En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que se celebra hoy, Amnistía Internacional recuerda que las personas mayores que viven en residencias han sido las víctimas más vulnerables de la Covid-19.
“Las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades, cuyas consecuencias las han sufrido miles de personas mayores, que han sido tratadas como ciudadanas de segunda. Muchas han fallecido y otras han visto gravemente vulnerados sus derechos humanos. Los recortes presupuestarios y la escasez de personal en la sanidad pública no han hecho sino agravar el olvido sufrido por este colectivo”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Amnistía Internacional considera imprescindible y urgente que se incluyan cambios legislativos que protejan los derechos humanos de las personas mayores en residencias y se armonice la diferente normativa que existe sobre centros residenciales a nivel estatal, autonómico y local. Por otro lado, resulta necesario que tanto a nivel estatal como autonómico se pongan en marcha investigaciones independientes que evalúen el grado en que las Comunidades Autónomas y el Estado cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atención en las residencias y los derechos de las personas mayores durante la pandemia, y pongan en marcha mecanismos de mejora con evaluaciones periódicas para evitar que esto pueda repetirse en el futuro.

Los gobiernos de Estados Unidos y México están devolviendo a decenas de miles de niños y niñas no acompañados que buscan seguridad a los países de los que acaban de huir, sin un proceso de selección adecuado y sin brindarles protección frente a los peligros a los que se pueden enfrentar a su regreso. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en el nuevo informe publicado hoy, Empujados al peligro.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se reunieron esta semana en Ciudad de México y se comprometieron a aumentar la coordinación para el control de la inmigración. En realidad, eso se traduce en ampliar la interceptación y la devolución de miles de niños y niñas no acompañados a un peligro potencial en sus países de origen. Los niños y las niñas representan uno de cada tres migrantes y solicitantes de asilo en la región, incluidos muchos a quienes han obligado a cruzar separados de sus familias solicitantes de asilo, tras ser rechazados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos.

En septiembre del año 2020, el Gobierno inició el proceso de tramitación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que 8 meses después todavía está pendiente de la aprobación definitiva necesaria en el Consejo de Ministros para iniciar el proceso parlamentario.
La sociedad en su conjunto, las personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo llevan más de 40 años esperando el reconocimiento de su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El reconocimiento pleno de este derecho es una cuestión indiscutible en parámetros democráticos.
Por tanto, no se deben consentir más demoras. El Gobierno manifestó en reiteradas ocasiones la importancia y urgencia de la tramitación de esta Ley para poner fin a décadas marcadas por el silencio y por los sistemáticos obstáculos ante iniciativas dirigidas a poner fin a las políticas que conforman un sistema de impunidad. Sin embargo, a día de hoy, no se ha cumplido el compromiso. Pedimos al Consejo General del Poder Judicial que emita su informe prontamente, para dar lugar cuanto antes al debate parlamentario que esta ley necesita para continuar su tramitación.

Este viernes, 28 de mayo, se conmemora el 60 aniversario desde que el abogado británico Peter Benenson, inspirado por el caso de dos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por brindar por la libertad, hizo un llamamiento para liberar a los presos y presas de conciencia, que se publicó en el diario británico The Observer y en otros periódicos de todo el mundo, lo que marcó el inicio de la andadura de Amnistía Internacional. La organización, con raíces sólidas y en constante adaptación a los cambios, cumple sesenta años poniendo al poder contra las cuerdas y luchando por los derechos humanos: desde la liberación de presos de conciencia a la lucha por una vacuna accesible y asequible en la pandemia, o contra el reconocimiento facial.
Desde el inicio de su recorrido, miles de personas encarceladas por sus creencias o su forma de vida han sido liberadas, decenas de países han puesto fin a la pena de muerte y se ha producido la rendición de cuentas de líderes que eran intocables. Pero el trabajo de la organización de defensa de los derechos humanos, que cuenta actualmente con más de 10 millones de socios y socias, continúa siendo necesaro.

Greenpeace ha obtenido los datos para España del mapa de muertes prematuras elaborado por las universidades de Harvard, Birmingham y el London College
El avanzado modelo científico utilizado estima que unas 45.000 personas mueren en España prematuramente cada año debido a las partículas PM2,5
Greenpeace, con la colaboración de la unidad científica que la organización ecologista tiene en la Universidad de Exeter (Reino Unido), ha obtenido de forma exclusiva los datos necesarios para dibujar el mapa de las muertes prematuras en España atribuibles a las partículas PM2,5 derivadas exclusivamente de la quema de carbón, petróleo y gas.
En España unas 45.000 personas fallecen prematuramente por el impacto provocado en sus organismos por las partículas finas de los combustibles fósiles, un 10% del total de muertes. En todo el mundo la cifra asciende a casi nueve millones de personas, el doble de lo estimado por la comunidad científica hasta la fecha.

Las fuerzas de seguridad israelíes han usado fuerza excesiva, injustificada y reiterada contra la población palestina que se manifestaba en el Jerusalén Oriental ocupado tras cuatro días de violencia en los que 840 palestinos resultaron heridos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Al menos 21 agentes de policía israelíes y siete civiles israelíes también resultaron heridos, según la policía israelí.
La organización pide a las autoridades israelíes que suspendan de inmediato los desalojos forzosos en el barrio de Sheikh Jarrah y terminen con el desplazamiento forzoso en curso de la población palestina de Jerusalén Oriental.
En la última escalada de violencia, grupos armados palestinos han disparado cohetes y misiles contra Israel, hiriendo al menos a una persona israelí, y se han recibido informes sobre varias personas en Gaza muertas en ataques de represalia israelíes. Amnistía Internacional pide a todas las partes que respeten el derecho internacional humanitario y tomen todas las precauciones posibles para evitar causar daño a la población civil.

Acciones previstas en todo el mundo mientras Joe Biden y otros dirigentes condenan el plan de Turquía de abandonar el Convenio de Estambul
Mujeres de todo el mundo participarán hoy en el Día Mundial de Acción para protestar contra la decisión del presidente Erdoğan de retirarse del histórico tratado internacional sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Las acciones —tanto en Internet como en persona, en el X aniversario del Convenio de Estambul— han sido organizadas por grupos de mujeres y de derechos humanos de todo el mundo.
“Exactamente diez años después de su firma, las mujeres hablan hoy con una sola voz para exigir que las autoridades turcas revoquen una decisión que pondrá en peligro la seguridad e incluso la vida de millones de mujeres y niñas”, ha declarado Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“En las semanas transcurridas desde que el presidente Erdoğan anunció su decisión de retirarse del Convenio de Estambul, se han estado uniendo las mujeres en Turquía y en todo el mundo. En lugar de sentirse amedrentadas, han salido a la calle. En lugar de sentirse desalentadas, se sienten estimuladas. Más que nunca, la gente está hablando del Convenio y comprendiendo su importancia”.

Amnistía Internacional pide transparencia al Gobierno sobre datos generales de denuncias y sobre cómo las intervenciones de las fuerzas de seguridad han afectado a colectivos especialmente vulnerables
El próximo 9 de mayo, finaliza el estado de alarma decretado por el Gobierno el 25 de octubre de 2020. Acaba así un periodo de medidas excepcionales que arrancaron en España hace más de un año (el 14 de marzo de 2020) a fin de proteger la salud pública en el contexto de la epidemia de COVID-19. Con estas medidas se ha restringido la libertad de circulación, asociación, expresión y reunión pública, así como el derecho a la vida privada y familiar.

Cientos de personas refugiadas sirias cuyos permisos de residencia han sido revocados por las autoridades danesas corren el riesgo de sufrir tortura, desaparición forzada y detención arbitraria si son obligadas a volver; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Al menos 380 personas refugiadas —incluidos menores de edad— han sido informadas por el Servicio de Inmigración danés de que tendrán que volver a Siria ya que Dinamarca considera que Damasco y sus inmediaciones son zonas de retorno seguro. Se ha cancelado su condición de beneficiarias de protección temporal y, en consecuencia, su permiso de residencia. Muchas aún están en espera de la decisión final sobre su caso en apelación.
Amnistía Internacional tiene entendido que ya se ha pronunciado una decisión final sobre los casos de 39 personas, por lo que corren peligro de ser deportadas en cuanto Dinamarca restablezca relaciones diplomáticas con el régimen sirio.

La COVID-19 no puede ser una excusa para restringir derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en Canarias
Deben garantizarse soluciones en las que prime el interés superior del menor y la corresponsabilidad territorial
Una delegación de Amnistía Internacional ha visitado esta semana las islas de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria y se ha entrevistado con decenas de personas migrantes y solicitantes de asilo así como con autoridades estatales y a nivel autonómico e insular, además de fiscalías territoriales, colegios de abogados y organizaciones. La organización emitirá en adelante un informe más completo, pero antes de ello, Virginia Álvarez, investigadora de la organización, señala las primeras preocupaciones:
"En relación a la situación en Fuerteventura y Tenerife, nos preocupa confirmar las informaciones sobre las malas condiciones de acogida en los centros de emergencias en los que se están quedando miles de personas migrantes y solicitantes de asilo. Si bien no hemos podido visitar los macrocentros de El Matorral y Las Raíces porque se nos denegó el permiso alegando motivos sanitarios hemos recabado información que confirma las graves carencias que tienen, que no garantizan en muchos casos una acogida en condiciones dignas".

Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales
China utilizó la pena de muerte para castigar delitos relacionados con las medidas de prevención de la COVID-19
El anterior gobierno estadounidense ejecutó a la asombrosa cifra de 10 personas en menos de seis meses en 2020
Por tercer año consecutivo, se registraron las cifras más bajas de ejecuciones en un decenio
Los desafíos sin precedentes planteados por la pandemia de COVID-19 no bastaron para disuadir a 18 países de llevar a cabo ejecuciones en 2020. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en su examen anual de la pena de muerte en el mundo. Aunque hubo una tendencia general hacia la disminución, algunos países mantuvieron o incluso aumentaron el número de ejecuciones llevadas a cabo, lo que indica un escalofriante desprecio por la vida humana en un momento en el que la atención mundial se centraba en proteger a la gente de un virus mortal.

Las organizaciones emplazan al gobierno a que la ley de vivienda:
Defina la vivienda como un derecho humano subjetivo, detalle el contenido y alcance de este derecho y las obligaciones de las administraciones, y establezca recursos judiciales ante la vulneración del mismo, incrementando así las garantías de protección de este derecho.
Establezca la obligación de disponer de un parque social de viviendas que asegure el acceso a la vivienda, especialmente de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad e incluya la obligación de progresividad en el número de viviendas que integran al mismo.
Incluya la obligación de asegurar que las personas que han sido desalojadas de su vivienda tengan acceso a una vivienda alternativa adecuada que respete los estándares internacionales del derecho a la vivienda y por lo tanto incluya la prohibición de desalojos cuando estos puedan tener como consecuencia situaciones de calle y sinhogarismo.
Incluya la obligación de recopilar estadísticas sobre las personas que han perdido su hogar de manera desagregada por edad, sexo, entre otros aspectos.

-         No se han rendido cuentas por los crímenes contra niños y niñas cometidos por Boko Haram y otros hombres armados
-         Más de 600 escuelas, cerradas por temor a secuestros
En Nigeria, decenas de miles de niños y niñas no están recibiendo educación porque las autoridades siguen sin proteger las escuelas de los ataques de insurgentes y otros grupos armados, especialmente en el norte del país, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Hoy se cumplen siete años del secuestro de 279 alumnas de una escuela de Chibok por el grupo armado Boko Haram. La mayoría de las niñas escaparon o fueron liberadas después, pero más de un centenar permanecen cautivas. En Nigeria ha habido más secuestros masivos de escolares donde cientos de niños y niñas han muerto o han sido víctimas de violación o “matrimonio” forzado, u obligados a unirse a Boko Haram. Esto ha motivado el cierre de cientos de escuelas, con desastrosas consecuencias para la juventud en una región donde la inseguridad ya es extrema.

El Informe 2020/21 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020.
La organización describe en él cómo los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas. El personal sanitario, los trabajadores y trabajadoras migrantes y las personas empleadas en el sector informal –en muchos casos en primera linea frente a la pandemia–, se han visto igualmente traicionados por unos sistemas de salud desatendidos y un apoyo económico y social muy desigual.
La respuesta a la COVID-19 se ha visto aún más menoscabada por unos líderes que han sacado despiadadamente provecho de la crisis y utilizado la pandemia para reanudar sus ataques a los derechos humanos, afirma la organización.

Ataques recientes en el estado de Borno caracterizados por crímenes de guerra, incluidos violación y otros actos de violencia sexual, así como asesinatos y saqueos masivos
Las autoridades nigerianas y sus asociados deben proporcionar alimentos y servicios a la comunidades afectadas
Los combatientes de Boko Haram sometieron a mujeres y niñas a violaciones y otros actos de violencia sexual, que constituyen crímenes de guerra, durante ataques recientes en el nordeste de Nigeria, revela una nueva investigación de Amnistía Internacional.
En febrero y marzo de 2021, Amnistía Internacional entrevistó a 22 personas en un grupo de pueblos del estado septentrional de Borno que Boko Haram ha atacado en reiteradas ocasiones desde finales de 2019.
En violentos ataques, los combatientes de Boko Haram mataron a quienes trataban de huir y saquearon ganado, dinero y otros objetos de valor.
“Al mismo tiempo que continúa su implacable ciclo de homicidios, secuestros y saqueos, Boko Haram somete a mujeres y niñas a violaciones y otros actos de violencia sexual durante sus ataques. Estas atrocidades son crímenes de guerra”, declaró Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

En respuesta a la adopción hoy por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una resolución en la que se pide un acceso equitativo, asequible, oportuno y universal a las vacunas COVID-19, la asesora de salud de Amnistía Internacional, Tamaryn Nelson, ha declarado:
"Esta resolución es otro recordatorio urgente de que el acceso a las vacunas es un derecho humano básico al que toda persona tiene derecho. La resolución pide, con razón, una mayor cooperación internacional y expresa una grave preocupación por la disparidad mundial en el acceso a las vacunas COVID-19. Hace hincapié en la necesidad urgente de que los Estados cumplan el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, lo que incluye el acceso a las vacunas.

Las cerámicas y los bodegones mostrados en Diálogos con Picasso. Colección 2020-2023 y en la exposición temporal Miquel Barceló. Metamorfosis inspiran los talleres que acogerá el próximo fin de semana el espacio El otro Museo. El sábado 27 de marzo a las 11.00 h tendrá lugar el taller para adultos Sobre el barro, en el que se trabajará con este material ancestral, y el domingo 28 de marzo, a las 11.00 y a las 12.30h, se realizará el taller para familias Bodegones, que hará una mirada actual sobre este género artístico.
Cada taller tiene un aforo limitado de 10 personas, y las entradas pueden adquirirse ya en la web www.museopicassomalaga y en las taquillas del Museo.

· El análisis de más de 50 vídeos muestra homicidios sistemáticos y premeditados en el contexto de un importante despliegue de armas de campo de batalla.
· Indicios de ejecuciones extrajudiciales y homicidios cometidos por órdenes superiores.
Las fuerzas armadas de Myanmar usan tácticas cada vez más letales y armas que normalmente se ven en el campo de batalla contra personas que protestan pacíficamente y transeúntes de todo el país, según revela una nueva investigación de Amnistía Internacional.
Mediante la verificación de más de 50 vídeos de la represión en curso, el Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional puede confirmar que las fuerzas de seguridad parecen implementar estrategias planeadas y sistemáticas que incluyen el uso creciente de medios letales. Muchos de los homicidios documentados constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Con motivo del anuncio de la Delegación de Gobierno de Madrid, ayer 4 de marzo, de prohibir todas las manifestaciones comunicadas para los días 7 y 8 de marzo (104 en total), alegando motivos de salud pública, y en base a criterios de recorridos, previsiones de asistencia, lugares de celebración, desplazamientos y lugares de confluencia, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, señala:
"La prohibición generalizada de todas las concentraciones y manifestaciones con motivo del 8M en Madrid es una limitación desproporcionada al derecho de reunión pacífica establecido en el derecho internacional. Cada petición debe evaluarse individualmente”.
El Derecho internacional de los derechos humanos reconoce que pueden imponerse restricciones al derecho a la libertad de reunión pacífica para la protección de determinados intereses legítimos, como la salud pública. "Ahora bien, a la hora de decidir si una manifestación puede o no llevarse a cabo por razones de protección de salud pública, las autoridades deben realizar una evaluación caso por caso, que contemple qué medidas pueden adoptarse para prevenir contagios, sin necesidad de prohibir la manifestación en su totalidad. Las prohibiciones de manifestaciones o protestas públicas deben ser una opción de último recurso y solo basada en una necesidad urgente", manifestó Beltrán.

Amnistía Internacional valora positivamente el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual por abordar por primera vez con un enfoque integral la violencia sexual y por poner en el centro el consentimiento de la mujer.
Amnistía Internacional entrega más de 140.000 firmas en el Congreso de los Diputados con las que recuerdan a los grupos parlamentarios que en sus manos está impulsar una ley eficaz que garantice la protección de todas las víctimas.
Amnistía Internacional valora positivamente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de la que se espera que próximamente inicie su fase parlamentaria, y que pretende abordar de manera integral las violencias sexuales cometidas contra las mujeres, las niñas y los niños, en cualquier ámbito de relaciones o por parte de desconocidos. La organización valora positivamente que el consentimiento sea la clave para definir la violencia sexual y esté en el centro del anteproyecto, tal y como se recoge en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul.

Artículo 19 del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, ofensa de sentimientos religiosos o limitaciones indebidas en el marco de delitos de odio forman parte del articulado del Código Penal que restringe de forma innecesaria y desproporcionada la libertad de expresión en España y así se lo ha transmitido Amnistía Internacional en una carta al Ministro de Justicia pidiendo que impulse su reforma.

El sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias: la de la COVID-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio entre el abandono y el desmantelamiento. Así lo denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que, aunque se centra en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, la organización teme que esta situación podría estar produciéndose en otros territorios en mayor o menor medida. Las Comunidades Autónomas deben, de manera urgente, incrementar las plantillas de la atención primaria con el fin de alcanzar ratios de profesionales de otros países de la Unión Europea, para hacer frente al aumento del volumen de trabajo y a la campaña de vacunación.
Amnistía Internacional lamenta que esta gestión deficiente haya tenido y tenga todavía graves consecuencias sobre el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables, que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o inmigrantes. También las mujeres, que representan la mayoría de las cuidadoras de las personas enfermas, han sufrido de manera desproporcionada el impacto de una atención primaria desbordada y han hecho frente a una sobrecarga de trabajo y cuidados.

Ante la condena por parte de las autoridades y el anuncio de una investigación sobre la agresión en Linares sufrida el pasado 12 de febrero por un padre y su hija a manos de dos agentes de policía fuera de servicio, Virginia Álvarez, responsable de política interior Amnistía Internacional señala:
"Para Amnistía Internacional es muy positiva la condena por parte tanto de las autoridades gubernamentales como del propio Cuerpo Nacional de Policía de este execrable comportamiento. La organización siempre ha recordado la importancia de un mensaje de condena claro y contundente por parte de los responsables políticos contra actos de agentes de las Fuerzas de Seguridad que violan derechos humanos. Es necesaria una investigación rápida y exhaustiva de los hechos, así como la adopción de medidas, ya sean penales y/o disciplinarias, acordes con su gravedad".

Desde que en el 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica. Las autoridades se han dedicado a erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos, afirma Amnistía Internacional, en un nuevo informe publicado el día de hoy.
En Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, Amnistía Internacional denuncia las estrategias utilizadas por las autoridades nicaragüenses que han perpetuado uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país, donde cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno puede perder su libertad y hasta su vida.

La ONG ha querido así recordar a los partidos y a la ciudadanía que la próxima legislatura es clave si no queremos vernos expuestos a los peores impactos del cambio climático
Para evitar consecuencias devastadoras, la próxima legislatura debe marcar la ruta para una reducción de al menos el 55 % de las emisiones de CO2 para 2030 respecto a 1990
El próximo Govern de la Generalitat debe asegurar que el dinero que recibirá en los próximos meses del fondo europeo de recuperación se invierta en una verdadera transición verde y justa
Cataluña, 11 de febrero de 2021. – Activistas de Greenpeace han acudido hoy a la playa de la Barceloneta, en la ciudad de Barcelona, para poner en evidencia la situación que le espera a la costa catalana si no se actúa contundentemente ante la emergencia climática y para pedir a la ciudadanía que vote en consecuencia y a los partidos que asuman su responsabilidad y pasen a la acción. Las personas activistas han situado en el agua siete sombrillas de playa con los logos de los partidos políticos con representación parlamentaria en Cataluña, simulando que son engullidas por la subida del nivel del mar. En la recreación han portado una pancarta con el mensaje: “Con el agua al cuello. #VotaPlaneta”. Según el Tercer Informe sobre el Cambio Climático en Cataluña la playa de la Barceloneta es una de las susceptibles de desaparecer por el efecto del cambio climático, así como otras zonas de la costa catalana en la comarca del Alt Empordà o en el Delta del Ebro.
FOTOGRAFÍAS EN ALTA CALIDAD Y BRUTOS PARA TELEVISIÓN AQUÍ.

Una joven recibió un disparo en la cabeza efectuado por las fuerzas de seguridad de Myanmar durante unas protestas. Así lo ha confirmado Amnistía Internacional tras investigar las imágenes que muestran el ataque. Estas imágenes también contradicen las aseveraciones del ejército de Myanmar de que las fuerzas de seguridad no llevaban armas letales.
Los expertos del Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional han verificado un vídeo publicado en las redes sociales del disparo, que tuvo lugar en la capital, Naipyidó, el 9 de febrero. Según la información publicada en los medios de comunicación, la mujer ha sufrido una pérdida notable de la función cerebral y tiene pocas posibilidades de sobrevivir.
La “Unidad de Información Auténtica” del ejército de Myanmar dijo en una declaración que las fuerzas de seguridad sólo habían utilizado armas no letales. Sin embargo, las imágenes muestran a un policía  empuñando un clon de Uzi BA-94 o BA-93, una variante de esta metralleta fabricada en Myanmar.

La organización lanza una nueva campaña en la que participa el conocido artista, C. Tangana, para exigir que no se penalice la libertad de expresión en el Código Penal y se reformen varios artículos
Al menos setenta y cinco personas han sido condenadas por enaltecimiento al terrorismo a penas de privación de libertad e inhabilitación en los últimos cinco años y, aunque el número de personas condenadas ha disminuido drásticamente, pasando de 35 en 2016 a dos en 2019 y una en 2020, la entrada de Hasél en prisión muestra que este artículo sigue siendo una amenaza a la libertad de expresión
A falta de conocer los detalles sobre la reforma anunciada por el gobierno, AI recuerda que el Código Penal debe alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos y penalizar solo las expresiones que incitan de forma directa a la violencia

Durante los confinamientos decretados en los países de la región de África Austral por la pandemia de COVID-19, algunos hogares de la región se han convertido en focos de crueldad, violaciones y violencia para aquellas mujeres y niñas que se han visto atrapadas con familiares maltratadores sin poder denunciarlo ni escapar para ponerse a salvo, según un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional.
Los nocivos estereotipos de género arraigados en las normas sociales y culturales, que determinan que la mujer debe someterse siempre al varón o que un hombre que golpea a su mujer lo hace porque la quiere, han dado lugar a un incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas en Madagascar, Mozambique, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue. Como explicaba una activista en Mozambique, “se enseña a las niñas que los maridos tan solo pegan a sus esposas si las quieren”.

“Garantizar unas cadenas de suministro de baterías limpias y verdes debe ser una prioridad para las empresas y los gobiernos durante la recuperación postpandemia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización ha publicado un conjunto de principios destinados a garantizar que las baterías de ion-litio con las que funcionan los vehículos eléctricos y muchos dispositivos electrónicos y que son esenciales para abordar el cambio climático, no estén ligadas a abusos contra los derechos humanos o daños medioambientales.
Investigaciones anteriores de Amnistía han puesto de manifiesto que el cobalto extraído por menores en la República Democrática del Congo podría estar entrando en las cadenas de suministro de algunas de las principales marcas de electrónica y vehículos eléctricos del mundo, mientras, en América del Sur, los datos indican que la extracción de litio pone en peligro los recursos hídricos y los frágiles ecosistemas de los pueblos indígenas. Mientras tanto, la demanda creciente de tecnologías para baterías “verdes” conlleva nuevos riesgos para el medio ambiente, como la contaminación de las zonas mineras, daños en el lecho marino y una cantidad de residuos cada vez mayor debido a un diseño ineficiente.

La Justicia francesa reconoce la responsabilidad del Estado galo en la crisis climática y considera ilegal que incumpla sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
En España, las organizaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón iniciaron el pasado mes de septiembre un litigio contra el Gobierno español por inacción ante el cambio climático que fue admitido por el Tribunal Supremo
Miércoles, 3 de febrero de 2021-. En su sentencia sobre el denominado ‘caso del siglo’ en Francia, dictada esta misma mañana, el Tribunal Administrativo de París reconoce la responsabilidad del Estado francés en la crisis climática y considera ilegal que incumpla sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Estado es también responsable de “daños ecológicos”.
Se trata de una sentencia histórica que supone un aviso para el resto de Gobiernos europeos que, como el de España, enfrentan demandas por esta causa.

En respuesta a la noticia de que Aung San Suu Kyi ha sido acusada de infringir las leyes de importación y exportación por tener walkie-talkies en su casa, la directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, Emerlynne Gil, ha declarado:
"Si se confirman estos cargos, sugieren que los militares están desesperados por encontrar un pretexto para emprender una caza de brujas e intimidar a cualquiera que los desafíe.
"Cualquier acusación falsa de este tipo contra Aung San Suu Kyi (y las docenas de personas que siguen detenidas arbitrariamente desde el golpe) debe ser retirada y deben ser puestas en libertad inmediatamente".

Amnistía Internacional emprende hoy una campaña global para pedir que se prohíba el uso de los sistemas de reconocimiento facial, forma de vigilancia masiva que amplifica la actuación policial racista y amenaza el derecho de manifestación.
La campaña Ban the Scan (“Prohibir el escaneo”) arranca con la ciudad de Nueva York y se ampliará luego a otras partes del mundo para centrarse en el uso del reconocimiento facial allí en 2021. Los sistemas de reconocimiento facial son una forma de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad y amenaza el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.
La tecnología exacerba el racismo sistémico, porque puede afectar de manera desproporcionada a las personas de color, que son ya objeto de discriminación y violaciones de sus derechos humanos a manos de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las personas negras son también las que mayor riesgo corren de ser identificadas erróneamente por los sistemas de reconocimiento facial.
“El reconocimiento facial entraña el riesgo de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley lo utilicen como instrumento contra las comunidades marginadas en todo el mundo. De Nueva Delhi a Nueva York, esta tecnología invasiva pone nuestra identidad en contra nuestra y menoscaba los derechos humanos”, ha afirmado Matt Mahmoudi, investigador de Amnistía Internacional sobre inteligencia artificial y derechos humanos.

Ante el previsible aumento de la carga hospitalaria y de los servicios sanitarios de atención primaria durante las próximas semanas con motivo de la tercera ola de Covid-19, Amnistía Internacional denuncia cuatro errores cometidos durante la gestión de la pandemia en las residencias y propone que se desarrolle una ley para evitar que se sigan violando los derechos humanos de las personas mayores.
1.- Las Comunidades Autónomas deben garantizar que las residencias cumplen los acuerdos alcanzados en diciembre pasado en el Consejo Interterritorial de Salud, donde se estableció un régimen de visitas que garantiza contacto regular entre residentes y sus familias.
Las personas mayores tienen derecho a la privacidad y a la vida familiar y no pueden ser condenadas al ostracismo y a la soledad por tener una determinada edad o ser dependientes. Las autoridades deben velar porque estos derechos se respetan y no se vulneran, algo que no hicieron durante la primera ola de Covid-19, al menos en las comunidades de Madrid y Cataluña. Este es el primer error que no puede volver a producirse.

Más de 400 activistas, personas académicas y organizaciones de la sociedad civil —incluida Amnistía Internacional— firmaron una carta exhortando a los Estados de las Américas a garantizar que los planes de vacunación contra el COVID-19 garanticen el acceso universal y no discriminen a ninguna persona por ningún motivo, en particular a razón de su nacionalidad o estatus migratorio.
“Las Américas es la región del mundo con más personas contagiadas y fallecidas por el COVID-19, y solo podremos salir de esta crisis cuando todas las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, tengan acceso universal a las vacunas,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía internacional celebró la histórica sanción de la ley que habilita la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación en la Argentina. La decisión del Senado repara una deuda de la democracia en el país y genera una señal para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
“Esta es una victoria del movimiento de mujeres en la Argentina, que hace décadas viene luchando por sus derechos. Ahora, las personas que decidan interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. Hoy crecimos como sociedad. Desde Amnistía Internacional vamos a trabajar para que el Estado garantice el cumplimiento del aborto legal en todo el país”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El proyecto fue sancionado con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención en la Cámara alta, con un apoyo transversal de las distintas fuerzas políticas. La ley reconoce el derecho de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar de tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos y permite al Estado argentino avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de salud pública y derechos humanos.

La actuación policial abusiva y la excesiva dependencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para aplicar las medidas de respuesta a la COVID-19 han dado lugar a violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, empeorado la crisis de salud, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En un nuevo informe, COVID-19 Crackdowns: Police Abuse and the Global Pandemic, la organización ha documentado casos de 60 países en los que los organismos encargados de hacer cumplir la ley han cometido abusos contra los derechos humanos con el pretexto de hacer frente al virus. Entre ellos hay casos de personas a quienes han matado o herido de gravedad por incumplir, presuntamente, las restricciones o por protestar contra las condiciones de reclusión.
Según informes, en Irán, por ejemplo, las fuerzas de seguridad utilizaron munición real y gas lacrimógeno para reprimir protestas contra la falta de protección contra la COVID-19 en las prisiones y mataron e hirieron a varias personas. Sólo en los cinco primeros días de un toque de queda declarado en Kenia, al menos 7 personas murieron y 16 fueron hospitalizadas como consecuencia de actuaciones policiales.

La decisión del Parlamento húngaro de aprobar una ley que niega el derecho de adopción a las parejas no casadas y dos enmiendas constitucionales que restringen aún más los derechos de las personas LGBTI ha provocado que varias organizaciones destacadas de derechos humanos se unan para condenarla.
“Es un día negro para la comunidad LGBTI de Hungría, y también para los derechos humanos. Esta nueva legislación discriminatoria, homófoba y tránsfoba, que se ha aprobado a toda prisa con el pretexto de la pandemia de coronavirus, sólo es el último ataque de las autoridades húngaras contra la población LGBTI.”
Katrin Hugendubel, directora de incidencia de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA):

Los países ricos han acaparado dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población.
Un grupo de organizaciones de campañas ha advertido hoy de que casi 70 países pobres sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra la COVID-19 el año que viene si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas urgentes para garantizar la producción de dosis suficientes.
En cambio, las naciones más ricas han comprado dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población antes del final de 2021 si se aprueba el uso de las vacunas que están actualmente en la fase de ensayos clínicos. Canadá encabeza la lista con vacunas suficientes para vacunar cinco veces a cada canadiense. Los datos actualizados muestran que los países ricos, que representan sólo el 14% de la población mundial, han comprado hasta el 53% de las vacunas más prometedoras hasta la fecha.

Las personas mayores en residencias han sufrido desde marzo cinco violaciones de derechos humanos y ahora podrían volver a sufrir algunas de ellas
Amnistía Internacional documenta en una nueva investigación cómo la inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
La situación en las residencias sigue siendo alarmante en esta segunda ola de la pandemia. Deben garantizarse plenamente las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. La derivación hospitalaria, tanto en Madrid como en Cataluña, ha resultado en la práctica discriminatoria y las disposiciones que la regulan no han sido aún modificadas y siguen vigentes. Tampoco se han tomado medidas suficientes de refuerzo de personal para atender las necesidades que puedan surgir. El momento de hacerlo es ahora.

Sólo en octubre y noviembre, las autoridades egipcias ejecutaron a al menos 57 hombres y mujeres, casi el doble de las 32 ejecuciones registradas en todo 2019; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Este horrible atentado contra el derecho a la vida afectó a al menos 15 personas condenadas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos como tortura y desaparición forzada, en relación con casos de violencia política.
Es probable que esta escandalosa tasa de muertes sea inferior a la real, ya que las autoridades egipcias no publican datos estadísticos sobre ejecuciones ni sobre personas en espera de ejecución, y tampoco comunican la ejecución con antelación a familiares y abogados. Medios de comunicación afines al gobierno informaron sobre 91 ejecuciones desde octubre, citando fuentes oficiales anónimas.

Al menos 30 ciudades en España promueven eventos en la calle, en escuelas o universidades
Con motivo de la celebración de la 18ª edición de la Jornada de Ciudades por la Vida, Amnistía Internacional sigue denunciando cómo, a pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, países como Arabia Saudí, Irán o Estados Unidos continúan matando en nombre de la justicia.
Este año participarán en la Jornada más de 2.300 ciudades de todo el mundo, desde Roma a Johannesburgo, pasando por Amsterdam, París, Berlín o Nairobi, entre otras. En España, son más de 80 las ciudades inscritas a esta iniciativa, y en este 2020, más de 30 como Bilbao, Burgos, Cáceres, San Sebastián, Logroño, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, o Vitoria, entre otras, llevan a cabo actos como la iluminación de edificios emblemáticos con sus respectivos ayuntamientos.

En vísperas del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en Bahréin por partida doble (del 27 al 29 de noviembre y del 4 al 6 de diciembre), Amnistía Internacional quiere destacar el oscuro historial de derechos humanos del país, especialmente en lo relacionado con la libertad de expresión, la continua detención de presos de conciencia, la existencia de juicios injustos, la vulneración de los derechos de las mujeres o la imposición de condenas a muerte, entre otras violaciones de derechos humanos vigentes.
“Tras el glamour de la Fórmula 1, Bahréin tiene una cara mucho más siniestra, que revela un Estado profundamente represivo donde cualquier persona que critique al gobierno puede ser encarcelada”, asegura Carlos de las Heras, responsable del trabajo sobre Deporte y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

La organización ha celebrado hoy una jornada online a la que han asistido portavoces de la mayoría de los grupos parlamentarios para reflexionar, entre otros aspectos, sobre qué está pasando en Canarias y cómo afrontarlo
Madrid.- Amnistía Internacional ha llevado a cabo este viernes una jornada online, con parlamentarios/as y organizaciones para analizar varios aspectos relacionados con la migración, entre ellos la actual crisis que se está viviendo en las Islas Canarias, donde se han incrementado de manera considerable las llegadas en los últimos meses, a pesar de lo peligroso de la ruta, que ya se está cobrando muchas vidas, más de 500 en lo que va de año, esencialmente entre octubre y noviembre.

El conflicto en la región etíope de Tigré está al borde de una mortífera escalada después de que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, haya dado a los combatientes leales al Frente Popular de Liberación de Tigré un plazo de 72 horas para rendirse antes de que las fuerzas armadas emprendan un asalto a la capital de Tigré, Mekele. Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que antepongan la protección de la población civil y permitan el acceso de observadores de derechos humanos y organizaciones humanitarias.
“El conflicto en la región de Tigré ya se ha cobrado la vida de cientos de civiles, ha causado lesiones a muchos más y ha obligado a miles a huir a campos de personas refugiadas en el vecino Sudán. En vista de que las tropas federales han iniciado los preparativos para rodear Mekele, Amnistía Internacional recuerda a todas las partes del conflicto que el derecho internacional humanitario prohíbe atacar deliberadamente a civiles y bienes civiles, y que tales ataques constituyen crímenes de guerra. Los ataques indiscriminados y desproporcionados también están prohibidos”, ha afirmado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

Miles de personas desplazadas en Irak, a las que se estigmatiza por sus presuntos vínculos con el grupo armado autodenominado Estado Islámico y que han sido víctimas ya de detención arbitraria, desapariciones forzadas y juicios injustos, corren ahora mayor peligro aún, a medida que las autoridades iraquíes prosiguen con el cierre de los campos de acogida a pesar de los múltiples obstáculos que impiden el regreso seguro, digno y sostenible de esas personas a sus lugares de origen. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Marked for Life: Displaced Iraqis in cycle of abuse and stigmatization (“Marcadas de por vida: personas desplazadas en Irak en una espiral de abusos y estigmatización”) revela cómo las autoridades centrales iraquíes, junto con el Gobierno Regional del Kurdistán, continúan estigmatizando a las personas desplazadas que parecen tener vínculos con el Estado Islámico, bloqueándoles u obstaculizándoles la obtención de documentación civil que es esencial para encontrar trabajo, acceder a la educación y a las prestaciones públicas y ejercer la libertad de circulación. Miles de familias de todo Irak siguen todavía sin conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos desaparecidos.

Las autoridades polacas están usando toda una serie de duras medidas para reprimir las protestas pacíficas contra la sentencia del Tribunal Constitucional que limita gravemente el acceso al aborto en Polonia. Amnistía Internacional ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, que incluye el uso de pulverizadores de pimienta, la criminalización de quienes se manifiestan pacíficamente y la incitación a la violencia, por parte de las autoridades, contra las personas que protestan.
Como síntoma de la escalada, el miércoles, mientras las personas que participaban en la Huelga de las Mujeres se congregaban pacíficamente frente al edificio de la televisión pública en Varsovia, la policía las acorraló junto con periodistas que cubrían el evento y usó pulverizadores de pimienta.

A través de la verificación inmediata de evidencia audiovisual, Amnistía Internacional ha comprobado episodios que ejemplifican el uso excesivo e innecesario de la fuerza por la Policía Nacional en las manifestaciones producidas en el contexto de la crisis política que atraviesa el país.
“Los videos verificados digitalmente por Amnistía Internacional son evidencia contundente de la violencia ejercida por la Policía contra la población a la que debería proteger”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De acuerdo con la información recibida, desde el 10 de noviembre de 2020 y, principalmente, en las masivas protestas llevadas a cabo ayer en varias ciudades del país, más de 15 personas habrían resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad por arma de fuego.

Casi ocho meses después de que se declarara la pandemia de COVID-19, el gobierno sirio no está protegiendo adecuadamente a su personal sanitario, sigue sin tener una respuesta sólida a la propagación de la enfermedad, y se niega a proporcionar información transparente y coherente sobre el brote de COVID-19 en el país. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Familiares de pacientes de COVID-19, profesionales de la medicina y trabajadores de ayuda humanitaria han contado a Amnistía Internacional que los hospitales públicos se han visto obligados a rechazar pacientes a causa de la falta de camas, bombonas de oxígeno y respiradores. Desesperados, algunos residentes se han visto obligados a alquilar bombonas de oxígeno y respiradores a precios exorbitantes. Miles de vidas, incluidas las de trabajadores y trabajadoras de la salud, continúan en peligro al no haber información transparente y efectiva ni pruebas diagnósticas.