Demasiados interrogantes

Está claro que hay un antes y un después en el asunto de las canteras de Alhaurín de la Torre, una vez que la sentencia judicial declaró ilegales a cuatro de ellas. Hasta ahora se ha insistido en las dificultades legales para dar licencia, así como en los problemas que la menor producción está provocando en las obras de la provincia, pero entre tantas declaraciones y acciones de unos y otros, creo que no se han dado respuesta a varias cuestiones:

Por ejemplo: ¿Qué pasa con las cuatro que sí tienen licencia, cumplirán sus obligaciones o seguirán a su aire?. ¿Están las empresas extractivas dispuestas a comprometer rehabilitaciones y compensaciones de una vez por todas? ¿Se debe tratar igual a una empresa que quiere cumplir la ley y solicita licencia, a otra que no cumple? ¿Cuándo se hablará de daños y perjuicios?

Digo esto porque por encima de todo este asunto debe prevalecer el medio ambiente y los intereses de los vecinos de Alhaurín de la Torre, aspectos que van de la mano y que no deben necesariamente indicar el cierre inmediato de las canteras, intereses que serían compatibles con la actividad extractiva si es que de una vez por todas, los canteros dicen públicamente qué están dispuestos a ofrecer para poder seguir trabajando durante un periodo de transición, que creo no debería ser mayor de 5 años, y se comprometen a un cambio en su actitud y métodos de producción.

El Alcalde tendría una importante baza a su favor para dar licencia, el bien del pueblo, y el bien del pueblo no es sólo que no vuelvan a abrir ni que saquen una piedra más, sino que restauren el daño causado y además que compensen a Alhaurín de la Torre esa generosidad que tanto nos piden ahora en el resto de la provincia, atendiendo también a las familias que dependen directamente de la explotación, especialmente los transportistas, que ven cómo tienen que pagar letras de un camión sin tener ingresos.

Hasta ahora poco o nada se ha cumplido de lo acordado en el Protocolo del año pasado,  y ahora que el cierre ha llegado la única respuesta de las empresas es enviar a los trabajadores a cortar carreteras y provocar problemas a los demás vecinos, alarmando con problemas de abastecimiento y presionando a unos y a otros para que puedan reabrir, y ese claramente no es el camino para una solución, con presión no puede haber concesión.

Por otro lado, qué pasa con las canteras “legales”. Las que tienen licencia para seguir explotando deben hacerlo bien, en taludes previstos, restaurando al mismo tiempo que extraen y cumpliendo el resto de sus obligaciones, por ejemplo en control de emisión de polvo, pero aún con licencia Alhaurín de la Torre recibe muy poco de estas canteras “legales”, algunas miajas en gasolineras y establecimientos, y un número no muy claro de trabajadores residentes en el municipio. ¿Quiere decir que seguirán trabajando como hasta ahora, o alguien les exigirá que cumplan la ley y exploten de una forma responsable y cuidadosa?

Tampoco podemos olvidarnos de las  “ilegales”, por ejemplo la cantera Taralpe de Financiera y Minera ha liderado las medidas de restauración medioambiental y se ha mostrado dispuesta a financiar proyectos socio culturales del municipio, mientras que la de Bernardo Caballero en Pinos de Alhaurín es una de las que realiza una explotación más salvaje y protagonista de las mayores nubes de polvo, ¿Deben ser tratadas ambas por igual cuando soliciten licencia de apertura o se debe considerar mejor a la que se ha preocupado más por una explotación racional?

Y para acabar el interrogatorio, si finalmente las canteras siguen presionando y no hay posibilidad de acuerdo, Alhaurín de la Torre está en su derecho de negar licencia y que se traiga el árido de Estepa, Casares o Marruecos, o donde quiera que se encuentre, pero en cualquier caso, ¿Cuándo se les exigirá que indemnicen por los daños causados durante tantos años de explotación “ilegal”?.

Son pues muchas preguntas sin respuestas, a ver si los que tienen el poder son capaces de responder claramente.

José Manuel de Molina