El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre trabaja en varios frentes para favorecer a los comerciantes y hosteleros del municipio de cara a la reapertura de sus negocios cuando ello sea posible. El alcalde adelantó durante la reciente comisión del plan municipal de lucha contra el coronavirus que una de las propuestas pasa por aumentar la superficie peatonal en diversas calles para que se puedan cumplir las medidas de distanciamiento entre los clientes y consumidores.
Por ello, el Ayuntamiento estudia diversas zonas para ampliar la superficie, tanto para las terrazas como para aquellos establecimientos de venta de productos donde los compradores tienen que hacer cola para entrar por la limitación del aforo. Una de las medidas pasa por convertir en peatonal durante los fines de semana el tramo de la calle Juan Carlos I que comunica la plaza de San Sebastián con el Huerto Coscorrón (cruce con la calle Jabalcuza). El objetivo es dinamizar el tejido productivo de Alhaurín de la Torre y aliviar la situación de los sectores que peor lo están pasando en esta crisis.

Ante la imposibilidad de celebrar el tradicional certamen este año, tras declararse la pandemia por el Covid-19, la Diputación provincial comprará 1.000 euros en aceite a cada una de las 15 almazaras que se han presentado a la convocatoria
El Boletín Oficial de la Provincia recoge hoy la suspensión de los Premios a los mejores aceites de oliva virgen extra que organiza la Diputación de Málaga y que este año cumplirían su XIX edición. Ante la imposibilidad de llevar a término el concurso debido a las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad, la Delegación de Desarrollo Económico Sostenible, a través de su marca promocional 'Sabor a Málaga' ha decidido invertir la cuantía de los premios, que asciende a 15.000 euros más IVA, en comprar a cada una de las almazaras la cantidad de 1.000 euros en botellas de 250 mililitros, que serán destinadas por la Diputación a actos protocolarios.

La actuación resolverá las fugas existentes en conductos y compuerta y mejorará considerablemente la calidad del agua
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha adjudicado por un total de 695.700 euros las obras y el servicio de asistencia técnica para la reparación de los conductos de la toma de desagüe de fondo de la presa de Guadalhorce, en la provincia de Málaga.
La inversión que va a efectuar la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía para la obra, cofinanciada con fondos Feder, asciende a más de 667.000 euros, a los que se suman los algo más de 28.000 de la asistencia técnica.
La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses, pretende resolver las importantes fugas que actualmente se registran en conductos y en la compuerta de desagüe para reducir las pérdidas de agua y mejorar la eficiencia de esta infraestructura y también para aumentar la garantía y calidad del suministro de agua potable a la población.
Para ello, entre otras actuaciones, se van ejecutar actuaciones sobre la compuerta y se va a fabricar un escudo para obturar de manera provisional el desagüe de fondo para poder trabajar de manera segura en la reparación del mismo. Además, se sustituirán y renovarán hierros fijos, se va a desobturar el conducto de toma y se van a aplicar tratamientos anticorrosivos en el conjunto de conductos.

Los socialistas insisten en que el retraso en el cobro de los ERTE en Andalucía es culpa de la Junta que exigió la inscripción en el SAE
El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado en una reunión telemática del Grupo Parlamentario de los socialistas malagueños que el Gobierno de España da cobertura a cerca de 212.000 trabajadores en nuestra provincia. En concreto, un total de 211.982 personas en la provincia de Málaga, sumando las que reciben prestación por ERTE como las prestaciones por paro, reciben cobertura por parte del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE).
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, el SEPE ha recibido en abril 17.169 solicitudes de ERTE de empresas de Málaga, con un total de 93.079 trabajadores incluidas en esas solicitudes, a los que se da cobertura. A lo largo del mes pasado, el SEPE ha reconocido un total de 123.370 nuevas prestaciones en nuestra provincia, lo que eleva el número total de personas con cobertura, tanto las de los ERTES como las que perciben prestaciones por paro, a 211.982. El importe total de la nómina con la que se abonarán todas estas prestaciones asciende a 184,7 millones de euros.

Por  Abel Ros.- Esta mañana, mientras limpiaba el trastero, he encontrado varios discos de mis años juveniles. Años donde El Capri era mi segunda casa. Y años donde llevaba a mis padres por el camino de la amargura. Recuerdo que con catorce años, tenía un programa en la radio de mi pueblo. Un programa de música pop que insuflaba aire fresco a una vida de fracasos y desventuras. Fracasos con las mujeres, fracasos con los estudios y autoestima arrastrada por los suelos. Dentro de un disco, de un elepé como diríamos entonces, he encontrado una carta manuscrita. Una carta con decenas de faltas de ortografía, escrita en primera persona y llena de poesía. Mientras la leía, han aflorado a mi mente cientos de olores y paisajes clandestinos. Con las manos temblorosas, he cogido el móvil y la he fotografiado. En esa carta cito a Joaquín, a Pedro y a María. Los cito porque siempre estuvieron ahí cuando más los necesitaba. Ampliar en El Rincón de la Crítica

El alcalde socialista de Torremolinos y miembro de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, José Ortiz, asegura que el Gobierno andaluz está provocando con su estrategia “una gran incertidumbre” tanto en la población como en el sector turístico andaluz.
El alcalde de Torremolinos y miembro de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, José Ortiz, ha denunciado “la grave irresponsabilidad” de la Junta de Andalucía de pretender abrir al público las playas del litoral andaluz el próximo 25 de mayo cuando, por otra parte, ha dado a los ayuntamientos de los municipios costeros andaluces in plazo de un mes, hasta el próximo 12 de junio, para que estos presenten sus planes de contingencia al Gobierno andaluz que detalle todo el procedimiento y las herramientas necesarias para hacerlo en completa garantía y seguridad para los usuarios.
Así lo ha manifestado tras una nueva reunión de alcaldes y alcaldesas de municipios costeros, en su caso de la provincia de Málaga con la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, reunión que califica de “expectativa incumplida” en relación a la apertura de las playas. Ortiz ha asegurado que “con su estrategia el Gobierno andaluz está provocando una gran incertidumbre tanto en la población como en el sector turístico, pieza clave de la economía de muchos municipios, y en la salud y la economía no hay nada peor que la incertidumbre”.

Ayer, 12 de mayo, recibimos la noticia de que el gobierno estudia la posibilidad de mantener el Estado de alarma hasta el final de la desescalada, algo lógico. Sin embargo, también hemos sabido que pretende hacerlo a través de una única prórroga, en lugar de las ya conocidas prórrogas de 15 días.
Esto no se ha hecho con el fin de mejorarle la vida al ciudadano de a pie ni mucho menos, sino se ha hecho única y exclusivamente con fines partidistas. El gobierno ve cómo su gobierno del desgobierno se rompe en mil pedazos, y por ello busca la forma de salvar un barco que lleva meses a la deriva y con el agua por las rodillas.
Nos vamos a una crisis sin parangón, a unas más que probables elecciones y a un crack brutal del mercado laboral. Y mientras, el gobierno piensa cómo repartir más ayuditas sin la necesidad de presentar documentos que acrediten la necesidad de recibirla.
Ya no sabe uno qué da más pereza, si las medidas narnianas de este desgobierno o si los cibervoluntarios que tienen en las redes defendiendo hasta la cantidad de azúcar que se ha echado Pablo Iglesias en el café de esta mañana. Mientras, la economía se resquebraja.

Tendrán preferencia las solicitudes de información o copia de documentos que deban aportarse a un proceso administrativo o judicial

El Archivo General de la Diputación de Málaga (avenida de Los Guindos, 48) retoma su actividad a través de las consultas telemáticas y de forma presencial con cita previa, según la orden SND/388/2020 del 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura de determinados comercios, servicios y apertura de archivos.
Así lo ha dado a conocer el diputado responsable, Manuel López Mestanza, que ha explicado que se seguirá ofreciendo el servicio de consulta a aquellos particulares e investigadores que necesiten acceder a sus fondos.

Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña Castilla y León, Castilla La Mancha y las Islas Canarias aprovechan el discurso de la reactivación económica post-covid para agilizar paquetes normativos y proyectos que vuelven a buscar en el ladrillo la salida a la crisis, sin suficiente evaluación de impacto ambiental
En Andalucía hay un resurgir del ladrillo con nuevos campos de golf u hoteles de 300 habitaciones en el litoral y en Madrid se podrán desbloquear hasta 2.000 expedientes urbanísticos sin suficiente evaluación ambiental
Madrid, 13 de mayo de 2020.- Se recuperan viejos argumentos y políticas del ladrillazo. En plena crisis por el coronavirus, Greenpeace denuncia las diferentes iniciativas en determinadas Comunidades Autónomas que, aprovechando el amparo de la reactivación económica, promueven la destrucción ambiental y suponen un grave retroceso en los avances conseguidos, además de un ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública.

Amnistía Internacional remite a Fiscalía, Abogacía del Estado, defensas y acusación particular un informe técnico de cara a la resolución del recurso de amparo
Ante la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos de amparo de los condenados por el procés, Amnistía Internacional ha presentado a las distintas partes un informe técnico en base al derecho internacional que incide, entre otros aspectos, en la vaguedad del delito de sedición en el Código Penal, en aplicación del cual el Tribunal Supremo condenó a 9 años de prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La organización destaca en este informe cómo dicha sentencia vulnera el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de ambos, y argumenta por qué deben ser puestos en libertad de manera inmediata.
Amnistía Internacional ha remitido este informe tanto a Fiscalía del Tribunal Constitucional como a la Fiscalía General del Estado, a la Abogacía General del Estado y a la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos de la Abogacía del Estado, además de a los abogados de las defensas y de la acusación particular. Amnistía Internacional también se ha dirigido a diferentes  mecanismos internacionales y regionales de Derechos Humanos para hacerles partícipes del posicionamiento y de las preocupaciones de la organización sobre este caso.