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Desde la plataforma SOS VIVIENDA se emite el siguiente comunicado de Prensa: | | SOS vivienda. 18.01.26 | | La gran estafa del alquiler "social": el suelo público al servicio de los fondos de inversión
En un contexto de crisis habitacional creciente, SOS Viviendas y Suelo denuncia que el problema de la vivienda no reside en la falta de leyes ni en la ausencia de recursos públicos, sino en su deliberada inejecución y en el uso perverso del suelo público al servicio de grandes fondos de inversión. La organización alerta de que, mientras se suceden los anuncios oficiales de miles de viviendas "asequibles" y se invoca la colaboración público‑privada, la realidad de las familias sigue marcada por alquileres inasumibles, inseguridad residencial y expulsión de la población trabajadora de sus barrios.
Suelo público cedido durante 75 años. | En numerosos municipios se están aprobando cesiones de suelo público por plazos de hasta 75 años a grandes fondos, bajo el argumento de promover alquiler "social", lo que en la práctica supone regalar un recurso estratégico a operadores cuyo único objetivo es la rentabilidad financiera. Estas promociones se benefician de ayudas estatales y autonómicas, de fondos europeos que pueden llegar a cubrir hasta el 50% del coste de construcción y de condiciones urbanísticas favorables, sin un control efectivo sobre los beneficios reales obtenidos.
Pese a este fuerte apoyo público, los alquileres finales duplican o triplican el coste real de una vivienda cooperativa en cesión de uso, consolidando un modelo caro, especulativo y sin retorno para la ciudad.
Dos modelos y una decisión política
Para SOS Viviendas y Suelo, no se trata de un problema técnico sino de una decisión política sobre a quién se entrega el suelo público y con qué finalidad. En el modelo cooperativo en cesión de uso, la vivienda se amortiza en unos 20 años, las cuotas se mantienen estables y ajustadas a costes reales, el suelo público cumple su función social y se garantiza vivienda digna a dos e incluso tres generaciones.
En cambio, el modelo impulsado por fondos permite explotar una promoción durante 75 años, genera rentas privadas millonarias, bloquea el suelo público durante décadas y no crea patrimonio social ni retorno colectivo, priorizando al inversor frente al ciudadano.
Beneficios obscenos con dinero público
La plataforma considera moralmente inaceptable que promociones de 400 o 500 viviendas, amortizadas en apenas 20 años, puedan producir beneficios de cientos de millones de euros gracias a contratos blindados durante décadas. Ese flujo de recursos no regresa a la ciudad: no se destina a adquirir más suelo público, no amplía el parque social y no mejora la protección del derecho a la vivienda.
Según SOS Viviendas y Suelo, estos proyectos sirven principalmente para engordar balances financieros mientras se mantiene un relato de falsa preocupación social, usando el lenguaje del "alquiler asequible" como pantalla de operaciones altamente lucrativas.
Propaganda institucional y falta de control
La plataforma SOS VIVIENDAS denuncia que la ciudadanía, legítimamente enfadada, termina culpando genéricamente solo al Gobierno porque el mensaje público está contaminado por quienes hacen negocio con la vivienda, amplificado por determinados medios y por discursos demagógicos que ocultan el verdadero núcleo del problema. Comunidades autónomas y ayuntamientos han incumplido de forma sistemática la aplicación de las leyes de vivienda, han evitado declarar zonas tensionadas y han renunciado al control de precios y beneficios en estas operaciones.
SOS Viviendas y Suelo reclama menos propaganda y más exigencia, menos anuncios y más fiscalización, recordando que quien gobierna y no actúa no es neutral y que quien permite este modelo no podrá alegar desconocimiento. El suelo público, subraya la plataforma, no es una mercancía sino un bien colectivo, y su uso indebido constituye un ataque directo al Estado del bienestar.
Porque sin vivienda no hay ciudad.
Porque sin vivienda no hay dignidad. |
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