Sobre la Cañada Real Galiana

Es viva actualidad los problemas existentes en la Cañada Real Galiana de Madrid, que podemos leer en todos los periódicos del país, derribos de casas, enfrentamientos entre policías y vecinos, 41 heridos, marcha por la A-3, etc. La Cañada Real Galiana es un espacio protegido desde 1273 por un  Real Decreto de Alfonso X el Sabio que prohibió cualquier tipo de edificación, a lo largo de sus 400 kilómetros, con una anchura de unas 90 varas (75,22 metros), teniendo su principio en la Comunidad de la Rioja y finalizando en el Valle de Alcudia en la provincia de Ciudad Real. Penetra en la Comunidad de Madrid  por la provincia de Guadalajara, mediante dos ramales que concluyen en Aljavir, saliendo hacia Toledo por Torrejón de Velasco con un recorrido aproximado 105 kilómetros entre ambos ramales...

El principal problema radica en la Comunidad de Madrid y se tiene conocimiento que las construcciones comenzaron entre los municipios de Madrid, Rivas-Vaciamadrid,   Coslada y San Fernando de Henares hasta cubrir en la actualidad parte de la Cañada Real en la parte sur de esta Comunidad, hace unos 40 años. Durante todo este tiempo las Administraciones competentes no se implicaron en el tema y hoy de forma ilegal viven unas 30.000 personas.

Tuve como experiencia en mi trabajo la citada Cañada Real Galiana desde principios de 1988 a mediados de 1991; la misma suponía un grave problema a diario y su ocupación comenzaba a ser masiva a lo largo de sus 15 kilómetros en la zona sur de Madrid, puedo añadir que la misma no se encontraba directamente en mi demarcación, pero sí que establecí en ella la frontera donde impedir ciertos accesos a la zona de vigilancia que tenía encomendada.

Pienso que esta ocupación quizás sea la más importante de España, pero no la única. Son muchos los municipios de España donde se ocupan veredas, cañadas, vías pecuarias, caminos públicos y pocas Administraciones las que ponen remedio al asunto.

Desde mi punto de vista creo que las Administraciones en cada caso competentes no deben ser ajenas a las ocupaciones de terrenos públicos y deben proceder por Ley, no dando lugar a asentamientos o problemas posteriores cuya resolución al final resulta bastante conflictiva, cara  para el erario público y en muchos casos irrecuperables.