Las autoridades iraníes deben garantizar el derecho de manifestación pacífica, investigar las denuncias de que las fuerzas de seguridad han utilizado ilegalmente armas de fuego contra manifestantes desarmados, y proteger frente a la tortura y otros malos tratos a las personas detenidas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, ante la preocupación por el hecho de que la represión de las manifestaciones que se han propagado en Irán durante la última semana se está intensificando.
Las declaraciones oficiales han confirmado que al menos 22 personas, entre ellas dos agentes de seguridad, han muerto desde el 28 de diciembre, fecha en que miles de iraníes empezaron a echarse a las calles para protestar contra la pobreza, la corrupción, la represión política y el autoritarismo.
“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a defenderse, y tienen el deber de proteger la seguridad de la población. Sin embargo, las denuncias sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos desarmados resultan sumamente inquietantes, y ese uso supondría una violación de las obligaciones de derechos humanos contraídas por Irán en virtud del derecho internacional”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.