La prioridad, la primera preocupación de cualquier gobierno democrático en todos los órdenes, debe ser garantizar que, tanto hombres como mujeres sean iguales, con los mismos derechos a la vida, libertad y búsqueda del desarrollo personal como medio para alcanzar la felicidad. Por tanto, su obligación es poner al servicio de los ciudadanos todos los beneficios obtenidos por Andalucía, de la riqueza creada por el esfuerzo colectivo.
Todas las políticas que dependen (del gobierno republicano) de un Gobierno democrático deben, tienen que estar, por tanto, diseñadas para hacer que Andalucía sea capaz de generar toda la riqueza de la que es capaz, con el único y noble objetivo de ponerlo a disposición del bien colectivo de la sociedad.
Esta condición, válida en todos los aspectos de la vida diaria de una Comunidad, de un Estado, cobra un significado singular al tratarse de Asuntos Sociales. Aquellos que tienden, o al menos deben tender, a acercarse en lo posible a la igualdad en el trato, en las posibilidades con que todos cuenten, en la facilidad para alcanzar un nivel de vida que permita a todos, una pervivencia plenamente digna.