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Activistas de Greenpeace se cuelgan del Arco de Moncloa para pedir al Gobierno que cumpla con el calendario de cierre nuclear
| | Greenpeace. 19.07.26 | |  La acción se produce un día después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emita el informe preceptivo sobre una posible prórroga de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto que comience en noviembre de 2027 La organización ecologista recuerda que es el Ejecutivo el que tiene la potestad de decidir sobre la política energética de España y continuar con la descarbonización La prórroga de Almaraz supondría un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros para la ciudadanía y frenaría inversiones en renovables por valor de más de 26.000 millones Activistas de Greenpeace han desplegado hoy en Madrid una pancarta en el Arco de Moncloa con el mensaje de "Pedro, cumple tu palabra. Di NO a las nucleares". A través de esta acción, la organización pide nuevamente al presidente Pedro Sánchez que respete el calendario de cierre nuclear pactado por su Gobierno con las eléctricas en 2019 [1]. La protesta se produce después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe detallando las condiciones obligatorias en el caso de prorrogar la vida útil de la central de Almaraz. FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DE LA ACCIÓN PRÓXIMAMENTE, AQUÍ | Según la Orden Ministerial TED/773/2020 [2], los reactores I y II de Almaraz son los primeros del parque nuclear español que deben cerrar en 2027 y 2028, respectivamente. El informe preceptivo emitido por el CSN, que solo establece las condiciones técnicas para mantener la seguridad nuclear, no cambia la responsabilidad del Gobierno sobre la decisión de conceder o rechazar la petición de las compañías eléctricas de una extensión extraordinaria del funcionamiento de los reactores extremeños por dos y tres años, respectivamente.
"Pedro Sánchez no puede ceder al chantaje nuclear cuando sus tres premisas para extender Almaraz ya han caído: el suministro está garantizado por las renovables, la prórroga aumentará las emisiones y costará más de 3.800 millones de euros a la ciudadanía. Cumplir su palabra es defender el liderazgo climático a la vanguardia de la transición ecológica en Europa con un modelo de suficiencia, eficiencia y renovables, y no rescatar artificialmente reactores obsoletos que lastran la soberanía energética en nuestro territorio y vacían nuestros bolsillos", ha señalado Eva Saldaña, directora de Greenpeace España y Portugal.
Greenpeace recuerda que es el Gobierno el que tiene la plena potestad para autorizar o no la prórroga de Almaraz, según confirmaron los tribunales, incluyendo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, pues el informe del CSN solo es vinculante en caso de resultar negativo. Asimismo, insiste en que la decisión debe ser coherente con la política climática y energética acordadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), así como en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, para evitar graves consecuencias económicas a las arcas públicas. Y destaca los siguientes aspectos ante la extensión de la vida de Almaraz:
La seguridad de suministro está garantizada sin Almaraz: el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz puede sustituirse con energía renovable inmediatamente después de su cierre.
La extensión de Almaraz no sería gratuita para el contribuyente: provocaría un sobrecoste acumulado en la factura eléctrica de hasta 3.831 millones de euros para 2033, según un estudio reciente de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya encargado por Greenpeace [3].
La prórroga de Almaraz frena el desarrollo en renovables: podría provocar la pérdida de hasta 26.130 millones de euros en inversiones destinadas a eólica, solar y almacenamiento. A medio plazo se acumularían hasta 12,3 millones de toneladas de CO₂ adicionales, y a día de hoy Almaraz obliga a desperdiciar 3,8 TWh anuales de energía renovable que no puede entrar en la red por la rigidez de la nuclear.
El retraso del cierre de Almaraz a 2030 obligaría a cerrar simultáneamente cuatro reactores (Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes). Implicaría que se desconectaran 4.000 MW de potencia a la vez, y este "efecto embudo" podría ser utilizado por las empresas para forzar nuevas prórrogas, bloqueando indefinidamente la transición energética.
"El futuro, la autonomía y la seguridad energética de España no residen en reactores nucleares con más de 40 años, sino en un sistema 100% renovable, eficiente y flexible, que siga marcando el camino de Europa y apueste por una transición energética limpia y descentralizada. Esta transición tiene que estar pensada por y para las personas, y no para satisfacer los intereses de un puñado de grandes corporaciones que se creen dueñas del sistema, capaces de doblegar la planificación energética de todo un paíA", ha destacado Francisco del Pozo, responsable de la campaña de energía en Greenpeace. |
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