Los ayuntamientos de la sierra de las nieves suspenden las ferias y eventos multitudinarios durante los meses de julio y agosto, como medida preventiva ante la situación de pandemia de covid-19.
Los ayuntamientos de Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera, integrados en la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, reunidos hoy 24 de junio, han acordado de forma coordinada suspender, con efecto hasta el próximo día 31 de agosto del presente año, todas las ferias y eventos festivos multitudinarios organizados por los propios ayuntamientos en los que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas ante el contagio de COVID-19.
Así mismo, se ha acordado que, en función de la evolución de la pandemia y los posibles rebrotes de contagio, se realizará un continuo seguimiento y se evaluará más adelante la celebración de los eventos que pudieran programarse para meses posteriores a la fecha indicada.

En AAT (IU, Podemos e Independientes) cumplimos con lo prometido: Mejorar la calidad de vida y el medio ambiente de nuestro querido Alhaurín de la Torre.
Se acaba de cumplir un año de la constitución de la nueva corporación municipal de Alhaurín de la Torre en Junio de 2019. En este año, Adelante Alhaurín de la Torre (la nueva confluencia de izquierda ecologista formada por IU, Podemos y un grupo de independientes) ha llevado a cabo un trabajo constante en defensa de los ideales de justicia social y ambiental que defendemos y que llevamos en nuestro programa.

Tras el impacto sanitario, social y económico sufrido a causa de la pandemia de la COVID-19, el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. En ella comparecen diferentes responsables políticos y expertos en diversas materias a petición de los grupos políticos que conforman el Parlamento.
Hace unos días asistía a esta comisión la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ponía sobre la mesa algo en lo que todas y todos hemos pensado estos meses y que es fundamental blindar en cualquier sociedad democrática y que aspire a la libertad plena de sus individuos: los cuidados. En este sentido, el Ministerio de Igualdad ha propuesto el diseño de un robusto sistema estatal de cuidados construido desde lo público y en colaboración y coordinación con todas las Administraciones, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Un pacto por los cuidados que implique no solo a las fuerzas políticas y a las Cortes Generales, sino también a la sociedad civil, que desde hace décadas y durante estas semanas ha ido marcando el camino y proponiendo soluciones para abordar la crisis, y que agru pa a las personas, particularmente mujeres, que hoy en día sostienen cotidianamente los cuidados. Su voz es fundamental para el diseño de políticas públicas que nuestro país requiere.

Se trata de una medida extraordinaria dirigida a paliar los efectos de la crisis sanitaria por la Covid-19. Permitirá generar cerca de 280 puestos de trabajo en la comarca, 40 de ellos en Coín que contará con una inversión de 335.000 euros.
La Junta de Andalucía inyectará en la comarca del Valle del Guadalhorce unos 2,4 millones de euros dentro de la ‘Iniciativa AIRE’. Así lo ha anunciado la delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, que acudió ayer al Ayuntamiento de Coín para anunciar esta inversión a nivel comarcal, acompañada por el alcalde de la localidad, Francisco Santos; y la concejala de Empleo, Raquel López. Allí, ha explicado en qué consiste esta nueva medida extraordinaria que ha puesto en marcha  la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE) de los municipios andaluces y malagueños,  una actuación “destinada a reactivar el empleo y a beneficiar a la población desempleada, paliando así, los efectos ocasionados por la crisis sanitaria provocados por el COVID-19”, según ha explicado la delegada.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a repartir esta semana unas trescientas garrafas de 5 litros de gel hidroalcohólico desinfectante a los comercios del municipio, con el objetivo de facilitar a los pequeños y medianos empresarios las obligadas medidas de limpieza e higiene para desarrollar su actividad frente al Covid-19. Para ello, la Delegación de Comercio ha previsto distribuir entre este lunes y martes estas unidades, encargadas por el Consistorio a una empresa especializada y que cuentan con un etiquetado con el escudo y los colores oficiales de Alhaurín de la Torre. La Casa de la Juventud ha sido el lugar escogido para el reparto de estos más de 1.500 litros de producto desinfectante (en horario de 9,30 a 13,30 horas).

El coronavirus todavía no ha sido vencido. Los 14 rebrotes en el territorio español pueden ser la punta del iceberg. Con un cinco por ciento de prevalencia o de supuesta inmunidad de toda la población parece que no es para echar las campanas al vuelo. O se extrema la prudencia, por parte de todos, o podemos volver al confinamiento en unos meses. Esperemos que no, pero nadie lo puede asegurar.
El Gobierno se plantea decretar el estado de alarma por territorios, si los rebrotes se descontrolan. Algunos dicen  que se debería confinar  a los que no usan la mascarilla obligatoria o que no se la ponen correctamente. Puede parecer excesivo, pero se trata de evitar una segunda oleada que parece probable, tal como van las cosas. Si a esto se unen los casos importados de Brasil, Bolivia y otros países es pensable que la situación se descontrole mucho en los dos próximos meses de verano.
El control de los aeropuertos debe ser más riguroso de lo que ya es. La libertad de movimientos por los países europeos supone riesgos evidentes de contagios por el coronavirus. Si aumenta mucho el número de vuelos diarios en Barajas de 100 a unos 1.200 la cantidad de turistas o viajeros a controlar hará muy difícil  que no nos veamos afectados por muchas personas contagiadas que difundan más el COVID-19 por España. No ha acabado todo. Y no sirve de nada quejarse, si vuelve a haber confinamientos en determinados territorios, por la falta de prudencia de una parte  considerable de la población.  El sentido común parece que ha sido puesto entre paréntesis. Los más de 40.000 muertos en España nos recuerdan lo que puede volver a pasar en unos meses.

En la mañana de ayer tuvo lugar en el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife de Granada, la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
► Informe relativo a las inversiones en la ciudad de Granada correspondientes al Plan Alhambra
► Informe referente al Plan de Reactivación Económica de Infraestructuras Hidráulicas en la provincia de Granada
► Informe sobre la segunda Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria en Granada y acerca del avance en la calidad de infraestructuras y servicios
► Informe de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sobre las próximas actuaciones en Granada
► Acuerdo sobre los trámites para construir la infraestructura ‘International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source’
► Informe sobre los efectos en la calidad del aire de Andalucía de las medidas adoptadas contra el Covid-19, con especial referencia a Granada
► Proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado
► Acuerdo por el que se autoriza la contratación de comedor escolar y Programa de refuerzo en alimentación infantil por 46,8 millones de euros
► Acuerdo por el que se fijan los precios públicos de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza, de Diseño y de Música para el curso 2020/21

Ya es de conocimiento colectivo que la pandemia del Covid-19 y su obligada respuesta del confinamiento han provocado una nueva crisis económica y social en el mundo y en España. Oxfam Intermón, ningún partido político ni ninguna institución con intereses de poder, ha cuantificado en 700.000 el número de nuevas personas pobres en España mientras 23.000 millonarios han aumentado sus fortunas en 19.200 millones de euros durante los 80 días que ha durado el estado de alarma. Y con toda su inocencia ha pedido, entre otras medidas, por ejemplo, aplicar una fiscalidad progresiva. Porque la desigualdad en España se puede multiplicar por ocho, en otras palabras, que los que menos tienen perderían ocho veces más dinero del que tienen los más ricos.
Por ello, Oxfam Intermon dice: “una reconstrucción justa y necesaria es posible”. Es decir, que en España mejore en la recaudación de sus impuestos, básicamente gravando a las grandes fortunas, y recuerda que la recaudación fiscal sigue cuatro puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Y proponen crear un impuesto temporal que grave los beneficios empresariales extraordinarios, y de forma permanente reformar los impuestos de patrimonio, del IRPF y del impuesto de sociedades. De esta forma, consideran que podrían aflorar 10.000 millones de euros más, con los que el Estado debería invertir en protección social, residencias, educación y sanidad. Lo importante es que coincide con lo planteado por Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en la comisión de reconstrucción del Congreso. Redistribuir la riqueza es la clave.

La aplicación policial de las medidas de confinamiento por la COVID-19 en toda Europa ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Actuación policial durante la pandemia abarca 12 países europeos y pone al descubierto una inquietante tendencia a los prejuicios raciales relacionada con la preocupación por el racismo institucional presente en las fuerzas policiales. El informe refleja asimismo otros motivos de preocupación más generales planteados en las protestas del movimiento “Black Lives Matter” (La vida de las personas negras importa).
“La violencia policial y la preocupación por el racismo institucional no son cuestiones nuevas, pero la pandemia de COVID-19 y la aplicación coercitiva de las consiguientes medidas de confinamiento han sacado a la luz su grado de extensión”, ha afirmado Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional sobre Europa Occidental. “Europa debe abordar urgentemente la triple amenaza de la discriminación, el uso ilegítimo de la fuerza y la impunidad policial.”