Y es que ese ‘guante’ lanzado a propuesta del grupo municipal del PSOE y que ha recogido el grupo popular ha servido para calmar los ánimos en una sesión en la que la ponente de la propuesta plenaria, Mercedes Ávila, y el equipo de gobierno cruzaron una agria polémica en la que la concejala de la oposición ha acusado al PP de “negligente” y de incurrir en “dejación de funciones” en este asunto del desmantelamiento de las antenas, e incluso, según el alcalde, Joaquín Villanova, “amenaza con llevarme a los tribunales si en 5 días” no se quitan los dispositivos. No obstante, el equipo de gobierno ha dejado claro que lleva trabajando desde febrero de 2007 en este asunto y manteniendo conversaciones con las operadoras para que “en muy breve plazo de tiempo”, las antenas desaparezcan. “Aunque todo esto está recurrido judicialmente, estamos intentando llegar a un acuerdo con las operadoras de telefonía para retirarlas”, si bien subraya que “son negociaciones duras, intensas y difíciles”.
A pesar de los desencuentros iniciales, los tres grupos con representación municipal alcanzaron verbalmente un ‘acuerdo de mínimos’ para avanzar en un asunto que causa gran preocupación y molestias en los vecinos de esas zonas, pues existen numerosos estudios, muchos contradictorios, que relacionan las frecuencias radioeléctricas con dolencias graves y otros que las desmienten, pero la incertidumbre y la inseguridad de los vecinos que conviven con estas estructuras aéreas “es algo que tenemos que prevenir con información, con consenso y con acción conjunta, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud”, indica el viceportavoz del grupo socialista, Enrique Rodríguez Castellón, afirmaciones apoyadas al 100% por el propio alcalde y el concejal de Urbanismo.
Previamente, Herrera había indicado que “este Ayuntamiento lleva trabajando desde el principio, hace dos años, para acabar, hasta donde la ley permite, con estas instalaciones ilegales: decretos de cierre, precintos y cortes de luz” Según el edil, por vía judicial se ha denunciado a las compañías telefónicas responsables, aunque si se sigue este proceso escrupulosamente, “tardaremos varios años en desmantelarlas, entre otras cosas, porque están situadas en terrenos privados y no podemos eliminarlas sin autorización judicial”. Por eso, Herrera destaca el denodado interés del grupo de gobierno del PP por “negociar con ellos el mejor acuerdo posible para su retirada y traslado a otro lugar del término municipal”, y la decidida apuesta por elaborar un mapa que prevea, con seriedad y rigor, la habilitación de estos puntos de forma repartida, con menores radiaciones y menor potencia, y con menos impacto visual y a su elaboración ha invitado a que participen los grupos de la oposición, que han aceptado dicha oferta.
No obstante, la moción de IU ha sido rechazada con los votos del equipo de gobierno (PSOE e IU han votado a favor), además de que el alcalde ha manifestado su malestar con las acusaciones y amenazas de la portavoz de IU y por la “alarma injustificada y gratuita” de esta concejala por vincular las radiaciones de las antenas a las graves dolencias, algo que ha sido criticado incluso por el PSOE.
Mercedes Ávila ha saludado la iniciativa de esta búsqueda de consenso, pero no ha rectificado ni un ápice sus ataques al equipo de gobierno y ha mantenido todas y cada una de sus acusaciones, criticándolo además por “haber empezado a actuar cuando nosotros nos hemos movilizado con los vecinos”, argumento que ha rechazado de plano el alcalde, quien ha desvelado que precisamente la semana pasada convocó a la Sra. Ávila en su despacho y le informó de las conversaciones que se venían manteniendo para el traslado de las antenas y el lugar donde estarían localizadas.
Este asunto se refiere a dos antenas de telefonía móvil, instaladas sin licencia municipal en terrenos privados en la zona de la Alquería desde hace años y para las que el Ayuntamiento dio decreto de desmantelamiento, precinto y orden a la compañía eléctrica de que les cortaran la electricidad.
Las empresas hicieron caso omiso y una de ellas volvió a enganchar ilegalmente y la otra puso un grupo electrógeno. Además de eso, el Ayuntamiento ha puesto el asunto en manos del juzgado y conociendo el retraso existente en las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta la utilidad de las antenas para el uso del móvil, lleva meses negociando con las empresas un desmantelamiento y traslado a otro lugar con todos los permisos municipales |
La moción debatida esta mañana exigiendo la retirada de dos antenas de telefonía móvil, instaladas ilegalmente en los parajes rurales de La Alquería y Las Barrancas, terminó con un acuerdo de los tres partidos, promovido por el concejal de Urbanismo, Salvador Herrera, para diseñar y consensuar con todas las partes –vecinos y grupos de la oposición- la futura ubicación de dispositivos de esta clase en el término municipal. Eso sí: “sin utilizaciones políticas, partidarias ni demagógicas”, ha puntualizado Herrera. 
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