Según nuevos testimonios recopilados por Amnistía Internacional, China acosa de forma sistemática a la comunidad uigur y a otros grupos étnicos musulmanes incluso después de que hayan abandonado el país. Los estudios de casos, publicados hoy on line, revelan cómo China acosa a miembros de la diáspora uigur y de otras comunidades en todo el mundo a través de sus embajadas en el extranjero, mediante aplicaciones de mensajería y con llamadas telefónicas amenazadoras.
“Estos relatos escalofriantes de personas uigures que viven en el extranjero ilustran cómo la sombra de la represión China contra las comunidades musulmanas va más allá de sus fronteras”, ha afirmado Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional sobre China.
“Los miembros de la comunidad uigur y de otras minorías no están a salvo ni siquiera después de huir de la persecución en Sinkiang. El gobierno chino sabe cómo localizarlos e intimidarlos y, finalmente, intenta llevarlos de nuevo a China, donde les espera un destino terrible. Para conseguir su devolución el gobierno chino llega incluso a presionar a otros gobiernos.”

Brutalidad y represión para responder a una nueva oleada de levantamientos masivos durante un “año de resistencia”
•El informe examina la situación de los derechos humanos en 19 Estados de Oriente Medio y el Norte de África en 2019.
•La oleada de protestas a lo largo de Argelia, Irak, Irán y Líbano demuestra la reactivación de la fe en el poder popular
•Más de 500 muertes en Irak y más de 300 en Irán en la brutal represión de las protestas
•Represión implacable de quienes expresaban críticas o defendían los derechos humanos de manera pacífica
•Detención de al menos 136 presos y presas de conciencia en 12 países por ejercer la libertad de expresión en Internet

•Tras dos años y medio, los ojos del mundo están puestos en Estambul ante esta esperada sentencia
•Celebridades y personalidades de la política se suman a dos millones de personas que exigen justicia. En España, más de 2.600 personas han enviado mensajes de solidaridad
•Una delegación de alto nivel de Amnistía Internacional con presencia española escuchará el fallo contra el expresidente y la exdirectora de la organización en Turquía
Se espera que mañana se dicte sentencia en las causas judiciales de 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes figuran antiguos dirigentes y varios miembros de Amnistía Turquía, que llevan más de dos años y medio luchando contra cargos falsos y que podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de cárcel si son declarados culpables.

•Las organizaciones Amnistía Internacional y ARTICLE 19 denuncian que esta norma da excesivos poderes al gobierno para intervenir, suspender o asumir la gestión de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas por razones de seguridad nacional, seguridad pública y orden público, sin mecanismos de control para evitar que se aplique de manera desproporcionada
Madrid.- El Real Decreto Digital 14/2019 (RDL), aprobado el pasado mes de octubre y que entró en vigor en noviembre, amplía de manera desproporcionada los poderes del gobierno español, a través del Ministerio de Economía, para intervenir las redes y las comunicaciones, poniendo de esta manera en peligro la libertad de expresión y de información. Así lo han afirmado Amnistía Internacional y ARTICLE 19, dos organizaciones internacionales con amplia experiencia en el ámbito de la libertad de expresión, que han enviado una carta al gobierno español ahora que están abiertas las negociaciones para la posible reforma de los decretos digitales, para solicitar que se modifiquen algunos aspectos de este RDL, de manera que se restrinjan los excesivamente invasivos poderes que esta norma da al gobierno para controlar, aunque de manera excepcional y temporal, la infraestructura de Internet, alegando razones de seguridad nacional, seguridad pública y orden público y sin necesidad de una orden judicial.

En respuesta a la detención arbitraria del investigador egipcio Patrick Zaki, quien actualmente cursa estudios de posgrado sobre género en Italia y que fue detenido el viernes pasado a su llegada a El Cairo por “difundir noticias falsas” e "incitar a la protesta" entre otros cargos, Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:
“La detención arbitraria y tortura de Patrick Zaki a manos de las autoridades sólo es un ejemplo más de la arraigada represión ejercida por el Estado contra supuestos opositores y personas que defienden los derechos humanos, que alcanza cotas más osadas cada día que pasa.

El buque forma parte de una flota que ha transportado armas por valor de cientos de millones de dólares con destino a la guerra de Yemen
En varios puertos europeos están previstas demandas, protestas y otras acciones contra el regreso esta semana del Bahri Yanbu, carguero propiedad de Arabia Saudí que ha transportado armas por valor de cientos de millones de dólares para alimentar la guerra en Yemen, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Está previsto que el carguero, recién llegado de una travesía transatlántica tras realizar escalas en Estados Unidos y Canadá el mes pasado, visite cinco puertos europeos a partir del 2 de febrero antes de continuar su viaje hacia Arabia Saudí. Los puertos son Bremerhaven (Alemania); Amberes (Bélgica); Tilbury Docks (Reino Unido); Cherburgo (Francia) y Génova (Italia).

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional revela cómo las autoridades saudíes, pese a toda su retórica sobre reformas, están utilizando el Tribunal Penal Especializado como arma para silenciar sistemáticamente la disidencia. Junto con el informe, la organización presenta una campaña para pedir la libertad inmediata e incondicional de todas las personas defensoras de los derechos humanos que han sido detenidas por expresarse pacíficamente.
En "Silenciar las voces críticas: Juicios politizados ante el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí", la organización documenta el escalofriante alcance de los procesamientos ante este tribunal de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la esfera política, reformistas, clérigos y profesionales de la literatura, la economía y el periodismo, incluidas personas de la minoría musulmana chií de Arabia Saudí que han sido juzgadas de manera manifiestamente injusta ante este tribunal y condenadas a duras penas, incluso a muerte, en aplicación de imprecisas leyes contra el terrorismo y la ciberdelincuencia.

Amnistía Internacional publica un informe con recomendaciones ante la visita del Relator de Naciones Unidas sobre extrema pobreza
Más de 400.000 desalojos entre 2013 y 2019, un 26,1% de la población en riesgo de pobreza (el 42,9% en el caso de las familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres) y un gasto personal en vivienda que ha aumentado en un 25,9% en los últimos 13 años son algunas de las cifras más alarmantes
Madrid.- Amnistía Internacional se reúne este lunes, junto con otras organizaciones, con Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, que se encuentra realizando desde el 27 de enero y hasta el 7 de febrero, su primera visita a España. La organización le ha hecho llegar un informe con sus principales preocupaciones, especialmente en materia de dos de los derechos, cuya violación contribuye de forma más decisiva al riesgo de pobreza en el Estado español: el acceso a la vivienda y a la salud. 

Perú está traicionando su tradición de solidaridad con las personas venezolanas que buscan protección, a quienes ahora rechaza deliberadamente en la frontera. Así lo ha revelado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe, Buscando refugio: Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela.
Las personas venezolanas solicitantes de la condición de refugiado que intentan entrar en Perú por la frontera con Ecuador son rechazadas a pesar de parecer cumplir todos los criterios para recibir protección internacional. Perú niega la entrada incluso a personas venezolanas en evidente estado de vulnerabilidad, como las que son ancianas y los niños y niñas no acompañados.

Libertad de expresión, derechos de las mujeres y LGBTI, y derechos de las personas refugiadas y migrantes, principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Marruecos
Ante el inminente viaje de la Ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, el próximo viernes 24 de enero a Marruecos, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al gobierno español para presentarle las principales preocupaciones y recomendaciones de la organización sobre la situación de derechos humanos en Marruecos.
“El reino de Marruecos viola los derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a libertad de expresión, derechos de las mujeres y personas LGBTI, y derechos de las personas migrantes y refugiadas”, asegura Olatz Cacho, responsable del trabajo sobre Marruecos de Amnistía Internacional en España.

La organización ha recogido más de 17.000 firmas en www.actuaconamnistia.org
Un grupo de mujeres de Amnistía Internacional ha realizado hoy un acto de protesta frente a la Embajada de Arabia Saudí en Madrid para pedir la libertad de Loujain al-Hatloul, activista saudí en prisión desde mayo de 2018 por reclamar el fin del sistema de tutela masculina que restringe derechos de las mujeres.
Este acto se ha realizado en el contexto de la celebración de la Supercopa de Fútbol de España en la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, que se inicia hoy. Las mujeres de la organización han posado como si fueran un equipo de fútbol con el dorsal 600, que son los días que lleva en prisión Loujain.
Loujain al-Hathoul es una de las 11 activistas que actualmente están en riesgo de ser condenadas a penas de hasta 20 años de prisión por defender los derechos de las mujeres en Arabia Saudí.
Amnistía Internacional recoge firmas para conseguir que queden en libertad sin cargos en su centro de activismo on line www.actuaconamnistia.org Hasta el momento se llevan recogidas más de 17.000 firmas.

El gobierno debe asegurarse de que el barco saudí no transporta armas a través de puertos españoles
El barco de propiedad estatal saudí Bahri Abha ha llegado en la madrugada de este martes al puerto de Sagunto, en Valencia, a pesar de las peticiones de organizaciones como Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón al gobierno español para que impidiera su entrada en puerto español.
Las organizaciones que conforman Armas Bajo Control han acudido esta mañana al puerto de Sagunto para protestar por la llegada del barco y para exigir al Gobierno español que deje de permitir el tránsito de “barcos de la muerte”, así como la carga, en territorio español, de armas que podrían ser usadas para cometer crímenes de guerra. 

El cambio climático es el problema más importante que afronta el mundo, según una nueva encuesta a jóvenes que hace pública hoy Amnistía Internacional en el el Día de los Derechos Humanos.
Con la publicación de las conclusiones mientras los gobiernos se reúnen en Madrid en la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, la organización advierte de que la inacción de quienes dirigen el mundo ante la crisis del cambio climático les está distanciando de la juventud.
“Este año, cuando la gente joven se ha movilizado masivamente por el clima, no sorprende que muchas de las personas encuestadas lo consideren uno de los problemas más importantes que afronta el mundo”, afirma Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

Los gobiernos no están protegiendo a las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género y sexualidad (WHRD, por sus siglas en inglés), que habitualmente afrontan una amplia variedad de ataques vinculados específicamente con el género, como la violación, por su labor de promoción de los derechos relativos a mujeres, igualdad de género y sexualidad, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos.
“Desafiar al poder, combatir la discriminación: Llamada a la acción para reconocer y proteger a las defensoras de los derechos humanos y a las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género y sexualidad” revela que estas activistas siguen siendo objeto de agresión, amenazas, intimidación, criminalización e incluso homicidio por su activismo. Todo ello, a pesar de los reiterados compromisos de mejorar su protección, incluida la aprobación de una resolución de la ONU hace seis años.

A casi un año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente, su gobierno ha mostrado pocos avances substanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México, dijo Amnistía Internacional hoy al presentar un balance sobre algunos de los temas más relevantes en la agenda nacional, en el informe  “Cuando las Palabras No Bastan”.
“El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Sin embargo, después de un año de su gobierno, no se observan cambios substanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década. Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Las denuncias por violencia sexual se incrementan en 2019 un 11,8%, pero sigue sin haber ningún centro de crisis con atención permanente y solo 4 comunidades tienen teléfono especializado
Las Comunidades Autónomas siguen sin concretar medidas que aborden la violencia sexual. Pese a que se están poniendo en marcha algunas iniciativas, lo cierto es que apenas hay políticas públicas y son insuficientes los recursos especializados para prevenir, proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en España. Un problema que podría afectar al 13,7% de las mujeres de más 16 años en España (unos 3 millones), según los datos de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015.

Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país.  
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La vigilancia omnipresente que ejercen Facebook y Google sobre miles de millones de personas representa un peligro sistémico para los derechos humanos, ha advertido Amnistía Internacional en un nuevo informe, la vez que ha pedido una transformación radical del modelo empresarial básico de los gigante tecnológicos.
Surveillance Giants  (“Gigantes de la vigilancia”) muestra cómo el modelo empresarial, basado en la vigilancia, de Facebook y Google es intrínsecamente incompatible con el derecho a la privacidad y representa un peligro sistémico para diversos derechos más, como la libertad de opinión y de expresión, la libertad de pensamiento y el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación.
“Google y Facebook dominan actualmente nuestra vida, pues acumulan un poder sin igual sobre el mundo digital por medio de la recopilación y monetización de los datos personales de miles de millones de personas. Su control insidioso de nuestras vidas digitales menoscaba la esencia misma de la privacidad y es uno de los problemas de derechos humanos que definen nuestra época”, ha señalado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

•La vaguedad de la definición del delito de sedición y la interpretación que ha desembocado en la condena de los líderes catalanes podría tener un efecto paralizante perjudicial en las protestas pacíficas.
•Jordi Sànchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sus condenas deben ser anuladas.
Barcelona/ Madrid / Londres.- “La condena de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por sedición viola sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica; ambos deben ser puestos en libertad de forma inmediata”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, tras la publicación de su análisis de la sentencia dictada el mes pasado por el Tribunal Supremo español.
Las penas de prisión impuestas a los dos líderes de la sociedad civil y a otros siete altos cargos catalanes son consecuencia de la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español y de la interpretación, excesivamente amplia y peligrosa, de esta definición que ha hecho el Tribunal Supremo.

Los meses que precedieron a su incursión militar en el noreste de Siria, Turquía estuvo deportando personas refugiadas a este país asolado por la guerra antes de intentar establecer una “zona segura” en el lado sirio de la frontera como había anunciado; así lo revela la nueva investigación de Amnistía Internacional.
Según personas refugiadas con quienes la organización se reunió o habló, la policía las había golpeado o amenazado para que firmaran documentos en los que declaraban que estaban solicitando su retorno a Siria, cuando en realidad Turquía estaba obligándolas a regresar a una zona de guerra y poniendo sus vidas en grave peligro.
“Que Turquía afirme que hay personas refugiadas de Siria que están decidiendo volver directamente al conflicto es deshonesto y peligroso. Según nuestra investigación, más bien están siendo engañadas u obligadas a volver”, ha asegurado Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes.

En España, la organización ha lanzado una campaña de solidaridad, "Corre por Julián", en la que más de 400 runners de todo el país han realizado carreras y paseos para “donar” hasta un total de 10.000 km, la distancia que separa Madrid de Chihuahua
A un año del asesinato del líder indígena rarámuri Julián Carrillo, las autoridades mexicanas deben tomar medidas urgentes para realizar una investigación exhaustiva que permita determinar quiénes son los responsables en su caso y en todos los ataques contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, dijo Amnistía Internacional hoy.

Mujeres detenidas sin cargos ni juicio por salir de su casa sin el permiso de familiares masculinos o por mantener una relación fuera del matrimonio
Las autoridades jordanas deben dejar de colaborar con el abusivo sistema de “tutela” masculina que controla las vidas de las mujeres y limita su libertad personal. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Imprisoned women, stolen children: policing sex, marriage and pregnancy in Jordan documenta cómo las mujeres acusadas de salir de su casa sin permiso o mantener relaciones sexuales extramatrimoniales corren peligro de ser detenidas y sometidas a humillantes “pruebas de virginidad” si sus familiares varones lo denuncian a las autoridades. Las mujeres embarazadas fuera del matrimonio también se enfrentan a la separación forzosa de sus recién nacidos.

La violación del embargo de armas de la ONU por Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países contribuye a posibles crímenes de guerra
Los contendientes en la batalla que actualmente se libra por Trípoli han matado y mutilado a decenas de civiles con sus ataques indiscriminados y su uso de diversas armas explosivas poco precisas en zonas urbanas densamente pobladas, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe que se publica hoy.
La organización, que ha realizado la primera investigación de campo en profundidad a ambos lados del frente desde que se iniciaron las hostilidades el 4 de abril, y ha visitado 33 lugares de Trípoli y sus alrededores donde se han producido ataques aéreos y terrestres, ha encontrado indicios de posibles crímenes de guerra cometidos por ambos bandos, tanto el Gobierno de Acuerdo Nacional, respaldado por la ONU, como el autoproclamado Ejército Nacional Libio, en sus combates en la ciudad y sus alrededores.

Ante las movilizaciones y manifestaciones que están teniendo lugar en Barcelona y en el resto de Cataluña tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en relación a 12 líderes políticos y activistas catalanes, Amnistía Internacional hace un llamado urgente a todas las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para facilitar el derecho de reunión pacífica y permitir a todas las personas expresar libremente su opinión al respecto de forma segura.
“La naturaleza de las movilizaciones ha sido eminentemente pacífica, y aunque se han producido algunos actos de violencia que han puesto en riesgo a algunas personas, las fuerzas de seguridad deben actuar con moderación. Las autoridades deben hacer todo lo posible por no contribuir a la escalada de tensión en la calle y responder en todo momento de forma proporcionada ante los posibles brotes de violencia”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Somos conscientes de los retos que enfrentan las fuerzas de seguridad, pero el uso excesivo de la fuerza y la utilización inapropiada de material antidisturbios por parte de miembros de la policía nunca puede estar justificado”.

En respuesta a la noticia de que la periodista Hajar Raissouni, condenada a un año de prisión por un aborto “ilegal”, fue liberada anoche después de que ella, su novio y tres profesionales de la medicina implicados en el caso recibieran un indulto real, Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“La liberación de Hajar Raissouni supone un enorme alivio y es, sin duda, motivo de celebración para ella y su familia. Pero el hecho es que ella y las otras cuatro personas implicadas en este caso no deberían haber sido detenidas ni declaradas culpables, para empezar”.
“Un indulto real no elimina la grave injusticia que han sufrido. Sus declaraciones de culpabilidad deben ser anulados, y sus expedientes judiciales limpiados.”
“El caso de Hajar Raissouni muestra cuánto trabajo queda por hacer para proteger los derechos de las mujeres en Marruecos. Las autoridades marroquíes deben despenalizar urgentemente el aborto y derogar todas las demás leyes que discriminan a las mujeres.”

Ante la decisión adoptada hoy en Consejo de Ministros, por la que se concluye el procedimiento de exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos antes del 25 de octubre, Amnistía Internacional recuerda:
"Con este traslado se cumple con recomendaciones de la Comisión de Expertos de 2011, a cuyo cumplimiento instaron el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Pero al Gobierno todavía le queda mucho trabajo por hacer sobre la contextualización y la resignificación del Valle de los Caídos, para poder contribuir así a la recuperación y la construcción de la memoria histórica con una función educativa y preventiva".
Actualmente, en el Valle de los Caídos no se explica, por ejemplo, que fue construido con el trabajo forzoso de miles de personas privadas de su libertad de manera arbitraria, ni proporciona información sobre los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están enterradas, y que en muchos casos fueron trasladadas sin consentimiento o conocimiento de sus familiares.

 “Cuando vi cómo a mi amiga, a la que casaron con siete años, su marido le había golpeado con un alambre de hierro, decidí actuar”
·Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children unen sus fuerzas para avanzar en la consecución de los derechos de las niñas.
·Las organizaciones piden a los Estados que redoblen sus esfuerzos para poner fin a esta violación de derechos humanos que afecta cada año a 12 millones de niñas.
Madrid, 11 de octubre.- Las organizaciones Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children se han unido con motivo del Día Internacional de la
Niña para exigir una verdadera protección de las niñas y las mujeres frente al matrimonio infantil, temprano y forzado y apoyar la lucha que vienen liderando organizaciones y activistas en todo el mundo. En la rueda de prensa, que ha tenido lugar esta mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, han participado Hadiqa Bashir, activista por los derechos de las niñas en Pakistán y Kadiatu Massaquoi, víctima de matrimonio infantil en Sierra Leona.

Malasia debe empezar a cumplir su promesa de abolir la pena de muerte en su legislación futura poniendo fin a su uso para delitos relacionados con drogas y eliminando la pena de muerte preceptiva; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, con motivo de la presentación de su informe para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte.
En Defectos fatales: Por qué Malasia debe abolir la pena de muerte queda de manifiesto el uso de la tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones”, el acceso inadecuado a asistencia letrada, el opaco sistema de indultos y otras violaciones graves del derecho a un juicio justo que ponen a personas en peligro de ejecución.
Además, el informe revela que el 73% de las personas en espera de ejecución —930— han sido condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. Más de la mitad de ellas (478) son extranjeras.

Las medidas del gobierno del presidente López Obrador para encontrar la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente desde hace cinco años deben traducirse a la brevedad en resultados positivos y replicarse en los otros miles de casos de desaparición en el país, declaró hoy Amnistía Internacional.
“Durante los primeros cuatro años de lucha, Amnistía Internacional denunció continuamente el encubrimiento de las autoridades en el caso de Ayotzinapa. Hoy hemos visto esfuerzos iniciales del nuevo gobierno por resolver el caso y los saludamos, aunque falta mucho por hacer”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Una nueva investigación sobre el terreno llevada a cabo por Amnistía Internacional ha documentado un patrón alarmante de uso de tácticas temerarias e indiscriminadas por la policía de Hong Kong, entre ellas la detención de personas en las protestas, así como pruebas exclusivas de tortura y otros malos tratos bajo custodia.
Tras entrevistar a casi dos decenas de personas detenidas y recopilar pruebas confirmatorias y testimonios de profesionales de la abogacía y la salud y de otras personas, la organización pide que se lleve a cabo sin demora una investigación independiente de las violaciones de derechos humanos, cuya gravedad parece haberse incrementado desde que comenzaron las protestas masivas en junio.

•    Amnistía Internacional, en colaboración con distintas organizaciones y movimientos de derechos humanos como Asamblea Feminista, Generando Red contra las violencia machistas, Plataforma Estambul Sombra, AIETI, Red de Mujeres Latinoamericanas y Caribe organizan estas jornadas que servirán para analizar la violencia sexual en España, y para impulsar medidas que aborden este problema.
Más de 3 millones de mujeres (13.7%) de más de 16 años en España habrían sufrido algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida, según datos de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015.
Y aunque se ha hecho un esfuerzo por visibilizar este tipo de violencia, y se ha mostrado interés por reformar el Código Penal, apenas se han impulsado medidas para allanar los obstáculos que las mujeres siguen encontrando tras haber sido agredidas sexualmente.

El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, ha dirigido hoy una carta personal a más de 30.000 centros escolares de todo el mundo para pedirles que permitan a niños y niñas participar en la extraordinaria ola de huelgas por el clima en todo el planeta previstas para los días 20 y 27 de septiembre.
En su carta, remitida a directores y directoras de centros educativos y a los consejos escolares por las Oficinas Nacionales de Amnistía Internacional en Canadá, España, Australia, Hungría, Nueva Zelanda y Reino Unido, Kumi Naidoo afirma:

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, Amnistía Internacional recuerda que sigue sin haber un sistema de denuncias de acoso escolar útil y eficaz que complemente al servicio telefónico actual. Es imprescindible poner en marcha cuanto antes un mecanismo que utilicen habitualmente los y las adolescentes y que sea anónimo para garantizar la privacidad de las denuncias.
Tal y como hizo el pasado mes de junio durante la presentación de su informe sobre esta materia, Hacer la vista… ¡gorda!, la organización insiste en que es necesario contar con niños, niñas y adolescentes en la prevención del acoso escolar y en la identificación de soluciones. En los lugares donde se han implementado programas de apoyo entre iguales, se ha demostrado que es una herramienta muy eficaz para prevenir el acoso y abordar otras alteraciones de la convivencia escolar. 

Ante el anuncio de la jefa del ejecutivo de Hong Kong Carrie Lam de la retirada oficial del proyecto de ley de reforma de la Ley de Extradición, Man-Kei Tam, director de Amnistía Internacional Hong Kong, ha declarado:
“Aunque acogemos con satisfacción la retirada formal, por fin, de este peligroso proyecto de ley, este anuncio no cambia el hecho de que las autoridades de Hong Kong hayan decidido reprimir las protestas de un modo manifiestamente ilegítimo que ha dañado gravemente la confianza de la ciudadanía y el sentido de legitimidad del gobierno.

En relación con el salto de valla que ha tenido lugar esta madrugada en Ceuta, Amnistía Internacional manifiesta:
"Queremos denunciar y mostrar preocupación por las 7 personas, entre los que podría haber menores migrantes no acompañados y solicitantes de protección internacional, que habrían sido devueltas en caliente a Marruecos, país no seguro, de acuerdo a informaciones aparecidas en medios de comunicación. De confirmar estas expulsiones, resulta intolerable que las autoridades españolas sigan realizándolas, a sabiendas de que es un procedimiento contrario a las normas internacionales. 

El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Amnistía Internacional entrega en la embajada iraní en Madrid 5.000 postales en recuerdo de las 5.000 personas cuyo paradero, treinta años después, sigue ignorándose
La continua negativa de las autoridades iraníes a revelar la suerte y el paradero de miles de disidentes políticos que fueron víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial secreta durante las masacres perpetradas en las prisiones iraníes en 1988 ha desatado una crisis que, durante décadas, la comunidad internacional ha optado por pasar por alto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto.

A poco más de un año de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, la existencia de presos y presas de conciencia en Cuba continúa siendo un claro indicador de cómo las autoridades cubanas siguen restringiendo los derechos fundamentales a la libertad de expresión y reunión pacífica, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
“Durante décadas, Cuba ha reprimido la libertad de expresión y reunión encarcelando a la gente por sus creencias y su oposición al gobierno. Los nombres de los presos y presas de conciencia de Cuba han ido cambiando con los años, pero las tácticas del Estado siguen siendo prácticamente las mismas”, ha declarado
Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

En una declaración pública emitida hoy, una coalición de 11 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos que han estado monitoreando y documentando la espiral de violaciones de derechos humanos de Venezuela durante años instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer una Comisión de Investigación sobre Venezuela durante su 42° periodo de sesiones en septiembre de 2019.
“La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Ante el desembarco de las personas que quedaban a bordo en el Open Arms, ocurrido en la madrugada del jueves 21 de agosto, la responsable de Campañas de Amnistía Internacional en España, Maribel Tellado, ha declarado:
“El desembarco en la isla italiana de Lampedusa de las personas rescatadas por el Open Arms, que llevaban a bordo 19 días en condiciones cada vez más difíciles constituye un alivio a una situación insostenible, creada por el fracaso de las políticas migratorias europeas en el Mediterraneo central”.
“Esperamos que las 356 personas que están ahora a bordo del barco de rescate de las ONG Medicos sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranee, el Ocean Viking, sean desembarcadas cuanto antes en el puerto seguro más cercano y no protagonicen un episodio tan dramático como el que acaban de vivir en el Open Arms”.

El barco que lleva a bordo a más de 30 niños y niñas –entre ellos, dos bebés– y casi 90 hombres y mujeres que se encuentran bloqueados en el mar, con temperaturas abrasadoras, debe atracar inmediatamente en un puerto seguro, ha manifestado Amnistía Internacional mientras el pulso que mantienen entre sí las autoridades italianas, maltesas y españolas y el barco de rescate de la ONG Proactiva Open Arms entra en su segunda semana.
A pesar de la creciente preocupación por su bienestar, las autoridades italianas y maltesas niegan a estas personas un puerto donde desembarcar en condiciones de seguridad. Las autoridades españolas no han solicitado aún formalmente la ayuda de las instituciones europeas para buscar una solución.
“Después de una semana de bloqueo en el mar, con un calor terrible, estas personas –mujeres, hombres, niñas y niños– que han arriesgado la vida para huir de abusos contra los derechos humanos en Libia, deben ser desembarcadas de inmediato en Malta o en Italia”, ha señalado María Serrano, investigadora principal de Amnistía Internacional sobre migración.

Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben poner fin a décadas de abusos y violaciones de derechos humanos tales como tortura, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 40 años después de que el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo se hiciera con el poder.
“Las personas de Guinea Ecuatorial que cumplan 40 este año nacieron y crecieron en un país en el que los derechos humanos se han violado de manera constante y sistemática. La gente lleva demasiado tiempo viviendo en un clima de temor a causa de la impunidad por los abusos y violaciones de derechos humanos tales como el encarcelamiento, por cargos falsos, de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y políticos de oposición”, ha manifestado Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental.

•    Embarazadas, menores y solicitantes de asilo sin derecho a ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, apoyadas por organizaciones de salud y derechos humanos, llevan a cabo un acto de protesta frente al Ministerio de Sanidad
Un año después de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, organizaciones de la sociedad civil exigen de manera urgente al Gobierno de España una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción alguna.
Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está Médicos del Mundo- y Yo SÍ Sanidad Universal manifiestan una profunda preocupación ante la actual exclusión sanitaria que viven cientos de personas migrantes en España a pesar de que hace un año el Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a reanudar las ejecuciones federales por primera vez desde 2003. Se ha determinado que son cinco las primeras personas que serán objeto de este nuevo protocolo de inyección letal. En respuesta a ello, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, Margaret Huang, ha hecho la siguiente declaración:

•    Activistas de Amnistía Internacional vestidos de turistas protestan frente a la sede de esta empresa en Barcelona contra la complicidad de la compañía de turismo digital con los asentamientos ilegales israelíes
•    Este acto se ha llevado a cabo simultáneamente en varias ciudades del mundo como Ottawa o Boston
Barcelona/Madrid.- En el contexto del 52 aniversario de la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel, Amnistía Internacional vuelve a poner el foco en empresas turísticas como TripAdvisor que, ofertando alojamientos vacacionales en estos territorios, contribuyen no solo a la existencia de estos asentamientos sino también a su expansión.

Las autoridades iraníes están usando la detención en régimen de incomunicación, la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y las amenazas a familiares para extraer a la fuerza “confesiones”, que graban en vídeo, de defensoras de los derechos de las mujeres detenidas por hacer campaña contra la legislación discriminatoria que obliga a llevar hiyab (pañuelo para la cabeza), ha declarado Amnistía Internacional.  
La organización ha identificado al menos seis de estos casos desde abril de 2019. Uno de ellos es el de una joven defensora de los derechos de las mujeres que fue sometida a desaparición forzada del 2 al 13 de julio.

•    Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía siguen siendo generalizadas
•    La magnitud de los abusos alcanza el umbral de crímenes de lesa humanidad
La oleada de homicidios policiales suscitada por la sanguinaria campaña del presidente filipino, Rodrigo Duterte, contra las drogas persiste y sigue destruyendo vidas y devastando comunidades, ha revelado Amnistía Internacional hoy en un informe. La ONU debe abrir de inmediato una investigación sobres las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la “guerra contra la drogas”
El nuevo informe de Amnistía Internacional, ‘They just kill’: Ongoing extrajudicial executions and other violations in the Philippines’ ‘war on drugs’, muestra que la policía actúa con total impunidad cuando asesina a las personas de barrios pobres cuyos nombres aparecen en “listas de control de drogas” elaboradas al margen de todo proceso legal.

Tras la decisión de una jueza de instrucción italiana de poner en libertad a la capitana del Sea-Watch 3, Carola Rackete, Elisa De Pieri, investigadora de Amnistía Internacional sobre el sur de Europa, ha declarado:
“Esta decisión es un gran alivio para quienes defendemos los derechos humanos. Carola Rackete arriesgó su libertad para garantizar la seguridad de otras personas. Sus acciones deben ser celebradas y no criminalizadas, y es irónico que sea ella la que está en el banquillo.
“Al rescatar a mujeres, hombres, niños y niñas en el Mediterráneo y llevarlos a un puerto seguro después de semanas a merced de su suerte en el mar, Carola Rackete cumplió las obligaciones que le imponen el derecho internacional y las leyes italianas. Al negarle un puerto, las autoridades de Italia —y las de Malta— violaron esas mismas leyes.

“Las autoridades egipcias están tratando de normalizar las violaciones de derechos humanos con la aprobación de una serie de leyes para ‘legalizar’ la intensificación de su represión de la libertad de expresión, asociación y reunión” , ha declarado Amnistía Internacional seis años después de la destitución del recientemente fallecido expresidente Mohamed Morsi, el 3 de julio de 2013.
La organización publica hoy un fulminante informe sobre la situación de los derechos humanos en Egipto desde que llegó al poder el presidente Abdel Fattah al Sisi, que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo del examen periódico que sobre dicha situación se llevará a cabo en noviembre.

Cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional ha declarado:
“Cuando entró en vigor en 2015, pensábamos que esta Ley nacía muerta porque los partidos que ejercían la oposición en aquel momento mostraron su rechazo, pero han pasado cuatro años, se ha producido un cambio de gobierno, una parálisis institucional y el caso es que sigue vigente hoy”.
“La Ley Mordaza es una amenaza real en España contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información. Durante cuatro años se viene empleando contra cientos de periodistas mientras intentan documentar abusos, miles de activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente y decenas de miles de personas que han sido multadas por manifestarse o realizar actos de protesta pacíficos”.

Bajo el lema “Sé quien quieres ser”, la organización coloca una bandera de 140 metros cuadrados en la plaza Pedro Zerolo
Todavía 69 países penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, 12 de ellos con la pena capital
Madrid.- Este viernes 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBTI en el que además se conmemora el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall en Nueva York. También comienzan en Madrid unas fiestas que culminan con la manifestación del próximo 6 de julio, la más multitudinaria de España. Por eso, y ante las declaraciones de algunos líderes políticos de trasladar la convocatoria a la Casa de Campo, con la invisibilización de la lucha por los derechos humanos y la discriminación que eso supondría para las personas por razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género, Amnistía Internacional ha desplegado una bandera gigante, de 20 x 7, es decir, 140 metros cuadrados, en el hotel Room Mate Óscar, situado en la mítica plaza Pedro Zerolo del barrio de Chueca, en Madrid. La bandera está firmada por las más de 3.000 personas que de momento han participado en la campaña.