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Amnistía Internacional denuncia cómo la Fiscalía General del Estado
lleva seis años obstaculizando las investigaciones sobre el espionaje de
Pegasus en España | | Amnistia Internacional. 10.07.26 | |  La organización publica una nueva investigación en la que analiza cómo el espionaje a activistas, periodistas, políticos/as y abogados entre 2017 y 2020 todavía sigue impune, y concluye que la actuación del Ministerio Fiscal en las diez causas del entorno independentista catalán analizadas se caracteriza, hasta hoy, por la inacción, la obstrucción para que avancen las investigaciones y la revictimización de las personas afectadas. "¿Qué han hecho con mis datos?": las víctimas denuncian desamparo y angustia causada por el espionaje. Este tipo de vigilancia invasiva de las comunicaciones afecta y viola el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, además del de asociación y de defensa, así como a tutela judicial efectiva. AI reclama a Fiscalía que respalde las diligencias para que se pueda determinar la naturaleza y los responsables de los hechos. Además, exige a las autoridades españolas que se prohíba el uso de este tipo de herramientas de espionaje; la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y de la normativa del CNI para que dejen de ser un obstáculo en la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos; y que colaboren con los requerimientos tanto del Comité Pega, como del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. | Madrid/Barcelona.- Una nueva investigación de Amnistía Internacional analiza cómo el espionaje a activistas, periodistas, personas del mundo de la política y de la abogacía llevado a cabo principalmente entre 2017 y 2020, sigue impune, y concluye que la actuación del Ministerio Fiscal en diez causas del entorno independentista catalán analizadas por la organización se caracteriza, hasta hoy, por la inacción, la obstrucción para que avancen las investigaciones y la revictimización de las personas afectadas.
La utilización de softwares espías como Pegasus o Candiru para la vigilancia de las comunicaciones, de forma intrusiva e indiscriminada, afecta y viola el derecho a la privacidad, además de otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación y el derecho a defensa y de una tutela efectiva para sus clientes (en el caso del espionaje a abogados). Por eso, para la organización resulta preocupante la actuación del Ministerio Fiscal y reclama a la Fiscalía General del Estado que evalúe el papel del mismo en los procedimientos, asegurando que se pone del lado de las víctimas, abandonando su rol defensor del Estado y, a veces, de la propia empresa israelí NSO (propietaria de Pegasus), y respaldando la práctica de diligencias que sean necesarias para determinar tanto la naturaleza y circunstancias de los hechos, como las personas responsables de los actos de espionaje llevados a cabo.
Además, exige a las autoridades españolas que se prohíba el uso, compra, venta o transferencia de este tipo de herramientas de espionaje; la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y de la normativa del CNI para que dejen de ser un obstáculo para la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos y que colaboren con las recomendaciones realizadas a España, por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité Pega (Comisión de Investigación encargada de examinar el uso de Pegasus y programas espía equivalentes) del Parlamento Europeo, y el Consejo de Europa.
"Hemos analizado cómo las víctimas de este presunto espionaje llevan seis años sometidas a un sin fin de obstáculos para la obtención de auxilio y amparo en la investigación de estos hechos por parte del Ministerio Fiscal. Eso solo lleva a que las víctimas sientan que nunca van a conseguir la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho", señala Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España.
Varios niveles de secretismo
Por un lado, las investigaciones se topan con la falta de acceso a información y colaboración por parte del gobierno, al tratarse de información clasificada como secreto . Tanto la normativa del CNI como de la Ley de Secretos Oficiales amparan ese secretismo. Amnistía Internacional lleva años exigiendo la reforma profunda de la Ley de Secretos Oficiales y también pide lo mismo con la ley que regula la actuación del CNI. " S in esos cambios legales urgentes, que impongan salvaguardas contra las violaciones de derechos humanos y aumenten el control judicial, estos hechos de espionaje pued e n volver a ocurrir con total impunidad. El gobierno debe proceder a facilitar y desclasificar información solicitada por las víctimas en los procedimientos judiciales abiertos. No olvidemos que l os servicios de inteligencia también tienen que respetar las normas de derechos humanos", declara Álvarez .
Por otro lado, la organización señala en su informe una serie de obstáculos con los que el Ministerio Fiscal dificulta el avance de las investigaciones. Entre ellos, los relacionados con la admisión de las querellas, o con la oposición a las diligencias interesadas por las acusaciones. L as dilaciones en los procedimientos tanto por el tiempo en dirimir las peticiones que realizan, como para la resolución de los recursos que las víctimas se ven obligadas a presentar por las negativas a investigar, parecen ir en dirección contraria al cumplimiento de los estándares para una investigación pronta, imparcial y efectiva. Entre los obstáculos con los que se han encontrado algunas víctimas está n las dificultades para la investigación de la responsabilidad, tanto del CNI como de NSO Group, y/o sus directivos en el espionaje. Para ello, las víctimas han pedido la emisión de comisiones rogatorias u órdenes europeas de investigación. Estas comisiones, que se utilizan cuando un juez o tribunal necesita realizar una diligencia de investigación en otro país, son solicitudes formales de auxilio judicial internacional . La falta de respuesta por las autoridades de otros países, en algunos casos por la falta de debida diligencia por parte de las autoridades en España, al no subsanar, por ejemplo, fallos en su petición, ha provocado la solicitud del archivo o sobreseimiento de la causa en España. La organización considera que paralizar las investigaciones a la espera de respuesta en otros países no es un argumento de peso para no seguir investigando , especialmente cuando se están pidiendo otras diligencias de investigación útiles y necesarias para el esclarecimiento de los hechos, o cuando se debe a que no se está dando impulso a dichas c omisiones r ogatorias ni a las órdenes europeas de investigación. "Se trata de un círculo vicioso que se tiene que romper cuanto antes", denuncia Álvarez.
Por otro lado, p ara la organización resulta grave la revictimización de las personas afectadas por el espionaje al exigir que entreguen sus dispositivos a la policía para la realización de nueva periciales , es decir, volver a exponer completamente toda su intimidad, aún cuando las víctimas aportan ya informes periciales que avalan dicho espionaje, e incluso cuando algunas víctimas se ofrecen a realizar nuevos informes con personal experto independiente. La organización no tiene además conocimiento de que Fiscalía haya formulado ninguna pregunta que ahonde en los posibles perjuicios que las víctimas puedan haber sufrido con motivo de una vulneración de derechos humanos.
" Nos preocupa que al Ministerio Fiscal le interese que las víctimas expongan nuevamente toda la información contenida en sus terminales móviles a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, potenciales clientes de NSO Group. ¿Quién entregaría su teléfono a quien s ospecha que le ha espiado?", lamenta Álvarez.
Las víctimas, desesperanzadas
"En el activismo independentista ya sabíamos que podíamos ser espiados así que estábamos preparados de alguna manera. Pero no para este nivel de intrusividad. Sobre todo, mi entorno familiar se incomodaba al sentirse también espiado", explica Elisenda Paluzie, economista y profesora que entre 2018 y 2022 fue presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, organización independentista catalana. Su espionaje fue uno de los supuestamente reconocidos por el CNI. "Por otro lado, ¿qu é van a hacer con mis datos? ¿Qué perfiles sobre nosotros ha construido un ente poco transparente y no amateur como es el CNI? Me genera cierta angustia sobre mi futuro, ¿y si el día de mañana me quiero presentar a un cargo, no ya político, si no de la Universidad?".
Otra de las víctimas* de supuesto espionaje , a bogado especialista en materia penal de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ahonda en esas preocupaciones: "El Estado ataca encubiertamente, con este espionaje, todo lo que pretende defender y no tiene ningún problema en dejar numerosas víctimas que sufren, no solo el atentado a su intimidad sino la revictimización de una reparación e investigación que les niega el propio Estado. Dirigido contra los abogados, este arma cibernética viola no solo la privacidad sino todas las garantías asociadas a un juicio justo", señala. Y añade: "La tecnología de espionaje es una de las armas más poderosas de que disponen los Estados contra la disidencia y la sociedad civil organizada y la existencia de una impunidad legal y política nos hace pensar que su uso no se detendrá ante ningún derecho fundamental ".
Así lo señala también Txell Bonet, periodista y víctima de presunto espionaje: "Espiarme a mí fue parte de una operación de España contra Òmnium Cultural y contra todo el movimiento catalán por el derecho a la autodeterminación. Y por encima de la vulneración de la propia intimidad, este espionaje es un ataque brutal a la democracia y a la libertad. No queremos un laberinto judicial, porque lo mínimo en una democracia es investigar quién ordenó el espionaje y quién lo ejecutó. Y la no investigación es impunidad y, de nuevo, violencia de España porque el espionaje no busca sólo vigilar: busca paralizar, acallar, crear ese miedo difuso que los juristas llaman chilling effect. Y no lo logró".
Las peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional exhorta a las autoridades españolas a que garanticen que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos. Las víctimas de espionaje a través de softwares espía como Pegasus o Candiru deben tener reconocido su derecho a investigaciones prontas, exhaustivas y completas con medios y recursos suficientes, adoptando cuando proceda medidas contra las personas responsables. Asimismo, deben tener acceso a información de lo ocurrido, así como a los mecanismos disponibles para acceder a una reparación adecuada, efectiva y rápida, con garantías de no repetición.
Concretamente, la organización pide, en referencia al Ministerio Fiscal :
Que tenga en cuenta el contexto de las infecciones de los terminales móviles de las víctimas, que no son episodios aislados, sino que se enmarcan en una operación de espionaje masivo denominada Catalangate , que ha sido constatada por el laboratorio de The Citizen Lab, Amnesty Tech, múltiples fuentes periodísticas y por el Defensor del Pueblo, así como también ha sido objeto de investigación y preocupación por el Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y Naciones Unidas.
Que promueva una investigación que averigüe el concreto funcionamiento de Pegasus y las vulneraciones de derechos humanos que por sus características puede cometer.
Que sea proactiva ante cualquier diligencia que pretenda investigar la participación del CNI y NSO en los hechos.
Que colabore con las víctimas que deben ser liberadas de la carga de la prueba .
Y en referencia a las autoridades:
Que colaboren con las investigaciones, tanto del Comité Pega como del Consejo de Europa y se aseguren que dan cumplimiento a sus observaciones y recomendaciones de investigación.
Que impulsen y garanticen una legislación que imponga salvaguardas contra las violaciones de derechos humanos mediante una modificación de la normativa que regula el CNI y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para adecuarla a estándares internacionales en relación a la clasificación de información reservada.
Que suspendan el uso, compra, venta o transferencia de instrumentos de vigilancia e injerencia masiva , ya que, por su naturaleza, vulneran derechos humanos.
* Nombre protegido por cuestiones de seguridad |
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