Parece que el Gobierno puede aplicar esta ley para frenar el desafío soberanista catalán.
Y considero que ya debería haberse aplicado hace tiempo para evitar sobresaltos. Está claro que es necesario utilizar esta norma para asegurar el cumplimiento de las leyes y  que se respete el ordenamiento constitucional.
Con la convocatoria del referéndum y las declaraciones al periódico La Vanguardia de Puigdemont es evidente que no se puede esperar más.
El ejecutivo, a mi juicio, tiene que actuar con contundencia e inhabilitar al presidente de la Generalitat y a los altos cargos que lo secunden y suspender al gobierno autonómico catalán, aunque sea temporalmente.
Que Carles Puigdemont afirme que el Estatut está por encima de la Constitución española es algo absurdo y no se sostiene con el Derecho en la mano.
El artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional afirma   que la acción del Estado debe proteger los principios y valores constitucionales. Y están siendo pisoteados por los partidos independentistas catalanes y por la Generalitat. Y esta ley reafirma que el Gobierno del Estado posee la competencia exclusiva en materia de defensa, Fuerzas Armadas y seguridad pública.