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Amnistía Internacional / Informe Irán: Niegan atención médica a presos políticos | | Amnistia Internacional. 18.07.16 | |  Amnistía Internacional ha determinado en su investigación que, en algunos casos, los funcionarios de prisiones, violaron también el derecho de los presos a la salud o fueron responsables de tortura u otros malos tratos. En varios casos retiraron la medicación a presos políticos o les aplicaron innecesariamente instrumentos de inmovilización, como esposas y grilletes, que dificultaban su tratamiento médico, les producían lesiones en las manos y los pies o les causaban malestar y humillación. Los presos entrevistados por Amnistía Internacional dijeron también que los médicos de la prisión eran a veces cómplices de los abusos. Explicaron que algunos médicos restaban importancia sistemáticamente a sus problemas de salud o no les prestaban ninguna atención en absoluto, diciéndoles que eran "producto de su imaginación", y trataban dolencias graves con analgésicos y tranquilizantes. | El informe revela que las mujeres presas encuentran obstáculos adicionales para recibir atención médica, al menos en la prisión de Evin de Teherán, donde todos los miembros del personal médico y de enfermería son hombres. En varias ocasiones, se negaron a presas con problemas de salud pruebas médicas de urgencia u otros tratamientos por considerarse inapropiado que las atendiera personal médico masculino. Las presas sufrían también acoso e insultos de índole sexual por no cumplir la estricta normativa sobre el uso del velo.
“Las autoridades iraníes, en particular los fiscales, dan muestra de aterradora crueldad con su actitud hacia los presos enfermos. Están jugando con la vida de las personas, con devastadoras y duraderas consecuencias para su salud”, ha añadido Philip Luther.
“Las autoridad iraníes deben poner fin de inmediato a la negación de atención médica como forma de castigo o coacción y garantizar que todas las personas bajo custodia tienen acceso a servicios médicos adecuados sin discriminación".
Retirada del tratamiento para obtener “confesiones”
Zeynab Jalalian, kurda iraní que cumple cadena perpetua por su presunta pertenencia a un grupo de oposición kurdo, está expuesta a quedarse ciega, porque se le ha retirado el tratamiento. Su familia cree que sufrió lesiones porque sus interrogadores le golpearon reiteradamente la cabeza contra la pared, causándole una fractura de cráneo que le provocó una hemorragia cerebral y daños en la vista. Necesita ser operada con urgencia de los ojos, pero las autoridades se han negado reiteradamente a autorizar su traslado a un hospital. Agentes de los servicios de inteligencia le han dicho que antes tiene que hacer “confesiones”.
“Le dijeron que, si las hacía, no sólo le reducirían la condena, sino que también la llevarían al médico”, explicó su hermana, Deniz Jalalian, a Amnistía Internacional.
“Condicionar la atención médica a que se haga una declaración de 'arrepentimiento' o una 'confesión' no sólo es una forma vergonzosa de aprovecharse de la salud de la persona presa, sino que constituye también un claro incumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos”, ha señalado Philip Luther.
Negación de atención médica especializada fuera de la prisión a su debido tiempo
El preso de conciencia Omid Kokabee, físico de 33 años, que cumple 10 años de condena por negarse a trabajar en proyectos militares en Irán, se quejó de problemas de riñón durante casi cinco años, pero las autoridades hicieron reiteradamente caso omiso de sus solicitudes de atención médica. En abril de 2016 le diagnosticaron un cáncer renal muy avanzado y tuvieron que operarlo de urgencia para extirparle el riñón derecho.
“Llevaba mucho tiempo esperando que lo trasladaran al hospital [...] pero las autoridades no accedían. Los médicos de la prisión jamás lo examinaron siquiera; se limitaban a prescribirle analgésicos”, contó un familiar suyo.
Una fotografía aparecida recientemente, que muestra a Omid Kokabee encadenado a la cama del hospital en una ocasión anterior en que fue hospitalizado en 2015, causó indignación en las redes sociales.
A Afshin Sohrabzadeh, preso político kurdo iraní, que cumple 25 años de condena, se le negó reiteradamente también el tratamiento médico especializado que necesitaba con urgencia a causa de un cáncer intestinal, que le provocaba frecuentes hemorragias gastrointestinales graves. Las autoridades condicionaron además su permiso médico al depósito de una suma abusiva como fianza.
“Si no puedes presentar una propiedad como fianza para tu permiso médico, no te preocupes. Mandaremos tu cadáver al depósito para que tu madre y tu padre vayan a buscarlo”, parece que le dijeron.
El 25 de junio de 2016 le concedieron por fin un permiso carcelario temporal por motivos médicos. Sin embargo, sigue sin poder pagar el tratamiento que necesita, porque las autoridades de los servicios de inteligencia le confiscaron sus documentos nacionales de identidad y no puede solicitar por ello atención médica subvencionada por el Estado.
Otro terrible caso es el de Afif Naimi, preso de conciencia que forma parte de un grupo de siete líderes de la comunidad bahaí de Irán encarcelados y cumple 10 años de condena. Padece un trastorno grave de coagulación de la sangre, para el que necesita atención médica especializada periódica, que no pueden prestarle en la prisión. La enfermedad puede ser mortal si no se trata. Los profesionales médicos han determinado varias veces que no está en condiciones de permanecer en prisión, pero a pesar de ello la Fiscalía se niega a dejarlo en libertad por motivos médicos. En la prisión ha sufrido hemorragias y pérdidas de conocimiento recurrentes, que han obligado a menudo a hospitalizarlo.
Huelgas de hambre
Muchos presos políticos con problemas de salud han considerado que no tenían más remedio que declararse en huelga de hambre para obligar a las autoridades a proporcionarles atención médica. Las autoridades suelen responder a tales huelgas con indiferencia, pero en algunos casos han acabado concediendo al preso un breve permiso médico, aunque luego lo han obligado a interrumpir su tratamiento, haciéndole volver a prisión al poco tiempo en contra de la opinión de los médicos.
En algunos casos se han tomado medidas punitivas contra los presos por ponerse en huelga de hambre. El preso de conciencia Alireza Rasouli, que cumple tres años y medio de condena, fue condenado a tres años más tras ser declarado culpable de delitos contra la seguridad como "difundir propaganda contra el sistema" por medios como iniciar huelgas de hambre. Padece una enfermedad ósea en la pierna, que, agravada por la falta de tratamiento,le causa dolor severo y restringe su capacidad de movimiento. Ahora necesita operarse con urgencia fuera de la prisión para prevenir daños potencialmente permanentes en las articulaciones.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que cumplan sus obligaciones internacionales y dejen de inmediato de negar a los presos el acceso a servicios médicos adecuados. Las autoridades deben investigar a los fiscales y a todos los demás funcionarios –incluido el personal médico– que puedan están implicados en casos de negación deliberada de atención médica a presos.
Ana Martínez
Responsable de Medios de Comunicación
Amnistía Internacional España
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