Es una medida, a mi juicio, injusta y discriminatoria sin ninguna duda. Porque poner un tributo a las bebidas azucaradas para desincentivar su consumo es desproporcionado y causa desigualdades indeseables.
Existe otro método que considero racional y justo y es poner en vigor normas que obliguen a los fabricantes de este tipo de bebidas a que las elaboren con menos azúcar. Y esto mismo es aplicable a la bollería industrial que debería tener mucha menos grasa de forma obligatoria.  
De esta manera, se promovería el consumo responsable de productos más saludables que no puedan causar obesidad y otras enfermedades. Esta medida que ha sido puesta en vigor desde hoy 2 de mayo de 2017 en Cataluña  penaliza, en mi opinión, de modo injusto a los que poseen menos poder adquisitivo frente a los que viven con una economía más o menos holgada.
Sucederá que los que viven con muy poco dinero consumirán menos refrescos azucarados y los que disponen de más ingresos seguirán consumiendo lo mismo, aunque pagando más por este tipo de bebidas.
Aunque la Unión Europea insista en la importancia de propiciar e impulsar hábitos de comida más sanos creo que el procedimiento para lograrlo debe pasar por un control sanitario riguroso y exigente de los productos. Según los expertos el promedio de consumo diario de azúcar por español es de los más elevados de Europa, pero esto puede solucionarse también con campañas de información y, sobre todo, con una bajada muy considerable del nivel o concentración de azúcar o grasa en la bollería, las golosinas y las bebidas refrescantes.