En realidad, la aprobación por parte del Gobierno español del salario mínimo de 1.000 euros es una gran noticia para alrededor de dos millones de trabajadores en España. Es lo que reclamaban los sindicatos en representación de los distintos sectores productivos.
Aunque el sector tecnológico esté en auge esto no significa que en las demás actividades productivas no se pueda subir el sueldo mínimo, como ya ha establecido el Gobierno de la nación con muy buen criterio. Siguiendo las directrices de la Constitución de nuestro país los ingresos mínimos por el trabajo deben ser iguales en todas las profesiones, por eso recibe el nombre de salario mínimo interprofesional.
La suficiencia económica de todos los ciudadanos españoles es un derecho irrenunciable, algo que también está reconocido por los Derechos Humanos. Es indudable que es de sentido común la subida del salario mínimo.
El coste de la vida se ha disparado y eso no es un problema menor, es crucial para la subsistencia de millones de personas y familias.  La viabilidad de las empresas es una cuestión que deben resolver los empresarios, pero no a costa de los trabajadores.
El estudio de mercado o de posibilidades en la creación de empresas debe ser riguroso y profundo. Si un cierto número de empresas no son rentables pueden implementar distintas estrategias para ser sostenibles y en último caso cerrar, si no existe otra solución.