El Gobierno andaluz del PP, bajo la excusa de reordenar competencias, traspasó en 2018 la gestión de los centros públicos de atención a las adicciones desde la Consejería de Igualdad, hoy Inclusión Social, para que fuese asumida la competencia por la Consejería de Salud. 
Ese rápido traspaso generó problemas de todo tipo en los centros, incluso faltando comida puntualmente que tuvo que comprar la propia plantilla debido a los cambios normativos. Esto llevó a que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia fuese adscrita tanto a la Consejería de Salud como a la de Inclusión Social para que siguiera gestionando los centros. 
Siete años después la competencia no es de nadie y los centros están abandonados, las plantillas son del todo insuficientes, no se cubren las ausencias y ahora como medida estrella o no se refuerzan los centros de trabajo con nuevas contrataciones o se hace en cuantía insuficiente.