Las autoridades sirias han ejecutado a 24 personas acusadas de implicación en los incendios descontrolados que arrasaron el país en 2020. En una publicación de Facebook de 21 de octubre, el Ministerio de Justicia sirio calificaba a los 24 hombres de “criminales autores de los atentados terroristas que causaron muertes y daños en infraestructuras y bienes públicos”. Decía también que otras 11 personas habían sido condenadas a cadena perpetua en la misma causa y 9, de las que 5 eran menores, a otras penas de prisión.
Ante la noticia, Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:
“El Estado sirio ha puesto en marcha una terrible campaña de ejecuciones que pone de manifiesto su cruel menosprecio del derecho a la vida y desprecio por el derecho internacional. Nuestra labor de investigación a lo largo de los años ha demostrado que frecuentemente se dictan condenas a muerte tras juicios secretos que incumplen las garantías procesales básicas o se basan en confesiones obtenidas mediante tortura. La pena de muerte es un castigo cruel y no puede justificarse en ningún caso, con independencia del delito.