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Declaración institucional en demanda de la liberación de los presos de conciencia rifeños | | Parlamento de Andalucía. 15.03.18 | |  El 28 de octubre de 2016 un vendedor de pescado de Al-Hoceima, Mouhcine Fikri, moría triturado por el mecanismo de un camión de basura, cuando trataba de recuperar la mercancía que le había sido requisada y arrojada allí por la policía marroquí. Esta muerte, cuyas circunstancias aún no han sido suficientemente aclaradas por las autoridades marroquíes, desencadenó una ola de indignación que se plasmó en una serie de protestas pacíficas en toda la región en demanda de inversiones, mejoras sociales, medidas de lucha contra la corrupción y una mayor participación local en los beneficios obtenidos fruto de los recursos del territorio. Las movilizaciones ciudadanas fueron aumentando en número y volumen durante los meses posteriores y originaron el surgimiento de un movimiento social, ciudadano organizado bajo la denominación de Movimiento Popular del Rif o “Hirak” del Rif. |  Desde esa fecha, y especialmente desde la detención de Nasser Zafzafi, el portavoz del Movimiento Popular del Rif, llevada a cabo el 29 de mayo de 2017, las autoridades marroquíes, han puesto en marcha una ola de represión generalizada que afectando especialmente a la ciudad de Al-Hoceima, se extendió por toda la región del Rif. Esta ola de represión, desatada contra movilizaciones de protesta pacífica y de defensa de los derechos humanos, ha alcanzado hasta el momento a un número que, según Amnistía Internacional, ronda actualmente las 410 personas: líderes del Movimiento Popular del Rif, simples participantes en manifestaciones, activistas de las redes sociales y periodistas. Muchas de estas personas, entre las que se incluyen menores de edad, ya han sido declaradas culpables y a varias les han impuesto duras penas de hasta 20 años de cárcel. Muchas de estas personas llevan meses en estado de prisión preventiva en espera de juicio.
Resultan particularmente preocupantes las noticias compartidas por el Sindicato Nacional de Prensa de Marruecos (SNPM) relativas a las detenciones de periodistas y blogueras. Concretamente se trata del director de la página digital Rif24, Mohamed El Asrihi, el fotógrafo del mismo sitio web Jaouad Al Sabry, y el director de la web Araghi TV, Abdelali Haddou, quienes fueron detenidos el pasado 6 de junio. Previamente, cuando se iniciaron las detenciones de activistas en el Rif el 26 de mayo, se había detenido al fotógrafo de Rifpress Houssein El Idrissi y al director de la web televisiva Awar TV, Fouad Assaidi. A estas detenciones se suman una serie de actuaciones de las autoridades marroquíes orientadas a controlar la información que de las movilizaciones y la ulterior represión se traslada al exterior del país: Reporteros sin Fronteras (RSF) ha condenado lo sucedido con la cadena France24 en lengua árabe que ha sido prohibida de toda actividad en el territorio marroquí desde el lunes 12 de junio. Entre las detenciones de periodistas destaca la de Hamid El Mahdaoui, director de Badil.info, que desde su detención en julio es mantenido en régimen de aislamiento en la prisión de Ain Sbaa. El mismo día también se detuvo a Rabie El-Ablak, corresponsal de este mismo medio en Al-Hoceima. La persecución a periodistas por el mero hecho de cubrir las movilizaciones del Rif ha sido denunciada por Reporteros Sin Fronteras en su último Informe Anual. El pasado 1 de febrero el periodista Abdelkabir Al Horr, fundador del diario digital de información generalista Rassmaroc fue condenado por el Tribunal de Apelación de Rabat a 4 años de prisión.
Los principales líderes del Movimiento Popular del Rif y una serie de activistas significados, 54 personas, permanecen recluidas en la prisión de Ain Sbaa, cercana a Casablanca. En este grupo se encuentra Nasser Zafzafi, que desde su detención permanece en régimen de aislamiento. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento, así calificada cuando supera un periodo de 15 días, vulnera, según Amnistía Internacional, la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este grupo está siendo actualmente juzgado por el Tribunal de Apelación de Casablanca. Los cargos que se les imputan son, entre otros son los de protesta no autorizada, rebelión, conspirar para debilitar la seguridad interna del estado, socavar la lealtad de la ciudadanía al Estado y las instituciones del pueblo marroquí, incitar contra la unidad territorial del reino e insultar a cargos e instituciones públicas. Los que están acusados de delitos contra la seguridad del Estado podrían ser condenados hasta a 20 años de cárcel si resultan culpables en el juicio.
A fecha de hoy las autoridades marroquíes mantienen el estado de excepción en la zona, la prohibición del derecho de reunión y manifestación y continúan produciéndose detenciones.
Según Amnistía Internacional, en comunicado emitido en noviembre de 2017 por su Directora de Investigación para el Norte de África, Heba Morayef, tanto Nasser Zefzafi como el resto de personas detenidas por protestar pacíficamente o por informar sobre las manifestaciones en Internet son presas de conciencia y deben ser liberadas.
Por todo ello, el Parlamento de Andalucía, comprometido con la defensa de los Derechos Humanos:
Demanda a las autoridades marroquíes la inmediata puesta en libertad de todas las personas detenidas por su participación en las movilizaciones del Rif.
Manifiesta su rechazo a cualquier actuación limitante o represiva del libre derecho de manifestación pacífica que se deriva de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Insta a las autoridades marroquíes al respeto escrupuloso de los Derechos Humanos en todas sus actuaciones en el Rif.
Insta a las autoridades marroquíes a realizar procesos judiciales con las debidas garantías procesales que aseguren el respeto a los derechos de los enjuiciados y que sean acordes con la legislación internacional humanitaria.
Insta a las autoridades marroquíes a la resolución de los conflictos mediante la negociación y el diálogo.
Insta a las instituciones europeas, al Gobierno español y a la Junta de Andalucía a mantener una postura garantista y vigilante ante las violaciones de derechos humanos en Marruecos, y a, en caso necesario, de no cesar las violaciones de derechos humanos, a revisar el conjunto de las relaciones diplomáticas y comerciales que mantienen con el Reino de Marruecos.
El Parlamento de Andalucía acuerda remitir esta declaración institucional a la Comisión Europea, al Gobierno de España y al Gobierno de Marruecos a través de su embajada en España. |
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