Imputado o denunciado: todo es según el cristal con que se mira

El llamado “caso Retamar” como todo el mundo recordará, ha sido uno de los hechos más palpables de persecución contra un político que han sucedido en este pueblo. Consecuencia de unas mediciones erróneas sucedidas hace treinta años cuando se diseñó  dicha urbanización, la pérdida de unos metros por un error técnico de distribución y replanteo de parcelas, hizo que parte de la oposición intentara cargar ese desajuste contra Joaquín Villanova que no fue precisamente el alcalde que gobernaba en aquellos lejanos años, de hecho ni siquiera era aún concejal.

La Justicia dejó el caso claro y archivó el asunto entendiendo que la actuación de Joaquín Villanova, Gerardo Velasco y Aurelio Atienza, el arquitecto municipal, había sido inmaculada, legal y eran totalmente inocentes, tanto de la perdida de metros, como de las actuaciones posteriores. Sin embargo, al rebufo de aquel “affaire”, Izquierda Unida quiso, como es su costumbre, sacar réditos políticos y se encargó de empapelar el municipio de pasquines en los cuales daba la sensación que el alcalde estaba imputado en un presunto delito y donde se intuían indicios de criminalidad por los cuales iba a ser Joaquín Villanova juzgado. De tal manera se presentó el asunto, que hasta la prensa escrita se hizo eco de esa denuncia. Hechos que según la manera de ser contados pueden afectar o no al buen nombre y la honestidad del político que los sufre.
No contentos con ello, IU en plena campaña del caso “malaya”, el 7 de abril de 2006, una vez que el caso Retamar había sido archivado por la justicia, hizo un paralelismo insertando la siguiente frase en su pagina web, “¿Y los 3.755 metros robados en Retamar donde están. Que Roca alhaurino se enriqueció con ello?”. Una pregunta en si, que no denuncia a nadie, pero si deja entrever cual es la intención de la misma, seguir ahondando en la polémica de que pese al archivo de las diligencias, algo sigue oscuro y sin aclarar en el llamado “caso Retamar”. Una auténtica bajeza. Lo que coloquialmente se puede conceptuar como  “un si pero no, y ahí se queda”.

Estas circunstancias, hicieron que por primera vez el alcalde, el concejal de Urbanismo Gerardo Velasco y el arquitecto municipal interpusieran una demanda civil contra IU por derecho al honor y expresiones atentatorias a su dignidad. Por dicho motivo fue convocada  a declarar Encarnación Ruiz en dicho proceso. El hecho jurídico de que sea o no como imputada no tenia para ellos relevancia en el caso, ya que la imputación es a IU como formación política y Encarnación Ruiz era una de sus principales, sino la principal, de sus dirigentes, por tanto fácilmente es entendible en términos no jurídicos que algún grado de responsabilidad presuntamente tiene en la actuación de IU, que era lo que los demandantes reclamaban.
Sin embargo, el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Málaga ha sentenciado y desde este partido tenemos un infinito respeto a las sentencias judiciales, que la información facilitada en esos días por IU no era inveraz y los absuelve. Pero también en dicho auto, el juez concluye en que la información facilitada por IU “es una información correcta, aunque no precisa jurídicamente en todos los casos” añadiendo a continuación “sin que ello deba ser calificado de inveraz, sino, en todo caso, de impreciso técnicamente”.

Para cualquier persona lego en materia jurídica del tratamiento de un proceso penal, “imputado” es “Contra quién se dirige un proceso penal”  según define el Real Diccionario de la Lengua. Depende del estadio en que se encuentre dicho proceso penal, sea en diligencias previas o en procesamiento, la gravedad de la palabra tiene menos o más significado vejatorio contra la persona a quien se dirige.

Sin embargo, técnicamente, la terminología jurídica es mucho más precisa en un auto judicial. Quien sufre una denuncia por un presunto delito penal es “denunciado”; solo cuando el juez ve indicios de criminalidad, le imputa un supuesto delito y dicta auto de procesamiento, pasa a ser “imputado”. Es decir, cuando lo sienta en el banquillo como procesado. Eso lo sabe cualquier letrado u abogado y ni Joaquín Villanova, ni Gerardo Velasco, ni Aurelio Atienza, han sido imputados porque el juez dictó auto de archivo.

Tal vez por eso, en este auto del juzgado de 1ª Instancia, el juez entiende que quien redactó los pasquines que aparecieron en el pueblo estaban escritos por algún dirigente político de esta coalición sin pajolera idea de derecho y le exime de culpabilidad, amparado en que aplica la definición de la palabra imputado que da la Real Academia de la Lengua. Es veraz la información pero imprecisa técnicamente, según palabras del propio juez.

Otro caso distinto sería si dichos escritos hubieran sido redactados por alguien que si tiene, o presuntamente tiene conocimientos jurídicos, habría que presuponerle mala fe en la acepción que da al término imputado. En definitiva, un malabarismo semántico con las palabras que ha hecho daño, pero con una conclusión que a pesar de los pesares y del esfuerzo de IU ha quedado grabada a fuego en la memoria histórica de este municipio. Joaquín Villanova, Gerardo Velasco y Aurelio Atienza son inocentes de la acusación de IU en el llamado “caso Retamar”. Eso es lo importante, lo demás, mera anécdota.

Luis Bravo