Un juzgado debe investigar los sucesos de la asamblea del 3 de febrero

La sección 8ª de la Audiencia Provincial de Málaga ordena a un juzgado de instrucción la investigación por los supuestos delitos contra el ejercicio de los derechos cívicos, aminazas, lesiones y de intento de agresión a la autoridad, por los derechos protagonizados por unos 40 trabajadores de las canteras contra los vecinos de Alhaurín de la Torre, en una asamblea celebrada por la PDSS el 3 de febrero de 2006.

Por fin una Institución del Estado protege a los ciudadanos e intenta aplicar la Ley. Se ha recibido con satisfacción por parte de la PDSS. El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 8ª, por el cual se Ordena la investigación por los supuestos delitos contra el ejercicio de los Derechos Cívicos, Amenazas, Lesiones y de intento de agresión a la Autoridad, por los hechos protagonizados por unos 40 trabajadores de las canteras contra los vecinos de Alhaurín de la Torre, en una Asamblea celebrada por la PDSS, celebrada el 3 de Febrero de 2006.

Como se recordará, estos hechos acaecieron semanas después de la aprobación por las Administraciones Públicas, Junta de Andalucía (PSOE), del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,(PP) junto con las Empresas Extractivas, de un Acuerdo Marco para soslayar  la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se impedía la continuación de las canteras de Alhaurín de la Torre, por ser ilegales y clandestinas

Tras los hechos ocurridos en dicha Asamblea, los ciudadanos denunciaron ante la Guardia Civil lo acontecido, por los presuntos delitos coacciones, amenazas, intento de agresión a dos cargos públicos de Alhaurín de la Torre,  las entonces Concejalas de IU, Encarna Ruiz y Mercedes Ávila, presentes en la Asamblea vecinal, e impedimento de los derechos cívicos.

Los ciudadanos durante casi dos años han sufrido la inactividad para investigar los hechos denunciados.    La Guardia Civil,  la Fiscalía,  el Juzgado de Instrucción nº13 de Málaga, y el Subdelegado del Gobierno, nada han investigado, sobre los hechos denunciados.

Los ciudadanos presentaron quejas al Defensor del Pueblo Andaluz y Nacional, tras la decisión del Juzgado de Instrucción de no instruir diligencias por los hechos denunciados.También se recurrieron las decisiones del Juzgado a la Audiencia Provincia. La Sección Octava, da la razón a los recursos presentados por los ciudadanos denunciantes, señalando en el Auto dictado, que se ha de seguir Diligencias Penales correspondientes por los presuntos delitos contra los derechos Cívicos, amenazas y coacciones así como supuestas lesiones, que se denuncian por los hechos ocurridos.

Asimismo, como primera prueba de investigación, ordena que se ha de tomar declaración testifical a los dos guardias civiles de paisano que estaban en el lugar de los hechos desde el inicio de la Asamblea.

Es satisfactorio recibir por fin un Auto Judicial que ordena investigar la supuestos delitos contra los ciudadanos que estaban ejerciendo sus Derechos Fundamentales.
Como se recordará, además de estos incidentes; hubo amenazas, coacciones e incluso el lanzamiento de dos cócteles molotov contra el ex presidente de la PDSS. Ninguno de estos hechos denunciados ha dado lugar a investigación por los cuerpos de seguridad del Estado o por organismos públicos. Por lo tanto es estimulante para los ciudadanos que por fin un órgano judicial intente investigar  frente a la inactividad de la Administración Pública.

Presidencia Plataforma para la Defensa de la Salud y la Sierra de Alhaurín de la Torre.