La Junta promueve la ley de Derecho a la Vivienda
Se garantizará así la adquisición a una vivienda a quienes ganen menos de 3.000 euros, por la que pagarán un máximo del 33% del sueldo

La ley de  Derecho a la Vivienda por parte de la Junta de Andalucía, entrará en vigor el próximo 2008, se responde con este proyecto además, a un mandato del nuevo Estatuto de Autonomía, que en su artículo 25 establece, que una ley regulará el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad. Un texto respaldado por el PP e IU en su momento. Desde el Gobierno andaluz se considera que esta política debe descansar sobre dos pilares: la Ley del Derecho a la Vivienda y una nueva planificación de objetivos y recursos que permita hacerlo efectivo, fruto del acuerdo entre ayuntamientos, promotores y Junta de Andalucía. Un consenso con el que lograr, por un lado, la construcción de 700.000 viviendas en los próximos ocho años -300.000 de ellas protegidas- y, por otro, que en 2012 sea plenamente efectiva la Ley del Derecho a la Vivienda.

Anunció el PSOE, que convocará a su Consejo Territorial en el que están representados sus alcaldes y presidentes de Diputación, al considerar que los ayuntamientos tienen "un papel trascendental" en el impulso de la citada ley, al tiempo que anunció la colaboración activa de los alcaldes en la puesta en marcha del Pacto Andaluz por la Vivienda.

Y se refirió a la importancia que tiene el acuerdo de la Junta con los ayuntamientos, ya que éstos son los que al final deciden cuál es el suelo de sus municipios destinado a vivienda y cuál no.  De la misma manera, la Junta financiará los estudios que pongan de manifiesto las necesidades reales de todos los municipios. Serán estos organismos los responsables de elegir la tipología de las viviendas que más se adapten a las características de los beneficiarios de esta Ley.

Hay que subrayar que con este anteproyecto de Ley, Andalucía vuelve a dar ejemplo y adopta una decisión vanguardista y de gran calado social. Ministerio y Junta trabajan conjuntamente para que la vivienda deje de ser un problema social para convertirse en un derecho constitucional.

Mikaela García Márquez. Coord. Grupo Municipal de PSOE de Alhaurín de la Torre.