Si un partido político o algunos miembros del mismo han cometido delito deben ser juzgados y si son culpables condenados. Los delitos no deben quedar sin castigo o impunes de acuerdo con el ordenamiento legal vigente. Aunque exista también la presunción de inocencia debe haber las correspondientes investigaciones para depurar responsabilidades del tipo que sean.
Lo que no es correcto  es que la dirección del PP reclame que se anule el juicio sobre la trama delictiva del caso Gürtel y que afirme que el partido Popular no es responsable de la misma.  Porque es evidente que algunos dirigentes de Génova compartieron despachos con algunos de los encausados. Por tanto, por acción u omisión parece que es indudable que existe un considerable nivel de ocultamiento de las prácticas corruptas.
Y no basta con decir que los corruptos del PP ya están expulsados del partido, puesto que mientras estaban dentro de esta fuerza política malversaron fondos y desarrollaron actividades ilícitas que perjudican al país y a los ciudadanos españoles que son los depositarios de la soberanía nacional. Los políticos son representantes de los legítimos intereses de sus votantes y no pueden incumplir las leyes y pretender que no ha sucedido nada.