Las autoridades iraníes han ejecutado este año al menos a 173 personas condenadas por delitos de drogas tras juicios sistemáticamente injustos, casi el triple que el año pasado por estas fechas, ha informado hoy Amnistía Internacional.
Las ejecuciones por delitos de drogas suponen las dos terceras partes de todas las ejecuciones que se han llevado a cabo en los primeros cinco meses de 2023, y han afectado sobre todo a las personas de entornos marginales y económicamente desfavorecidos. Aproximadamente el 20% de las ejecuciones registradas han sido de personas de la empobrecida y perseguida minoría étnica baluchi de Irán, a pesar de que sólo el 5% de la población iraní pertenece a ella.

La sobrepesca socava los derechos ambientales y socioeconómicos de las comunidades, al tiempo que las priva de una fuente clave de proteínas
Las autoridades de Gambia deben asignar todos los recursos necesarios a la Marina para que combata la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
Se está utilizando demasiado pescado de Gambia para alimentar a otros peces y animales de granja en el extranjero
Las autoridades deben garantizar que las empresas y fábricas pesqueras no perjudiquen los derechos humanos de las comunidades locales y rindan cuentas por los abusos que cometan
Hoy, en un nuevo informe, Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Gambia a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, combatir la sobrepesca y fortalecer la transparencia de los acuerdos pesqueros para proteger a las comunidades locales de Gambia.

Los casos de terrible uso indebido de gas lacrimógeno por las fuerzas de seguridad durante la brutal represión de protestas en Irán, Perú y Sri Lanka el año pasado son algunos de los muchos incidentes que se exponen en el sitio web de Amnistía Internacional Gas lacrimógeno: Investigación.
Este sitio web interactivo incluye ahora datos sobre 30 nuevos incidentes en 13 países en los que la policía y las fuerzas de seguridad causaron daños debido al uso inadecuado de gas lacrimógeno.
Desde el lanzamiento en 2020 de este sitio web, galardonado con el premio Webby, Amnistía Internacional ha verificado incidentes de uso indebido de gas lacrimógeno en más de 115 países y territorios, entre ellos, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Israel/Territorios Palestinos Ocupados, Líbano, Malí, Myanmar, Nigeria, Serbia, Sudán, Túnez y Uganda.
“Año tras año, Amnistía Internacional sigue documentando usos peligrosos y temerarios de gas lacrimógeno en todo el mundo”, ha afirmado Marija Ristic, directora del Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional

Las graves restricciones que imponen los talibanes y su represión ilegítima de los derechos de las mujeres y las niñas deben investigarse como posibles crímenes de derecho internacional, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos de género, han manifestado hoy Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas en un nuevo informe.
El informe The Taliban's war on women. The crime against humanity of gender persecution in Afghanistan presenta un análisis jurídico detallado de los motivos por los que las restricciones draconianas impuestas por los talibanes sobre los derechos de las mujeres y las niñas afganas, junto con el uso de la encarcelación, la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos, podrían constituir el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos de género, en virtud del artículo 7.1.h del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

En tan solo dos meses, casi 100 personas han sido ejecutadas en Irán, en una muestra de cómo las autoridades están utilizando la pena de muerte como una herramienta de represión. Las últimas ejecuciones han sido hoy: Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi.
Ayer, 17 de mayo, las autoridades de la prisión llamaron a sus familiares para que fueran a visitarlos. Fue la última vez que los vieron. Dos días después, fueron ejecutados en la horca.  “Juro por Dios que soy inocente. No llevaba armas encima. No dejaban de golpearme y ordenarme que dijera que el arma era mía. ... Les dije que diría lo que quisieran, pero que por favor dejaran en paz a mi familia. Hice lo que quisieron a causa de la tortura”, ha asegurado uno de ellos, Majid Kazemi.

Las organizaciones de la sociedad civil, los y las activistas y disidentes saudíes deberían poder hablar libremente, sin miedo a sufrir represalias, de su visión y su agenda para un futuro en el que se respeten los derechos humanos en el país, han declarado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ambas organizaciones se solidarizan con el pueblo saudí que exige un futuro para su país en el que se dé prioridad al respeto de los derechos humanos.
El 11 de mayo de 2023, los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas que publicaron la hoja de ruta “Visión popular de reforma en Arabia Saudí” celebraron un acto público en el que pidieron que se respeten los derechos humanos y el Estado de derecho en Arabia Saudí. Con frecuencia, las autoridades de Arabia Saudí toman represalias contra las personas críticas con el gobierno y los defensores y defensoras de los derechos humanos exiliados que alzan la voz contra las violaciones de estos derechos en el país y que abogan por ellos.“Asumiendo un gran riesgo personal, valientes ciudadanos y ciudadanas saudíes han planteado una visión de reforma que da prioridad al respeto de los derechos humanos”, ha dicho Joey Shea, investigadora sobre Arabia Saudí de Human Rights Watch. “El gobierno saudí debería escuchar estas peticiones.”

El mayor número de ejecuciones judiciales registradas en todo el mundo desde 2017.
81 personas ejecutadas en un solo día en Arabia Saudí.
Se tuvo noticia de ejecuciones llevadas a cabo en al menos 20 países
6 países abolieron la pena de muerte total o parcialmente.
“Las ejecuciones registradas en 2022 alcanzaron la cifra más alta en cinco años debido a los baños de sangre que llevaron a cabo los ejecutores más célebres de Oriente Medio y el norte de África”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre la pena de muerte.

Amnistía Internacional pide al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que interceda para que Estados Unidos retire todos los cargos contra el fundador de Wikileaks en su próxima visita a la Casa Blanca.
La organización ha recogido solo en España más de 187.000 firmas reclamando su liberación.
Política migratoria, control de armas, derecho al aborto, pena de muerte, o el cierre de Guantánamo son otras de las graves vulneraciones de derechos humanos que se producen en Estados Unidos.
Hasta 175 años de cárcel. Esa es la condena que podría recibir Julian Assange en caso de ser extraditado a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, debido a una petición de extradición que presentó Estados Unidos.

La organización apoya el establecimiento de un Fondo Mundial de Protección Social sometido a gestión internacional para garantizar el derecho a la seguridad social para todas las personas
En España, la universalidad del derecho a la salud no está plenamente garantizada
Amnistía Internacional ha pedido hoy una seguridad social a disposición de todas las personas, en cualquier lugar del mundo, después de que una serie de crisis hayan puesto en evidencia enormes lagunas en los sistemas estatales de ayuda y protección y cientos de millones de personas hayan quedado expuestas al hambre o atrapadas en un ciclo de pobreza y privación.
En un documento publicado hoy y titulado Precios al alza, protestas crecientes: argumentos a favor de la protección social universal, la organización de derechos humanos pide también el alivio de la deuda internacional e insta a los Estados a reformar sus sistemas impositivos y a perseguir el fraude fiscal, a fin de liberar una importante cantidad de fondos con los que sufragar la protección social.

Es preciso aliviar el dolor de miles de personas que buscan a sus familiares desde hace décadas
La nueva ley debería ayudar a organizar la búsqueda de casos de desapariciones forzadas por parte del Estado, crear un banco único de ADN, acompañamiento a víctimas y familiares, y acceso a archivos estatales y de la Iglesia, entre otras medidas.
“¿Van a dejar los grupos parlamentarios que pase una nueva legislatura sin que se apruebe la Ley de Bebés robados? ¿Va a incumplir el Gobierno su compromiso de garantizar que habrá respuestas para mujeres que llevan buscando a sus hijos e hijas durante décadas, para personas que intentan localizar a sus hermanos o hermanas, o para quienes buscan conocer su origen y su verdadera identidad? Amnistía Internacional insta a que continúe el trámite de la Ley de Bebés Robados y se apruebe de una vez por todas esta ley tan necesaria. Para ello, los grupos parlamentarios solo necesitan voluntad política y actuar con urgencia”, manifestó Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional España.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; un derecho que incluye no ser molestado a causa de las opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Así queda recogido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Sin embargo, según datos de Reporteros sin Fronteras, en pleno siglo XXI, casi la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a información libre. Quizá por ello, hoy más que nunca es necesario defender la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación y llamar la atención sobre la arriesgada labor de quienes ejercen esta importante labor de informar.
Hoy, 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional denuncia las violaciones del derecho a la libertad de expresión e información, y nos hacemos eco de la difícil situación que sufren numerosos periodistas e informadores.

En respuesta a los últimos ataques de las fuerzas rusas en Ucrania, incluidos los informes sobre un ataque con misiles contra un edificio de apartamentos en el que habrían muerto al menos 17 civiles, entre ellos dos niños, Marie Struthers, directora regional de Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:
"Los misiles rusos siguen causando un sufrimiento indecible a la población civil en Ucrania. Según los informes, a primera hora del 28 de abril, un misil ruso alcanzó un edificio de apartamentos de civiles de nueve plantas en Uman, causando una devastación total y múltiples muertes, entre ellas la de dos niños. Se esperan más víctimas mientras los equipos de rescate buscan personas bajo los escombros.

Las autoridades israelíes están utilizando un sistema experimental de reconocimiento facial conocido como Red Wolf para rastrear a palestinos y palestinas y automatizar las duras restricciones a la libertad de circulación impuestas a esta población. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. En un nuevo informe titulado Apartheid Automatizado, la organización documenta cómo Red Wolf forma parte de una red de vigilancia cada vez más grande que está afianzando el control del gobierno de Israel sobre la población palestina, y que ayuda a mantener el sistema de apartheid israelí. Red Wolf se ha desplegado en los controles militares de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, donde escanea los rostros de personas palestinas y los añade, sin su consentimiento, a enormes bases de datos de vigilancia.

El Senado todavía podría asegurar que la ley garantice en mayor medida el derecho a la vivienda de millones de personas, prohibiendo los desalojos a personas sin alternativa habitacional y estableciendo un régimen eficaz de sanciones e inspecciones que asegure el cumplimiento de la ley.
Amnistía Internacional valora positivamente que hoy se haya aprobado en el Congreso de los Diputados, la Ley por el Derecho a la Vivienda, conocida como Ley de Vivienda. Durante años, los movimientos sociales y diferentes organizaciones han denunciado la situación de crisis del derecho a la vivienda y han trabajado para que esta Ley, la primera estatal en democracia, sea una realidad.

    Las personas con discapacidad viven en campamentos en condiciones inadecuadas
    La falta de instalaciones de saneamiento y de apoyo especializado pone en peligro la salud
    Las autoridades turcas y los agentes humanitarios deben actuar con urgencia para garantizar una respuesta inclusiva
En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que la respuesta humanitaria a los devastadores terremotos que sacudieron Turquía ignora a las personas con discapacidad que viven en los campos para personas desplazadas.
El informe, ‘We all need dignity’: The exclusion of persons with disabilities in Türkiye’s earthquakes response, documenta la vida actual de las personas con discapacidad en refugios inadecuados, y cómo la respuesta a la catástrofe dada por las autoridades y los agentes humanitarios socava su dignidad y su derecho a la salud.

La ley del sí es sí: una buena ley que necesita priorizar su implementación inmediata por Gobierno central, Comunidades autónomas y Poder Judicial
Solo Madrid capital y Asturias cuentan con centro de crisis 24 horas, por lo que al menos 50 centros deberán ponerse en marcha por parte de las Comunidades Autónomas antes de fin de año.
Sin noticias de cuatro reformas legislativas urgentes que garantizarían derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.
No hay planes concretos para garantizar la especialización profesional a través de la formación de los sectores implicados en la atención a mujeres víctimas.
Aunque ahora mismo el debate político esté centrado en las revisiones de condenas hacia los agresores y en las diferentes enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la Ley del Sí es sí, la protección a las mujeres víctimas de violencia sexual solo será efectiva si se impulsa con urgencia la implementación de la ley.

Ante las declaraciones realizadas esta mañana por el Presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados en los que ha asegurado que desde abril de de 2022 se ha abierto una nueva etapa en la gestión política migratoria con Marruecos con “una base mucho más firme”, el portavoz de Amnistía Internacional España, Carlos Escaño, ha afirmado:
“Resulta decepcionante comprobar cómo el presidente del Gobierno vuelve a dar la espalda no sólo a las víctimas de la tragedia de Melilla sino también a los derechos humanos y a la legislación española en materia de migración y asilo. Pedro Sánchez tenía hoy una oportunidad para anunciar un giro de la política del gobierno dando un paso adelante en la investigación de lo ocurrido el 24 de junio y en la búsqueda de responsables”.

Indicios de tortura y otros malos tratos e indiferencia ante agresiones violentas
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley enviados a la región devastada por los terremotos que afectaron a Turquía el 6 de febrero han golpeado, torturado y sometido a otros malos tratos a personas sospechosas de robo y saqueo, han afirmado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Una persona murió bajo custodia tras ser torturada. En algunos casos, dichos agentes tampoco intervinieron para impedir que unas personas agredieran de forma violenta a otras a las que consideraban sospechosas de haber cometido delitos.

Las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde que se aprobara un régimen de excepción y numerosas reformas legislativas para supuestamente enfrentar a las pandillas en marzo de 2022, dijo Amnistía Internacional hoy.
Esta política ha resultado en más de 66 mil detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito. Para la comisión de estas violaciones de derechos humanos, ha sido clave la coordinación, en complicidad, de los tres poderes del Estado; la confección de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en lo que concierne al proceso penal; y la falta de adopción de medidas tendientes a evitar las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo un régimen excepcional.

El 48% de quienes alquilan son menores de 30 años, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que la Ley de Vivienda es fundamental para el colectivo joven
El Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, más conocido como Ley de Vivienda, requiere de su urgente reactivación y desbloqueo en el Congreso. La futura normativa remitida al Congreso en febrero de 2022 está bloqueada desde finales de abril del año pasado, cuando se cerró el plazo de interposición de enmiendas al articulado. Es urgente que los diferentes grupos parlamentarios alcancen un acuerdo lo antes posible, introduzcan mejoras en el texto teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y lo adopten sin dilación. No se puede dejar pasar esta oportunidad histórica.

El Informe Anual de Amnistía Internacional en 2022 pone en evidencia el doble rasero que existe en materia de derechos humanos en todo el mundo, así como la inacción de la comunidad internacional a la hora de unirse en torno a unos derechos humanos y unos valores universales aplicados sistemáticamente.
La contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania contrasta marcadamente con la deplorable falta de medidas significativas ante las graves violaciones de derechos humanos que están cometiendo algunos de sus aliados, como Israel, Arabia Saudí y Egipto.
Los derechos de las mujeres y la libertad de protesta corren peligro ante la inacción de los Estados a la hora de proteger y respetar estos derechos en su territorio.
Cuando se cumplen 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional insiste en que un sistema internacional basado en normas debe fundamentarse en los derechos humanos y aplicarse a todas las personas en todas partes.

El abandono y el desmantelamiento vulnera el derecho a la salud de pacientes.
• La falta de inversión en atención primaria previa a la pandemia y una gestión sanitaria que ha adolecido de falta de planificación y recursos suficientes para
afrontarla deja abandonadas a personas vulnerables, enfermedades desatendidas y diagnósticos, en algunos casos, demasiado tardíos.
• Las mujeres, que representan el 75% de las personas cuidadoras, y el 78% del personal sanitario contagiado han sufrido de manera especial el impacto de una atención primaria debilitada.
• El próximo 25 de marzo los andaluces están llamados a salir a las calles en lo que está previsto que sean manifestaciones masivas. A diferencia de lo que
ocurre en Madrid, en Andalucía es imposible concentrar a todos los indignados en una misma ciudad.

“El poder legislativo francés debe rechazar cualquier plan de usar videovigilancia alimentada por inteligencia artificial (IA) en los Juegos Olímpicos de París 2024. Estas tecnologías draconianas de vigilancia masiva violan el derecho a la intimidad y pueden violar también los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, lo que podría desembocar en niveles distópicos de vigilancia en el futuro”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, cuando el proyecto de ley sobre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 va a ser sometido a la votación del pleno de la Asamblea Nacional francesa.
El proyecto de ley fue aprobado por el Senado francés en enero y, de ser adoptado, legalizará el uso de un sistema ubicuo de videovigilancia masiva alimentado por IA por primera vez en la historia de Francia... y de la Unión Europea. Según el poder legislativo francés, esta colosal arquitectura de vigilancia es “experimental” y se usará para garantizar la seguridad durante los Juegos. Amnistía Internacional teme, sin embargo, que el proyecto de ley amplíe las facultades de la policía al aumentar el arsenal de equipos de vigilancia del gobierno de forma permanente.

- Activistas de la organización llevan a las puertas del Palacio de la Moncloa un candado gigante para reclamar la reforma de una norma que se mantiene desde el franquismo.
- La Ley de 1968 sigue operando hoy con impunidad y continúan clasificándose como secretos temas que pueden implicar violaciones de derechos humanos como la venta de material antidisturbios a Perú o el envío de armas a Arabia Saudí.
Con gabardinas, sombreros, gafas de sol y un candado gigante. Así se presentaron activistas de Amnistía Internacional esta mañana frente a la sede del Gobierno para reclamar que esta legislatura no puede terminar sin la prometida reforma de la Ley de Secretos Oficiales. España debe avanzar en derechos y esta ley retrógrada se lo impide puesto que es un cerrojo frente al derecho de información, la transparencia y la posibilidad de investigar numerosas violaciones de derechos humanos.

Ante la decisión adoptada hoy por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de no seguir adelante con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Amnistía Internacional, No Somos Delito, Greenpeace, IRIDIA, Defender a quien Defiende, Ris, Novact y Legal Sol, declaramos que:
No continuar con la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Mordaza es una oportunidad perdida y una noticia pésima para los derechos humanos en España. Esta norma ha impactado de forma muy negativa en el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y en los derechos de las personas migrantes y refugiadas, durante los casi 8 años que lleva en vigor.

El uso indebido de balas de goma y otras armas menos letales por la policía contra personas que protestan pacíficamente es cada vez más habitual y da lugar a más lesiones y muertes, señala un nuevo informe global. En España, el uso de proyectiles de goma ha causado al menos una muerte por traumatismo craneal y lesiones graves a 24 personas, incluidos 11 casos de lesiones oculares graves.
Fuerzas de seguridad de todo el mundo hacen uso indebido, de forma habitual, de balas de goma y de plástico y otras armas de aplicación de la ley para reprimir protestas pacíficas y causan terribles lesiones y muertes, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy que pide controles estrictos de su uso y un tratado global para regular su comercio.

Convivir con dos leyes educativas a la vez (una de ellas, implantada a contrarreloj, sin información suficiente ni normativa que la desarrolle) provoca —quizás era esa la intención— una falta de Norte en el profesorado, con la consiguiente parálisis y el malestar aparejado.
Un sistema de evaluación demencial —con criterios inaplicables y donde pesan igual aspectos que no tienen, ni de lejos, la misma importancia—, una implantación desastrosa, una inspección perdidísima, una legislación autonómica inexistente, múltiples incoherencias denunciadas por numerosos departamentos didácticos... Caos, precipitación, desconcierto, provisionalidad.

¿Una ley con freno y marcha atrás?

Casi seis años después de que fueran detenidos por primera vez, el ex presidente y la ex directora de Amnistía Internacional Turquía y otros dos defensores de los derechos humanos deben ser absueltos de los absurdos cargos que se les imputan, ha manifestado Amnistía Internacional antes de su vista, que se reanuda mañana en Estambul.
La vista en primera instancia de Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun se celebra tras la anulación de sus condenas por absurdos cargos de terrorismo por parte del Tribunal de Casación, máximo tribunal de apelación de Turquía.

Oleada de detenciones de intelectuales, activistas y personas que defienden los derechos de las mujeres
Nuevas pruebas de ataques contra civiles en Panjshir
La conservación de pruebas es fundamental para conseguir justicia internacional
Amnistía Internacional insta a los Estados miembros de la ONU a actuar para poner fin a la impunidad y garantizar que se haga justicia para las víctimas de los abusos cometidos por los talibanes, cuando el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán presenta hoy (6 de marzo), en el 52º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, un nuevo informe sobre el país.

Mañana se cumple un año de la detención del periodista español en Polonia.
Un año después de la detención del periodista español Pablo González en Polonia, a 13 kilómetros de la frontera de Ucrania, cuando se encontraba realizando su trabajo informativo, Amnistía Internacional vuelve a mostrar su preocupación por las condiciones de su detención en régimen de aislamiento y pide su puesta en libertad a la espera de juicio.

La comunidad internacional debe adoptar un plan sólido para abordar las peticiones de justicia de las víctimas de la agresión de Rusia contra Ucrania
La comunidad internacional debe adoptar un plan sólido que garantice la justicia de las víctimas de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, manifestó hoy Amnistía Internacional con motivo del primer aniversario de la invasión.
El 24 de febrero de 2022, las fuerzas armadas rusas iniciaron una invasión en gran escala de Ucrania que Amnistía International calificó de “un acto de agresión y una catástrofe para los derechos humanos”. Desde entonces, las fuerzas rusas han perpetrado crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, ataques mortales contra infraestructura civil y lugares de refugio, deportaciones y traslados forzosos de civiles, y homicidios ilegítimos en gran escala cometidos mediante el bombardeo de ciudades.

La sección española de Amnistía Internacional reitera su petición al gobierno para que suspenda de forma inmediata la exportación a Perú de armas letales y material antidisturbios
Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, lo que han supuesto ataques generalizados, dijo Amnistía Internacional hoy al presentar los resultados iniciales de su investigación en el país.

Desde que en el 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha detenido la embestida contra los derechos humanos y cualquier forma de disidencia o crítica. Durante los últimos años, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado cómo las autoridades han utilizado todas las instituciones del Estado para amedrentar, castigar y erradicar cualquier forma de oposición política o defensa de los derechos humanos.   
“En esta nueva ola de violaciones de derechos humanos, Daniel Ortega está pretendiendo sustituir la prisión injusta de quienes levantan la voz y defienden derechos, por el exilio forzado, despojando cruelmente de derechos de cientos de nicaragüenses y reforzando su política de terror y represión para aniquilar cualquier disidencia,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Con motivo de la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos que se celebrará a partir de hoy, Amnistía Internacional exige a ambos países un compromiso claro para investigar lo ocurrido en el puesto fronterizo de Barrio Chino el pasado 24 junio y esclarecer el número de personas fallecidas así como la localización de los desaparecidos.
La entidad exige al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con su obligación de permitir pedir asilo en los puestos fronterizos de las ciudades autónomas. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe eliminar las devoluciones sumarias y contrarias al derecho internacional.

Tras monitorear de cerca la situación en Perú, Amnistía Internacional ha desplegado un equipo especializado en la respuesta de crisis para investigar graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de la ola de protestas que empezó el diciembre pasado.
“El mundo tiene los ojos puestos en Perú. Dada la seriedad de las denuncias de violaciones de derechos humanos que estamos recibiendo, hemos desplegado a nuestro equipo especializado en respuesta de crisis continental, el cual únicamente se despliega en situaciones de extrema gravedad, cuando existen indicios de posibles crímenes de derecho internacional. Nuestro equipo investigará las violaciones de derechos humanos, con la intención de contribuir a los esfuerzos de las organizaciones peruanas en la identificación de presuntas responsabilidades criminales de las autoridades, incluidas al más alto nivel,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Seis instituciones del estado han abandonado a las familias de las víctimas perpetuando la impunidad
Es necesaria la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas las víctimas
“Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir”. Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia.
Casi tres años después del inicio de la pandemia y del decreto sobre el estado de alarma, con 35.000 fallecimientos de personas mayores de residencias, el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del estado.

El gobierno reconocido internacionalmente y las autoridades de facto huzíes deben poner en libertad a todas las mujeres que han cumplido su pena de prisión pero siguen todavía recluidas arbitrariamente por falta de un tutor masculino que se haga cargo de ellas a su liberación, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Las autoridades penitenciarias de distintos puntos de Yemen mantienen encarceladas a las mujeres que han cumplido su condena si ningún tutor masculino aprueba su puesta en libertad o, si sus familiares se niegan a recibirlas, únicamente las transfieren a albergues para mujeres. Condicionar la salida de prisión de una mujer a la aprobación de un tutor masculino es una práctica tradicional que se aplicaba ya mucho antes de que surgiera el conflicto armado en 2015.

La organización considera que el material vendido por España  podría servir para la represión que ha tenido lugar en el país desde que se iniciaron las protestas el pasado 7 de diciembre.  
Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno de España que suspenda “con carácter inmediato” cualquier nueva autorización o envío a Perú de material antidisturbios, armas pequeñas y ligeras y munición, ya que existe un alto riesgo según la organización de que tanto las fuerzas armadas como la policía peruana podrían usarlas para cometer graves violaciones de los derechos humanos.

Las autoridades peruanas deben cesar de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil, como primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país, dijo Amnistía Internacional hoy, tras la muerte de 18 personas, incluyendo un policía en Juliaca, Puno, entre ayer y la madrugada de hoy.Transformación

233.000. Son las personas que habrían muerto desde el año 2015, directa o indirectamente, debido a la guerra en Yemen. Arabia Saudí encabeza la coalición que habría realizado alrededor de 25.000 ataques aéreos y que mantiene un pulso con su rival en la zona, Irán, por el control del país. Más de 2,5 millones de personas se han desplazado internamente, según la ONU, desde el inicio de un conflicto que ha recrudecido el hambre, la falta de agua y las epidemias que ya flagelaban a la población yemení.
34. Son los años de cárcel a los que ha sido condenada Salma al Shebab, una joven saudí, madre de dos hijos y estudiante de doctorado en Reino Unido. Su delito, durante una visita a su país, haber tuiteado a favor de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. Tras 285 días en régimen de aislamiento la condenaron a 6 de años de cárcel, pero el “Tribunal Penal Especializado” aumentó posteriormente la pena a 34 años.

Amnistía Internacional exhorta a las autoridades competentes a llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas para que los hechos de este domingo, 8 de enero, sean debidamente investigados y sancionados. Deben investigarse los ataques y la invasión de edificios públicos, la destrucción de documentos, las violaciones a la seguridad y la integridad física de las personas periodistas que cubrían los acontecimientos y de los agentes de las fuerzas de seguridad agredidos por grupos de civiles. Los intentos de destruir y retirar equipos y cámaras a los profesionales de los medios de comunicación representan una grave violación del derecho a la libertad de expresión y de prensa.
Amnistía Internacional hará un seguimiento de la intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal, decretada hoy por el presidente de la República, Luís Inácio Lula da Silva, en reacción a lo ocurrido.

Familias de personas desaparecidas suman sus voces a una nueva campaña internacional para obtener justicia
La deplorable omisión de las autoridades españolas y marroquíes en lo relativo a cuanto a establecer la verdad y garantizar la justicia para al menos 37 personas subsaharianas fallecidas y otras 77 que continúan en paradero desconocido, tras los letales sucesos que tuvieron lugar en la frontera del enclave español de Melilla, denota encubrimiento, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado cuando van a cumplirse seis meses de la tragedia.

Más personas mayores asesinadas y heridas que de otros grupos al no poder acceder a alojamiento en el desplazamiento tras la invasión rusa: nuevo informe
Personas mayores viven en casas dañadas y en condiciones peligrosas
Debido a la invasión de Rusia, miles de personas mayores desplazadas viven en instituciones estatales desbordadas
“Durante la invasión de Rusia, ha sido desproporcionado el número de muertes y heridas entre personas de más edad, que no pueden acceder a viviendas en igualdad de condiciones con otras personas tras ser desplazadas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe, titulado ‘I used to have a home’: Older people’s experience of war, displacement, and access to housing in Ukraine, documenta cómo las personas de más edad se quedan a menudo en zonas afectadas por el conflicto o no pueden huir de ellas, lo que las expone a sufrir perjuicios y a condiciones de vida peligrosas en viviendas gravemente dañadas. Gran parte de las que huyen no pueden pagar un alquiler, y miles han tenido que quedarse en instituciones estatales desbordadas que no tienen personal suficiente para proporcionar el nivel de cuidados necesario.

Con motivo de la celebración de este día, Sant’Egidio ha invitado a España a Delia Pérez Meyer, cuyo hermano Louis Castro lleva más de 20 años en el corredor de la muerte en Texas. Delia explicará su testimonio en universidades y colegios de Madrid y Barcelona, llegando así a miles de jóvenes, en unas jornadas de reflexión y sensibilización sobre la pena capital. “Precisamente ahora que el mundo está sufriendo el impacto de la guerra en Ucrania, queremos continuar apostando por una sociedad que defienda los derechos humanos y la vida de toda persona, sin renunciar por ello a la justicia. Luchar contra la pena capital es luchar por un mundo más pacífico y más humano, lanza un potente mensaje contra todas las violencias que buscan una legitimación, es una respuesta a todas las muertes violentas y restituye la voz de las víctimas”, declararon responsables de la organización.

Fuerzas rusas torturaron y deportaron a civiles de Ucrania
Niños y niñas separados de sus familias tras traslado forzoso
Personas de edad avanzada, personas con discapacidad, y menores de edad luchan para salir de Rusia
”Las autoridades rusas han sometido a traslado forzoso y a deportación a civiles desde las zonas ocupadas de Ucrania, lo que constituye crímenes de guerra y, probablemente, crímenes de lesa humanidad”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, titulado “Like a Prison Convoy”: Russia’s Unlawful Transfer of Civilians in Ukraine and Abuses During ‘Filtration’, detalla cómo las fuerzas rusas y controladas por Rusia sometieron a traslado forzoso a civiles desde la Ucrania ocupada a zonas sometidas al control de este país. Durante el proceso, se separa a niños y niñas de sus familias, lo que viola el derecho internacional humanitario.

La protesta, en la que participarán más de un centenar de activistas, tiene lugar mientras los grupos parlamentarios siguen negociando la reforma de una ley que desde hace siete años ha puesto en peligro el derecho a la protesta en España
Madrid, 8 de noviembre de 2022.- Amordazadas y en silencio. Así han comenzado un grupo de activistas hoy a las 8 de la mañana la manifestación “Ni Ley Mordaza, ni Mordaza maquillada. Gobierno, cumple tu palabra”, que está previsto que dure doce horas en la Plaza de las Cortes frente al Congreso de los Diputados de Madrid. Su objetivo, presionar al Gobierno y a los grupos parlamentarios en medio de las negociaciones para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’. Una norma que según las organizaciones “desde hace siete años ha puesto en peligro el derecho de protesta en nuestro país”.

Nueva investigación de Amnistía Internacional cuando el debate sobre la Ley Mordaza está abierto en el Congreso
La organización pide expresamente al Gobierno que garantice el derecho de manifestación pacífica y a los Grupos Parlamentarios los cambios legislativos que lo faciliten modificando la Ley Mordaza y el Código Pena
Amnistía Internacional presenta una visión completa de las diferentes mordazas y obstáculos que el derecho a la protesta pacifica enfrenta en España, tras siete años de restricciones indebidas justo en el momento en el que hay abierto en el Congreso un debate sobre libertad de expresión, reunión y manifestación, con la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana (LOSC).
“Esta nueva investigación muestra la necesidad de cambiar el rumbo legislativo, policial y judicial para facilitar y garantizar, de acuerdo a los estándares internacionales, el derecho humano a la protesta en España”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Más de 760.000 personas de 218 países y territorios han sumado sus voces a las peticiones de que se establezca un mecanismo independiente de la ONU que lleve a cabo investigaciones como un paso para hacer rendir cuentas por los más graves crímenes de derecho internacional cometidos en Irán. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El 2 de noviembre, Nazanin Boniadi, actriz británica-iraní y embajadora de Amnistía Internacional Reino Unido, transmitió a funcionarios de las Naciones Unidas en Nueva York las peticiones populares de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emprenda acciones inmediatas. También entidades nacionales de Amnistía Internacional en todo el mundo han entregado peticiones a sus ministerios de Asuntos/Relaciones Exteriores.

Amnistía Internacional comparte la preocupante denuncia de Expertos de la ONU realizada este lunes 31 de octubre ante la alarmante falta de rendición de cuentas, meses después de que decenas de migrantes, entre ellos refugiados y solicitantes de asilo, murieran durante violentos encuentros con las fuerzas de seguridad fronterizas en Melilla.
La ONU expresó su preocupación ya en el mes de julio tras constatar la muerte de al menos 37 africanos y decenas de heridos por el uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden marroquíes y españolas.
Condenaron “la violencia documentada en los vídeos de las escenas en la puerta de Melilla que revela trágicamente el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, es decir, la exclusión racializada y la violencia mortal desplegada para mantener fuera a las personas de ascendencia africana y de Oriente Medio, y a otras poblaciones no blancas, sin tener en cuenta sus derechos en virtud del derecho internacional de los refugiados o de los derechos humanos.”