela judicial efectiva.
AI reclama a Fiscalía que respalde las diligencias para que se pueda determinar la naturaleza y los responsables de los hechos. Además, exige a las autoridades españolas que se prohíba el uso de este tipo de herramientas de espionaje; la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y de la normativa del CNI para que dejen de ser un obstáculo en la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos; y que colaboren con los requerimientos tanto del Comité Pega, como del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

Un año después de que Amnistía Internacional documentara los abusos generalizados que sufren las trabajadoras domésticas kenianas en Arabia Saudí, un nuevo documento de la organización revela que las mujeres filipinas sufren la mayoría de estos mismos abusos, como sobrecarga de trabajo, explotación, trato degradante y, en algunos casos, agresión sexual.
El informe, titulado "Once we step in their homes , we are no longer human": Testimonies of Filipino women domestic workers in Saudi Arabia , ("Una vez que entramos en sus casas, ya no somos seres humanos": Testimonios de mujeres filipinas empleadas en el servicio doméstico en Arabia Saudí), documenta las experiencias de 19 mujeres filipinas que regresaron de Arabia Saudí, la mayoría de ellas entre 2023 y 2026. En las entrevistas, las mujeres contaban que, una vez en los domicilios de sus empleadores, quedaban a merced de su autoridad absoluta, sin importar cuáles fueran las condiciones de su contrato. Sus historias coincidían en muchos aspectos con las de las mujeres kenianas entrevistadas para un informe de Amnistía Internacional publicado en 2025 , engañadas habitualmente por sus captadores acerca del trabajo que iban a realizar y sometidas a condiciones agotadoras y abusivas, así como a discriminación racial.

Amnistía Internacional pide a los cuatro gobiernos autónomicos cumplir con las recomendaciones del Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas a España en 2020 y garantizar una inversión suficiente y adecuada en prestaciones sociales de modo que se asegure el disfrute efectivo de los derechos y se prevengan situaciones de exclusión y vulnerabilidad.
Amnistía Internacional, tras analizar los recientes pactos de gobierno que han firmado el Partido Popular y VOX en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura, pide a los cuatro gobiernos que abandonen su política de prioridad nacional que, en caso de ser implementada, constituiría una violación de derechos humanos y de las obligaciones del Estado reconocidas internacionalmente.
Concretamente podría incumplir, al menos, tres de ellas: la obligación de no discriminar, ni directa ni indirectamente, en el acceso a derechos; la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales y no tomar medidas regresivas que empeoren las condiciones de vida de las personas; y la violación del principio del interés superior del menor, especialmente la infancia migrante no acompañada, seguidos frecuentemente de discursos criminalizadores del colectivo.

El auge de prácticas autoritarias supone graves retrocesos en derechos LGBTIQ+.
Las acciones estarán concentradas en Madrid el próximo 18 de junio ante las sedes diplomáticas de Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ghana.
El auge global de ataques depredadores que buscan acabar con los cimientos de los derechos humanos ha marcado todo 2025. El recrudecimiento de prácticas autoritarias contra la sociedad civil se ha manifestado también en Amnistía Internacional España ha organizado en el marco del Orgullo una ruta por embajadas en la que se izarán banderas LGBTIQ+ a modo de protesta.
Bautizada como 'Orgullo de Ruta', se realizará el próximo 18 de junio en Madrid ante las sedes diplomáticas de Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ghana para recordar que "hay una preocupante tendencia antiderechos, a la que cada vez se suman más gobiernos, empeñados en arrebatar los derechos conquistados, incluyendo los de las personas LGBTIQ+. No lo vamos a permitir, todo ser humano, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a vivir una vida libre de violencia y de discriminación. A quí izamos nuestras banderas para que no se les olvide", ha dicho Beatriz Martos, portavoz de Amnistía Internacional España.

Las entidades sociales lamentan la falta de transparencia sobre las medidas concretas que se adoptarán a nivel nacional para dar cumplimiento a estas obligaciones europeas.   
Desde el Grupo de trabajo de las entidades sociales sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo llevamos años dando seguimiento a la negociación, aprobación y su implementación por parte de España, para contribuir a que prevalezca en todo el proceso un enfoque de derechos de las personas en movimiento.
El 12 de junio supone un hito para todos los países europeos, dado que se materializa la implementación del Pacto con su entrada en vigor, dando comienzo a una nueva etapa para la política migratoria que plantea retos importantes en relación con la garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas. A ello se suma el acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno , que amplía el uso de la detención e incorpora medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones. 

Amnistía Internacional ha documentado al menos 95 casos violaciones al derecho a la protesta en el contexto de manifestaciones propalestinas celebradas desde octubre de 2023.
La organización pide a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que acciones como la interrupción temporal de una prueba deportiva o la exhibición de símbolos políticos en un estadio, al formar parte del derecho a la protesta cuando son pacíficas, no deben recibir sanciones de acuerdo a la Ley del Deporte.
Durante la reciente celebración de la Copa Mundial de Escalada en Alcobendas (Madrid), con participación de Israel, se produjeron protestas contra el genocidio en Gaza, y la respuesta policial fue amenazar e identificar a activistas pacíficos.
En España, mostrar una bandera palestina en un partido de baloncesto, sentarse en una carretera durante una etapa de la Vuelta Ciclista o participar en una protesta en el contexto de una prueba deportiva puede acabar en una multa de miles de euros. En algunos casos, incluso de decenas de miles. El mero hecho de protestar también puede derivar en una detención, en un proceso penal o en una carga policial con porras y gas pimienta.

En 2025, las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1981, con 2.707 personas ejecutadas en 17 países. Así lo ha revelado el informe anual más reciente elaborado por la organización de derechos humanos sobre el uso global de la pena de muerte.
El impresionante aumento documentado en el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 se debió a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo. Las autoridades iraníes, principales impulsoras de este incremento, ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos de América (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

Amnistía Internacional ha pedido investigar como posibles crímenes de guerra la destrucción sistemática de edificios civiles de gran altura en la ciudad de Gaza por parte del ejército israelí durante los meses de septiembre y octubre de 2025. La organización sostiene que las demoliciones formaron parte de una estrategia de castigo colectivo y desplazamiento forzado de población palestina en plena ofensiva militar sobre la Franja.
La investigación, difundida este 12 de mayo de 2026, documenta la destrucción de al menos trece torres residenciales y comerciales donde residían miles de personas, muchas de ellas desplazadas internas. Según Amnistía Internacional, las fuerzas israelíes obligaron a evacuar los edificios con escasos minutos de margen antes de lanzar múltiples bombas contra cada inmueble. Ampliar en periodistas-es.com

La destrucción ilegítima y deliberada, por parte de Israel, de edificios civiles de gran altura sigue teniendo consecuencias devastadoras para las familias palestinas desplazadas en la Franja de Gaza ocupada, donde la reconstrucción sigue siendo un sueño lejano en un contexto de genocidio y ataques aéreos constantes pese al denominado alto el fuego de octubre de 2025. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Para ilustrar la gravedad de la destrucción arbitraria que las fuerzas israelíes han causado en Gaza, Amnistía Internacional publica hoy una investigación sobre cómo el ejército de Israel arrasó al menos 13 edificios residenciales y comerciales de numerosas plantas en toda la ciudad de Gaza entre septiembre y octubre de 2025. La organización ha concluido que el ejército israelí dañó seriamente y destruyó los edificios de gran altura, en los que vivían miles de personas (muchas de ellas desplazadas internamente), arrojando múltiples bombas sobre cada edificio tras obligar a sus residentes a marcharse sin casi previo aviso, y ha pedido que estos actos se investiguen como crímenes de guerra de destrucción arbitraria, castigo colectivo y ataques directos contra bienes civiles.

Ayer 11 de mayo, la UE se enfrenta a una prueba definitoria de sus valores, principios y compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional. Mientras la presión pública, política y diplomática sigue creciendo, los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de la UE se enfrentan a una elección: seguir tendiendo a Israel una alfombra roja, o empezar a aplicar las líneas rojas del bloque, de las que Israel se ha burlado, especialmente desde octubre de 2023.
La UE no carece de instrumentos para ejercer una presión concreta sobre Israel, pero sí ha dado muestras de un alarmante déficit de voluntad política. Como mínimo, la UE debe suspender el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel, con los privilegios comerciales que lo acompañan, si quiere demostrar que se toma en serio el abordar la impunidad de la que Israel ha disfrutado durante decenios. Si no lo suspende, se arriesga a ser cómplice del genocidio, la ocupación ilegal y el apartheid perpetrados de forma continuada por Israel.
La llave la tienen dos Estados miembros: Italia y Alemania. Los dos desempeñan un papel crucial en el bloqueo de la suspensión del acuerdo comercial de la UE con Israel y en proteger a Israel de pagar unas consecuencias significativas por sus crímenes contra la población palestina. En el complejo sistema de votación de los Estados miembros de la UE, el apoyo de cualquiera de los estos dos Estados inclinaría la votación hacia la mayoría cualificada necesaria para suspender parcialmente el Acuerdo.

Vista judicial prevista para el domingo 10 de mayo a las 8 am (hora española)
Ambos están en huelga de hambre y han denunciado torturas y malos tratos
Amnistía Internacional pide al gobierno de Israel la liberación inmediata e incondicional de Saif Abukeshek, activista de origen palestino y nacionalidad sueco-española, y Thiago Ávila, activista brasileño, detenidos por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud.
"Israel ha presentado una lista de acusaciones sin fundamento, pero no cargos formales. La detención de estos activistas pone de relieve las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad por las constantes atrocidades cometidas por Israel. Deben ser liberados de inmediato y sin condiciones", ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Ambos comparecerán el próximo domingo 10 de mayo a las 8 am (hora española) ante el Tribunal de Distrito de Beer Sheva, después de que un tribunal de Ashkelon prorrogara seis días su detención sin cargos ni juicio.

La organización, que considera que se debe investigar para determinar si los hechos pueden ser calificados como tortura como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza, publica hoy entrevistas con Naser, hermano Haitam, y su abogada
El empleo de táser en modo de contacto directo debe ser prohibido de una vez por todas, ya que causa un dolor extremo que equivale a una forma de tortura u otros malos tratos
Madrid.- Han pasado cinco meses desde que Haitam Mejri, de 35 años, muriera tras recibir al menos once descargas de arma táser, además de golpes, presión sobre el cuello y tórax y ser rociado con espray irritante, por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en un locutorio de Torremolinos. Amnistía Internacional lamenta la ausencia casi total de una investigación de esta actuación policial que, para la organización, no se llevó a cabo cumpliendo con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza contra una persona que en ningún momento constituyó una amenaza vital para los agentes y debe determinarse si los hechos pueden ser calificados como tortura.

Pide a los Estados que impidan que el ataque depredador antiderechos se imponga en un momento trascendental para la humanidad
El año 2025 estuvo marcado por ataques depredadores que buscan acabar con los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, y por un recrudecimiento de prácticas autoritarias contra la sociedad civil y los movimientos sociales
Los depredadores ofrecen como alternativa un orden mundial racista, patriarcal, no equitativo y antiderecho
Manifestantes, activistas y organismos mundiales están trabajando para resistir, combatir y transformar
El mundo está al borde de una peligrosa nueva era impulsada por los ataques de poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, ha advertido hoy Amnistía Internacional con ocasión del lanzamiento de su Informe Anual, La situación de los derechos humanos en el mundo. Estados, organismos internacionales y la sociedad civil deben rechazar la política del apaciguamiento y resistirse de manera colectiva a estos ataques para impedir que este nuevo orden se imponga, afirma la organización en su evaluación de la situación de los derechos humanos en 144 países.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Tierra este 22 de abril, Amnistía Internacional Málaga junto con La Cátedra de Cambio Climático,  presentan la exposición "¿Cómo afecta el cambio climático a nuestros derechos humanos?" que permanecerá desde el 22hasta el 30 de abril en el hall del Aulario Severo Ochoa de la Universidad de Málaga.   La muestra ofrece una mirada accesible y rigurosa sobre la estrecha relación entre la crisis climática y los derechos humanos, abordando fenómenos como el aumento de temperaturas, las sequías o los eventos extremos que impactan directamente en derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación o la vivienda.
Asimismo, el día 22 de abril a las 11:00 horas tendrá lugar la presentación de la exposición, que se celebrará en el aula Sótano 5 del mismo aulario. A través de esta exposición, se pretende fomentar la reflexión crítica sobre los desafíos globales actuales, así como visibilizar las responsabilidades tanto de los Estados como de la sociedad en la lucha por la justicia climática. La iniciativa también pone el foco en cómo los efectos del cambio climático agravan desigualdades existentes y afectan especialmente a los colectivos más vulnerables.
Con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y Malaka Ambiental.
Toñi Alcaide Lastre. Coordinadora del Grupo Local

Millones de personas aficionadas al fútbol que asistirán a la Copa Mundial masculina de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos corren peligro de encontrarse con inquietantes ataques contra los derechos humanos, sobre todo los derivados de las mortales y abusivas políticas estadounidenses de inmigración. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización de derechos humanos ha advertido de que las severas restricciones a la libertad de expresión y protesta pacífica amenazan el torneo "seguro, acogedor e inclusivo" prometido por la FIFA.
En su nuevo informe  La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026  , Amnistía Internacional expone con detalle los importantes riesgos que pueden correr, y cuyas repercusiones pueden sufrir, la afición, los jugadores, los periodistas, los trabajadores y trabajadoras y las comunidades locales en los tres países anfitriones. Bajo el mandato del presidente Trump, Estados Unidos —donde se disputan tres cuartas partes de los partidos de la Copa Mundial— se enfrenta a una  emergencia de derechos humanos  caracterizada por las políticas de inmigración discriminatorias y por las detenciones arbitrarias y en masa llevadas a cabo por agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias.

AI pide que se introduzcan por parte del Ministerio del Interior los denominados formularios de parada, que permitan identificar prácticas discriminatorias por parte de fuerzas de seguridad.
Ante las detenciones que tuvieron lugar anoche en torno a la calle Antonio López del barrio de Usera, en Madrid, y que terminaron con la detención del activista antiracista y exdiputado autonómico de Podemos, Serigne Mbaye, en el portal de su domicilio, y otra seis personas más, entre ellas un periodista y un colaborador de El Salto y cuatro vecinos de la zona. el responsable de investigación de Amnistía Internacional, Daniel Canales, ha señalado: "La organización ha iniciado una investigación sobre el caso ya que hemos visto con preocupación imágenes de detenciones que pueden ponen en riesgo la integridad de los detenidos. También queremos recordar, una vez más, que se deben prohibir las identificaciones por perfil racial de forma expresa en la ley, introduciendo los denominados formularios de parada, que permitan identificar prácticas discriminatorias".

El uso de leyes represivas; el crecimiento de los movimientos contrarios al reconocimiento de derechos y a las cuestiones de género; el incremento de los discursos del odio y de incitación a la violencia que afectan a la labor y la seguridad de periodistas, activistas, y de otras muchas mujeres que participan en la esfera pública; y cómo la tecnología allana el camino para ejercer esta violencia, son algunas de las amenazas que identifica la organización.
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional ha identificado estas prácticas en países como Estados Unidos, Argentina, Rusia, Irán, Afganistán Arabia Saudí o Marruecos, entre otros.

Ante la comparecencia mañana miércoles, con nueve meses de retraso, de la secretaria de Estado de Comercio en el Congreso, para hablar sobre la venta de armas españolas durante 2024 y el primer semestre de 2025, así como sobre la aplicación de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza previstas en el Real Decreto-Ley 10/2015, Amnistía Internacional señala:
"En la actual crisis global de derechos humanos, auspiciada por líderes autoritarios, con violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, donde el sistema multilateral y el derecho internacional están siendo arrinconados, es más necesario que nunca poner a las víctimas en el centro de decisiones relativas al comercio de armas.

"En relación con la posible desclasificación de documentos relativos al 23F, desde Amnistía Internacional recordamos que lo que nos parecería más relevante en este momento es que se adoptara, de una vez por todas, la prometida nueva ley que permitiera también desclasificar información sobre las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron en ese mismo contexto histórico: durante el tardofranquismo y la transición".

Para conmemorar el aniversario del inicio de la invasión en gran escala lanzada por Rusia, Lera Burlakova , coordinadora de Medios de Comunicación y Campañas de Amnistía Internacional Ucrania, reflexiona sobre la vida, el trabajo y la crianza de un hijo en tiempos de guerra, y también sobre el trabajo de derechos humanos que no puede delegarse a lugares más seguros.
La intervención militar de Rusia en Ucrania comenzó mucho antes de su invasión en gran escala de febrero de 2022. Por aquel entonces, en 2014, dejé un empleo de periodista que me encantaba y me uní al ejército ucraniano.
Lo hice porque me sentía culpable. Durante el  Euromaidán, se disparaba a la gente en las calles de Kiev. Había personas que no tenían ni siquiera 18 años. Se alzaban por la libertad. Yo había construido mi vida declarando que defendía también la libertad, pero de repente las palabras no bastaban. Morían adolescentes, y yo seguía viva. Unirme al ejército era la única manera que se me ocurría de asumir esa culpa, la única manera en la que podía mirarme al espejo.

Amnistía Internacional ha documentado el devastador impacto de los ataques sistemáticos de Rusia contra el sistema energético de Ucrania en una nueva serie de testimonios de sobrevivientes que soportan el gélido invierno sin calefacción, electricidad ni agua corriente.
Basándose en los testimonios de decenas de personas de todo el país, la investigación cuenta las historias de la población civil ucraniana que vive con las repercusiones de los incesantes y masivos ataques rusos que han provocado la interrupción generalizada y continua de servicios esenciales. Cuando se hicieron las entrevistas, muchas de las personas que hablaron con Amnistía Internacional habían sobrevivido semanas con un suministro intermitente o inexistente de electricidad y sin calefacción en medio del invierno más frío desde que comenzó la invasión en gran escala rusa.

El hostigamiento creciente y el deterioro de la salud de personas detenidas por ejercer derechos humanos evidencian un patrón persistente de represión y prácticas autoritarias. 
Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación ante una nueva escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y hostigamiento contra familiares de personas presas de conciencia y personas vinculadas a casos emblemáticos de represión estatal en Cuba. Estos hechos recientes se suman a un contexto marcado por el deterioro de la salud y las condiciones de detención de varias personas encarceladas únicamente por ejercer sus derechos humanos. 
"La vigilancia constante de viviendas, las detenciones arbitrarias de corta duración y las restricciones injustificadas para salir del hogar forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano está usando para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia", señaló Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional. 

Un estudio de HelpAge International revela consecuencias para la salud física y mental de las personas mayores
La grave escasez de alimentos nutritivos, medicamentos y alojamiento contribuye a condiciones inhumanas
"Los derechos y las necesidades de las personas mayores de Gaza no deben ser ignorados" – Erika Guevara-Rosas
Las personas mayores de Gaza sufren una crisis de salud física y mental desatendida en el contexto del bloqueo continuo de Israel a la ayuda y los medicamentos esenciales, y de su prohibición reciente de las organizaciones humanitarias, según revela un nuevo estudio de  HelpAge International  y Amnistía Internacional.

El gobierno tiene la responsabilidad de aprobar y consensuar un nuevo Decreto Ley que evite la inseguridad jurídica para las familias
Las Administraciones no tienen alternativas: urge poner en marcha un plan de emergencia con medidas estructurales para garantizar el derecho a una vivienda digna
Martes, 27 de enero de 2026.- En plena crisis de vivienda, el Congreso de los Diputados ha rechazado este martes 27 de enero prorrogar la moratoria de desahucios que mantiene paralizados unos 70.000 desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. La medida, incluida dentro del escudo social, había conseguido detener uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020, en plena crisis por la Covid -19.

Amnistía Internacional cerró 2025 con una serie de logros relevantes en la defensa de los derechos humanos a escala global, en un contexto marcado por el avance de políticas autoritarias y la restricción de libertades.
La organización documenta liberaciones de presos de conciencia, sentencias históricas en tribunales internacionales y avances contra la pena de muerte, resultados que atribuye a la presión sostenida de la sociedad civil y al trabajo coordinado de sus secciones nacionales.
La sección francesa de Amnistía Internacional resume estos avances en un balance difundido con motivo del inicio de 2026, en el que subraya que «no son milagros, son vuestras victorias», en referencia al apoyo ciudadano que sostiene la labor de la organización.
Entre los hitos más destacados figura la liberación de personas encarceladas injustamente por motivos políticos, uno de los ejes históricos del trabajo de Amnistía Internacional. Ampliar en periodistas-es.com

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, el grupo de organizaciones que realiza el seguimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) denuncian que las medidas que se están adoptando en torno a la implementación del Pacto, menoscaban gravemente derechos y garantías consolidados en el Derecho internacional, el acervo europeo y las legislaciones nacionales. Señalan que debilitan garantías fundamentales como el derecho a solicitar asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información, la protección al derecho a la salud integral de las personas o la atención específica a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Amnistía Internacional ha publicado hoy un nuevo informe en el que documenta trato cruel, inhumano y degradante en dos centros de detención de inmigrantes en Florida: el Centro de Detención de los Everglades ("Alcatraz de los Caimanes") y el Centro de Internamiento de Krome North ( Krome )
El informe, titulado Tortura y desapariciones forzadas en el estado del sol: violaciones de derechos humanos en el "Alcatraz de los Caimanes" y Krome de Florida, revela las violaciones de derechos humanos, en algunos casos constitutivas de tortura, que se cometen en Krome y en el "Alcatraz de los Caimanes" en un ambiente cada vez más hostil contra la inmigración en Florida bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis , cuya administración ha intensificado la criminalización y las detenciones en masa de migrantes y personas que buscan seguridad. Las conclusiones del informe se extrajeron durante una visita de investigación realizada en septiembre de 2025.

A un mes de la finalización de la medida no existen planes de actuación urgente para evitar una previsible y nefasta ola de desahucios sin alternativas 
Esta mañana una amplia representación de entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones vecinales y de consumidores, sindicatos laborales y movimientos sociales se ha reunido frente al Congreso de los Diputados para alertar de la finalización inminente de la moratoria antidesahucios, una medida incluida en el escudo social que ha mantenido suspendidos cerca de 60.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país.  Las entidades advierten de que, si no se prorroga esta medida, a partir del 31 de diciembre nos enfrentaremos a una emergencia habitacional sin precedentes , con una ola masiva de desahucios sin alternativa habitacional, ya que actualmente la Administración no ha desarrollado planes de actuación urgente para garantizar el derecho a la vivienda de todas estas familias, ni tampoco existen medidas alternativas a la moratoria del escudo social. 

Según afirma Amnistía en un nuevo informe publicado hoy, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) mataron deliberadamente a civiles, tomaron rehenes y saquearon y destruyeron mezquitas, escuelas y centros sanitarios durante un ataque a gran escala perpetrado en abril contra Zamzam , el mayor campo para personas internamente desplazadas del estado de Darfur Septentrional. Estas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas como crímenes de guerra en virtud del derecho internacional.
El informe, "A refuge destroyed : RSF violations in Darfur's Zamzam camp for internally displaced persons " (La destrucción de un refugio: Violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido en el campamento para personas internamente desplazadas de Zamzam , Darfur) documenta el ataque perpetrado por las RSF entre los días 11 y 13 de abril de 2025 contra el campo, donde se empleó armamento explosivo y se dispararon armas de fuego de manera aleatoria en zonas residenciales pobladas. El ataque implacable empujó a huir del campo a unas 400.000 personas entre el 13 y el 14 de abril, y se enmarcó en la campaña militar para tomar el control de El Fasher, capital del estado de Darfur Septentrional, que las RSF habían iniciado en mayo de 2024. Las RSF anunciaron que habían tomado el control de El Fasher el 26 de octubre,  ejecutando a decenas de hombres desarmados y violando a decenas de mujeres y niñas durante la toma de la ciudad  .

Activistas y ONG piden el cese completo de hostilidades, el levantamiento del bloqueo y el flujo sin trabas de la ayuda humanitaria y suministros esenciales a la franja.
Madrid, 27 de noviembre de 2025.- Representantes y activistas de 15 organizaciones han marcado este jueves una línea roja por Gaza en el centro de Madrid para recordar que, a pesar del alto el fuego, la catástrofe humanitaria continúa y la población palestina en Gaza sigue sumida en una realidad insoportable que pone en peligro sus vidas .
Con camisetas y motivos rojos, medio centenar de asistentes han compuesto en la Puerta del Sol una línea en alusión a las violaciones del derecho internacional humanitario que Israel sigue cometiendo y han pedido a la comunidad internacional y al gobierno español que sigan presionando para se permita de inmediato un aumento masivo y sin trabas de la asistencia humanitaria a Gaza, se garantice la protección efectiva de la población civil, se incrementen la evacuaciones médicas desde Gaza y se establezca una paz permanente.
Las organizaciones subrayan que la información que llega desde Gaza indica que Israel ha roto el alto el fuego más de 500 veces desde su entrada en vigor el pasado 10 de octubre, causando la muerte de cerca de 350 personas , mujeres, mayores, niños y niñas en su mayoría. Casi 70.000 personas han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 y más de 170.000 han resultado heridas.

De las 21 empresas y marcas que aparecen en la investigación de Amnistía Internacional, hay dos españolas: Inditex y Desigual
En los dos informes publicados, Amnistía Internacional expone cómo gobiernos, fábricas y marcas mundiales de moda se están beneficiando de la represión continuada de la mano de obra de la confección y de los abusos contra sus derechos laborales en Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka.
Ambos informes —La trampa de la moda: Negación de la libertad sindical al personal de la confección en Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka y Abandonados por la moda: La necesidad urgente de que las marcas de moda defiendan los derechos laborales— documentan abusos generalizados contra el derecho de sindicación, que se traducen en la vulneración de los derechos de trabajadoras y trabajadores y en actos de acoso y violencia por parte de las entidades empleadoras.

El gobierno de Cuba debe poner fin a la violencia de género institucional contra mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, declaró hoy Amnistía Internacional con motivo del lanzamiento de su nuevo informe "Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba".
Amnistía Internacional exige a las autoridades de Cuba a poner fin a prácticas autoritarias y la violencia de género estatal contra mujeres defensoras de derechos humanos. El informe denuncia que el Estado cubano implementa un patrón sistemático de represión que afecta de manera específica y diferenciada a mujeres que ejercen activismo, periodismo y defensa de derechos humanos. Las prácticas incluyen detenciones arbitrarias, vigilancia indebida, criminalización injusta, desaparición forzada y otros tipos de violencia institucional, en un entorno marcado por la impunidad ante violaciones de derechos humanos y la falta de garantías judiciales.
"Las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por alzar la voz, sino también por ser madres, periodistas y lideresas sociales", afirmó Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional. " El Estado utiliza la violencia de género como herramienta de represión: busca quebrar su dignidad, su entorno familiar y su fuerza colectiva", añadió.

"Sentí más vacío que antes [[de llamar al teléfono]]. Necesitaba ser escuchada sin miedo a ser juzgada... pero fue como hablar con el ChatGPT, automático, impersonal".
El documento analiza la atención dispar que reciben en estos centros, fundamentales para su recuperación, las víctimas y supervivientes, en las Comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia.
Es necesaria mayor coordinación interinstitucional para atender de forma integral a las víctimas, tal y como exigen diferentes mecanismos internacionales a España