La Constitución española reconoce de forma explícita el derecho de propiedad. En relación con la ocupación ilegal de inmuebles no se tiene en cuenta el ordenamiento legal vigente y la conducta de los ocupas es injustificable.
Lo que corresponde es que los poderes públicos faciliten pisos con alquiler muy reducido  a muchas personas que necesitan un espacio digno en el que vivir. La ocupación de las viviendas ha crecido considerablemente en los últimos años  y es el resultado, en parte, de planteamientos relativistas  que no respetan los derechos de los demás. Me parece bien que se haya eliminado el plazo de 48 horas para desalojar a los ocupas con un  nuevo protocolo.
Otra cuestión diferente es los pisos que son propiedad de los bancos y que están vacíos y desocupados. El Gobierno podría pensar en la manera de lograr que las propias entidades bancarias ofrecieran alquileres muy baratos, como una medida social más dentro de la gestión de los bancos. Esto redundaría en el beneficio de la sociedad y ya que presumen de la realización de una labor social de primer orden sería otro modo de demostrar su compromiso, con las necesidades e intereses de los ciudadanos que residen en España.