La Constitución  afirma la suficiencia económica de las pensiones para los ciudadanos de la tercera edad. En el artículo 50 del texto constitucional se establece muy claramente que los poderes públicos garantizarán pensiones suficientes económicamente para los jubilados. Se hace referencia explícita a que los ingresos de los pensionistas sean adecuados y sean periódicamente actualizados.
Aunque la cuestión esencial es que se garantiza el derecho a una pensión digna para poder vivir adecuadamente. Y la responsabilidad es de los poderes públicos y no de los ciudadanos.
Que Rajoy diga que es preciso que los ciudadanos ahorren para su jubilación o que la complementen con planes privados de pensiones, porque va a producirse una considerable pérdida de poder adquisitivo por la inflación y por otras causas me parece excesivo.
El Gobierno y los poderes públicos tienen, a mi juicio, la obligación legal y moral de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y también la educación y la sanidad.