Amnistía Internacional lanza una nueva campaña en la que pide a la población de todo el mundo que ayude a hacer visible para todas las personas el apoyo público al derecho al aborto. Durante los últimos 30 años se han producido grandes avances en la lucha por el derecho al aborto, con leyes que han cambiado la situación a mejor en más de 60 países. Sin embargo, aún queda mucho por lograr, mientras los progresos se encuentran amenazados.
Desde Argentina hasta Benín, pasando por Irlanda o Francia, visionarias defensoras y defensores de los derechos humanos han conseguido grandes avances en el reconocimiento formal del derecho al aborto. Las protestas de mujeres contra los talibanes en Afganistán, las protestas de #MahsaAmini en Irán y las protestas de #GreenWave en Latinoamérica dan también testimonio de la extraordinaria valentía de los y las activistas que reclaman los derechos sexuales y reproductivos.

Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias masivas y las deportaciones ilegitimas de las personas refugiadas sudanesas que cruzan la frontera del país para escapar del conflicto existente en Sudán, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado en la antesala del Día Mundial de los Refugiados.
El informe, “Handcuffed like dangerous criminals”: Arbitrary detention and forced returns of Sudanese refugees in Egypt, revela cómo se acorrala a las personas refugiadas sudanesas y se las deporta ilegítimamente a Sudán —zona de conflicto activo— sin garantías procesales ni oportunidad de solicitar asilo, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional. Las pruebas indican que se ha sometido a detención arbitraria y expulsión colectiva a miles de personas refugiadas sudanesas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que sólo en septiembre de 2023 se produjeron 3.000 deportaciones de Egipto a Sudán.

Madrid.- Este jueves 13 de junio se celebrará en Madrid la VIII Cumbre España-Turquía, que contará con la asistencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Amnistía Internacional ha aprovechado esta visita para recordar al Gobierno español las preocupaciones en materia de derechos humanos que suscita el país y pedirle que utilice todas las herramientas a su disposición para tratar de cambiar la trayectoria corrosiva del Gobierno turco.
“La sociedad civil en Turquía vive una creciente represión. Los y las defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones corren el riesgo de ser criminalizadas. Las marchas del Orgullo LGBTI también están en peligro de no poder celebrarse, o de ser violentamente reprimidas en caso de llevarse a cabo. Por eso, en el marco de estas reuniones, el Gobierno español debe tener en cuenta que el respeto de los derechos humanos es un principio innegociable de las relaciones de España y de la Unión Europea con Turquía”, señala Carlos de las Heras, Responsable de Europa y Oriente Medio en Amnistía Internacional España.

El Lápiz Loco, Falco, Iñaki y Frenchi, Junco, Kap, y Quim Sosa han compartido viñetas en las que se denuncia cómo algunos derechos están en juego en la próxima cita electoral
La campaña de la organización busca movilizar, especialmente, a la gente joven cuya participación ya aumentó en un 50% en las elecciones de 2019 en comparación con 2014 entre los de 16 a 24 años, y pasó del 35% al 47% entre los de 25 y 39

El repunte de las ejecuciones en Irán lleva al mayor número de ejecuciones desde 2015
Pierden fuerza los avances en Estados Unidos debido al aumento del número de ejecuciones
China sigue ejecutando a miles de personas mientras amenaza a la población con que la delincuencia conllevará la pena de muerte
El menor número registrado de países ejecutores indica avances
“Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar en 2023 la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Oriente Medio”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo.

La Corte Penal Internacional debe investigar como crímenes de guerra tres ataques aéreos israelíes lanzados el mes pasado que mataron a 44 personas civiles palestinas, entre ellas 32 niños y niñas, en la Franja de Gaza ocupada, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
En los ataques —uno de ellos efectuado en Al Maghazi el 16 de abril, y dos llevados a cabo en Rafá el 19 y el 20 de abril de 2024— también resultaron heridas al menos 20 personas civiles, y constituyen nuevos indicios de una constante más amplia de crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas armadas israelíes en la Franja de Gaza ocupada durante los últimos siete meses.
“Estos devastadores ataques han diezmado familias y truncado cruelmente la vida de 32 niños y niñas”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

En un nuevo documento de investigación publicado hoy, Amnistía Internacional documenta ampliamente las maneras en que la tecnología contribuye a la creciente tendencia de violaciones de derechos humanos en las fronteras, e insta a los Estados a que pongan fin al uso de dichas tecnologías hasta que garanticen que no vulnera derechos humanos.
El informe, titulado The Digital Border: Migration, Technology and Inequality, da cuenta de cómo el uso de las nuevas tecnologías por parte de actores estatales y no estatales en los sistemas de migración de todo el mundo aumenta la probabilidad de que se vulneren los derechos humanos de las personas en movimiento, incluidos los derechos a la privacidad, a no sufrir discriminación, a la igualdad y a solicitar asilo.

Las autoridades de México utilizan el sistema de justicia penal para investigar y espiar a mujeres defensoras de derechos humanos, denuncia un informe de Amnistía Internacional (AI), indica la IPS.
La abogada Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la antropóloga Mercedes Doretti ©Amnistía Internacional Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México, dijo al presentar el reporte que «desde Amnistía Internacional hemos advertido con alarma y en diversas ocasiones, que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos».
«En este contexto, el caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático por la forma en que el Estado mexicano usa el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas», agregó. Ampliar en peridodistas-es.com

La investigación por delitos de terrorismo de la Audiencia Nacional restringe el derecho a la protesta, la libertad de expresión y de información, y criminaliza la desobediencia civil
Ante la citación a varias personas investigadas por el caso “Tsunami Democràtic” para declarar por videoconferencia ante la Audiencia Nacional hoy en un juzgado de Barcelona, Amnistía Internacional ha declarado: “Los cargos de terrorismo que pesan sobre las personas investigadas por el caso “Tsunami Democràtic” restringen su libertad de expresión y penalizan indebidamente la desobediencia civil”.

Con la escalada de los conflictos y el cercano colapso del derecho internacional, el mundo está recogiendo una cosecha de consecuencias terribles, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo de la presentación, hoy, de su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo, donde se evalúa la situación de los derechos humanos en 155 países.
La organización ha advertido también de la probabilidad de que el colapso del Estado de derecho se acelere con los rápidos avances de la inteligencia artificial, que, sumada al dominio de las grandes empresas tecnológicas, amenaza con una “sobrecarga” de violaciones de derechos humanos si la regulación continúa yendo a la zaga de las innovaciones.
“El informe de Amnistía Internacional presenta un sombrío panorama de alarmante represión de los derechos humanos y frecuente infracción internacional de las normas establecidas, en un contexto de desigualdad global creciente, superpotencias que compiten por la supremacía y agravamiento de la crisis climática”, ha señalado la secretaria general de la organización, Agnès Callamard.

La campaña alerta sobre el riesgo de un posible retroceso en derechos humanos en las próximas elecciones europeas, y la necesidad de promover, especialmente entre las personas jóvenes y los y las candidatas al Parlamento Europeo una UE que proteja los derechos humanos para todas las personas sin excepción
La crisis climática, los posibles pasos atrás en derechos para mujeres y personas LGBTI, o el acceso a la vivienda y a la salud son algunos de los temas en los que la campaña pondrá el foco
Madrid/Barcelona.- Amnistía Internacional celebra este fin de semana en Barcelona su 50 Asamblea General Federal, un encuentro donde cerca de 300 socios y socias de la organización debatirán las prioridades para los próximos meses y revisarán el trabajo realizado durante el último año. También elegirán y renovarán diferentes cargos de gobierno de la organización.

En la antesala de la reunión inicial que se celebrará mañana, 21 de marzo, para debatir el programa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) que se celebrará en Bakú (Azerbaiyán) del 11 al 24 de noviembre de 2024, Ann Harrison, asesora de política sobre cambio climático de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Esta reunión puede contribuir a establecer el camino para celebrar en Azerbaiyán una COP29 de éxito, que sitúe los derechos humanos en un lugar fundamental, entre otras cosas mediante la determinación de una vía clara para efectuar el abandono gradual de los combustibles fósiles de forma completa, pronta, justa y financiada. En la práctica, esto significa que la COP29 debe centrarse en incrementar en grandes cifras los objetivos de financiación climática, en especial con aportaciones de los principales Estados históricamente responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros que estén en condiciones de contribuir, como son los Estados del G20 y los productores de combustibles fósiles de ingresos altos.”

Según la FRA, España es, lamentablemente, junto con Alemania y Suecia, uno de los países que más controles de identidad por perfil racial lleva a cabo
Madrid.- De cara al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra este jueves 21 de marzo, Amnistía Internacional lamenta que España sea uno de los países que, junto con Alemania y Suecia, más controles de identidad basados en perfil racial realiza, según la FRA (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). La organización señala que es necesario modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para que, tal y como subrayó el Comité contra la Tortura en su examen de España de junio de 2023, se reduzca el amplio margen de discrecionalidad que esta ley otorga a las fuerzas de seguridad para realizar controles de identidad y registros en la vía pública.
“Es imprescindible poner fin a este tipo de controles con sesgo racial ya que atentan contra el principio de no discriminación y suponen una violación de derechos humanos, tanto en la ley como en la práctica”, señala Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional España.

Un borrador filtrado del primer código penal escrito de Arabia Saudí revela lamentables carencias en cuanto a las normas universales de derechos humanos y expone la hipocresía tras las promesas del príncipe heredero Mohammad bin Salman de hacer que su gobierno sea progresista e inclusivo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. Las autoridades saudíes no han compartido el borrador del código penal para su consulta con la sociedad civil independiente, pero una serie de expertos en cuestiones jurídicas saudíes han confirmado la autenticidad del borrador filtrado.
El informe, titulado Manifiesto por la represión, analiza el borrador filtrado de código penal y revela cómo, en lugar de mejorar el pésimo historial de derechos humanos del país como parte de la agenda reformista del príncipe heredero, contraviene el derecho internacional y codifica en una ley escrita prácticas restrictivas existentes.
El borrador de código penal tipifica como delito el derecho a la libertad de expresión, pensamiento y religión, y no protege el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Desde que ocupó Crimea hace 10 años, Rusia trata de alterar la composición étnica de la península y reprime a las comunidades ucraniana y tártara crimea, ha manifestado hoy Amnistía Internacional en una nueva publicación cuando se cumplen diez años de la anexión ilegal de la península ucraniana por parte de Rusia.
“Rusia intenta sistemáticamente erradicar las identidades ucraniana y tártara crimea a base de interrumpir, restringir o prohibir el uso de las lenguas ucraniana y tártara crimea en la educación, los medios de comunicación, las celebraciones nacionales y otros ámbitos de la vida diaria, además de perseguir las prácticas religiosas y culturales que no se ajustan a las avaladas por Moscú. Asimismo, traslada por la fuerza a la población crimea y la reemplaza con personas rusas”, ha declarado Patrick Thompson, investigador de Amnistía Internacional sobre Ucrania.
“Rusia debe cesar sus prácticas destinadas a reprimir y erradicar las identidades no rusas en los territorios ocupados, así como poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.”

25 ONG piden a los gobiernos que den prioridad al alto el fuego y a la ayuda humanitaria proporcionada por tierra, mientras aumentan las muertes por malnutrición y enfermedad
Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos presentes sobre el terreno en la Franja de Gaza han reiterado desde el inicio de la actual escalada que la única manera de satisfacer las necesidades humanitarias sin precedentes en el enclave es lograr un alto el fuego inmediato y permanente y garantizar el acceso humanitario completo, seguro y sin trabas a través de todos los pasos terrestres. Los Estados no pueden ocultarse tras los lanzamientos aéreos y los esfuerzos por abrir un corredor marítimo para crear la ilusión de que están haciendo lo bastante para ayudar a las necesidades en Gaza: su responsabilidad primordial es prevenir las atrocidades y aplicar una presión política efectiva para poner fin a los implacables bombardeos y las restricciones que impiden la provisión segura de ayuda humanitaria.

Sin atención médica, sin alimentos, con riesgo de sufrir violencia y responsables de los cuidados: el día a día de las mujeres en los conflictos armados
Las mujeres de Gaza son las principales víctimas de la intervención israelí que, en opinión de la Corte Internacional de Justicia, pone a la población en riesgo inminente de genocidio
Amnistía Internacional participa en las manifestaciones del 8M en más de 15 ciudades españolas
“No podía abrir los ojos porque estaban llenos de cristales, metralla y arena. Todo mi cuerpo estaba debajo de los escombros, solo era visible un pie, los rescatadores tal vez tardaron 20 minutos en sacarme”; Malak Al Shaer dormía junto a su marido Omar y a su hija Roua de 16 años en el primer piso de su casa familiar cuando ésta fue bombardeada y destrozada por el ejército israelí en Rafá el pasado 19 de diciembre.

En los últimos siete años han sido asesinados ocho periodistas que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mexicano, una cifra que subraya la necesidad urgente de fortalecer y reformar la institución, han afirmado hoy Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) con motivo de la publicación de una investigación conjunta sobre el Mecanismo.

Las autoridades iraníes están llevando a cabo una campaña en gran escala para hacer cumplir la represiva legislación sobre el uso obligatorio del velo mediante la vigilancia generalizada de las mujeres y las niñas en los espacios públicos y controles policiales masivos dirigidos a las conductoras; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación al Día Internacional de la Mujer.
Se ha confiscado el vehículo arbitrariamente a decenas de miles de mujeres como castigo por incumplir la legislación sobre el uso del velo en Irán. Otras han sido enjuiciadas y condenadas a recibir azotes o a prisión, o a otro tipo de penas, como multas o asistencia forzosa a clases de “moralidad”.

En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que la “ley de propaganda” de 2021 —que coarta el diálogo y limita la representación de las personas LGBTI en los centros educativos y en los medios de comunicación— ha tenido una profunda repercusión en las personas y grupos LGBTI en Hungría, afianzando los estereotipos negativos y las actitudes discriminatorias y restringiendo el derecho a la libertad de expresión.
From freedom to censorship: Consequences of the Hungarian Propaganda Law revela cómo la “ley de propaganda” ha tenido en el transcurso de tres años un efecto intimidatorio generalizado en los medios de comunicación, la publicidad y la industria editorial cuyas consecuencias han percibido ampliamente los grupos y las personas LGBTI+.

Cinco años después del inicio del movimiento de protesta Hirak, las autoridades argelinas siguen reprimiendo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica —según ha manifestado Amnistía Internacional— atacando a las voces críticas de disidencia, ya sean manifestantes, periodistas o personas que expresan sus opiniones en las redes sociales.
Tras la suspensión de la actividad del movimiento de protesta Hirak debido a la COVID-19 en 2020, las autoridades argelinas intensificaron su represión de la disidencia pacífica. Cientos de personas han sido detenidas y recluidas arbitrariamente. Decenas de manifestantes pacíficos, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos siguen consumiéndose entre rejas por criticar a las autoridades.

No puede haber justicia para la población de Ucrania si no se rinden cuentas plenamente de todos los crímenes cometidos por Rusia desde su intervención militar en 2014. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, en el segundo aniversario de la invasión en gran escala lanzada por Rusia.
Desde la ocupación en 2014 de la Crimea ucraniana, Amnistía Internacional ha documentado numerosas atrocidades, incluidos el ataque deliberado contra población civil e infraestructuras civiles fundamentales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, privación ilegítima de la libertad, traslado forzoso de civiles y abusos contra prisioneros de guerra.
“Mientras la guerra sigue librándose encarnizadamente, es preciso preservar lo más posible las pruebas de cada atrocidad. Los responsables de crímenes de derecho internacional deben responder ante la justicia, sin importar el tiempo que se tarde. Estos crímenes no prescriben”, ha manifestado Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

Israel debe poner fin a la brutal ocupación de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que mantiene desde 1967. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional con ocasión del comienzo de las vistas públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para estudiar las consecuencias jurídicas de la ocupación prolongada israelí.
Estas vistas públicas tendrán lugar en La Haya entre el 19 y el 26 de febrero después de que la Asamblea General de la ONU adoptara una resolución en diciembre de 2022 para solicitar una opinión consultiva de la CIJ sobre la legalidad de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y las consecuencias que la conducta de Israel tiene para otros Estados y para la ONU. Está previsto que más de 50 Estados, la Unión Africana, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica participen en el proceso.
“La ocupación de Palestina por parte de Israel es la ocupación militar más larga y una de las que más muertes causa en el mundo. Durante décadas se ha caracterizado por la práctica generalizada y sistemática de violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina. La ocupación también ha permitido y afianzado el sistema de apartheid que Israel impone a todas las personas palestinas”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Con el tiempo, la ocupación militar israelí se ha transformado en una ocupación perpetua que viola flagrantemente el derecho internacional.”

Además de una suspensión permanente, y no temporal, la organización exige que haga públicos los datos de exportaciones desde julio de 2022 hasta la fecha
"Amnistía Internacional lleva semanas diciendo que la suspensión de transferencias de armas a Israel debe ser integral y permanente, y no solo temporal, como anunció el gobierno español en diciembre.
Llevamos 15 años señalando las atrocidades, incluidos crímenes de guerra, cometidos por Israel, que justificarían una suspensión permanente de venta de armas.
El ministro Albares afirmó que desde el 7 de octubre no se producen “operaciones de venta de armamento a Israel”. Sin embargo, según datos oficiales publicados por eldiario.es, en noviembre hubo envíos de armas correspondientes a licencias autorizadas antes del 7 de octubre, incluida una exportación de munición sin explosivo para pruebas por cerca de un millón de euros.

• Al menos 95 civiles —casi la mitad niños y niñas— murieron en cuatro ataques ilegítimos en Rafá.
Nuevos datos de ataques letales ilegítimos en la Franja de Gaza ocupada, reunidos por Amnistía Internacional, demuestran que las fuerzas israelíes siguen vulnerando el derecho internacional humanitario y aniquilando familias enteras con total impunidad.
La organización ha llevado a cabo una investigación sobre cuatro ataques israelíes, tres en diciembre de 2023, tras el final de la pausa humanitaria, y uno en enero de 2024, que causaron la muerte de al menos 95 civiles, de ellos 42 niños y niñas, en Rafá, la gobernación más meridional de Gaza y supuestamente la zona “más segura” de la Franja, pero donde las fuerzas israelíes se están preparando actualmente para una operación terrestre.
En los cuatro ataques, la organización no encontró ningún indicio de que los edificios de viviendas afectados pudieran considerarse objetivos militares legítimos, ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares, lo que hace temer que estos bombardeos fueran ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil y, por tanto, deben ser investigados como crímenes de guerra.

Doce años después de las medidas de austeridad que dejaron temblando el sistema sanitario, y con una pandemia de por medio, el gasto público sanitario solo se ha incrementado un 5% respecto a 2009, frente al 27% que ha subido el gasto sanitario privado.
La principal razón indicada por las personas que contratan seguros privados es evitar las esperas, que en atención primaria superan los dos días en el 73% de las peticiones.
Madrid.- Amnistía Internacional ha llevado a cabo un análisis del gasto sanitario en el que lamenta que en doce años (de 2009 hasta 2021, últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad) el gasto sanitario público solo se ha incrementado un 5%, frente al 27% que ha crecido el gasto sanitario privado. El Sistema Público de Salud enfrentó la pandemia en una situación de gran fragilidad, pues había perdido, en 2019, un 6% de gasto sanitario público frente a 2009. Aun con la presencia de COVID-19 todavía muy fuerte, en 2021, el gasto sanitario público se vio reducido con respecto al año anterior en un 1,44%. Amnistía Internacional alerta de que si bien podría ser difícil mantener el nivel de inversión de la pandemia, las administraciones no deben iniciar una tendencia de descenso en la inversión. Por comunidades, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid, fueron las que más inversión perdieron en 2021 (un 6,4%, 3,4% y un 3,3% respectivamente) y, frente a ellas, solo la Región de Murcia y Canarias incrementaron la inversión en un 2 y un 1,3%.

“El juicio colectivo en curso de 84 personas emiratíes, entre las que hay destacadas figuras de la defensa de los derechos humanos, viola flagrantemente su derecho a un juicio con las debidas garantías e ignora un principio jurídico fundamental al volver a juzgar a algunas de ellas por los mismos cargos por los que fueron declaradas culpables hace diez años”, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo de una vista de la causa que se celebrará el 7 de febrero.
Al menos 65 de las figuras enjuiciadas ya están recluidas arbitrariamente, 62 de ellas, como mínimo, desde su anterior juicio colectivo, en 2012-2013, en el caso de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”. Decenas de personas siguen en prisión a pesar de haber cumplido la condena que les fue impuesta en esta causa.  Las autoridades acusan a las personas procesadas de establecer una “organización clandestina” para el “terrorismo”.

Ante la autoproclamada reelección del presidente Nayib Bukele, en ausencia aún de datos oficiales en firme —en unos comicios electorales marcados por un extenso despliegue militar, veintidós meses consecutivos de suspensión de varios derechos civiles en El Salvador, y serios señalamientos de diversos sectores de la sociedad sobre la independencia y el cumplimiento del mandato del Tribunal Supremo Electoral—, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
“La comunidad internacional debe permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición para detener y revertir los abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador.”

“Con los ojos del mundo puestos en Gaza, las fuerzas israelíes han desencadenado en los últimos cuatro meses una oleada de violencia brutal contra la población palestina en la Cisjordania ocupada en la que han cometido homicidios ilegítimos —incluso usando fuerza letal sin necesidad o de forma desproporcionada durante protestas— y operaciones de detención, y negando asistencia médica a las personas heridas”, ha declarado Amnistía Internacional.
La organización ha investigado cuatro casos representativos en los que las fuerzas israelíes usaron fuerza letal ilegítima —tres en octubre y uno en noviembre— que causaron el homicidio injustificable de 20 personas palestinas, 7 de ellas menores de edad. El equipo de investigación entrevistó a distancia a 12 personas, 10 de ellas testigos presenciales entre los que había personal de primera intervención, y residentes locales. En el examen de estos 4 incidentes, el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización verificó 19 vídeos y 4 fotografías.
La investigación de Amnistía Internacional también halló que las fuerzas israelíes habían obstaculizado la prestación de asistencia médica a personas que tenían heridas potencialmente mortales y atacado a quienes trataban de atender a personas palestinas heridas y también a personal paramédico incluido.

El director general de prensa en PRISA, editora del Diario AS, Juan Cantón, y el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, han firmado hoy un convenio de colaboración para promocionar los derechos humanos en el ámbito de la información deportiva.
El convenio incluye la publicación de artículos de opinión firmados por Amnistía Internacional sobre temas de actualidad en el deporte español como el racismo, la discriminación de género u orientación sexual y otras cuestiones que combinen actualidad, interés informativo y derechos humanos. También se abordarán eventos deportivos que tengan algún componente de derechos humanos, como puede ser el sportwashing (blanqueo deportivo), la estrategia de algunos países para ocultar su grave historial de derechos humanos con la celebración de grandes eventos deportivos o la contratación de grandes estrellas como embajadores del deporte.

Datos de envíos sugieren un intento de eludir las sanciones en la cadena de suministro de combustible de aviación
Las ventas directas de combustible disminuyen, pero aparentemente intermediarios ayudan a adquirir combustible para Myanmar
Al menos siete envíos de combustible de aviación a Myanmar en 2023 tienen vínculos directos con unidad de almacenamiento en Vietnam
El año 2023 fue el peor en cuanto a ataques aéreos en Myanmar desde el golpe de Estado hace tres años
Nuevos datos indican que las fuerzas armadas de Myanmar están empleando nuevas tácticas para importar combustible de aviación tras la imposición de sanciones en respuesta a los ataques aéreos que han cometido homicidios ilegítimos y causado herido entre la población civil, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en vísperas del tercer aniversario del golpe de Estado de 2021

Ante la sentencia del Tribunal Supremo, que ha puesto de manifiesto que fueron ilegales las devoluciones de decenas de menores de Ceuta a Marruecos, realizadas en agosto de 2021, y autorizadas por el Ministro de interior y las autoridades ceutíes sin ningún tipo de procedimiento administrativo, la organización señala:
“Parece que necesitamos recordarle una vez más al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que actuar al margen de la Ley y de los Tratados internacionales de derechos humanos pone en riesgo la vida de las personas. Así se lo hemos dicho diversas organizaciones de derechos humanos, y así se lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo”, denuncia Virginia Álvarez, investigadora sobre migración en Amnistía Internacional España.

Las autoridades de los Estados de Europa deben detener de inmediato la transferencia de refugiados y solicitantes de asilo provenientes del Cáucaso Septentrional a Rusia , donde corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos y podrían ser forzados a combatir en la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo documento de investigación publicado hoy.
Europe: The point of no return concluye que las autoridades de Croacia, Francia, Alemania, Polonia y Rumanía, entre otros países, han intentado extraditar o expulsar, o lo han hecho, a solicitantes de asilo que habían huido de la persecución en el Cáucaso Septentrional y buscaban asilo en los Estados de Europa, lo que significa negarles el derecho a protección internacional. Se ha acusado a comunidades enteras de “extremismo peligroso” y de representar una amenaza existencial para la seguridad nacional debido a su identidad religiosa y étnica —la mayoría de habitantes de la región es musulmana y de origen checheno, daguestaní e ingusetio, entre otras etnias—, y al parecer eso justifica su devolución a una región en la que sus derechos están en auténtico peligro.

El año pasado se produjo un aumento de la legislación discriminatoria contra las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) en toda África, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En un nuevo informe en el que se analizan 12 países africanos, Amnistía Internacional documenta la instrumentalización de los sistemas jurídicos a lo largo de 2023 para atacar y discriminar sistemáticamente a las personas LGBTI. Se incluyen casos en que las leyes se emplearon sin piedad para perseguir y marginar a miembros de la comunidad LGBTI, lo que señala una preocupante tendencia a utilizar los mecanismos jurídicos como instrumentos de opresión.

A pesar de que no se han llevado a cabo exportaciones desde el 7 de octubre, en el primer trimestre de 2023 el Gobierno español autorizó 22 licencias por valor de 44 millones de euros.
Amnistía Internacional lleva quince años exigiendo a las autoridades españolas que no vendan armas a Israel hasta que no se asegure de que con ellas no se cometen atrocidades en Territorios Palestinos Ocupados.
El gobierno debe impulsar un embargo de armas internacional, exigir a Estados Unidos el cese de los suministros de armas a Israel y publicar las licencias de armas españolas autorizadas desde julio a octubre de 2023.

“La futura ley de amnistía debe garantizar integralmente los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de las víctimas de delitos sobre la base del cumplimiento estricto del derecho internacional. Esta debe ser la clave de la futura ley, y por ello hemos hecho llegar un análisis de la Proposición de Ley de Amnistía a los grupos parlamentarios en el Congreso para que la modifiquen y aseguren que esté perfectamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos. Hay múltiples aspectos de esta Proposición de Ley que no afectan a estos derechos y sobre los cuales Amnistía Internacional no tiene posición, pero hay otros que claramente sí lo hacen” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Bajo esta premisa, Amnistía Internacional revela en su análisis algunos aspectos en la Proposición de Ley que deberían modificarse para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Estos aspectos son los siguientes:

75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Exfutbolistas profesionales, sociedad civil y diplomáticos unen sus fuerzas para abordar la discriminación sistémica en el fútbol
Un acto organizado por la Embajada del Reino Unido en España y Amnistía Internacional
En el evento, celebrado en Madrid, se debatió sobre la mejor manera de hacer frente al aumento del sexismo, el racismo y la homofobia en el fútbol
Destacadas personalidades del mundo del fútbol se reunieron con la sociedad civil y diplomáticos para abordar el sexismo, el racismo y la homofobia en el deporte, en un foro conjunto de Amnistía Internacional y la Embajada del Reino Unido celebrado en Madrid el lunes 11 de diciembre.

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, quienes viven bajo la ocupación de Rusia se han arriesgado a sufrir brutales represalias por tratar de continuar con la enseñanza ucraniana, y algunos progenitores han optado por ocultar a sus hijos e hijas para evitar que los lleven a instituciones de “reeducación”, los den en adopción en Rusia o los obliguen a matricularse escuelas que funcionan con el plan de estudios ruso, según indica una nueva investigación realizada por Amnistía Internacional.

Las fuerzas de seguridad iraníes han usado la violación y otras formas de violencia sexual —equivalentes a tortura y otros malos tratos— para intimidar y castigar a manifestantes pacíficas durante la sublevación bajo el lema “Mujer Vida Libertad” en 2022; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.
El informe “They violently raped me”: Sexual violence weaponized to crush Iran’s “Woman Life Freedom” uprising, de 120 páginas, documenta de forma pormenorizada la atroz experiencia de 45 sobrevivientes (26 hombres, 12 mujeres y 7 menores) que sufrieron violación, violación en grupo u otras formas de violencia sexual a manos de agentes de inteligencia y de seguridad tras su arresto arbitrario por oponerse a décadas de opresión y arraigada discriminación de género. Hasta la fecha, las autoridades iraníes no han acusado ni procesado a ningún agente por los casos de violación y otra violencia sexual documentados en el informe.

La ONU los declaró el 10 de diciembre de 1948 en París
Amnistía Internacional denuncia una “clamorosa falta de gobernanza global y liderazgo” para afrontar los desafíos a los derechos humanos en su 75 aniversario
La organización también identifica retos y avances en la protección de los derechos humanos en España en este periodo
“En un mundo profundamente interconectado, los desafíos que enfrentamos como sociedad global requieren una mayor cooperación y liderazgo comprometidos con los derechos humanos” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Fragmentos de bombas de munición de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) de fabricación estadounidense encontrados en restos de viviendas destruidas por bombardeos aéreos israelíes
Los ataques deben ser investigados como crímenes de guerra
“Armas fabricadas en Estados Unidos facilitaron el homicidio masivo de familias extensas” - Agnès Callamard
El ejército israelí usó municiones de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) fabricadas en Estados Unidos en dos mortíferos bombardeos aéreos ilegítimos de viviendas llenas de civiles en la Franja de Gaza ocupada, ha concluido Amnistía Internacional basándose en una nueva investigación sobre estos bombardeos. La organización halló que estos bombardeos aéreos fueron ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, o ataques indiscriminados y pide que sean investigados como crímenes de guerra.

Vanessa Mendoza Cortés, activista que trabaja sobre el derecho al aborto, jamás debería haber sido acusada de un delito o juzgada por defender los derechos humanos. Así lo han manifestado Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Women’s Link en vísperas de su juicio por difamación, que se celebrará el lunes.
Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la organización de la sociedad civil Stop Violències, fue acusada de difamación criminal tras manifestar la preocupación por la prohibición total del aborto en Andorra durante una reunión celebrada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para examinar el historial del país sobre los derechos de las mujeres en 2019.
“Este juicio de motivación política es el más reciente intento de las autoridades andorranas de silenciar las críticas sobre el nocivo impacto de su prohibición total del aborto. Este procesamiento es un intento deliberado y escandaloso de castigar a una respetada defensora de los derechos humanos por su participación en una reunión de la ONU”, ha manifestado Monica Costa Riba, directora de Campañas de Amnistía Internacional sobre Justicia de Género en Europa.

Muchos refugios temporales son inaccesibles para las personas con discapacidad física
El sistema de salud, desbordado, ofrece por lo general pocas alternativas a las instituciones para personas mayores
Las autoridades y los agentes humanitarios deben garantizar una respuesta inclusiva
Las personas mayores con discapacidad de Ucrania no pueden acceder ni física ni económicamente a una vivienda y una atención adecuadas, en medio de la invasión rusa, y en ocasiones apenas tienen alternativas a ser ingresadas en instituciones residenciales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy, en vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Más de 30 ciudades españolas promueven eventos en la calle y en espacios educativos.
En 2022, se duplicaron las ejecuciones por delitos relacionados con drogas.
112 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 9 para los delitos comunes.
Con motivo de la celebración de la 21ª edición de la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte “Ciudades por la Vida”, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional seguimos denunciando cómo, a pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, en el último año se ha producido un preocupante aumento de las ejecuciones en países como Irán, Arabia Saudí y Egipto. Y queremos recordar también el alarmante crecimiento de condenas de pena de muerte para delitos relacionados con drogas.

“Personas que defienden el derecho al aborto y que prestan servicios esenciales están siendo objeto de estigmatización, intimidación, ataques y procesamientos injustos, de modo que el desempeño de su trabajo es cada vez más difícil y peligroso”, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe An unstoppable movement: A global call to recognize and protect those who defend the right to abortion (“Un movimiento imparable: Llamamiento global para reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto”), revela la cantidad de profesionales de la salud, activistas y acompañantes de todo el mundo que sufren abusos, detención, procesamiento y encarcelamiento por apoyar el derecho de las mujeres, las niñas y todas las personas que pueden quedarse embarazadas a acceder al aborto. Ese tipo de entorno es predominante, incluso en países con una legislación que permite parcialmente el aborto. Tiene un efecto inhibidor, silenciador y estigmatizador en todas las personas que defienden el acceso al aborto, ya que viven con un temor constante a ser atacadas o enjuiciadas por prestar servicios de aborto, con independencia de que éste sea legal o no. También está creando importantes obstáculos para las mujeres, las niñas y todas las personas que necesitan esos servicios, en particular para las personas más marginadas.

De los 52 centros de crisis 24h que deberían haber abierto este año, sólo funcionan 4
Mientras el número de denuncias por delitos sexuales aumenta en España y se denuncian ocho violaciones cada día, las comunidades autónomas siguen sin impulsar los recursos especializados necesarios para atender a las víctimas de violencia sexual.
En 2022, el total de denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentaron un 13 por ciento respecto a 2021 (17.389 en 2022; 15.388 en 2021). En este periodo, el incremento del número de denuncias por agresiones con penetración ascendió un 34 por ciento (2.870 frente a 2.143), según fuentes del Ministerio del Interior. El aumento de este tipo de denuncias contra la libertad sexual, incluidas las violaciones, aumentaron un 13 por ciento entre enero y junio de 2023, respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior.

La organización ha llevado a cabo acciones de presión en Madrid y otras localidades de España y del mundo para pedir al Presidente Biden que utilice su posición como socio prioritario de Israel y exija que la tregua recién acordada en Gaza y TPO se respete por todas las partes y no sea de cuatro días sino un alto el fuego prolongado en el tiempo que permita la entrada de ayuda humanitaria en cantidades que alivie la situación desesperada de más de un millón de personas.
“Es necesario continuar con la negociación para liberar a todos los rehenes, el cese prolongado de los bombardeos y que comience la investigación de crímenes de guerra”
La organización también exige a Biden que ponga fin a las transferencias de armas a Israel.
De lo contrario, asegura la organización, será cómplice de los horrores que están teniendo lugar.

Nuevos indicios de crímenes de guerra en la muerte de 46 civiles
Bebé de tres meses y mujer de 80 años, entre las víctimas de ataque contra una iglesia
“No hay lugar seguro en Gaza en esta guerra” - Ramez al Sury, cuyos tres hijos murieron
Las fuerzas israelíes han demostrado —una vez más— una escalofriante indiferencia hacia el catastrófico número de víctimas civiles que sus incesantes bombardeos siguen causando en la Franja de Gaza ocupada.
Como parte de su investigación en curso sobre las violaciones de las leyes de la guerra, Amnistía Internacional ha documentado dos casos ilustrativos en los que los ataques israelíes han causado la muerte de 46 civiles, de los que 20 eran niños y niñas. La víctima de más edad fue una mujer de 80 años, y la más joven un bebé de tres meses. Estos ataques deben ser investigados como crímenes de guerra.

La inacción continuada de Qatar para remediar los abusos contra los derechos humanos sufridos por la población trabajadora migrante y brindarle una protección adecuada frente a la explotación laboral están enturbiando el legado de la Copa Mundial masculina de la FIFA cuando se cumple un año de su celebración, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El nuevo informe de Amnistía Internacional A Legacy in Jeopardy muestra que los avances en la mejora de los derechos laborales se han estancado en gran medida desde que finalizó el torneo, y que los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que sufrieron abusos en relación con el torneo siguen sin tener acceso a justicia y reparación. El progreso limitado que se había hecho en algunos ámbitos se ha visto ensombrecido por la falta de medidas para hacer frente al amplio abanico de abusos que continúan.