Amnistía Internacional celebró el archivo de la causa sobre la parodia de la Virgen del Rocío emitida en TV3 y lo considera un precedente esperanzador
Ante la declaración hoy del editor de la revista satírica Mongolia, Darío Adanti, en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid por “ofensas a los sentimientos religiosos”, Amnistía Internacional vuelve a lamentar que los responsables de la revista tengan que afrontar esta causa y reclama la urgente modificación de los artículos del Código Penal que atentan contra la libertad de expresión y que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos.
“La protección de conceptos abstractos o creencias religiosas no es un motivo admisible para restringir la libertad de expresión. El delito de ofensa contra los sentimientos religiosos debe desaparecer de una vez del Código Penal para que no se repitan situaciones como la que hoy afrontan los editores de Mongolia”, ha señalado Daniel Canales, portavoz de Amnistía Internacional España.

“Un acuerdo en la cumbre de la COP28 para poner fin a la producción y al uso de combustibles fósiles es vital para evitar una catástrofe climática global y que no se agrave una crisis de derechos humanos sin precedentes que amenaza los derechos de miles de millones de personas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En el informe titulado Combustibles letales, Amnistía Internacional pide a las partes en la COP28, que comienza este mismo mes, que acuerden una eliminación de los combustibles fósiles de forma completa, equitativa, rápida y financiada, y una transición a energías renovables compatible con los derechos humanos y que facilite el acceso de todo el mundo a la energía.
“Durante decenios, el sector de los combustibles fósiles se ha dedicado a desinformar sobre la crisis climática. La verdad es que los combustibles fósiles están poniendo en peligro nuestro futuro, ya que están causando estragos en el clima global y generando una crisis de derechos humanos de magnitud sin precedentes”, ha afirmado Candy Ofime, asesora jurídica sobre justicia climática de Amnistía Internacional.

En vísperas del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se celebrará en Bruselas el lunes, y en el que se debatirá la actual escalada del conflicto en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Amnistía Internacional insta a los ministros y ministras que asistan a pedir un alto el fuego inmediato acatado por todas las partes enfrentadas. La catástrofe humanitaria y de derechos humanos cada vez más grave que se extiende por Gaza debe terminar urgentemente.
“La violencia que estamos presenciando en Gaza es tan absolutamente aterradora que resulta difícil de concebir. Pero no debemos apartar la vista. Los ministros y ministras europeos deben pedir un alto el fuego inmediato acatado por todas las partes. El cese de los combates podría salvar la vida de miles de civiles y detener la imparable espiral descendente de esta catástrofe humanitaria y de derechos humanos causada por el hombre”, ha manifestado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

En los últimos cinco años el Estado colombiano ha respondido de manera insuficiente ante los graves riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar un nuevo informe, Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa. Ante la crisis, Amnistía Internacional insta a las autoridades a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos tengan un espacio propicio y seguro para hacer su labor.
“Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos en Colombia que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan. Entre 2020 y 2023, hemos observado que las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país. Ante esta crisis, nuestra investigación deja clara la necesidad de una respuesta institucional fuerte, integrada y coordinada”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La información contenida en el presente comunicado de prensa puede resultar provocadora para algunas personas.
Una investigación técnica en colaboración con Algorithmic Transparency Institute y AI Forensics reveló que, tras utilizar la plataforma 5 o 6 horas, prácticamente 1 de cada 2 vídeos estaba relacionado con la salud mental y era potencialmente nocivo, cifra que multiplicaba aproximadamente por 10 el volumen presentado a cuentas sin interés por la salud mental.
Se produjo un efecto “espiral” aún más rápido cuando el equipo investigador visualizó de nuevo manualmente los vídeos relacionados con la salud mental sugeridos a las cuentas “sock puppet” que imitaban a personas usuarias de 13 años en Kenia, Filipinas y Estados Unidos.
Pasados entre 3 y 20 minutos de investigación manual, más de la mitad de los vídeos del feed “Para ti” estaban relacionados con problemas de salud mental y muchos de los vídeos recomendados en una sola hora idealizaban, normalizaban o animaban al suicidio.

Niños y niñas que viajan solos detenidos junto a adultos y con sus pertenencias confiscadas

“La policía me quitó el teléfono al llegar a Canarias. Mi hermano murió ahogado en 2020 y yo no pude decir a mi madre que había llegado hasta nueve días después”.
 Amnistía Internacional ha detectado, dos años después de la anterior crisis y ante un nuevo repunte de llegadas a Canarias, que continúan sin solucionarse aspectos clave para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, especialmente de los y las menores que viajan solos.
Madrid.- Falta de información sobre sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo; ausencia de asistencia letrada y de interpretación de calidad; niños y niñas no acompañados a quienes la policía no identifica, detenidos y enviados a centros para personas adultas y que ven sustraídas sus pertenencias; y falta de infraestructuras para una adecuada recepción en la isla de El Hierro, donde el repunte de llegadas ha sido más acuciante en esta nueva emergencia, son algunos de los problemas estructurales a los que las autoridades no han dado solución después de que octubre se convirtiera en uno de los meses con un mayor número de llegadas de personas migrantes y posibles refugiadas a las islas Canarias.

Meta, la empresa matriz de Facebook, contribuyó a la comisión de abusos graves contra los derechos humanos de la comunidad tigriana en Etiopía, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“Sentencia de muerte para mi padre”: Contribución de Meta a los abusos contra los derechos humanos en el norte de Etiopía, muestra cómo, una vez más, Meta ha eludido tomar medidas adecuadas para detener la difusión de contenidos que hacen apología del odio y la violencia, en esta ocasión dirigidos contra la población tigriana durante el conflicto armado que se libró en el norte de Etiopía entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022.
Amnistía Internacional ya ha puesto de relieve anteriormente la contribución de Meta a la comisión de violaciones de derechos humanos contra la población rohinyá en Myanmar, y ha advertido de la reiteración de estos daños si el modelo empresarial y los algoritmos que configuran los contenidos de Meta no se sometían a una profunda reforma.

Ante la información verosímil recibida por Amnistía Internacional de que el Tribunal Supremo de Arabia Saudí ha confirmado en secreto sendas condenas a muerte impuestas a dos varones jóvenes que tenían menos de 18 años cuando cometieron los delitos que se les imputan, sin notificarlo a sus familias ni a sus abogados, Dana Ahmed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio, ha declarado:
“Abdullah al Derazi y Jalal Labbad fueron declarados culpables de cargos de terrorismo por su participación en protestas contra el gobierno en juicios manifiestamente injustos que se basaron principalmente en confesiones obtenidas bajo tortura. Las autoridades los han condenado a muerte incumpliendo sus propias promesas de acabar con el uso de la pena capital en casos de personas que fueran menores de edad cuando cometieron los delitos de los que se las acusa. Los jóvenes podrían ser ejecutados en cualquier momento una vez que el rey ratifique sus condenas, puesto que han agotado ya todos los recursos legales nacionales”.

El 21 de octubre de 2023, el ejército israelí dejó caer en el norte de Gaza folletos en los que ordenaba la “evacuación” inmediata de la población residente. Los folletos ordenaban a los y las residentes que abandonaran la zona de inmediato, declaraban sus vidas en peligro y manifestaban explícitamente que “toda persona que opte por no abandonar el norte de la Franja [de Gaza] hasta el sur de Wadi Gaza puede ser considerada cómplice de una organización terrorista”. Esto sucedió una semana después de que el ejército israelí diera un ultimátum en el que advertía a los 1,1 millones de personas que residen en esa zona que se marcharan hacia el sur.
En respuesta a los últimos acontecimientos, Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, ha manifestado:

A cuatro años de la respuesta represiva de las policías a las movilizaciones sociales, las víctimas aún no consiguen una reparación integral, la reforma estructural a Carabineros no avanza, y la impunidad persiste en el país, dijo Amnistía Internacional en el aniversario del estallido social en Chile.
“La reforma a Carabineros es la medida de garantía de no repetición por excelencia que debe asumir el Estado. Las víctimas y la sociedad en su conjunto deben saber que las autoridades están actuando para que los crímenes perpetrados durante el estallido social no se repitan. Lamentablemente a esta altura existen más dudas que certezas respecto al compromiso del gobierno en esta materia. Es urgente que se entienda la necesidad de que la reforma a Carabineros avance, sea profunda y estructural”, menciona Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Se están vendiendo armas tales como gas lacrimógeno, balas de goma, porras y granadas paralizantes a países que las usan para reprimir violentamente las protestas
Se ha identificado a empresas de China, Francia-Italia, Corea del Sur y Estados Unidos
La regulación global del comercio es totalmente inexistente
“Las empresas que producen estas armas tienen el deber de poner fin a su irresponsable comercio de material para hacer cumplir la ley” - Patrick Wilcken
Las empresas que venden armas menos letales a países que abusan de ellas para reprimir protestas, y los Estados que conceden licencias para estas exportaciones, están alimentando una crisis global de derechos humanos y deben detener este irresponsable comercio. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una nueva investigación publicada hoy.

Amnistía Internacional se dirige a todos los Ministros europeos de Asuntos Exteriores y al Alto Representante de Asuntos Exteriores con ocasión de la reunión de emergencia sobre Israel/Gaza
“Estamos profundamente preocupados por las graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra cometidos por todas las partes en los últimos días en Israel y Gaza. Como líderes de la Unión Europea, sus acciones en las próximas horas tendrán importantes consecuencias para las vidas de millones de palestinos e israelíes, y afirmarán o denegarán la percepción de la UE como un actor imparcial comprometido con los derechos humanos para todos”, señala la organización, de cara a la reunión de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, que tendrá lugar este martes para analizar los terribles acontecimientos de los últimos días en la región.

La Declaración de Granada debería recoger la transición ecológica como prioridad ya que, de momento, pone el foco en seguridad, defensa, migración y en la ampliación de la UE
La Declaración es un documento clave para el futuro, puesto que servirá de base para fijar las directrices que debe seguir la Unión Europea en los próximos cinco años
Cabe subrayar que la cumbre de Granada, que reúne hoy y mañana a los jefes de gobierno de la UE, se celebra a una temperatura extraordinaria de 33 grados en octubre, evidenciando que la crisis climática azota ya con más fuerza que nunca

Ante la noticia de que los dirigentes de la Unión Europea (UE) han acordado una postura frente a los repentinos incrementos de llegadas a las fronteras de Europa y a los casos de “instrumentalización” de las personas migrantes, que permitiría a los Estados miembros de la UE desviarse de las normas habituales de asilo y recepción del bloque, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:
“Las personas que llegan a las fronteras de la UE deben poder solicitar asilo, tener un examen justo de su solicitud y ser recibidas con dignidad. Este acuerdo no servirá para mejorar la protección de solicitantes de asilo en la UE y con él se corre el riesgo de que estas personas queden atrapadas, detenidas o sumidas en la miseria a lo largo de las fronteras de Europa. Negar sus derechos a quienes solicitan asilo es peligroso, y es una respuesta desproporcionada a situaciones que los países podrían abordar perfectamente aplicando las normas existentes.

Con motivo del quinto aniversario el 2 de octubre del asesinato sancionado por el Estado del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
“Cinco años después del brutal asesinato de Jamal Khashoggi que conmocionó al mundo, el camino a la justicia por su muerte sigue totalmente bloqueado. Aún no ha habido una investigación penal independiente e imparcial sobre el papel desempeñado por altos cargos sino que, en su lugar, las autoridades saudíes continúan con su implacable represión de la libertad de expresión con total impunidad.”

“Autoridades de todo el mundo recurren cada vez más al uso ilegítimo de la fuerza y a la legislación represiva para aplastar las protestas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de un mapa digital interactivo que expone el impresionante aumento de la represión de quienes protestan, a manos de Estados de todo el planeta.
El mapa global, que forma parte de la campaña global de Amnistía Internacional Protejamos la Protesta, cartografía las numerosas violaciones de derechos humanos que se perpetran en todo el mundo contra las personas que protestan. Muestra que los gobiernos tratan las protestas como una amenaza en lugar de como un derecho, y que los agentes encargados de hacer cumplir la ley creen que su papel es reprimir y someter a quienes protestan en lugar de facilitar que ejerzan sus derechos. Como consecuencia, miles de personas son dispersadas ilegítimamente, arrestadas, golpeadas e incluso asesinadas durante manifestaciones. También afrontan consecuencias devastadoras después, sólo por participar en protestas.

El Fiscal General del Estado, en su memoria anual, ha incluido actividades de las organizaciones ecologistas Extinction Rebelion y Futuro Vegetal bajo el epígrafe “Terrorismo Nacional”. Amnistía Internacional reclama a esta institución que considere el carácter pacífico de las actividades de estas organizaciones, y reconozca que sus acciones están amparadas por el derecho a la libertad de reunión pacífica. El año pasado dicha memoria ya incluyó acciones de organizaciones ecologistas dentro del apartado “terrorismo internacional", indicando que esos grupos se estaban asentando en España.

El uso desproporcionado de las normas penales es una de las amenazas principales al derecho de protestar pacíficamente para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar un nuevo informe. México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente documenta el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos.
“El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta la violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La comunidad internacional debe buscar vías de justicia en el plano internacional a fin de abordar la impunidad sistémica de los funcionarios iraníes responsables de cientos de homicidios ilegítimos de manifestantes y de torturas generalizadas, ha declarado Amnistía Internacional hoy, cuando se cumple un año del levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”.
A lo largo del año pasado, las autoridades iraníes han cometido un sinfín de crímenes de derecho internacional para erradicar cualquier desafío a su férreo control del poder. Se trata de cientos de homicidios ilegítimos, la ejecución arbitraria de siete manifestantes, decenas de miles de detenciones arbitrarias, tortura generalizada —incluida la violación bajo custodia—, el hostigamiento generalizado de familiares de víctimas que exigen verdad y justicia, y represalias contra mujeres y niñas que cuestionan la legislación discriminatoria que impone el uso obligatorio del velo.

La ampliación de las minas de cobalto y cobre a escala industrial en República Democrática del Congo ha dado lugar al desalojo forzoso de comunidades enteras y a graves abusos contra los derechos humanos, incluidas agresiones sexuales, incendios y palizas.
En un informe titulado Powering Change or Business as Usual?, Amnistía Internacional y la organización Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains, IBGDH), con sede en República Democrática del Congo, exponen cómo la pugna de empresas multinacionales por ampliar las actividades mineras ha dado lugar a la expulsión de comunidades de sus viviendas y tierras de cultivo.

Para sanar las heridas provocadas por el régimen militar liderada por Augusto Pinochet, Chile debe aprender de su historia y reconstruir las bases de una sociedad más respetuosa de la dignidad humana, dijo Amnistía Internacional en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio pie a innumerables crímenes de derecho internacional y a crueles violaciones de derechos humanos en el país.
Durante el régimen de Pinochet se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvió el Congreso y se declaró estado de sitio en todo el país. Infringir tortura y hacer desaparecer a personas, entre otras prácticas, se convirtieron en política de Estado. Según cifras oficiales, el régimen dejó 40.175 víctimas, entre ellas personas torturadas, ejecutadas, detenidas y desaparecidas, y según registros del Observatorio Justicia Transicional en más del 70% de los casos de personas ejecutadas o desaparecidas no ha habido justicia, verdad ni reparación.

Pese a haberse firmado el Acuerdo de Cese de Hostilidades (ACH), en Tigré han seguido perpetrándose atrocidades contra la población civil.
Tras la firma del ACH, las Fuerzas de Defensa de Eritrea (FDE) han ejecutado extrajudicialmente a civiles y esclavizado sexualmente a mujeres durante meses.
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU debe renovar el mandato de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía para preservar las pruebas de los crímenes de derecho internacional y respaldar futuros esfuerzos de rendición de cuentas.
Las FDE cometieron crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad en la región de Tigré, inmediatamente antes y después de firmar un Acuerdo de Cese de Hostilidades (ACH) entre el gobierno federal de Etiopía y el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) en noviembre de 2022, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

“Las autoridades sirias deben asegurarse de garantizar el derecho a la vivienda de las personas que residían en edificios de viviendas de Alepo afectados por el terremoto”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en medio de la preocupación por las demoliciones ilegales de edificios considerados inseguros como consecuencia de los terremotos del 6 de febrero y las informaciones sobre obstáculos burocráticos para quienes tratan de reparar sus viviendas dañadas.
“Han pasado varios meses desde que miles de personas de Alepo, a causa de los terremotos, perdieron su hogar o sufrieron daños en los edificios donde vivían. Nos preocupa la posibilidad de que la forma en que se están aplicando las medidas de seguridad en los edificios se sume a las dificultades que sufren miles de sobrevivientes del seísmo”, afirmó Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria

Según ha manifestado esta mañana Amnistía Internacional, un nuevo libro de texto de historia que, entre otras cosas, justifica la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania como un acto legítimo de autodefensa y vulnera los derechos de los niños y niñas a una educación apropiada y de calidad, constituye un intento peligroso de adoctrinar a las generaciones futuras.
El libro de texto, que abunda en los tópicos de la propaganda oficial rusa e intenta justificar las acciones ilegales de Rusia —desde la anexión de Crimea en 2014 a la invasión en gran escala de Ucrania en 2022— formará parte obligatoriamente del currículo del alumnado de secundaria en toda Rusia y los territorios ucranianos ocupados por Rusia, que reanudan la actividad escolar el 1 de septiembre.
“El libro oculta la verdad y distorsiona los hechos relacionados con las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas rusas contra la población de Ucrania”, ha afirmado Anna Wright, investigadora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
“El adoctrinamiento de los niños y niñas en una etapa de su desarrollo en la que son vulnerables es un intento cínico de erradicar la cultura, el patrimonio y la identidad ucranianos, así como una violación de su derecho a la educación”, manifestó Anna Wright.

“Las autoridades saudíes deben anular la sentencia condenatoria y la pena de muerte impuestas el 9 de julio por el Tribunal Penal Especializado a Mohammad bin Nasser al Ghamdi, profesor retirado de 54 años, exclusivamente por su actividad pacífica online en Twitter y YouTube, y ponerlo en libertad inmediatamente”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El hermano de Al Ghamdi dijo a Amnistía Internacional que fuerzas de Seguridad del Estado habían detenido a Mohammad el 11 de junio de 2022, cuando estaba sentado con su esposa e hijos delante de su casa en el barrio de Al Nawwariyyah, en la ciudad de La Meca. Explicó que Mohammad estuvo recluido cuatro meses en régimen de aislamiento en la prisión de Dhahban, cerca de Yeda, tiempo durante el cual no se le permitió contactar con su familia ni con un abogado. Sólo le permitieron contactar con su familia cuando, unos cuatro meses después, fue trasladado a la prisión de Al Hai’ir, en Riad.

“El primer aniversario del demoledor informe de la ONU sobre Xinjiang constituye un severo recordatorio de la necesidad de que China rinda cuentas por crímenes de lesa humanidad en el contexto de una respuesta ‘lamentablemente insuficiente’ de la comunidad internacional”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El 31 de agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó su largo tiempo esperada evaluación de la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en la que concluía que las violaciones de derechos por el gobierno chino contra la población uigur y otras minorías predominantemente musulmanas —incluidas la tortura y el encarcelamiento masivo en campos de internamiento— podrían “constituir […] crímenes de lesa humanidad”.

Tras la devolución por parte del Gobierno español de 168 personas a Senegal, tras ser rescatadas por la Guardia Civil cuando llevaban seis días frente a las costas de Mauritania, Carlos Escaño, responsable de campañas sobre migraciones de Amnistía Internacional España, señala:
“Amnistía Internacional considera que la devolución colectiva a Senegal de estas 168 personas, de confirmarse la ausencia de garantías básicas como son la asistencia letrada y traducción, y la vulneración del derecho a ser informadas de sus derechos y a solicitar asilo, constituye una práctica de devolución colectiva por parte de España contraria al derecho internacional de los derechos humanos”.

El próximo 30 de agosto es el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Te paso algo de información por si te pudiera ser de utilidad.
Las víctimas de desaparición forzada son personas cuyos familiares y amigos no saben dónde están, que han sido secuestradas en la calle o en su domicilio por representantes del Estado, o por actores armados no estatales, que luego niegan los hechos.
En la mayoría de los casos, las víctimas de desaparición forzada nunca son liberadas y su suerte sigue siendo desconocida. Con frecuencia son torturadas y muchas son asesinadas o viven con el temor constante de ser asesinadas.
Esta falta de información, esta ausencia de revelación del paradero de una persona también afecta a familiares y amistades de las personas desaparecidas, que se encuentran ante la nada, entre la esperanza y la desesperación.

“Meta debe indemnizar inmediatamente a la comunidad rohinyá por el papel que desempeñó Facebook en la limpieza étnica de este perseguido grupo minoritario”, ha declarado Amnistía Internacional hoy, sexto aniversario de la brutal operación del ejército de Myanmar en la que violaron a mujeres y niñas rohinyás, incendiaron pueblos enteros y mataron a miles de personas.
Los algoritmos de Facebook y el implacable afán de lucro de Meta crearon una cámara de resonancia que contribuyó a fomentar el odio a la población rohinyá y a que se dieran las condiciones que forzaron al grupo étnico a huir en masa de Myanmar.
“Han pasado seis años desde que Meta contribuyó a las terribles atrocidades perpetradas contra la población rohinyá. No obstante, y a pesar de que destaca como uno de los ejemplos más atroces de la implicación de una empresa de redes sociales en una crisis de derechos humanos, la comunidad rohinyá sigue esperando una indemnización de Meta”, ha afirmado Pat de Brún, responsable del área de Rendición de Cuentas de las Grandes Empresas Tecnológicas en Amnistía Internacional.”

Este verano tórrido, donde parece que el calor quiere subir todas las cimas, haciendo que la canícula del pasado parezcan ridículas ante las nuevas marcas, que año tras año se hace con el título del Lorenzo más desalmado desde que la humanidad tiene instrumento para medirlo. Hay un higueral pequeño frecuentado por algunos vecinos y vecinas, también por mí, todas las mañanas cojo un par de sus frutos, mientras el perro disfruta de un breve paseo por el principio de una sierra cada vez más amenazada por las construcciones internas y externas, incendios... Las resistentes higueras, no se quejan de la falta de agua y encima te obsequian con algo de frescura y azúcar para que puedas proseguir tu paseo con cierto estímulo, sin deseo de buscar desesperadamente el ventilador o ese aire acondicionado que te permite obtener temperaturas donde moverse no signifique el arrastre de tu cuerpo. De alguna manera intento agradecer a estos árboles que estén ahí, me hacen participe desde que comenzó la estación de mi niñez rural. Por otro lado, me impresionó volver a ver los milanos reunirse para dar el salto a otro continente, no los veía por aquí desde hace algunos años. Observé también abejarucos, nada que ver con las cantidades del pasado, así como golondrinas, bastantes escasas por aquí arriba este año. En la playa, los niños y niñas jugando a hacer hoyos, descubrieron coquinas que terminaron devolviéndolas al agua. Son señales que nos alegran el día, imprescindibles de alguna forma para saber que tenemos posibilidades. Lograr que las fábulas de antaño sobre la naturaleza pueblen los cuento y leyenda de los niños y niñas de nuestro pueblo. Logrando dejar en el banquillo de los juegos, aunque sea por un momento, a nintendo switch, moviles...etc

Ante la muerte de 19 personas, probablemente migrantes y refugiadas, los días 21 y 22 de agosto en los incendios que afectan a la región de Evros, en el norte de Grecia, Adriana Tidona, investigadora de Amnistía Internacional sobre migración, ha declarado:
“Las 19 personas fallecidas en los incendios forestales del norte de Grecia son aparentemente víctimas de dos grandes injusticias de nuestra época. Por una parte, el catastrófico cambio climático, que los gobiernos no están abordando y que está agravando la magnitud de los incendios forestales en todo el mundo, pues el aumento de las temperaturas da lugar a temporadas de incendios más largas y más destructivas. Por otra, la falta de acceso a vías seguras y legales para algunas personas en movimiento y la persistencia de unas políticas de gestión de la migración basadas en la exclusión racializada y la disuasión letal, incluida la violencia racista en las fronteras.”

El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas ha  lamentado la falta de una investigación efectiva sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en la valla de Melilla el 24 de junio de 2022 y ha reclamado al Estado español iniciar con urgencia “una investigación imparcial” sobre lo ocurrido ese día en la frontera hispano-marroquí, así como adoptar las medidas necesarias para que hechos similares no vuelvan a ocurrir.
En su comparecencia previa a la publicación de las conclusiones finales al examen a España, el presidente del Comité también mostró su preocupación por la persistencia de las expulsiones sumarias y ‘en caliente’ y reclamó mayores garantías para que cualquier solicitante de asilo tenga acceso a un procedimiento justo y eficaz.

En respuesta a la convocatoria de organizaciones sociales de todo Perú de nuevas movilizaciones en Lima, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Amnistía Internacional pide a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros y ministras que manden un mensaje claro a las fuerzas de seguridad en todo el país de que su deber es facilitar y proteger el derecho a la protesta, y que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza contra las personas manifestantes. Durante los últimos meses, la policía y el ejército han hecho uso ilegítimo de la fuerza en reiteradas ocasiones, lo que le ha costado la vida a decenas de personas. Estas espantosas escenas de represión del Estado no deben repetirse. Las autoridades deben garantizar que en ningún caso se emplean balas ni perdigones de plomo para responder a las protestas. En el caso de gas lacrimógeno, los agentes encargados de hacer cumplir la ley sólo deben recurrir a este en casos totalmente excepcionales, cuando sea estrictamente necesario, para un objetivo legítimo, de manera legal y proporcionada.”

El gobierno iraquí ha vuelto a presentar en el Parlamento dos proyectos de ley que, de aprobarse, restringirían gravemente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de la población iraquí, según han declarado hoy Amnistía Internacional y la Fundación INSM para los Derechos Digitales en Irak.
La nueva presentación de estos proyectos de ley coincide con una avalancha de encausamientos de personas críticas con figuras gubernamentales, así como con una campaña emprendida por el ministro del Interior para reprimir el “contenido indecente” en Internet. Entre enero y junio de este año, las autoridades procesaron al menos a 20 personas por el ejercicio pacífico de su derecho humano a la libertad de expresión. Seis de ellas fueron condenadas a penas de prisión, pero ya han sido puestas en libertad.

CeAqua, Amnístia Internacional, Centro SIRA e Irídia. Comunicadode prensa conjunto
Se suspende en el mismo juzgado la que iba a ser la primera declaración de víctimas de torturas del franquismo ante tribunales españoles.
Se trataba de un hecho de gran trascendencia y excepcionalidad no solo para el querellante, sino para las más de cien personas que han presentado querellas en los últimos 6 años.
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha decidido suspender las declaraciones que se habían fijado para hoy como consecuencia de las torturas que sufrió Julio Pacheco Yepes en agosto de 1975, en la Dirección General de Seguridad. Esta querella iba dirigida contra diferentes miembros de la Brigada Político-Social que participaron en los hechos, entre los cuales se encuentra el ex comisario José Manuel Villarejo. Debemos recordar que los hechos denunciados en la querella constituyen crímenes contra la humanidad, al haberse producido en un contexto de ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) deben abordar con urgencia los graves problemas de derechos humanos que afrontan sus respectivos continentes, ha declarado hoy Amnistía Internacional en una carta abierta a los líderes y lideresas que asistirán a la cumbre de ambos organismos regionales que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio.

España se calienta a un ritmo más rápido que la media mundial: se prevé una subida de 2 ºC en los próximos 20 años
Nuestro país será más árido y experimentará sequías diez veces peores que las actuales
La temporada de incendios se alargará, con el riesgo de que sean más grandes e intensos
Greenpeace pide a la ciudadanía que el 23J vote por propuestas dirigidas a afrontar la emergencia climática, por una vida mejor hoy y para el futuro
Madrid, 5 de julio de 2023.- España ya se encuentra entre los países del mundo que más está sufriendo los impactos del cambio climático. Así lo asegura el informe que Greenpeace ha presentado hoy: "Carrera climática contrarreloj: cambio climático y eventos meteorológicos extremos en España" elaborado por la Unidad Científica de Greenpeace en la Universidad de Exeter (Reino Unido) donde, a través de una revisión de las publicaciones científicas existentes hasta el momento, se detallan las tendencias y previsiones de los impactos futuros del cambio climático y los eventos meteorológicos extremos en España.
RECURSOS GRÁFICOS E IMÁGENES DISPONIBLES AQUÍ.

La organización de derechos humanos señala seis prioridades en las que el Gobierno español puede avanzar “desde el primer día” de la presidencia española del Consejo de la UE.
La invasión de Rusia  a Ucrania, el aumento de las tensiones geopolíticas, el empeoramiento de la crisis climática, los nuevos desafíos para la protección del sistema internacional de derechos humanos y para quienes los defienden, el retroceso en el Estado de Derecho, el creciente movimiento antigénero dentro de la Unión Europea, y el inaceptable número de personas fallecidas y desaparecidas mientras se ha abandonado una política europea común de rescate en el mar y algunos gobiernos criminalizan a personas y ONG que rescatan gente en el mar. Este es el escenario en el que comienza la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea (UE)  el próximo 1 de julio.
Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como representante de la Presidencia Española, pidiéndole que en estos seis meses se prioricen seis aspectos importantes para contribuir a la protección  de los derechos humanos:

Octavo aniversario de la entrada en vigor de La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
En todo este tiempo, las autoridades han propuesto al menos 250.300 sanciones basadas en artículos que afectan al derecho a la protesta pacífica y han multado a una decena de organizaciones sociales que no representan ningún peligro para la seguridad ciudadana.
Las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, Irídia, Novact, Defender a Quien Defiende, Comisión Legal Sol, Rights International Spain y la plataforma No Somos Delito, solicitan a los partidos políticos que atiendan de forma urgente las recientes recomendaciones de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que subrayó cómo la aplicación de la Ley Mordaza y de algunos artículos del Código Penal continúan teniendo un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, especialmente sobre defensores de derechos humanos y periodistas, generando un efecto desmovilizador en la ciudadanía.

Las leyes LGBTI acercan España a la Europa que defiende los derechos humanos
Amnistía Internacional pide a los diferentes partidos políticos que se comprometan sin ambigüedades a consolidar los avances en la próxima legislatur
Activistas de la organización participarán en más de 12 marchas y actos del Orgullo en todo el Estado para recordar que los derechos LGBTI deben consolidarse
En el marco de las elecciones generales, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña El país donde quiero vivir en el que pide un país en el que se respeten los derechos LGBTI
España es uno de los países europeos que avanza en el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGBTI y la tendencia positiva debe continuar y celebrarse. España es el cuarto país europeo en cuanto a derechos LGBTI de un total de 49, según los datos de ILGA-Europa. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la Ley Trans, junto a leyes LGBTI autonómicas, lo han hecho posible.

Las autoridades cubanas deben liberar a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo Pérez de forma inmediata e incondicional, dijo Amnistía Internacional hoy al cumplirse un año desde que fueran condenados injustamente a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, en un proceso legal que no respetó las garantías del juicio justo.
“La continua detención arbitraria de Luis Manuel y de Maykel es parte de un patrón de represión basado en encarcelar a toda costa a quienes disienten de las autoridades. Estas detenciones buscan generar un efecto paralizador del activismo y silenciar la libertad de expresión en Cuba”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Estas condenas son una muestra de la crueldad que el gobierno del presidente Díaz-Canel está dispuesto a ejercer sobre cualquier persona que critique a las autoridades cubanas. Las autoridades deberían abandonar el uso del sistema penal para reprimir a la población, y tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía”.

  • Hay todavía al menos 22 cuerpos no identificados en la morgue de Nador en Marruecos.
    • Activistas de Amnistía Internacional se unirán mañana a la "I Marcha por la Justicia 24J" en Melilla.
“Las familias de las personas fallecidas o en paradero desconocido están atrapadas en la incertidumbre mientras el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes obstaculizan sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos para obtener justicia, verdad y reparación”, ha declarado Amnistía Internacional la víspera del primer aniversario de los sucesos mortales ocurridos en la frontera del enclave español de Melilla.
Al menos 37 personas murieron después de que alrededor de 2.000 personas migrantes y refugiadas subsaharianas intentaran entrar en España desde Marruecos el 24 de junio de 2022. Continúan en paradero desconocido al menos otras 76. Las autoridades de España y Marruecos no han hecho hasta ahora una investigación efectiva e independiente, lo que deja a decenas de familias en una situación de angustia.

Una delegación de Amnistía Internacional estará presente en Melilla con motivo del aniversario de la masacre ocurrida el pasado 24 de junio en la frontera con Marruecos en la que, tras la actuación policial en ambos lados de la frontera, al menos 37 personas perdieron la vida y 77 se encuentran desaparecidas.
Amnistía Internacional se unirá así a la “I Marcha por la Justicia 24J” que tendrá lugar el sábado por la tarde y otros actos de recuerdo que tendrán lugar ese fin de semana en la ciudad melillense, y lo hará acompañada del actor y activista atirrascista Thimbo Samb.
El próximo viernes 23 enviaremos un comunicado de prensa con novedades sobre la situación de las víctimas de la masacre, testimonios de supervivientes y un análisis de la situación en la frontera durante este año. Si te interesa más información o gestionar antes alguna entrevista sobre este tema con portavoces de Amnistía o con Thimbo Samb, no dudes en ponerte en contacto conmigo.
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/marruecos-espana-investigaciones-estancadas-e-inadecuadas-denotan-encubrimiento-seis-meses-despues-de-37-muertes-en-la-frontera-de-melilla/

Los activistas se enfrentan a penas de cárcel, a pesar de que los hechos enjuiciados están protegidos por el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. CaixaBank, y todas las empresas, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluido el derecho de reunión pacífica de los grupos de personas afectadas por sus actividades
Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a CaixaBank S.A. para que retire la acusación por coacciones, resistencia y ocupación contra ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara por la acción de protesta pacífica que llevaron a cabo en diciembre de 2017 en la oficina de la entidad bancaria de Cabanillas del Campo. El grupo de activistas pretendía prevenir una posible vulneración de derechos humanos como consecuencia del desahucio sin alternativa habitacional de una familia en situación de riesgo.

Sobre el telón de fondo de la destrucción de la presa de Kajovka y sus consecuencias, las fuerzas rusas ocupantes han puesto en peligro vidas humanas en las zonas afectadas por las inundaciones tras la destrucción de la presa, mientras la escasez de agua río arriba y la alteración de los medios de subsistencia apuntan a una catástrofe ecológica y económica inminente, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Las autoridades ocupantes no evacúan a la población civil en las regiones bajo control ruso
Amnistía Internacional ha hablado con voluntariado y población evacuada de zonas inundadas y con sus familiares, cuyos testimonios apuntan sistemáticamente a que las fuerzas rusas ocupantes no han realizado evacuaciones organizadas ni suministrado apoyo humanitario crucial a la población civil que ha quedado atrapada en las ciudades y los pueblos inundados. La población civil de las zonas inundadas ha denunciado que se obliga a quienes no tienen pasaporte ruso a someterse al humillante e intrusivo proceso de “filtración”.

A cientos de trabajadores migrantes contratados como guardias de seguridad para la Copa Mundial del año pasado se les sigue negando la justicia por los abusos que sufrieron, a pesar de que se advirtió tanto a la FIFA como al país anfitrión, Qatar, de que se trataba de personas especialmente vulnerables a la explotación, y a pesar de que los trabajadores denunciaron el trato que sufrían y protestaron al respecto.
Una investigación ha concluido que durante la Copa Mundial se produjeron graves abusos laborales que no se abordaron adecuadamente, pese a que en abril de 2022 Amnistía Internacional publicó un informe de 70 páginas que daba la alarma sobre los abusos laborales sistemáticos y estructurales existentes en el sector de la seguridad privada en Qatar.

La ampliación del tren ligero de Jerusalén en la que participa la empresa ha sido declarada ilegal por Naciones Unidas puesto que contribuye a mantener el apartheid que sufre la población palestina.
"¿Por qué CAF sigue evitando detallar en el informe de sostenibilidad que el proyecto atravista territorios palestinos en Jersusalén ocultando así factores de riesgo"Es una de las preguntas que ha realizado Gerardo Ríos, activista de Amnistía Internacional, en la Junta de Accionistas de la empresa CAF celebrada esta mañana en la localidad guipuzcoana de Beasain. La empresa ha continuado argumentando el "impacto positivo" social del proyecto y, escudándose en una consulta a un experto,se reafirman en que el proyecto es legal, aunque no ha hecho público el contenido de su informe.

Se necesita urgentemente una acción global ante la serie de olas de calor extremo que asolan Pakistán y causan estragos en los derechos humanos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en su nuevo informe A Burning Emergency: Extreme heat and the right to health in Pakistan.
El informe, publicado el Día Mundial del Medio Ambiente, examina las repercusiones del calor extremo que sufre Pakistán en la vida de las personas y su derecho a la salud y los medios de subsistencia. En él se ponen de relieve las dificultades de las personas que viven en la pobreza en algunas de las ciudades más calurosas del mundo.
“Pakistán está en primera línea de la crisis climática. La injusticia climática se hace patente. Pese a su escasa contribución al cambio climático, la población se enfrenta a consecuencias desproporcionadamente graves que a menudo ponen en peligro su vida. Hacer frente a una crisis climática de esta magnitud requiere atención y acción a escala global. Los países más ricos no deben engañarse sobre el importante papel que desempeñan”, ha declarado Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional.