La concejala Natividad Cantero defiende la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de «dotar de discreción el entorno del centro sanitario para asegurar la confidencialidad de las mujeres, su libre decisión y el derecho a un aborto seguro»
Tal y como sostiene el escrito, en España el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está reconocido y regulado por Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, que goza de gran consenso y apoyo de la ciudadanía española.
Sin embargo, desde que la ley desde la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, que despenalizaba el aborto en tres supuestos -grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, violación o graves taras físicas o psíquicas en el feto- grupos ultraconservadores, que cuentan con el apoyo de ciertos sectores políticos y económicos, pretenden acabar con esta libertad, mediante la imposición de sus principios morales y religiosos. Esto les lleva a hostigar y tratar de cargar de culpas tanto a las mujeres que se enfrentan a la decisión de interrumpir un embarazo no deseado o que plantea problemas en su desarrollo, como al personal sanitario que hacen del aborto inducido un procedimiento seguro.