Dentro de la campaña #ViviendaEsDerecho, la organización le da la vuelta al conocido juego de especulación inmobiliaria para exponer los obstáculos que se encuentran las personas hoy en día para el acceso a este derecho
En España un 37% de las personas dedican el 40% de sus ingresos a gastos de vivienda, una cifra solo superada por siete de los 38 países de la OCDE y se cuenta con tan solo el 1,6% de vivienda social lejos del 30% de países como Holanda, Austria (24%) o Dinamarca (20%)
La organización denuncia que al menos tres aspectos deben desbloquearse de la Ley: aquellos relacionados con el control de precios, las medidas de protección en desalojos y las que tienen que ver con el parque público de vivienda.

Amnistía Internacional España reitera su llamamiento a la RFEF para que haga un gesto público a favor de los derechos humanos como han hecho otras federaciones y selecciones nacionales
Las autoridades qataríes deben renovar su compromiso de cumplir plenamente las reformas laborales prometidas ahora y después de la Copa Mundial, ha declarado hoy Amnistía Internacional, que en su último documento previo al campeonato sobre las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras migrantes ha revelado que los abusos siguen siendo frecuentes en todo el país. Cuando sólo falta un mes para el inicio de la competición, la organización de derechos humanos ha reiterado su llamamiento a la FIFA y a Qatar para que establezcan un fondo de compensación destinado a las personas trabajadoras migrantes que han sufrido abusos.

Las autoridades de Letonia han expulsado de forma sumaria y violenta a personas refugiadas y migrantes en sus fronteras con Bielorrusia y han sometido a muchas de ellas a graves violaciones de derechos humanos, que incluyen detención secreta e incluso tortura, según nuevas conclusiones publicadas en un informe de Amnistía Internacional.
Latvia: Return home or never leave the woods pone al descubierto el trato brutal que reciben las personas migrantes y refugiadas —entre ellas niños y niñas— que han sido recluidas arbitrariamente en lugares no revelados del bosque letón y devueltas ilegal y violentamente a Bielorrusia. Muchas sufrieron palizas y descargas eléctricas con pistolas Taser, incluso en los genitales. Algunas fueron obligadas de forma ilegítima a regresar “voluntariamente” a sus países de origen.

A pesar de ello, en el último año se ha producido un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte en países como Irán o Arabia Saudí
La región de las Américas, salvo en el caso de Estados Unidos, es un ejemplo de cómo la abolición de la pena de muerte es posible
A menudo la pena de muerte se ve agravada por el uso de la tortura y otros malos tratos
Madrid.- Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Amnistía Internacional se une a ONG, activistas e instituciones abolicionistas de todo el mundo para conmemorar su 20 aniversario. En esta ocasión, la organización denuncia que aunque el mundo avanza hacia la abolición de la pena de muerte, en el último año se ha producido un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Varios Estados aprovecharon que las restricciones, que con anterioridad habían retrasado los procesos judiciales, se levantaran para incrementar el número de condenas a muerte.

Ante el incremento alarmante del precio de los alquileres, del coste de la vida y la subida de los tipos de interés para hipotecas variables, y en un momento en que se tramita la primera Ley de Vivienda en democracia, la organización lanza la campaña #ViviendaEsDerecho, dándole la vuelta al juego del Monopoly para exponer los obstáculos que se encuentran las personas hoy en día para el acceso a este derecho humano
Los ciudadanos en España dedican el 40% de sus ingresos a gastos de viviendo solo superado por siete países de los 38 de la OCDE y dedica solo el 1,6% a vivienda social del parque total de vivienda sólo superando a Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre

Los peligrosos algoritmos de Meta, propietaria de Facebook, y su temerario afán de lucro contribuyeron sustancialmente a las atrocidades perpetradas por el ejército de Myanmar contra la población rohinyá en 2017; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
La atrocidad social Meta y el derecho a un recurso para la comunidad rohinyá detalla que Meta sabía o debía haber sabido que los sistemas de algoritmos de Facebook estaban impulsando la difusión de contenido dañino antirrohinyá en Myanmar, pese a lo cual la empresa no hizo nada.
“En 2017, miles de personas rohinyás fueron víctimas de homicidio, tortura, violación y desplazamiento como parte de la campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de Myanmar. En los meses y años que desembocaron en las atrocidades, los algoritmos de Facebook intensificaron una tormenta de odio contra la población rohinyá que contribuyó a la violencia en el mundo real”, ha dicho Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, que se celebra cada 28 de septiembre, Maribel Tellado, responsable del trabajo sobre derechos de las Mmujeres en Amnistía Internacional España declara:
“Mientras el mundo avanza hacia mayores garantías en el derecho al aborto, contados países como Estados Unidos, Polonia o China, se empeñan en devolvernos a un oscuro pasado que pretende anclar a las mujeres en su rol reproductor”.
El acceso al aborto legal y seguro es un componente esencial de cualquier sociedad justa e igualitaria y, cada vez hay un mayor consenso mundial a favor de respetar y garantizar este derecho. En los últimos 25 años, se han acelerado los avances y más de 50 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto. Asia representa una quinta parte de ellos, y en América Latina la legislación ha avanzado en Chile, Argentina, México, Ecuador y Colombia. Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido e Irlanda fue el último país en despenalizarlo, a finales de 2018.

La muerte de la joven Mahsa Amini desató una ola de protestas masivas en Irán. Amini sale en imágenes de cámaras de seguridad colapsando en un centro de “reeducación” donde fue tomada por la policía de la moralidad de Irán para recibir “orientación” sobre su vestimenta. Esta policía forma parte de las fuerzas del orden del país y tiene la tarea de hacer cumplir con las estrictas normas patriarcales de República islámica de Irán, incluido su código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar velo o hiyab en público.
Luego de la muerte de la joven, cientos de miles de mujeres alrededor de todo el país se cortaron el pelo y se quitaron y quemaron sus hiyabs en las plazas. También surgieron miles de videos de protestas populares de docenas de pueblos y ciudades, desde la capital Teherán hasta bastiones más tradicionalmente conservadores como Mashad.  Mahasa Amini, de 22 años, es de origen kurdo. En al menos doce ciudades de la provincia de Kurdistán iraní, los comercios cerraron después que las organizaciones kurdas de oposición al régimen convocaron a una huelga. El gobierno iraní ha cortado internet para evitar la convocatoria de nuevas movilizaciones.

El Consejo debe establecer un mecanismo internacional independiente que investigue los crímenes cometidos
El periodo de sesiones del Consejo, que comenzó el 12 de septiembre, es el primero que se celebra tras la presentación del reciente informe de la alta comisionada sobre las atrocidades cometidas por el gobierno chino en Xinjiang. La evaluación, largamente demorada, corrobora los abundantes indicios de graves violaciones de derechos humanos contra la población uigur y otras comunidades de minorías étnicas predominantemente musulmanas documentadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones dignas de crédito.
Amnistía Internacional sigue escuchando de boca de personas que huyeron recientemente de Xinjiang y de familiares de personas detenidas que la población de la región sigue sufriendo persecución y detención arbitraria simplemente a causa de su religión y su etnia.

Seis personas murieron durante un ataque nocturno a una vivienda familiar en la provincia de Ghor, entre ellas una niña de 12 años
Los homicidios de los talibanes indican una constante de ataques contra minorías étnicas y miembros de las anteriores fuerzas de seguridad
Combatientes talibanes mataron a seis personas hazaras en un ataque deliberado contra este grupo minoritario étnico en la provincia afgana de Ghor, ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras una nueva investigación.
El 26 de junio de 2022, los talibanes llevaron a cabo la detención y ejecución ilegítima de cuatro hombres durante una operación nocturna en busca de un exagente de seguridad. El cuerpo de al menos una de las personas ejecutadas mostraba señales de tortura. Una mujer y una niña de 12 años también perdieron la vida durante la operación.
El ataque forma parte de una constante más amplia de homicidios selectivos ilegítimos de personas a las que los talibanes consideran adversarios, en este caso por ser miembros de la comunidad hazara y por su relación con el anterior gobierno afgano.

En respuesta a las sentencias condenatorias por “sedición” dictadas contra cinco logopedas de Hong Kong que publicaron libros infantiles ilustrados sobre las protestas multitudinarias y otros sucesos acontecidos en la ciudad, la responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre China, Gwen Lee, ha afirmado:
“En el Hong Kong actual, puedes ir a la cárcel por publicar libros infantiles con ilustraciones de lobos y ovejas. Estas sentencias condenatorias por ‘sedición’ son un ejemplo absurdo de la desintegración de los derechos humanos en la ciudad.”
“Escribir libros infantiles no es un delito, y tratar de educar a niños y niñas sobre los acontecimientos recientes de la historia de Hong Kong no constituye un intento de incitar a la rebelión.”
“La reciente reutilización por parte de las autoridades hongkonesas de cargos de sedición que datan de la era colonial para enjuiciar a activistas, periodistas y escritores es un acto descarado de represión. Desde 1967 no se había acusado a nadie de sedición hasta que el gobierno de Hong Kong comenzó a emplear como arma estas disposiciones para intensificar su represión de la libertad de expresión.”

Ante las conclusiones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de que Rusia está estacionando fuerzas en la central nuclear de Zaporiyia, que confirman la información recibida por Amnistía Internacional en agosto, Denis Krivosheev, director adjunto para investigación de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:
“Al ocupar la central nuclear de Zaporiyia, las fuerzas rusas no sólo ponen en peligro a quienes están en sus instalaciones y en los alrededores, sino que también aumentan el riesgo de una catástrofe nuclear en la región.
“Al emplazar sus fuerzas en el territorio de la central y su entorno más inmediato, Rusia es la principal responsable de las consecuencias potencialmente devastadoras de un accidente nuclear. Amnistía Internacional insta a la total desmilitarización de la central nuclear y su entorno inmediato.

Chile tendrá que continuar construyendo el proceso para una nueva constitución y así convertirse en un referente en materia de derechos humanos, afirmó Amnistía Internacional tras los resultados del plebiscito que tuvo una gran participación ciudadana y que rechazó la nueva propuesta de Constitución.
Con los resultados de la votación, la Constitución dictada en tiempos de Augusto Pinochet y que por décadas ha beneficiado a unas personas por sobre otras acentuando las desigualdades y la precariedad, continuará vigente en el país. Si bien la ciudadanía no aprobó la propuesta elaborada por la Convención Constitucional, se ha comprobado en innumerables ocasiones que la actual Constitución obstaculiza los cambios necesarios para conseguir un Chile más justo, por lo que resulta imprescindible continuar los esfuerzos por cambiarla.

Las autoridades de facto huzíes deben poner fin a su requisito del mahram (tutor masculino), que impide que las mujeres viajen sin un tutor varón o prueba de su aprobación por escrito en las gobernaciones bajo control huzí o a otras zonas de Yemen, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Desde abril, las restricciones cada vez más estrictas de los huzíes impiden que las mujeres yemeníes lleven a cabo su trabajo, sobre todo a las que necesitan viajar. Las restricciones impuestas por el requisito del mahram también son aplicables a las trabajadoras humanitarias yemeníes que se esfuerzan por realizar trabajo de campo, lo que incide directamente en el acceso a ayuda humanitaria de la población yemení que la necesita, y especialmente las mujeres y niñas.

Amnistía Internacional ha recogido las historias de diez personas que se encuentran detenidas en la actualidad por sus críticas públicas a la guerra.
Mientras Rusia continúa su guerra de agresión contra Ucrania, también libra una batalla en el "frente interno" contra quienes critican la guerra y los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. Así lo ha denunciado hoy Amnistía Internacional en un nuevo documento, en el que denuncia cómo en Rusia decenas de personas se enfrentan a penas de hasta 10 o más años de prisión por compartir lo que, según las autoridades, es "información falsa sobre las Fuerzas Armadas", un nuevo delito introducido en la ley para reprimir a las personas críticas con la guerra. Entre las personas procesadas se encuentran periodistas, estudiantes, artistas, profesionales de la abogacía y políticos.

Las fuerzas de seguridad de Irán y Turquía han expulsado reiteradamente y sin el debido procedimiento —con medidas que incluyen abrir fuego ilegítimamente contra hombres, mujeres y menores de edad— a personas afganas que tratan de cruzar las fronteras de esos países para ponerse a salvo; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. En su nuevo informe, They don’t treat us like humans, la organización también documenta numerosos casos —en su mayoría en la frontera iraní— en los que las fuerzas de seguridad han disparado directamente contra quienes saltaban los muros o se arrastraban por debajo de las cercas. Los afganos y afganas que logran entrar en Irán o Turquía suelen ser detenidos y sometidos a tortura y otros malos tratos antes de ser devueltos de forma ilegítima.
El equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó Afganistán en marzo de 2022 y realizó entrevistas en la ciudad de Herat y la localidad fronteriza de Islam Qala. Se entrevistó a 74 personas afganas que habían sido expulsadas sumariamente de Irán y Turquía, de las cuales 48 denunciaron haber sido objeto de disparos cuando intentaban atravesar la frontera. Ninguna de las personas con las que Amnistía Internacional habló había podido presentar una solicitud de asilo en ninguno de los países, y la mayoría fueron devueltas a Afganistán, lo que constituye una violación de derecho internacional.

El próximo martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para recordar que en todo el mundo hay personas que han sido arrestadas, detenidas, secuestradas o privadas de cualquier otra forma de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
Países como México, donde tras ocho años de avances escasos, una comisión creada por el gobierno determinó que la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un "crimen de estado" y se ordenó la detención de decenas de personas, entre ellas el ex-Procurador Jesús Murillo Karam. O Colombia, donde la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada hizo constar que al concluir 2021 seguía sin conocerse el paradero de 327 personas desaparecidas durante las protestas del Paro Nacional. O Nicaragua, donde en los meses previos a la reelección del presidente Daniel Ortega en noviembre de 2021, la policía sometió a detención arbitraria o a desaparición forzada a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas contrarias al gobierno, entre ellas siete posibles aspirantes a la presidencia.

“El inminente quinto aniversario de la crisis rohinyá debe ser un momento decisivo en la búsqueda urgente de justicia para las víctimas y para exigir cuentas a los responsables”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El 25 de agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó una serie de operaciones violentas contra la población rohinyá en el norte del estado de Rajine que se tradujo en graves crímenes de derecho internacional y el incendio de pueblos enteros, y obligó a cientos de miles de personas a huir a Bangladesh.
“Este solemne aniversario es un inquietante recordatorio de que ni un solo oficial de alta graduación de las fuerzas armadas de Myanmar ha sido enjuiciado por la atroz campaña de violencia contra la población rohinyá”, manifestó Ming Yu Hah, directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional.

“En su lucha contra los delitos cometidos por bandas, las autoridades de Guinea Ecuatorial deben poner fin de manera inmediata a la detención arbitraria e indiscriminada de hombres jóvenes”, ha declarado hoy Amnistía Internacional tras documentar numerosos testimonios relacionados con este tipo de arrestos.
En respuesta a un presunto incremento del número de delitos cometidos por las bandas juveniles, especialmente un grupo conocido como los “8 Machetes”, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, puso en marcha a principios de mayo un plan nacional —bautizado por las autoridades como Operación Limpieza— para luchar contra estas bandas.
El 9 de mayo de 2022, el vicepresidente Nguema Obiang Mangue aseveró en un vídeo emitido por la televisión nacional que había decidido lanzar la operación para “limpiar” las calles de Guinea Ecuatorial de delincuentes y bandidos, y para enseñar “el buen camino” a los jóvenes que delinquen.

Bases militares establecidas en zonas residenciales e incluso en escuelas y hospitales.
Ataques lanzados desde áreas habitadas por civiles.
Estas violaciones no justifican en modo alguno los ataques indiscriminados de Rusia, que han causado la muerte y heridas de innumerables civiles.
“Las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares. Los ataques rusos resultantes en zonas pobladas han causado la muerte de civiles y destruido infraestructura civil.

La comunidad internacional debe exigir a las autoridades iraníes que rindan cuentas por la oleada de violencia que sus fuerzas de seguridad desataron contra manifestantes en el sudoeste de Irán en mayo de 2022 con absoluta impunidad, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La nueva investigación de la organización —“They are shooting brazenly”: Iran’s militarized response to May 2022 protests— documenta que las fuerzas de seguridad iraníes efectuaron disparos ilegítimos de munición real y perdigones en mayo de 2022 para reprimir unas protestas, en su mayoría pacíficas, por el aumento de los precios de los alimentos y el derrumbamiento de un edificio que causó varios muertos.
Amnistía Internacional verificó la muerte de tres personas en relación con las protestas y documentó una constante de heridas de perdigón entre manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas, que constituyen tortura. Las autoridades impusieron cierres de Internet e interrupciones en la red de telefonía móvil para bloquear la capacidad de la gente de comunicarse entre sí y para ocultar sus delitos.

Manifestantes detenidas, sometidas a desaparición forzada y torturadas
Mujeres y niñas detenidas y recluidas por “corrupción moral”
Enorme aumento de matrimonios precoces y forzados
“Los talibanes están devastando las vidas de las mujeres y las niñas de Afganistán con la represión de sus derechos humanos”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que se publica hoy.
Desde que tomaron el control del país en agosto de 2021, los talibanes violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación; diezman el sistema de protección y apoyo para quienes huyen de la violencia de género en el ámbito familiar; detienen a mujeres y niñas por infracciones menores de normas discriminatorias; y contribuyen al aumento del número de matrimonios precoces y forzados en Afganistán.

El derecho a la protesta está sometido a una amenaza creciente y sin precedentes en todas las regiones del mundo; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional con motivo del lanzamiento de su campaña global contra las medidas cada vez más amplias y enérgicas que adoptan los Estados para erosionar este derecho humano fundamental.
De Rusia a Sri Lanka, de Francia a Senegal y de Irán a Nicaragua, las autoridades de los Estados están adoptando cada vez más medidas de todo tipo para reprimir la disidencia organizada. Manifestantes en todo el planeta se enfrentan a una potente combinación de reacciones adversas: cada vez más leyes y otras medidas para restringir el derecho a la protesta; uso indebido de la fuerza; expansión de la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva; apagones y censura de Internet, y abusos y estigmatización. Mientras, se están levantando aún más barreras para los grupos marginados y discriminados.
La campaña “Protejamos la Protesta” de Amnistía Internacional desafiará los ataques a la protesta pacífica, defenderá a quienes los sufren y apoyará las causas de los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos.

Ante la votación prevista para hoy del dictamen del Proyecto de Ley de Memoria Democrática por el Pleno el Congreso de los Diputados, Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional España señala lo siguiente:
“Amnistía Internacional valora positivamente que hoy el Congreso de los Diputados pueda dar luz verde y remitir al Senado un proyecto de ley que, de aprobarse e implementarse, supondría una mejora respecto del marco normativo establecido por la vigente ‘Ley de Memoria Histórica’ del año 2007”.
“A falta de conocer el texto definitivo que pueda ser aprobado por el Pleno del Congreso, pero a la vista del dictamen que será sometido a votación, la futura ley incluye medidas importantes y necesarias; como reconocer la responsabilidad del Estado respecto de las tareas de búsqueda, exhumación e identificación de personas víctimas de desaparición forzada, así como la restitución de sus restos a las familias. Una labor que lleva recayendo durante décadas en los propios familiares y asociaciones privadas”.

También tienen que aprovechar el último año de la legislatura para afianzar los derechos humanos en España reformando la Ley Mordaza y la Ley de Secretos Oficiales
Ante el debate sobre el estado de la nación, que se inicia mañana martes 12 de julio, el Gobierno y el Congreso deben impulsar una investigación para aclarar lo sucedido en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio. Esa fecha ha pasado a la historia como la mayor tragedia humanitaria de la democracia en la frontera sur. El Gobierno y el Congreso deben aprobar medidas para evitar que hechos así vuelvan a suceder.
Las declaraciones de apoyo a la actuación de Marruecos del presidente Sánchez, nada más conocerse la noticia y sin tener toda la información, según confirmó con posterioridad, son cuando menos imprudentes y no están a la altura de lo que se espera de un Gobierno que afirma estar comprometido con el respeto a los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha añadido a su campaña sobre la detención arbitraria a casi 50 personas detenidas más, con lo que el total asciende a 120.
Las familias describen la injusticia y el horror de la separación prolongada.
La alta comisionada de las Naciones Unidas aún no ha publicado el informe sobre la situación, pese a su reciente visita a Xinjiang.
Amnistía Internacional ha publicado hoy nuevos testimonios estremecedores de familiares de 48 personas de etnia uigur y kazaja recluidas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en China, y ha vuelto a pedir a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos que actúe.
La alta comisionada saliente, Michelle Bachelet, aún no ha publicado el informe largamente esperado sobre las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades chinas en Xinjiang, y se ha negado reiteradamente a reconocer su gravedad. Es profundamente decepcionante que debido a este retraso esta semana vaya a cerrarse otro periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sin que se hayan podido debatir las conclusiones de la ONU sobre Xinjiang.

Según ha manifestado hoy Amnistía Internacional, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben prorrogar la resolución transfronteriza que permite a la ONU entregar ayuda humanitaria a al menos cuatro millones de residentes y de personas internamente desplazadas en el noroeste de Siria antes de su vencimiento el 10 de julio.
En un nuevo informe, ’Unbearable living conditions’: Inadequate access to economic and social rights in displacement camps in north-west Syria, Amnistía Internacional explica pormenorizadamente que, a consecuencia de la negativa o la obstrucción del gobierno sirio a que la población desplazada disfrute de derechos económicos y sociales, la población internamente desplazada que vive en campamentos en condiciones atroces es extremadamente vulnerable y depende enteramente de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Amnistía Internacional valora positivamente el anuncio de una investigación por parte de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo.
Personas migrantes se encuentran retenidas sin autorización judicial y en régimen de aislamiento en el CETI de Melilla.
Amnistía Internacional se ha dirigido hoy por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a las autoridades marroquíes, para instarles a que pongan en marcha una investigación independiente y exhaustiva por los graves incidentes ocurridos el 24 de junio y posteriormente en el paso fronterizo entre Marruecos y Melilla.
La organización ha identificado hasta ahora indicios sólidos de ocho violaciones de derechos humanos:

Una exhaustiva investigación de Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que fuerzas militares rusas cometieron un crimen de guerra cuando atacaron en marzo el teatro de Mariúpol, en Ucrania, y causaron la muerte de al menos una decena de personas, y probablemente de muchas más.
En un nuevo informe, “Children”: The Attack on the Donetsk Regional Academic Drama Theatre in Mariupol, Ukraine, la organización documenta cómo probablemente los militares rusos atacaron de forma deliberada el teatro el 16 de marzo aunque sabían que cientos de civiles se refugiaban allí, lo que convierte el ataque en un claro crimen de guerra.
El equipo de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional entrevistó a numerosos supervivientes y recopiló abundantes datos digitales y llegó a la conclusión de que, casi con toda seguridad, el ataque lo llevaron a cabo aeronaves de combate rusas que lanzaron dos bombas de 500 kilos que cayeron una cerca de la otra y detonaron simultáneamente.

• En España es urgente que se apruebe la Ley de Igualdad LGBTI y preocupa el aumento de las denuncias de delitos de odio contra personas del colectivo.
• Amnistía Internacional participará en diferentes manifestaciones, entre ellas, la de Madrid del próximo 9 de julio.
La guerra en Ucrania no ha dado tregua al hostigamiento que las autoridades rusas llevan ejerciendo contra activistas del movimiento LGBTI desde hace décadas. Las personas que defienden los derechos humanos de este colectivo siguen sin poder realizar su trabajo sin obstáculos, amenazados y sin poder expresarse libremente. En un momento en el que cualquier expresión pública está estrictamente controlada en Rusia, personas como Aleksandra Skochilenko, artista y activista bisexual, se enfrentan a reclusión preventiva tras hacer una intervención artística en la que cambió los precios de los productos de un supermercado por pegatinas contrarias a la guerra.

Según informa el Ministerio del Interior marroquí, cinco migrantes han fallecido en Nador a consecuencia de una estampida, y algunos de ellos por caer desde lo alto de la valla, al tiempo que otros 76 habrían resultado heridos, 13 de ellos de gravedad. También informa el Ministerio de 140 agentes marroquíes heridos, incluyendo 5 heridos graves.
La Delegación del Gobierno en Melilla, por su parte, ha informado de la entrada en territorio español de 133 migrantes, los cuales afirma serían aparentemente mayores de edad. En el intento de salto, han resultado heridos según datos de la Delegación de Gobierno 49 agentes de la Guardia Civil, todos leves, y 57 migrantes, de los cuales tres han sido trasladados al Hospital Comarcal de la ciudad.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España:

"Desde Amnistía Internacional hemos enviado una carta al Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para recordarle que hace un mes, el pasado 26 de mayo, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados una nueva Ley sobre Información Clasificada con la intención de que sustituya a la actual Ley de Secretos Oficiales (LSO), que lleva vigente desde la época del franquismo. Una ley que supone un obstáculo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos y para garantizar el derecho de las víctimas a verdad, justifica y repetición y garantías de no repetición, amparándose bajo la consideración de secreto.

En respuesta a la decisión de hoy de la Corte Suprema de anular el caso Roe v. Wade, Tarah Demant, directora nacional interina de programas, incidencia y asuntos gubernamentales de Amnistía Internacional USA, dijo: “El día de hoy marca un triste hito en la historia de Estados Unidos, ya que la Corte Suprema ha anulado la sentencia de la causa Roe v. Wade y ha despojado a la población del derecho al aborto.”
“Los millones de personas que pueden quedarse embarazadas en Estados Unidos se enfrentan a un futuro en el que no podrán tomar decisiones profundamente personales que afectan a su cuerpo, su futuro y el bienestar de sus familias. Esta resolución afecta a todas y cada una de las personas en Estados Unidos, con independencia de su capacidad de tener un embarazo. Seguro que conocen a alguien que se ha sometido a un aborto. Todo el mundo conoce a alguien, ya que aproximadamente una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos se someterá a un aborto en el curso de su vida.”

Unas recientes imágenes de la policía en India atacando con porras a manifestantes y detenidos ponen de manifiesto la urgente necesidad de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo aborden el uso indebido y desenfrenado de las porras y otras armas para golpear. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Con vistas al Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la organización ha publicado un nuevo documento en el que se expone cómo y cuándo pueden desplegarse estas armas de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, y en el que se destacan los principios rectores de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Amnistía Internacional y CEAQUA exigen al Parlamento que implemente las recomendaciones que Naciones Unidas lleva haciendo desde hace 14 años para dar una respuesta adecuada a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos en el pasado
Amnistía Internacional y la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) muestran su preocupación, una vez más, por la parálisis que están sufriendo las iniciativas legislativas que podrían avanzar en la rendición de cuentas del Estado español por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Las organizaciones recuerdan que organismos como Naciones Unidas llevan más de 14 años pidiendo medidas eficaces que hagan efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos en el pasado; mientras el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, y la Proposición de Ley sobre Bebés Robados a nivel estatal apenas avanzan.

Amnistía Internacional presenta testimonios que muestran cómo, mientras personas que huyen de Ucrania han sido acogidas en España con la bienvenida que merecen, personas refugiadas que llegan a la valla de Melilla escapando de de otras guerras y persecuciones reciben golpes, gases lacrimógenos y devoluciones en caliente
Madrid.- El próximo lunes, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una fecha que sirve para recordar que en la actualidad existen más de cien millones de personas desplazadas de manera forzada. Amnistía Internacional ha denunciado las políticas cada vez más restrictivas de la Unión Europea para proteger a las personas que huyen de persecución. Y, con motivo de este día, recuerda que el conflicto en Ucrania ha visibilizado además una política de doble rasero en relación al acceso a la protección, ya que las personas que huyen de otras guerras como, por ejemplo, en Siria, o que escapan de países en conflicto en África solo encuentran obstáculos para acceder a las fronteras europeas, mientras que la invasión rusa ha mostrado que cuando hay voluntad política se pueden adoptar medidas con rapidez.

Cientos de civiles han muerto en la ciudad ucraniana de Járkov a causa de los bombardeos indiscriminados de Rusia, que utiliza bombas de racimo —cuyo uso está ampliamente prohibido— y cohetes intrínsecamente poco precisos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
En un nuevo informe, “Anyone can die at any time”: Indiscriminate attacks by Russian forces in Kharkiv, Ukraine, la organización documenta cómo las fuerzas rusas han causado la muerte y la destrucción generalizadas con el bombardeo incesante de barrios residenciales de Járkov desde que comenzó su invasión a finales de febrero.
Durante una exhaustiva investigación, Amnistía Internacional halló pruebas de que las fuerzas rusas han utilizado de forma reiterada municiones de racimo 9N210 y 9N235, así como minas dispersables, ambas prohibidas por tratados internacionales a causa de sus efectos indiscriminados.

En el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado, dijo Amnistía Internacional hoy, tras llevar a cabo una investigación de crisis en el país. El gobierno del presidente Bukele decretó el régimen de excepción el 27 de marzo, tras un pico de homicidios presuntamente cometidos por pandillas, y lo ha extendido dos veces hasta la fecha.
“Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y No Somos Delito denuncian que el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana apenas ha avanzado desde que culminara el plazo de enmiendas.
Las entidades exigen a los partidos políticos que forman parte del Gobierno, como al resto de grupos parlamentarios, que retomen las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita avanzar en derechos y libertades a la ciudadanía y revertir el retroceso que implicó la reforma de 2015.
Las organizaciones piden al Parlamento que se garantice la revisión de la Ley Mordaza como una oportunidad para adaptarla a las normas europeas e internacionales de derechos humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto hoy que la detención en 2017 y 2018 del entonces presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, constituyó una violación de su derecho a la libertad y la seguridad (artículo 5, apartados 1, 3 y 5) y de su derecho a la libertad de expresión (artículo 10). Tras la sentencia, Amnistía Internacional reiteró su llamamiento a las autoridades turcas para que anulen el injusto fallo condenatorio sin pruebas de Taner Kılıç, quien tendrá que pasar otros dos años y medio en prisión si se confirma la sentencia.
Taner Kılıç fue arrestado en junio de 2017 y permaneció en detención más de 14 meses. En julio de 2020 fue condenado a seis años y tres meses de prisión. La sentencia está pendiente ante el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial de apelación en Turquía.

Los grupos marginados, entre los que se encuentran las personas LGBTI+, las personas que realizan trabajo sexual, las que consumen drogas y las que carecen de hogar, se vieron desproporcionadamente afectados por las normativas relativas a la COVID-19 que los expusieron a más discriminación y abusos contra los derechos humanos. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe que evalúa el impacto de las restricciones impuestas por la pandemia en todo el mundo.
Basándose en una encuesta online de 54 organizaciones de la sociedad civil en 28 países, el informe documenta cómo un enfoque excesivamente punitivo de la aplicación de la normativa relativa a la COVID-19 —que dio lugar a multas, detenciones y encarcelamientos por no cumplir las medidas de salud pública— provocó que los grupos ya de por sí marginados se enfrentaran a un acoso y una violencia cada vez mayores por parte de las fuerzas de seguridad. El enfoque también les dejó un acceso reducido a servicios esenciales tales como el alimento, la atención médica y la vivienda.

La normativa española no cuenta con garantías suficientes para impedir los abusos que suponen este tipo de sistemas de vigilancia tan intrusivos y deja en la indefensión a las personas supuestamente investigadas por el CNI.
Es necesario revisar las normas que regulan el CNI para establecer límites a las intervenciones de las comunicaciones, para no poner en peligro el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión y asociación; así como cambiar radicalmente la Ley de Secretos Oficiales, para que los abusos no puedan ampararse en la consideración de secreto.
AI da la bienvenida a la promesa del Presidente del Gobierno de cambiar la Ley de Secretos Oficiales aunque, recuerda, "después de años de debate e inmovilidad, se necesita, de forma inmediata pasar de las palabras a los hechos".

Con la aprobación hoy de la a Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en el Congreso de los Diputados, Carmen Miquel, experta en género de Amnistía Internacional España señala lo siguiente:
“Esta ley es un gran paso para la prevención, atención y protección de todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual. Tenemos que celebrar que por fin haya salido adelante una ley que aborda de manera integral la violencia sexual, incluyendo prevención, atención y protección para las víctimas de este tipo de violencia. En 2018, Amnistía Internacional denunciaba que se invisibilizaba, cuestionaba, no se daba protección, y se juzgaba a las mujeres que sufrían este tipo de violencia. Desde entonces, nuestra organización junto con numerosas organizaciones feministas hemos trabajado para impulsar una ley que proteja a toda mujer que haya sufrido o pueda sufrir algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida”.

Ninguna Comunidad Autónoma se acerca al 25% de la inversión sanitaria que la OMS recomienda a los Estados.
La Rioja y Cataluña, las Comunidades que más incrementan la inversión respecto a 2021 en Atención Primaria.
Galicia, la única que desinvierte.
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Castilla La-Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco no han aportado datos desglosados sobre inversión en atención primaria para el 2022.
La inversión global en Sanidad mantiene un ligero e insuficiente aumento en 2022.
Nueva campaña por el derecho a la salud ¿Quién más tiene que pedirlo?

Se han registrado cerca de 90 condenas a muerte en virtud de la ley marcial en Myanmar
En 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte.
Se sabe que el año pasado se llevaron a cabo al menos 579 ejecuciones en 18 países, lo que supone un aumento del 20% respecto al total registrado en 2020⁠. Gran parte de este incremento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), su mayor número de ejecuciones desde 2017. Esto se debió, en parte, a un notable aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, lo que supuso una flagrante violación del derecho internacional, que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos distintos a los que impliquen homicidio intencional. Mientras tanto, en Arabia Saudí se duplicó con creces el número de ejecuciones, una sombría tendencia que continuó en 2022 con la ejecución de 81 personas en un mismo día en el mes de marzo.

#NotACrime: Campaña online pide a las autoridades argelinas que detengan su ataque contra el espacio de la sociedad civil y las libertades fundamentales
Hace un año, las autoridades argelinas reprimieron en la mayor parte del país las protestas de Hirak en favor de la democracia. Desde entonces, la cifra de procesamientos infundados por terrorismo ha aumentado, se han adoptado reformas problemáticas del Código Penal, se han iniciado acciones judiciales contra organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de la oposición, y la represión de de defensores y defensoras de los derechos humanos y de medios de comunicación se ha intensificado, al tiempo que las autoridades han seguido obstaculizando la actividad y la inscripción en registro de los sindicatos independientes.

La FIFA debería destinar como mínimo 440 millones de dólares estadounidenses para proporcionar reparación a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes que han sufrido abusos contra sus derechos humanos en Qatar durante la preparación de la Copa Mundial 2022, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy, a seis meses del partido inaugural del torneo.
En la carta abierta que acompaña al informe, Amnistía Internacional y una coalición de organizaciones de derechos humanos, y grupos de personas aficionadas al fútbol instaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a trabajar con Qatar para establecer un programa de reparación integral. Además de pagar indemnizaciones por todos los abusos laborales relacionados con la celebración del torneo en ese país, deberían garantizar que los abusos no se repiten, ni en Qatar ni en futuros torneos.

Mohamed Benhlima es un activista, ex oficial militar y denunciante que expuso la corrupción de altos oficiales militares argelinos. Pidió asilo en España, pero las autoridades españolas lo devolvieron a Argelia en marzo sin el debido proceso ni evaluación de su solicitud de asilo. Ahora está condenado a muerte.
Uno de sus abogados ha sido también detenido el pasado 13 de mayo
Madrid.- Amnistía Internacional ha mostrado su consternación al conocer la noticia de que Mohamed Benhalima, activista devuelto a Argelia el pasado mes de marzo por las autoridades españolas a pesar de las advertencias de diversas organizaciones de derechos humanos acerca de los peligros que entrañaba su devolución, ha sido condenado a muerte. La organización, que ya se puso en contacto con las autoridades españolas en varias ocasiones para intentar paralizar esta devolución, ha vuelto a escribir al gobierno de España para exigir que presione a Argelia para pedir la anulación de esta sentencia a muerte.