El próximo martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para recordar que en todo el mundo hay personas que han sido arrestadas, detenidas, secuestradas o privadas de cualquier otra forma de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
Países como México, donde tras ocho años de avances escasos, una comisión creada por el gobierno determinó que la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un "crimen de estado" y se ordenó la detención de decenas de personas, entre ellas el ex-Procurador Jesús Murillo Karam. O Colombia, donde la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada hizo constar que al concluir 2021 seguía sin conocerse el paradero de 327 personas desaparecidas durante las protestas del Paro Nacional. O Nicaragua, donde en los meses previos a la reelección del presidente Daniel Ortega en noviembre de 2021, la policía sometió a detención arbitraria o a desaparición forzada a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas contrarias al gobierno, entre ellas siete posibles aspirantes a la presidencia.