Un traslado por imperativo legal.

Joaquín Villanova Rueda. Alcalde de Alhaurín de la Torre. La norma de conducta del buen ecologista, no es aquella que pretende oponerse al progreso cerrando industrias molestas, sino la de quien compatibiliza progreso y medio ambiente impulsando el desarrollo de ambos y procurando que los dos no sean antagonistas, ni excluyentes.Para este pueblo, la problemática se generó hace más de una treintena de años, cuando cinco empresas se presentaron en este Ayuntamiento con su permiso de explotación expedido por el entonces Ministerio de Industria del régimen franquista. Para un pueblo pequeño como era éste, falto de la necesaria infraestructura administrativa y técnica, aquel permiso expedido era suficiente documento para entender que tenían todos los plácemenes del ministerio para extraer árido, tramitándose las autorizaciones que se consideraron pertinentes. De aquel acto puramente administrativo vienen hoy estos problemas.

El diseño de las autoridades del régimen predemocrático de concentrar el peso del sector de extracción en una sola zona, se ha demostrado hoy como un grave error de planificación, pues el impacto que una concentración tal de canteras producen en el entorno, es tan brutal, que si no se toman las correspondientes medidas correctoras, el medio ambiente acusa fuertemente tal volumen de extracción y la situación termina haciéndose insostenible por las molestias que produce en las poblaciones cercanas, tráfico, ruido, polvo en suspensión y degradación ambiental.

Este error planificador no fue corregido por la administración autonómica de la Junta de Andalucía, cuando se produjo el traspaso de las competencias, es mas, incidieron en él aumentándolo con la concesión de tres licencias nuevas durante los años ochenta. Esta Administración tomó el camino sencillo, asegurarse los recursos para muchos años en un lugar cercano a las zonas de consumo, sin preocuparse de desarrollar un plan B de desconcentración, porque tarde o temprano la ciudad de Málaga llegaría a las puertas de la Sierra y las canteras serían un verdadero problema. Poner todos los huevos en la misma cesta es un grave error.

Este Ayuntamiento se ha desarrollado urbanísticamente en la última década de forma portentosa, porque nuestra apuesta ha sido un desarrollo residencial y urbano con el mejor de los servicios y este sistema es incompatible con una industria minera desordenada y agresora al medio ambiente, como era entonces aquélla. Nuestra apuesta desde entonces ha sido siempre la misma, el traslado de las explotaciones a otras zonas, que aunque estuvieran mas alejadas, aseguraran el necesario abastecimiento y los puestos de trabajo, dentro de un plan ordenado y razonable que diera una salida a todos.

Mas los acontecimientos se han precipitado, la oposición popular a la existencia de canteras tal como se estaban explotando era creciente. Articulados en una Plataforma ciudadana integrada por los partidos políticos de oposición y vecinos, exigían un cierre inmediato. Tomando como bandera la presunta falta de esa licencia municipal, solicitaron en el juzgado el cierre de las explotaciones.

Cuando se gobierna hay que tomar decisiones, es una de las responsabilidades que tenemos los que nos dedicamos a la gestión pública. En 1996 a mi llegada a la alcaldía fue encontrarme este problema. El desorden de los archivos, la antigüedad de los expedientes y la complejidad del asunto, hacía inviable que este Ayuntamiento pudiera adoptar una decisión mínimamente fundamentada, por lo que nuestra actitud fue someterse a la decisión de los tribunales de justicia, que fuera ella la que dilucidara el pleito.

Este Ayuntamiento siempre ha entendido que las empresas tenían las licencias concedidas de forma regular y así lo dio a entender al juzgado contencioso administrativo nº 4 encargado del caso. Este nos otorgó la razón parcialmente en el año 2001, entendiendo que cuatro de las actividades contaban con la preceptiva licencia, curiosamente las cuatro que no se personaron en el procedimiento fueron condenadas.

Nuestra tarea estaba cumplida, no recurrimos dicha sentencia y nos mantuvimos al margen, a la espera del dictamen judicial para acatarlo. La actitud de prudencia y responsabilidad de este Ayuntamiento se vio correspondida por el juzgado, que tampoco aceptó un cierre cautelar, ni la ejecución provisional de dicha sentencia solicitada por la PDSS. El traslado era la mejor de las opciones, y aferrados a esa postura, lo hemos exigido a las autoridades mineras desde el 2001 en que se constituyó la llamada Mesa de canteras con representación de todos los sectores involucrados.

La huelga protagonizada por los trabajadores de las canteras en enero de 2004, el desabastecimiento en el sector de la construcción y la crisis provocada, obligó a sentarse a todos de nuevo y planificar un futuro. Nuestra postura siguió siendo incólume, acometer un traslado ordenado, mas la cicatearía de la Administración autonómica en no querer encarar el problema con una descentralización y el egoísmo empresarial de no querer abandonar la gallina de los huevos de oro, nos hizo aceptar de los males, el menor, un Plan de Ordenación Minera que reordenara el sector reduciendo superficies, restaurando la cuenca del Arroyo Blanquillo ya explotada, eliminando el polvo, explotando racionalmente, acortando de forma sustancial el plazo de concesión, negociando contrapartidas importantes para este municipio e impidiendo la apertura de una nueva explotación en Jarapalos. Un POMA que la Junta se comprometió a dar en seis meses y ha tardado en confeccionarlo cerca de dos años. Y que además, debería de venir incardinado en un instrumento de ordenación urbanística vinculante, cosa que no tiene. Mientras, el reloj corría, la espada de Damocles del recurso presentado ante el TSJA por las empresas seguía suspendida. La ratificación de la sentencia del año 2001, ha sorprendido a todos por su contenido y porque no estaban los deberes hechos.

Este Ayuntamiento está obligado a cumplir dicha sentencia y a proceder al cierre de cuatro empresas, las más importantes, y además sin poder plantear una solución al conflicto de forma inmediata, ya que nuestra legislación urbanística prohíbe la extracción para nuevas empresas en la Sierra y estas cuatro, una vez declaradas ilegales y clandestinas son inexistentes. Un conflicto difícil de solucionar, pero que exige un pacto de responsabilidad por parte de todos al que no pueden ser ajenos quienes se han opuesto radicalmente a la existencia de las canteras y me refiero a los partidos de la oposición municipal y a la PDSS.
El lunes pasado les tendí la mano por dos veces en el Pleno municipal a que participen en una propuesta de diálogo que busque una futura solución a esta crisis social, hoy me reitero en ello, propugnando una mesa de debate de todos, absolutamente de todos, convocada por la Junta de Andalucía, que es quien posee los mecanismos legales y de planificación para conseguirlo sin infringir la ley y con un fin muy concreto, buscar un traslado de las canteras y la restauración de la Sierra en el mas breve periodo de tiempo posible. Si no hay acuerdo consensuado de todos, absolutamente de todos, estamos abocados a una solución judicial a largo plazo.

De igual forma que los vecinos de Huelin soportaron durante años los depósitos de CAMPSA o los de la avenida Juan XXIII los de Empetrol, hoy Alhaurín de la Torre ya ha aportado su alícuota parte al desarrollo urbano de la provincia. Es la hora de la responsabilidad asumida y de al menos buscar un diálogo para intentar una muy difícil solución. La justicia ha dejado su impronta y su mensaje a todos cuantos estamos implicados en esta problemática, intenten al menos efectuar un traslado por imperativo legal.

Artículo enviado en exclusiva al diario la Opinión de Málaga y a Alhaurin.com