Milicias afiliadas al gobierno mataron deliberadamente a civiles de la minoría alauí.
El gobierno sirio debe garantizar investigaciones independientes y efectivas sobre estos homicidios ilícitos y otros crímenes de guerra, y obligar a rendir cuentas a sus perpetradores.
Garantizar verdad, justicia y reparación es primordial para poner fin a las oleadas de atrocidades.
El gobierno sirio debe garantizar que los perpetradores de una oleada de homicidios masivos contra civiles alauíes en zonas costeras responden de sus actos, y tomar medidas de inmediato para que ninguna persona o grupo sufra ataques por su filiación religiosa; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Organizaciones de la sociedad civil exigen una reforma urgente de esta Ley en un acto que se celebra hoy en Madrid
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende, Greenpeace, Irídia, Legal Sol, No Somos Delito, Novact, CGT, Rights International Spain y Red Acoge, instan a que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se concrete antes del 10º aniversario de su entrada en vigor en julio y que el nuevo texto cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
"Las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta sin temor a represalias ni criminalización. No es una cuestión partidista, sino una obligación en materia de derechos humanos", han declarado las organizaciones.
En este contexto, hoy 28 de marzo se llevará a cabo en Madrid un acto de protesta contra la Ley Mordaza y en contra de los controles policiales discriminatorios a las 18h en la Plaza Arturo Barea de Madrid. En el acto se leerá el manifiesto "Parad el racismo y no a las personas", respaldado por más de 260 organizaciones.

La actriz Carolina Yuste y el actor Juan Diego Botto han hecho la lectura pública del manifiesto hoy en un acto en las escaleras de los leones del Congreso de los Diputados, coincidiendo con la comparecencia extraordinaria del Presidente Pedro Sánchez en el pleno del Congreso sobre gasto militar
El manifiesto, que se posiciona firmemente contra el rearme y el incremento del gasto militar, ha sido secundado por más de 800 organizaciones, así como más de un centenar de personas destacadas del mundo de la cultura, la academia y el activismo, recogiendo más de 16.000 firmas en tan solo una semana
Madrid, 26 de marzo de 2025.-  "No nos resignamos a la guerra, porque no queremos la paz de los cementerios, porque la historia nos demuestra que el único camino realista para conseguir la paz no es militar, sino político. Pónganse manos a la obra y trabajen por la paz, se lo exigimos". Así termina el manifiesto presentado hoy en Madrid y firmado por más de 16.000 personas, entre ellas cerca de 850 organizaciones y personas del mundo de la cultura, la academia y el activismo.

Ante la reciente expulsión ilegal de Estados Unidos a El Salvador de 238 nacionales venezolanos acusados de pertenencia al grupo criminal Tren de Aragua, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:
"La expulsión de 238 personas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución. Además, es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente Bukele.

Madrid/Canarias.- Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe, “A día de hoy no tengo nada”, sobre la situación de los y las menores migrantes no acompañados en Canarias en el que señala las denuncias de malos tratos y la saturación en los centros de acogida como algunas de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos. Asimismo, la organización insiste en otras vulneraciones, como fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo cuando cumplen la mayoría de edad, o en la identificación adecuada a menores con necesidades especiales o alguna condición de vulnerabilidad. Ampliar en la web de Amnistía Internacional

Con motivo del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora este 21 de marzo, y bajo el lema "Parad el racismo y no a las personas", organizaciones como Sindicato de Manteros Madrid, SOS Racismo Madrid, Rights International Spain, Amnistía Internacional, Fundación Secretariado Gitano, IRIDIA, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, Novact o Greenpeace, entre otras, han firmado un manifiesto y prevén realizar actos de movilización en distintas ciudades para poner el foco y denunciar que todavía se llevan a cabo controles policiales motivados por criterios raciales o étnicos.

Ante la falta de avances en el Plan de Acción para la Democracia que el Gobierno presentó hace seis meses, la organización ha solicitado una reunión con el Ministro de Presidencia
Amnistía Internacional ha solicitado una reunión con el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el fin de abordar ocho medidas esenciales para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos en España, en el marco del Plan de Acción por la Democracia presentado el 17 de septiembre del pasado año por el Gobierno y en que apenas se han producido avances.

Amnistía Internacional documenta denuncias de violencia y castigos excesivos contra niños en centros de acogida saturados

La organización señala en un nuevo informe la necesidad de contratar personal con la formación adecuada para tratar con menores y hacer frente a la saturación que acusan los centros, que no reciben las inspecciones necesarias para su correcto funcionamiento.
Las denuncias por presuntos malos tratos y abusos contra menores no acompañados, entre las que se incluyen castigos excesivos, entre ellos el aislamiento o la ralentización en los trámites relativos a documentación o escolarización en algunos de los centros, requieren una respuesta estatal y autonómica

Un informe elaborado por esta plataforma analiza 39 registros de algoritmos, de los que 5 son bases de datos nacionales, como las de Francia, Reino Unido y Países Bajos 
La Policía, la Justicia y los servicios de empleo, además de la banca o los seguros, utilizan ya mecanismos automáticos que provocan indefensión a la población
En España, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, están entre las comunidades que ya están avanzando en este sentido
Madrid, 17 de marzo de 2025.- Recibir una ayuda social. Entrar en un proceso de selección para un puesto de trabajo. Optar a un crédito. Todas estas situaciones cotidianas están ya dominadas por los algoritmos. En la Administración Pública se usan cada vez más para la toma de decisiones que nos afectan, pero no es posible supervisar sus implicaciones, que pueden llegar a ser muy graves. Por ejemplo, las 55 mujeres que fueron asesinadas después de que sus casos se consideraran de riesgo bajo por el sistema VioGen, que utiliza un sistema de evaluación automatizado, o los cientos de jóvenes afectados por "distorsiones" en el algoritmo con el que el Distrito Único Andaluz calcula las posiciones en las listas de entrada a los grados universitarios.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Agnès Callamard , secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:
"Es necesario insistir en la importancia del Día Internacional de la Mujer 2025. Ya no se trata de abordar cuestiones pendientes en el frente de la justicia de género, sino de prepararnos para oponer resistencia al retroceso activo y el creciente asalto a nuestros derechos.
Hace 39 años, 189 gobiernos se reunieron en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer para adoptar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un innovador referente para fortalecer los derechos de las mujeres apoyado por miles de activistas. A pesar de que se han hecho importantes avances desde entonces, no se han cumplido íntegramente las promesas allí formuladas. Desde la violación y el feminicidio hasta la coacción, el control y los ataques a nuestros derechos reproductivos, la violencia contra mujeres y niñas sigue poniendo en peligro nuestra seguridad, nuestra felicidad y nuestra existencia misma de múltiples formas.

Reclama que se reconozca el "apartheid de género" como crimen de derecho internacional
La organización sale a la calle en al menos 20 ciudades españolas
Desde que tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, los talibanes han impuesto más de 80 restricciones que limitan los derechos de las mujeres y las niñas en todos los aspectos de su vida: desde la educación hasta el trabajo, la libre circulación, la forma de vestir y su participación en el espacio público. Expertos internacionales han calificado esta represión generalizada y sistemática de los derechos de las mujeres como un apartheid de género. Además, las mujeres afganas han expresado en numerosas ocasiones su preocupación por el hecho de que sus derechos y su participación en debates internacionales relacionados con su situación han quedado relegados a un segundo plano.

Sigo, como casi todo el mundo, a la espera de una nueva ocurrencia del presidente Trump. El anterior presidente daba miedo, sobre todo por la edad, pero el actual nos da pánico. Quizás lo mejor que nos pueda pasar a las personas, es lo comentado en un artículo, hace algunos años, por don Manuel Alcántara :- "que el hombre de moda pasara de moda lo antes posible" El individuo más poderoso del planeta, desea hacer un mundo más habitable, pero con muchas menos personas, se dedica en cuerpo y alma a decir quién puede entrar en su particular paraíso terrenal. Por esa razón, no dudará en hacer que los excluidos se sometan a sus caprichos. Trump niega todo, incluso el cambio climático, pretende anexionarse países, mandar en la soberanía de otros, cargarse la ONU, a la Corte Penal Internacional, al OMS... "Y a todo aquel que se ponga por delante" Espero que el mundo no se rompa por tanta idiotez junta... Lo sentiría mucho, no tanto por mí, que ya tengo el futuro casi agotado, si no por los hijos, hijas, nietos y nietas, de este planeta. Estoy seguro que la mayoría de las personas desean volver a la normalidad, pero lo normal a partir de Tramp, va a ser la alteración. Por lo tanto, no podemos esperar que se alineen los planetas, para dejar atrás a una persona que piensa que el mundo es una gran "tragaperras", y él tiene la llave para poder abrirla cuando le plazca. El peligro anda fuera, pero ha recordado el camino de vuelta y anda llamando a nuestras puertas de forma insistente.

Ante las medidas ejecutivas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen un llamamiento a las expulsiones masivas, declarar el estado nacional de emergencia e invasión, militarizar la frontera de Estados Unidos con México, restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes (más conocidos como el plan “Quédate en México”), poner fin a la tramitación del asilo en la frontera y cerrar la aplicación para teléfonos móviles CBP One, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:

Los socios regionales e internacionales de la República Democrática del Congo (RDC) deben presionar a todas las partes del conflicto en el este del país —combatientes del M23 respaldados por Ruanda, ejércitos de Ruanda y Congo, y sus aliados— para que den prioridad a la protección de la población civil tras los recientes combates en Goma; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El 27 de enero, el M23 declaró que había tomado el control de Goma, la tercera ciudad más grande de la RDC y capital de la provincia de Kivu Septentrional, con casi dos millones de habitantes. Así ocurrió a pesar de que el secretario general de la ONU había hecho un llamamiento a Ruanda para que retirara sus tropas de la RDC y dejara de apoyar a los combatientes del M23. Informes procedentes de la ciudad describen continuos disparos y explosiones, e información no verificada publicada por periodistas y en redes sociales indica saqueos, disparos indiscriminados y bombardeos en la ciudad. El gobierno de la RDC no ha reconocido oficialmente la pérdida del control de Goma.

Ciudades de Cataluña, Islas Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco, Aragón y La Rioja se suman a esta iniciativa que trata de llamar la atención sobre la dramática situación de las personas migrantes que cruzan el Mediterráneo en busca de un futuro mejor.
También tiene como objetivo reivindicar y poner en valor las torres, atalayas, talaiots y fortificaciones como patrimonio histórico y cultural que se utilizaban para la autodefensa y ahora se convierten en faros de acogida.
Amnistía Internacional participa un año más en el encendido de torres, atalayas y talaiots del Mediterráneo e interior para llamar la atención sobre la situación que viven muchas personas migrantes y refugiadas que tienen que realizar peligrosos viajes en busca de un lugar seguro. En esta iniciativa, que celebra este año la novena edición, se encenderán e iluminarán casi 180 lugares del Mediterráneo e interior, en comunidades como Islas Baleares, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco, Aragón y La Rioja.

Ante la primera ejecución que han llevado a cabo las autoridades taiwanesas desde abril de 2020, E-Ling Chiu, directora de Amnistía Internacional Taiwán, ha declarado:
“Esta ejecución es un hecho escandaloso y cruel. El ministro de Justicia de Taiwán ha anulado de un plumazo varios años de avances logrados con gran esfuerzo en la abolición de la pena de muerte. Se trata de un enorme retroceso para los derechos humanos en Taiwán.
“La ejecución de Huang Linkai (黃麟凱) este 16 de enero se llevó a cabo violando las salvaguardias constitucionales e internacionales relativas al uso de la pena de muerte, y cuando un recurso presentado por su abogado para detener la ejecución seguía pendiente de resolución ante los tribunales. Esto hace que su ejecución sea ilegítima y arbitraria, y que constituya una violación del derecho a la vida.

El fracaso del sistema para proteger a los y las menores migrantes llegados a Canarias

La organización señala ocho recomendaciones para garantizar el interés superior de los menores no acompañados, entre ellas luchar contra el desamparo en el que se encuentran muchos de ellos sin documentación.
Amnistía Internacional ha recogido nuevos testimonios tras su visita a Canarias y recuerda que es urgente mejorar su situación mientras continúa el debate para el reparto de los menores entre Comunidades Autónomas, y las Islas Canarias se hacen cargo del 36,5% de los y las menores no acompañados, con un sistema sobresaturado e infradotado.
Madrid.- Amnistía Internacional ha enviado una carta a todas las autoridades competentes (Gobiernos autonómicos, Central y Partidos Políticos) sobre la necesidad de respetar el interés superior del menor también cuando se trata de menores migrantes llegados a Canarias.

La visita coincide con el 80 aniversario del bombardeo atómico en el momento de mayor riesgo nuclear desde la Segunda Guerra Mundial
Alianza para el Desarme Nuclear reclama que el Gobierno de España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN)
Madrid, 14 de enero.- La delegación japonesa encabezada por Shigemitsu Tanaka, hibakusha de Nagasaki y copresidente de la organización galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2024, Nihon Hidankyo, visita España en su primer acto internacional este 2025, año en el que se conmemorará el 80º aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Del 16 al 21 de enero los miembros de esta delegación participarán en diferentes actos públicos en las ciudades de Madrid, Zaragoza y Barcelona, mantendrán encuentros con estudiantes y serán recibidos por autoridades de distintos ámbitos.

Una campaña para conseguir la liberación de las personas condenadas en Rusia por protestar contra la guerra en Ucrania
En Rusia, la libertad de expresión está siendo amenazada. Las condenas por expresarse en contra de la guerra en Ucrania son equiparables a las condenas impuestas por delitos como el atraco a un banco. Con esto como telón de fondo, la agencia La Despensa ha creado para Amnistía Internacional “El Atraco”, una pieza audiovisual cinematográfica que pone esta realidad delante del espectador.
El video comienza en mitad de la acción. Lo que parece una preparación para atracar un banco por los nervios, la angustia, el miedo a las consecuencias… da un giro cuando descubres que en realidad solo son tres personas rusas intentando ejercer su derecho a la libertad de expresión. Pero las consecuencias son igual de duras que atracar un banco a mano armada.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha conseguido la exoneración de todas las deudas acumuladas por esta vecina de Torremolinos. 
El Juzgado de lo Mercantil N.º 3 de Torremolinos ha notificado a los letrados de la Asociación este mes de octubre.
Qué hacer si no puedes pagar regularmente
La solicitante se encontraba en una situación de sobreendeudamiento a raíz de una serie de créditos solicitados en diversas entidades financieras con el objetivo de ayudar en su entorno familiar. La estabilidad económica le permitió solicitarlo sin saber que sería el desencadenante de sus problemas.

Pruebas videográficas indican el uso reiterado por parte de Hezbolá de armas intrínsecamente imprecisas en ataques
Tres ataques lanzados en octubre de 2024 que causaron la muerte de ocho civiles y heridas al menos a 16 más constituyen crímenes de guerra
“El imprudente uso por Hezbolá de descargas de cohetes no guiados ha matado y herido a civiles” – Agnès Callamard
En los últimos tres meses, Amnistía Internacional ha investigado crímenes de derecho internacional perpetrados en el contexto de la Operación Flechas del Norte lanzada por Israel, que comenzó en septiembre de 2024. Sólo en el primer día, las fuerzas israelíes llevaron a cabo al menos 1.600 ataques en zonas de todo Líbano, que alcanzaron pueblos y ciudades de todo el país y mataron a más de 500 personas. Hezbolá disparó más de 200 cohetes hacia Israel.

Las medidas de suspensión de desalojos que protegen a personas en situación de vulnerabilidad económica y social del Real Decreto-ley 11/2020 (RDL) finalizan en poco más de dos semanas. Amnistía Internacional pide que se prorrogue hasta que haya una mejora en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para que ésta cumpla con los estándares internacionales en los desalojos.
El propio RDL indica que a partir del 31 de diciembre de 2024 los desalojos se van a reanudar automáticamente. En los casos de impago de alquiler, de impago de suministros o expiración de plazo, se llevarán a cabo en el plazo de diez días desde que se reactiven y sin, al parecer, poder acogerse a las suspensiones de la LEC.
Mañana se celebra en Santander la Conferencia de Presidentes de las CCAA en la que se abordará, entre otros temas, la preocupante situación del derecho a la vivienda.

El exgobernador de la provincia congoleña de Kivu Septentrional y otros dos altos mandos del ejército deben ser investigados por posibles crímenes contra la humanidad cometidos durante la represión de una manifestación en la ciudad de Goma, en la que al menos 56 personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo y más de 80 resultaron heridas el 30 de agosto de 2023; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
En Operation “Keba”: Massacre by the Army in the Democratic Republic of Congo’s Goma City se describe con detalle el baño de sangre cometido por las fuerzas de seguridad al abrir fuego contra manifestantes que reclamaban la salida de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). La mayoría de las personas que se manifestaban eran adeptas del grupo religioso y político Culto Judaico Mesiánico Natural hacia las Naciones (FNJMN), que llama “Wazalendo” al conjunto de sus seguidores.

Más de 30 ciudades españolas promueven eventos en la calle y en espacios educativos.
Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar en 2023 la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Oriente Medio.
112 países son totalmente abolicionistas y 144 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Con motivo de la celebración de la 21ª edición de la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte “Ciudades por la Vida”, mañana 30 de noviembre, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional siguen denunciando cómo, a pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, en el último año se ha producido un preocupante aumento de las ejecuciones en países como Irán o Arabia Saudí y se ha alcanzado la cifra más alta en casi un decenio.

Amnistía Internacional ha publicado hoy una nueva investigación en la que expone las detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, y graves violaciones del derecho a un juicio justo de cinco niños y una niña cometidas entre el 29 y el 31 de julio, durante la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia tras las elecciones en Venezuela. Cuatro meses después, al menos 198 niños y niñas siguen sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones penales infundadas, o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los abusos perpetrados por las autoridades venezolanas. Ante esta situación, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, declaró:

España: Amnistía Internacional pide que no se prive de libertad a las personas por motivos migratorios

España debe reformar la Ley de Extranjería para que el internamiento de personas por motivos migratorios sea una medida de último recurso, así como la Ley Mordaza, para prohibir expresamente las redadas por perfil racial
Hay jueces encargados de decidir la privación de libertad de las personas migrantes en situación irregular que no estudian de manera adecuada e individual cada caso sino que han automatizado la petición de internamiento que les hacen los agentes policiales

Los líderes y lideresas mundiales presentes en la COP29 deben escuchar las demandas de justicia climática poniendo los derechos humanos en el núcleo de toda la toma de decisiones, y deben comprometerse a aumentar sustancialmente la financiación climática basada en las necesidades y a eliminar gradualmente de forma completa, rápida, justa y financiada los combustibles fósiles en todos los sectores. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de la cumbre de la ONU sobre el clima que se celebrará en Azerbaiyán.

Las autoridades iraníes deben detener la ejecución programada de forma inminente de Mohammad Reza Azizi, un hombre de 21 años que era un niño de 17 en el momento de cometer el delito. Amnistía Internacional ha sabido que las autoridades iraníes planean llevar a cabo su ejecución el lunes 21 de octubre de 2024 en Shiraz, provincia de Fars. Su condena a muerte y su ejecución prevista incumplen el derecho internacional, que prohíbe de manera estricta la imposición de la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el presunto delito.
Ante esta noticia, Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:  
“La ejecución prevista de Mohammed Reza Azizi pone de manifiesto la crueldad de las autoridades iraníes. Su reiterado y flagrante desprecio por el derecho a la vida es un abominable atentado contra los derechos de los niños y las niñas. La imposición de la pena de muerte a una persona que era menor de edad en el momento de cometerse el delito está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho consuetudinario e incumple las obligaciones internacionales de Irán”.

Personas migrantes contratadas en centros de Arabia Saudí franquiciados por el gigante francés del sector minorista Carrefour fueron engañadas por agencias de contratación de personal, obligadas a trabajar un número excesivo de horas, privadas de días de descanso y estafadas en sus ingresos; así lo afirma Amnistía Internacional. En su nuevo informe, “I would fear going to work”: Labour exploitation at Carrefour sites in Saudi Arabia, la organización de derechos humanos también documenta cómo se obligaba a los trabajadores a vivir en alojamientos precarios, y su temor al “despido” si se quejaban o se oponían a trabajar horas extras.
Los abusos sufridos por algunas de las personas contratadas probablemente constituyen trabajo forzoso, incluido el tráfico de seres humanos para fines de explotación laboral; sin embargo, ni el grupo Carrefour ni su socio, el grupo Majid Al Futtaim, responsable de la franquicia en Arabia Saudí, han tomado medidas adecuadas para ponerles fin ni han ofrecido una reparación al personal afectado.

Dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, la impunidad y la falta de una acción decidida para esclarecer la verdad sobre los graves crímenes cometidos durante el franquismo son los grandes puntos negros de esta norma.
En estos años se ha avanzado, aunque muy lentamente, en aspectos como el impulso de la Fiscalía de Memoria Democrática, la creación de comisiones técnicas sobre reparación económica a las víctimas y de estudio de las vulneraciones de derechos humanos entre el 78 y el 83, la nulidad de sentencias dictadas en juicios injustos, o los trabajos de exhumación en el Valle de Cuelgamuros.
Hoy 21 de octubre, se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática (LMD). Amnistía Internacional, CEAQUA, Iridia y Sira constatan lo que ya alertaron durante la tramitación de la norma: esta ley no elimina los obstáculos para que puedan investigarse judicialmente los crímenes del franquismo, ni para que se pueda avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. Así lo reitera en el auto 57/2024 de 17 de junio del Tribunal Constitucional, que señala que la ley no habilita para investigar los crímenes del franquismo y que el derecho internacional tampoco obliga a España a hacerlo.

La inversión en gasto público baja respecto a 2021 un 0,94%

Una de las consecuencias más preocupantes de que las autoridades no prioricen la sanidad pública son los tiempos de espera en atención primaria: 7 de cada 10 personas en España tiene que esperar más de 48 horas para ser atendidas por falta de citas; de ellas, más de un 50% no la consiguieron hasta pasada una semana.
Todas las Comunidades Autónomas invierten menos en el año 2022 respecto a 2021, excepto la Comunidad de Madrid, aunque eso no se traduce en una reducción en los tiempos de espera, ya que es una de las Comunidades que más citas atiende pasadas las 48 horas.
Cuatro Comunidades, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana presentan una reducción de la inversión en puntos porcentuales en todos los periodos analizados.

África: Los países a punto de abolirla deben mostrar su firme oposición a la pena de muerte

Tres países del África subsahariana que están a punto de abolir la pena de muerte deben actuar ya y abolirla de una vez por todas, lo que allanará el camino para que otros países de todo el mundo sigan sus pasos, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre).
Kenia y Zimbabue ya han presentado proyectos de ley para abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Gambia, que ha hecho progresos constantes contra este cruel castigo desde 2017, ha iniciado un proceso de enmienda constitucional que, entre otras cosas, abolirá efectivamente la pena de muerte. Hasta la fecha, 24 países de todo el África subsahariana han abolido la pena de muerte para todos los delitos, mientras que otros dos la han abolido sólo para los delitos comunes.

Se olvidan de que son niños y niñas

Más de 5.500 niños y niñas se encuentran acogidos en Canarias, y solo se han trasladado a 192 al resto de las Comunidades desde septiembre de 2022, incumpliendo compromisos previos alcanzados.
Madrid.- Amnistía Internacional ha enviado sendas cartas al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, así como al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para lamentar la falta de un acuerdo con las autoridades del resto de Comunidades, tras tantos meses de debate, para hacer frente a la situación de la infancia migrante no acompañada, después de que Canarias reclamara un mejor reparto de los y las menores en el resto del territorio nacional para acabar con la sobreocupación. En Canarias se encuentran acogidos más de 5.500 menores, mientras que solo se han trasladado a otras regiones de España 192 niños y niñas desde septiembre de 2022, a pesar de los compromisos asumidos de manera voluntaria por otras comunidades autónomas: en el último acuerdo, de 2024, se pactó acoger, a través de un sistema voluntario, a 347, lo que representa solo el 6% de los que se encuentran en Canarias. Algunos centros canarios se encuentran masificados, sin las condiciones adecuadas para los y las menores, y en algunos se han presentado denuncias por presuntos malos tratos que deben investigarse.

Amnistía Internacional denuncia que la persecución que sufren estos activistas limita su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica
Están siendo investigados por delitos de pertenencia a una organización criminal
Hoy dos activistas climáticos, de un total de 25, han declarado en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid por participar en actividades no violentas de protesta en favor del medio ambiente.
Amnistía Internacional ha acudido a la cita para mostrar su apoyo a los activistas y recordar que la investigación penal que se sigue contra ellos por pertenencia a organización criminal no tiene cabida según los estándares internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la protesta. Estos activistas son investigados por haber participado en acciones directas no violentas en nombre de Futuro Vegetal. Algunas de las acciones de protesta objeto de investigación son las realizadas en el museo de El Prado en noviembre de 2022, o el bloqueo de la circunvalación de Madrid, M-30, en diciembre de ese mismo año.

• Una veintena de entidades se han reunido con Pedro Sánchez y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para trasladarles sus principales propuestas para una aplicación del Pacto centrada en las personas y sus derechos.
• Las entidades exigen al gobierno que la voluntad expresada por Pedro Sánchez de garantizar los DDHH en la política migratoria se haga realidad.
• Para ello piden que no introduzca controles "previos" a la entrada que impidan el acceso a los derechos humanos ni haga uso de procedimientos de asilo y retornos acelerados en frontera, entre otras medidas que plantea el Pacto.

En este Día Mundial del Hábitat, que se celebra el lunes 7 de octubre, con la juventud y el futuro urbano en el centro del debate, es urgente reconocer cómo por la emergencia climática se están desarraigando comunidades, destruyendo viviendas y ampliando la desigualdad. En Amnistía Internacional, analizamos tres casos que revelan el alto coste de la inacción gubernamental, uno de ellos nos coge muy cerca. Hablamos de Cañada Real en Madrid. También analizamos El Bosque en Tabasco (México) y Nairobi en Kenia.
Imagina vivir en pleno siglo XXI, en una de las ciudades más grandes de Europa, pero sin acceso a algo tan básico como la electricidad. Esto es exactamente lo que les sucede a miles de personas que habitan la Cañada Real, en las afueras de Madrid, el mayor asentamiento informal de Europa. Y no hablamos de un problema reciente: desde 2020, los Sectores 5 y 6 de la Cañada no tienen electricidad.

Estados Unidos debe proporcionar urgentemente ayuda humanitaria a como mínimo 8.000 personas sirias desplazadas que se encuentran atrapadas en el asediado y aislado campo de Rukban, bajo el control de facto de Estados Unidos en la frontera de Siria con Jordania e Irak, sin acceso a alimentos, agua potable ni atención médica suficientes, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La ya grave situación humanitaria que se vivía en el campo se ha ido deteriorando drásticamente en los últimos meses, al endurecer el gobierno sirio el asedio que desde 2015 mantiene sobre el territorio que lo rodea, estableciendo puestos de control que han bloqueado las rutas informales de contrabando de las que dependían quienes viven Rukban para obtener suministros esenciales. El último convoy de ayuda humanitaria al que el gobierno sirio permitió entrar en el campo lo hizo hace casi cinco años, en septiembre de 2019.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe dar respuesta a las graves conclusiones de la Misión Independiente Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (MIIDH) y renovar su fundamental mandato, ha afirmado Amnistía Internacional tras la presentación del último informe de la MIIDH esta semana ante el Consejo.
El informe detalla "una de las crisis de derechos humanos más agudas" en la historia reciente del país, identificando un "nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho" tras las elecciones presidenciales de julio y, lo que es más significativo, también concluye que "las violaciones documentadas durante el marco temporal de su mandato (...) constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos".

Varias entidades organizan “Uniendo voces por Irán”, un acto en apoyo del movimiento “Mujeres, Vida, Libertad” en su segundo aniversario
Esta semana se cumplen dos años desde la muerte bajo custodia de Mahsa/Jina Amini y de las protestas que tuvieron lugar en Irán contra décadas de opresión y discriminación por razones de género bajo el nombre de “Mujeres, Vida, Libertad”. Por este motivo, y con la finalidad de mostrar apoyo al respeto y defensa de los derechos humanos en el país, el próximo 25 de septiembre se llevará a cabo un evento artístico en el Círculo de Bellas Artes Solidario de Madrid, al que asistirá, entre otras personas, Taghi Rahmani, periodista y marido de la activista iraní Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023.

El Tratado sobre el Comercio de Armas se adoptó hace más de 10 años
Amnistía Internacional sigue denunciando las transferencias ilegítimas de armas que propician graves abusos
El incumplimiento de las normas está provocando una pérdida de vidas devastadora en zonas de conflicto
Amnistía Internacional celebró en 2014 la adhesión de España al Tratado, pero pide su aplicación estricta y la publicación del informe anual de venta de armas españolas de 2023

Tras la aprobación de la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro’ conocida como ‘ley anti-ONG’, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, con la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en el país, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo:
“La ‘ley anti-ONG’, que viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva.

La comunidad afgana está luchando con tres años de frustración no resuelta mientras las autoridades de facto talibanas cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional contra la población de Afganistán, especialmente las mujeres y las niñas, con absoluta impunidad. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En una amplia consulta realizada a más de 150 partes interesadas, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros del sector académico, mujeres manifestantes y activistas, jóvenes, representantes de la sociedad civil y periodistas, Amnistía Internacional ha documentado las frustraciones de la comunidad afgana por la respuesta de la comunidad internacional y los miedos e indicios para el futuro.

Los países que dependen del extractivismo petrolero deben detener de inmediato actividades perniciosas como la quema rutinaria de gas en los mecheros y priorizar la eliminación gradual y urgente de los combustibles fósiles para asegurar una transición energética rápida y justa. La eliminación de la quema de gas de mecheros es una de las medidas más inmediatas y claves para hacer frente a la crisis climática que afecta, con mayor contundencia, a las comunidades históricamente marginadas de zonas de sacrificio, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

En respuesta a los informes que indican que las autoridades iraníes han ejecutado arbitrariamente esta mañana a Reza Rasaei, de 34 años, miembro de las minorías étnicas y religiosas oprimidas kurda y yaresaní, en relación con el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de septiembre-diciembre de 2022, sin avisar con antelación ni a él ni a su familia ni a su abogado, Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Mientras la atención de los medios de comunicación internacionales y nacionales se centraban en las tensiones regionales con Israel, las autoridades iraníes han llevado a cabo la abominable ejecución arbitraria en secreto de un joven que fue sometido a tortura y otros malos tratos durante su detención, incluida violencia sexual, y más tarde condenado a muerte en un simulacro de juicio.

“En todo el mundo, diversos sistemas tecnológicos están reforzando las desigualdades de género y consolidando sistemas de poder raciales y socioeconómicos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un documento informativo titulado Gender and Human Rights in the Digital Age.
Los grupos marginados, incluidas las mujeres y las personas LGBTI, se enfrentan a amenazas a sus derechos humanos debido a prácticas de recopilación de datos exhaustivas e inadecuadas que no reflejan su realidad individual. Los gobiernos justifican tales tácticas de captura de datos como una solución que ahorra costes destinada a implementar sistemas automatizados en el sector público para el pago de prestaciones, mientras las grandes empresas tecnológicas acumulan y usan datos personales de los usuarios para sus lucrativos modelos de negocio basados en la vigilancia. Esta acumulación y tratamiento poco regulados de grandes cantidades de datos no solo constituyen una vigilancia masiva perjudicial, sino que también consolidan la discriminación de las mujeres y las personas LGBTI.

España destaca por los nueve años de vigencia de las leyes mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana y doble Reforma del Código Penal), impunidad tras los abusos policiales, demonización de la protesta, persecución de activistas y, especialmente, por las infiltraciones de policías en los movimientos sociales.
En toda Europa, el derecho de reunión pacífica está sufriendo una fuerte embestida a medida que los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente, imponiendo restricciones injustificadas y punitivas y recurriendo a medios cada vez más represivos para acallar la disidencia; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

“Las autoridades de la Región del Kurdistán de Irak no están garantizando que los autores de violencia de género en el ámbito familiar —que incluye estremecedores casos de asesinato, violación, palizas y quemaduras— rindan cuentas de sus actos, y están imponiendo restricciones arbitrarias a las libertades de las sobrevivientes que buscan protección en el sistema de albergues”, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Aunque en la Región del Kurdistán de Irak se han adoptado algunas medidas legislativas positivas para combatir la violencia de género en el ámbito familiar, el informe titulado "Daunting and Dire: Impunity, underfunded institutions undermine protection of women and girls from domestic violence in the Kurdistan Region of Iraq” expone cómo, en la práctica, las sobrevivientes afrontan obstáculos considerables para acceder a protección y justicia en dicha región. El informe concluye que las autoridades carecen de voluntad política para enjuiciar a los autores de este tipo de violencia y para ofrecer un apoyo significativo a las mujeres y las niñas que recurren al Estado para que las proteja.

Nueve organizaciones de la sociedad civil denuncian que #ProtestarNoEsTerrorismo en el noveno aniversario de las Leyes Mordaza
Amnistía Internacional, Greenpeace, Defender a quien Defiende, Futuro Vegetal, Novact, Irídia, Rights International Spain, Extiction Rebellion y Rebelión Científica destacan en un manifiesto que publican hoy la criminalización del derecho a la protesta por la aplicación desproporcionada del Código Penal de los delitos de terrorismo u organización criminal

Activistas de la organización participarán en numerosas marchas del Orgullo en toda España

En todas las regiones del mundo, bien por los discursos antiderechos contra las personas LGBTI, bien por la aprobación de leyes que de facto recortan estos derechos, aumenta la presión contra este colectivo, lo que repercute en el aumento del acoso y la violencia a la que se enfrentan. Las personas transgénero son las más perjudicadas.
62 Estados miembros de la ONU criminalizan los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo. Al menos 59 tienen leyes, normas y reglamentos que prohíben formas de expresión relacionadas con cuestiones de diversidad sexual y de género, e imponen barreras legales a las organizaciones que defienden abiertamente los derechos de las personas LGBTI. Entre ellos, 12 países condenan o podrían condenar a pena de muerte a personas que tienen relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo: Arabia Saudí, Brunei, Mauritania, Irán, Nigeria, Uganda y Yemen, además de Afganistán, Pakistán, Qatar, Somalia y Emiratos Árabes Unidos. Junto al retroceso de países que criminalizan la homosexualidad con penas de cárcel o castigos físicos, las narrativas contrarias a las personas LGBTI crecen en todo el mundo, así como la aprobación y modificación de leyes que socavan sus derechos.

Las autoridades rusas niegan sistemáticamente el contacto familiar a las personas críticas con el gobierno encarceladas arbitrariamente, según revela Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe se basa en varios casos emblemáticos para documentar cómo las autoridades aprovechan los vacíos legales y se inventan pretextos para aislar aún más a las personas disidentes, incluidas las que están en prisión por denunciar la invasión rusa de Ucrania.
“No son prácticas aisladas utilizadas por unos pocos funcionarios ruines. Se trata de una estrategia deliberada del gobierno ruso para aislar y silenciar a las personas disidentes e infligirles más sufrimiento a ellas y a sus familias. Se están reduciendo todas las formas de contacto —visitas, llamadas telefónicas, cartas—”, ha declarado Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia.
Las autoridades están utilizando una serie de tácticas para privar arbitrariamente a los presos y presas del contacto con sus familias y amistades.