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Notcias de Greenpeace, 10 de marzo de 2017 | | Greenpeace. 10.03.17 | |  Greenpeace denuncia presiones del Gobierno japonés a la población para que vuelva a zonas contaminadas por Fukushima 10 de marzo de 2017 .- Mañana se cumplen seis años del terremoto y el tsunami que derivó en la catástrofe de Fukushima, pero cuando aún se sienten los efectos del accidente nuclear de manera significativa, algunas de las áreas más contaminadas dentro de la zona de exclusión, conocidas como zona 1 y 2, se están preparando para el reasentamiento de la población a pesar de que la radiación sigue siendo muy superior a lo aconsejable. Los niveles en los bosques cercanos son comparables a los de la zona de exclusión de 30 Kilómetros de Chernóbil, que más de 30 años después del accidente, quedó formalmente declarada como inhabitable. "Hoy es un día para recordar a las víctimas y denunciar que esta medida supone un intento del Gobierno del primer ministro japonés, Shinzō Abe, por ayudar a la industria nuclear y dar una sensación falsa de normalidad, pero nuestros muestreos dicen lo contrario", ha declarado Yuko Yoneda, director de Greenpeace Japón. | "Estaría encantada de volver a Fukushima e invitar al ministro de Energía, que apuesta por las viejas nucleares en España, para mostrarle lo que está pasando allí. La gente de Fukushima está atrapada. Ni la planificación de emergencias ni la seguridad nuclear se tuvieron en cuenta en su día y ahora, debido a las políticas de reasentamiento para lavar la cara a la industria nuclear, se da una nueva vuelta de tuerca en vez de defender los derechos humanos de las víctimas, especialmente las mujeres y la infancia", ha declarado por su parte Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear en Greenpeace España.
Recientemente un equipo de investigación de Greenpeace recogió muestras en la localidad Iitate, a unos 30 km de la central, y encontró que las dosis de radiación están muy por encima de los objetivos de descontaminación del Gobierno japonés, con niveles de exposición anual de por vida que representan un riesgo para los ciudadanos que vuelvan. En algunos hogares en Iitate, las dosis de radiación son equivalentes a una radiografía de tórax todas las semanas (1). A pesar de ello, el Gobierno japonés confirmó en febrero de este año que todavía no se ha realizado ninguna evaluación de los riesgos de exposición de por vida para los ciudadanos si tuvieran que volver a esta localidad.
De los 54 reactores nucleares que tenía Japón antes del accidente, la gran mayoría han permanecido inactivos seis años después de la catástrofe de Fukushima, en este momento solo están operativos tres. Greenpeace recuerda que en España el Gobierno coquetea con reabrir Garoña (con un reactor igual al de Fukushima) y ampliar la vida del envejecido parque nuclear, en vez de avanzar con urgencia hacia las energías renovables.
Greenpeace exige que el Gobierno japonés proporcione apoyo financiero completo a la población superviviente y entregue información transparente sobre los riesgos, de modo que nadie tenga que regresar por razones económicas o bajo engaño por una falsa sensación de seguridad. Se deben tomar medidas para reducir la exposición a la radiación al mínimo absoluto para proteger la salud pública y permitir a la población que decida si quiere volver sin coacciones.
Greenpeace entregará mañana 11 de marzo, una carta detallando las violaciones de los derechos humanos a los supervivientes de Fukushima en las embajadas japonesas en Helsinki, París, Bruselas, SanPetersburgo, Viena, Berna y Berlín.
Nota:
(1) las tasas de dosis de rayos X el intervalo dependen de varios factores, incluyendo el equipo utilizado y el paciente. Una dosis típica por la radiografía de tórax sería 0.05mSv, que si se les da cada semana sería del 2,6 mSv más de un año.
 Sobre el descubrimiento de Repsol de petróleo en suelo estadounidense
Repsol incumpliría la moratoria de Obama si extrajera crudo del Ártico
La petrolera española Repsol ha anunciado que ha encontrado unos 1.200 millones de barriles de crudo en la zona norte de Alaska. La mayoría del área es tierra pero incluye sectores del mar Ártico. Greenpeace recuerda al respecto que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el expresidente norteamericano, Barack Obama, establecieron a final de la legislatura de Obama un precedente histórico en la protección de las aguas árticas: cualquier actividad comercial en las regiones árticas de estos países tendrá que estar en línea con los objetivos climáticos internacionales y estará sujeta a un “test climático”. Esto incluye los proyectos de perforación y explotación de combustibles fósiles.
Para tomar esta decisión, el expresidente de EE. UU. aplicó una disposición de una ley de 1953, la Ley de Plataforma Continental Exterior, que confiere la potestad al presidente para bloquear de forma indefinida perforaciones petroleras y gasísticas en algunas aguas controladas por el Gobierno Federal estadounidense. El actual presidente de EE. UU. Donald Trump necesitaría revocar esta Ley de 1953 para licitar nuevas concesiones en el medio marino del Ártico.
La petrolera sigue ajena al cambio de modelo necesario para combatir el cambio climático y lleva activa desde 2008 en Alaska. De momento, el Estado de Alaska no ha otorgado la licencia necesaria para la extracción de crudo de este sector del que Repsol es propietaria al 25%.
Según un estudio realizado por la ONG Oil Change International, si la comunidad internacional se toma en serio no permitir que la temperatura global aumente más de 1,5ºC ningún gobierno debería permitir construir nuevas infraestructuras ligadas a la exploración, explotación y transporte de combustibles fósiles como el petróleo desde hoy mismo. Por lo que obviamente los 1,2 millones de barriles de crudo no se deben llegar a extraer y quemar.
“La explotación de crudo carece de licencia. Este crudo es una bomba climática, por lo que celebrar su hallazgo es celebrar cómo una compañía privada se va enriquecer a costa de las víctimas del cambio climático”, ha declarado Pilar Marcos, portavoz de Greenpeace.
Precisamente Repsol junto a Chevron, ExxonMobil, BP o Shell están siendo investigadas en Filipinas por una Comisión de Derechos Humanos por los efectos devastadores producidos por las emisiones de estas empresas de combustibles fósiles, que van desde el ascenso de las temperaturas, hasta sequías o fenómenos meteorológicos extremos como el tifón Yolanda (Haiyan) que dejó 11 millones de personas damnificadas y más de 6.300 muertes. |
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