
No cabe duda de que las manifestaciones de los jubilados son la expresión de una problemática real. El miedo a quedarse sin pensión o a que no suba cada año según el IPC.
Lo que no se puede pretender es que las personas que llegan a la edad de jubilación tengan que vivir de planes de pensión privados. Por supuesto, los que quieran y puedan están en su derecho de hacerlo, pero millones de ciudadanos no pueden por razones económicas muy poderosas.
La Seguridad Social es una garantía de bienestar y es pública. El acuerdo logrado para mantener el poder adquisitivo de los mayores por los grupos parlamentarios es la plasmación de un cambio impulsado en parte por la presión social de la ciudadanía que está preocupada por el futuro de las jubilaciones. Al menos un porcentaje considerable de la misma.
Existen unos derechos que no pueden ser borrados o anulados por motivos económicos o porque sea necesario resolver un agujero de casi 20.000 millones de euros de la Seguridad Social.