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Nuevo informe de Greenpeace sobre la protección de los océanos | | Greenpeace. 03.04.26 | |  Hasta un tercio de las delegaciones gubernamentales que acuden a reuniones clave para los océanos son representantes de la industria pesqueraGreenpeace alerta de que la protección de los océanos está amenazada por el ataque de los intereses de la industria pesquera, que intenta hacerse con el control en las negociaciones que están teniendo lugar estos días en la sede de la ONU de Nueva York, en el marco de la Tercera Comisión Preparatoria (Prepcom 3) del Tratado Global de los Océanos Nueva York, EE. UU., 2 de abril de 2026.- Una nueva investigación llevada a cabo por Greenpeace Internacional revela que los representantes de la industria pesquera, que priorizan sus beneficios en detrimento de la protección de los océanos, constituyen hasta un tercio de las delegaciones nacionales que asisten a las reuniones clave en las que se deben establecer medidas de conservación y gestión sostenible de los recursos pesqueros en aguas internacionales, así como para la gestión de especies altamente migratorias. En una de las reuniones mantenidas en 2021, esta cifra llegó a alcanzar casi el 45%. | Lejos de revertirse esta situación, el futuro de la protección de los océanos sufre de nuevo el ataque de los intereses de la industria pesquera, que intenta hacerse con el control en las negociaciones que están teniendo lugar estos días en la sede de la ONU de Nueva York, en el marco de la Tercera Comisión Preparatoria (Prepcom 3) del Tratado Global de los Océanos.
"Desde Greenpeace hemos pedido al Gobierno español que rechace rotundamente el texto propuesto el 31 de marzo en Nueva York. Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) están intentando debilitar la capacidad del tratado para cumplir con el objetivo 30×30 y han conseguido que se proponga un texto que les otorga demasiado poder en el proceso de designación de futuras áreas marinas protegidas en alta mar. Si el texto llega a la COP y se aprueba, se reforzaría el predominio de las OROP y se frenarían de manera significativa las medidas de protección para los océanos", ha puntualizado Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos y Pesca de Greenpeace España.
Los datos que desvela este informe suscitan preocupación sobre un "sistema amañado" donde los intereses particulares de la pesca industrial se anteponen a las medidas de protección oceánica. Greenpeace advierte de que este escenario no debe comprometer la integridad de la implementación del Tratado Global de los Océanos, en vigor desde el pasado enero.
"Es indignante confirmar hasta qué punto la industria pesquera está integrada en las mismas organizaciones que deben regular y gestionar la pesca. Actualmente, los zorros cuidan del gallinero: el sistema está amañado contra la protección del océano", ha declarado Lukas Meus, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace: "Se ha permitido que la industria pesquera dicte las reglas del juego durante décadas. Los Gobiernos deben dejar de ceder a la presión del sector y de permitir que sus intereses prevalezcan sobre la conservación marina. Con el Tratado Global de los Océanos, tenemos ahora la oportunidad histórica de acordonar grandes áreas del océano para impulsar su recuperación; no podemos permitir que los efectos de décadas de lobby interfieran en esto. Por eso pedimos un límite de tiempo para que las organizaciones que gestionan la pesca aporten sus comentarios a las propuestas de santuarios: esto evitaría que los intereses creados estanquen la protección del océano y la bloqueen con retrasos".
Las opacas organizaciones que gestionan la pesca en alta mar, denominadas Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), están compuestas principalmente por representantes gubernamentales que tienen intereses comerciales en la pesca. La investigación llevada a cabo por Greenpeace, que se ha centrado en reuniones clave en todo el mundo de ocho de estas organizaciones mantenidas durante los últimos cinco años, ha descubierto que la industria pesquera representa, de media, entre el 28% y el 29% del total de las delegaciones que asisten a estas reuniones. Mientras que en algunas organizaciones rondan el 23-27% y en otras alcanzan el 30-35%, en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) se llegó incluso al 44,2% en 2021.
Las vías que la industria pesquera usa para ejercer su influencia son abundantes. Al participar dentro de las estructuras de las delegaciones gubernamentales y los comités técnicos, tienen un acceso sin restricciones a las negociaciones y procesos que configuran activamente los resultados de conservación de los océanos. Las delegaciones alineadas con la industria despliegan regularmente tácticas para retrasar y limitar las medidas de protección que podrían restringir la agenda del sector pesquero. A la industria le interesa que las OROP mantengan su poder sobre el alta mar —algo por lo que las propias OROP presionan—, mientras difunden de forma rutinaria narrativas para socavar la necesidad de santuarios marinos que protejan áreas del océano frente a la actividad destructiva de la pesca industrial.
Greenpeace reclama medidas urgentes antes de la primera Conferencia de las Partes (COP) de los Océanos, que se celebrará en enero de 2027, para garantizar que no se vea empañada por el lobby de la industria:
Imponer un límite máximo de 120 días para la revisión de las propuestas de santuarios, evitando que las OROP y los intereses de la industria pesquera paralicen el proceso. Las OROP siempre han protegido los intereses del sector, supervisando impasibles la pérdida de la biodiversidad y la destrucción de ecosistemas enteros. No se debe permitir que bloqueen la protección del océano con más demoras.
Monitoreo riguroso de la participación, con especial atención a la composición de las delegaciones nacionales y los procesos de asesoramiento científico asociados. Esto es necesario para identificar y mitigar la "infiltración" de actores comerciales.
Implementar la divulgación obligatoria de todas las afiliaciones de los delegados, incluyendo un registro claro de "asesores técnicos". La transparencia debe extenderse a todos los observadores y roles en comités asesores para garantizar que las recomendaciones científicas permanezcan independientes de la influencia corporativa.
Los Gobiernos se han comprometido a proteger el 30% del océano en los próximos cuatro años, un objetivo que la comunidad científica considera el mínimo necesario para que el alta mar se recupere tras décadas de destrucción. Asegurar que el proceso de creación de santuarios no se vea frenado por retrasos será vital para este progreso. |
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