La más reciente de las agresiones tuvo lugar el pasado 25 de enero, cuando un equipo de Canal 2 Andalucía, perteneciente a la Radio Televisión Andaluza, contactó telefónicamente con la citada asociación, con la intención de entrevistar a su presidenta, Lina Arlandis Mendoza, en la entrada de las canteras. Ese mismo día el equipo de periodistas, compuesto por cámara y redactor, se encontró con la Presidenta y portavoz del colectivo, en un camino público del municipio situado fuera de la explotación minera, para realizar la entrevista mientras grababa el paso constante de camiones de gran tonelaje ligados a dicha actividad. En ese momento, tras percatarse quien parecía ser encargado o persona de responsabilidad de la empresa, 7 hombres procedentes del interior de la cantera rodearon a la Presidenta de la PDSS y a los informadores y, en actitud agresiva, profirieron constantes insultos y amenazas contra la primera. Mientras tanto, otra persona tomaba fotografías de la matrícula del vehículo de su propiedad, situado en las proximidades. Ante la gravedad de lo ocurrido, la afectada interpuso denuncia ante la Guardia Civil.
Estos hechos sólo suponen el último episodio de toda una campaña de difamaciones, amenazas y agresiones sobre las personas de la PDSS en sus bienes e integridad personal, mental y emocional, por el mero hecho de oponerse públicamente a unas explotaciones declaradas clandestinas e ilegales por sentencia firme. Dicha campaña se ha mantenido en el tiempo, durante todo el año 2006, después de que justo hace un año, el 3 de febrero de 2006, la PDSS convocara una asamblea informativa abierta para exponer a sus socios y simpatizantes, así como a los vecino,s sus opiniones en relación al conflicto de las canteras situadas en ese municipio. Antes de la hora fijada, de forma organizada, entraron en la sala, donde tendría lugar, unos 50 trabajadores, muchos de los cuales llevaban el mono azul de trabajo con el anagrama de sus empresas, con una actitud amenazante y coaccionante. Otros se quedaron en la puerta y, a la entrada de miembros de la Plataforma, comenzaron a gritarles e insultarles. La Junta Directiva de la PDSS, ante este intento de obstaculizar los derechos constitucionales a la información, a la libertad de expresión y el derecho de reunión que, de forma pacífica, estaban ejerciendo las personas convocadas, lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y se personaron 4 funcionarios de este cuerpo en el Salón de Actos. Formaban la mesa de la asamblea la Presidenta, el Secretario, el Portavoz, el Coordinador y el Letrado de la PDSS, con la intención de explicar las acciones jurídicas emprendidas para el reconocimiento de la ilegalidad y el cierre de 4 canteras del municipio. Al tomar la palabra, el Secretario que iba a actuar como moderador en la asamblea apenas pudo articular unas palabras, cuando empezaron los insultos y amenazas de parte de los trabajadores. Unos vecinos les dijeron que, por favor, respetaran su derecho a escuchar la información. En ese instante, varios trabajadores de las canteras empezaron a insultar a estos vecinos, golpear y agredir indiscriminadamente a los asistentes a la asamblea. El primer vecino que defendió su derecho a recibir información fue amenazado, insultado e incluso agredido, cuando estaba acompañado de un niño de cuatro años. Una concejala del ayuntamiento fue agredida por uno de los trabajadores que le lanzó, con gran fuerza, una silla. Una lluvia de huevos y petardos cayó sobre todos los asistentes, especialmente sobre la zona de la mesa. Los gritos y amenazas eran de muerte, “os vamos a echar del pueblo”, “sabemos donde vivís y quienes son vuestros hijos”, etc. La concejala intentó tomar fotos de las agresiones y, en ese momento, una mujer - parece ser trabajadora o esposa de alguno de los trabajadores de las canteras - se dirigió violentamente hacia ella para agredirla e insultarla. El letrado de la PDSS salió para evitar la agresión y, debido a que el suelo estaba muy resbaladizo por los huevos lanzados, resbalaron y cayeron a la vez. El Letrado sufrió una lesión en su mano derecha, además de sufrir un fuerte golpe en la rodilla. Asimismo, fue agredido de un puñetazo en el lado derecho de la cara, teniendo que ser asistido momentos después. Después, los insultos y coacciones a distintos miembros de la Plataforma fueron constantes, lanzándose decenas de huevos, así como petardos de gran potencia.
A la fuerza pública, debido a la agresividad y el número de canteros y al escaso número de aquélla, le fue casi imposible controlar el tumulto. No llegaron a identificar a ninguno de los agresores ni a expulsarlos de la sala, ya que manifestaron que no podían hacer frente a la situación. Posteriormente, la mayoría de los vecinos que habían acudido a la asamblea huyeron, siendo abucheados e insultados. Momentos más tarde, unos cuarenta canteros, a los que se fueron sumando más, se quedaron apostados en la puerta, impidiendo la salida a unas treinta personas, miembros de la Plataforma y vecinos que quedaban en el interior, entre ellas dos concejalas del Ayuntamiento. La Guardia Civil no podía garantizar la seguridad de los allí presentes, debido a la falta de medios y efectivos. Los agresores estaban perfectamente organizados, dándose consignas entre ellos de cómo tenían que actuar y contra quién.
La PDSS ha denunciado reiteradamente que estos hechos son consecuencia de la permisividad de la Subdelegación de Gobierno, que no previno la violencia, las amenazas, las coacciones, incluso los atentados con cócteles molotov al anterior presidente de esa asociación. Se han quemado varios vehículos, se han realizado pintadas con amenazas de muerte, rotura de cristales, etc. Y todo esto derivó en esta violencia física organizada, que supuso un paso más en la limitación de los derechos cívicos de los miembros de la Plataforma.
A pesar de haberse formulado pregunta escrita al Gobierno, por parte de este Diputado, transcurrido prácticamente un año no se ha tenido constancia de respuesta alguna, habiéndose agravado la situación motivante de la misma.
Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:
¿Cómo explica, el Gobierno, que habiéndose atacado, la noche del 3 de febrero de 2006, flagrantemente, derechos humanos y constitucionales como la libertad de expresión, reunión y asociación, la integridad física y mental y la participación democrática de los ciudadanos, con una evidente intención de intimidar a un colectivo por su acción reivindicativa y ecologista, no se produjera ni una sola detención, a pesar de la presencia, en todo momento, de agentes de la Guardia Civil?
¿Se ha producido algún tipo de investigación interna que delimite las responsabilidades, no sólo disciplinarias, sino políticas, en su caso, en relación a la actuación insuficiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la referida fecha?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar, el Gobierno, en Alhaurín de la Torre, para atajar la violencia continuada contra los miembros y simpatizantes de la Plataforma en defensa de la Salud y la Sierra y para garantizar sus derechos democráticos básicos a la libertad de expresión, reunión y asociación?
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2007
EL DIPUTADO: Francisco Garrido Peña |
MOTIVACIÓN
Enviar esta noticia
Compartir en facebook