Esta declaración de medidas es deseable y además de urgente aplicación. Estamos prácticamente seguros de que la gran mayoría de los ciudadanos se hallarían resueltos a aceptar sin ningún tipo de reparo y nos atrevemos a decir que incluso la gran mayoría de los partidos políticos del Estado. Sin embargo, la dimensión e importancia de la adaptación de este decálogo nace con un problema: parte como arma política arrojadiza y ello se convierte en un obstáculo para que otras formaciones puedan aceptarlo sin objeción.
El Secretario de Organización y Coordinación del PSOE y responsable de este decálogo, José Blanco, manifestó que la situación de corrupción que se está dando “es consecuencia de un urbanismo salvaje alimentado durante los años de gobierno del Partido Popular a partir de la modificación de la Ley del Suelo“ y que “se había vaciado de contenido a la Fiscalía Anticorrupción”. El Presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha manifestado que no sellará con el PSOE un Gran pacto de Estado contra la corrupción urbanística. ”El único pacto es que dejen de robar y que actúen la POLICÍA Y LOS JUECES”, aseguró Rajoy. Lo cierto es que la postura de ambos partidos políticos es sorprendente, habida cuenta de que existe una gran cantidad de las dos formaciones, y de otras, involucradas a veces y otras directamente imputadas, en numerosísimas actuaciones contra infracciones urbanísticas.
En estos momentos, ya existen instrumentos legales para frenar determinadas conductas y perseguir a delicuentes pero cuando las múltiples administraciones públicas implicadas (ayuntamientos diputaciones, comunidades autonómicas y la Administración del Estado) desoyen los mandatos legales e intentan apropiarse cada una de los beneficios que les correspondan en cada caso haciendo caso omiso de la cuestión, no existe solución posible. MIENTRAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS IMPLICADAS DESOIGAN LOS MANDATOS LEGALES E INTENTEN APROPIARSE CADA UNA DE LOS BENEFICIOS QUE LES CORRESPONDAN, NO EXISTE SOLUCIÓN POSIBLE. Y si, en cualquier caso, se cree que los medios actuales no son suficientes, será necesario arbitrar una Ley que regule el suelo, la ordenación del territorio y su planeamiento, las medidas coercitivas aplicables y que dicho texto establezca, además, la reforma del Código Penal en su caso, la incompatibilidad de ciertos cargos públicos (y de sus familiares) con determinadas actividades económicas, etc. Sólo en ese caso puede obtenerse una adecuada y sostenible política de suelo y vivienda que sea accesible para todos y respetuosa con su entorno, pero exige como presupuesto previo la concienciación de todas las personas implicadas en el ámbito político.
Antonio Peregrín |
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