El Plan Especial, una estafa y un fraude de Ley
Tras la sentencia judicial, en este momento, lo único que procede es el restablecimiento de la legalidad urbanística (ratificado además por el Juez en los últimos autos judiciales del pasado mes de Octubre) y la apertura de un expediente sancionador a las empresas que han infringido la Ley. No corresponde la aprobación de un plan especial de extracción encubierto bajo la falsa restauración que va a conceder licencias de actividad a empresas que han esquilmado la Sierra de Alhaurín ilegalmente y a las que se les va a permitir que continúen con la explotación y la destrucción del patrimonio natural de todos los alhaurinos en beneficio de intereses privados. Poderoso caballero, don Dinero.
Con este plan se va a permitir que se incremente la superficie de explotación aumentando si cabe aún más el enorme impacto causado al medioambiente ya de por sí irreparable. Con este plan se va a permitir que una actividad minera a cielo abierto se legalice sin exigir la más mínima evaluación de impacto ambiental, preceptiva por Ley para cualquier actividad que suponga un movimiento de tierras; máxime cuando aquí estamos hablando de millones de toneladas anuales según declaraciones de los propios empresarios. Estos mismos empresarios no tuvieron el más mínimo pudor hace unos meses en quitarse las caretas, mostrando su disposición a “restaurar” lo antes posible porque los grandes proyectos en marcha de las obras públicas, Ave, Puerto, Metro, etc. dependían de los áridos extraídos de la “restauración” de las canteras ilegales de Alhaurín. ¿Qué clase de restauración es ésta?
Las administraciones desafían al Poder Judicial. Atentado contra el Estado de Derecho.
Las administraciones públicas, Junta de Andalucía (PSOE) y Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (PP) se han puesto al servicio de grandes empresas desafiando al Poder Judicial saltándose a la torera una sentencia judicial firme que ordenaba el cierre de estas cuatro canteras, vaciándola de contenido. Consumando un fraude de Ley y una estafa a la Sierra de Alhaurín de la Torre, que de nuevo, los ciudadanos y los Jueces tendremos que destapar. Las Administraciones públicas, los sindicatos, y los empresarios canteros funcionando de manera organizada han pactado la continuidad de las canteras ilegales beneficiando sus propios intereses en contra de sentencias judiciales firmes, en contra de los derechos de los ciudadanos, del medioambiente, del desarrollo sostenible, en definitiva, en contra del Estado de derecho.
Los impulsores del falso plan de restauración de las canteras de Alhaurín de la Torre, empresarios, funcionarios, políticos gobernantes, o sindicatos, pertenecen todos a las mismas estructuras organizadas, que autorizaron, mantuvieron, escondieron y protegieron, o directamente, explotaron, las canteras ilegales del pueblo de Alhaurín.
Políticos que gobiernan defendiendo los intereses privados de grupos económicos, empresarios y sindicatos, sin escrúpulos, a través del Acuerdo Marco y Plan de Restauración, acuerdan la continuidad de las canteras ilegales, contra la salud, contra el medio ambiente, contra los ciudadanos, contra la Ley y contra la Justicia. Contra los intereses generales. Persiguen solo su interés particular.
Se ríen de la democracia, e intimidan, directa e indirectamente a quienes defienden la legalidad.
Si por muchos de ellos fuera, eliminarían al poder judicial de esta falsa democracia. En las organizaciones de índole político o económico, los únicos que les estorban son los ciudadanos exigentes y los Jueces.
La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, con el Sr. Chaves al frente, negocia con el Alcalde de Alhaurín Joaquín Villanova (PP) canteras por viviendas. “Tu me apruebas la continuidad de las canteras, para los constructores, promotores, empresarios andaluces, y yo te apruebo el Plan General, para el beneficio de los especuladores y constructores de Alhaurín de la Torre, y sacrificando la salud de los ciudadanos y el medioambiente.
El Alcalde Villanova pone al Ayuntamiento y al pueblo frente a una futura quiebra técnica, pues tendrá que indemnizar, no solo a los ciudadanos perjudicados, sino también a los canteros, ya que la estrategia es firmar convenios con ellos, y el que venga atrás que arree. Ahora, se cobra por anticipado.
El resultado para nuestro pueblo es:
MÁS CANTERAS --- MÁS VIVIENDAS --- MENOS AGUA --- LAS MISMAS CARRETERAS --- MENOS NATURALEZA --- MÁS IMPUESTOS Y MÁS INFELICIDAD PARA LOS CIUDADANOS.
Y los Fiscales, ¿A que van a esperar para actuar en Alhaurín de la Torre? O es que sólo se actúa en Ayuntamientos donde no mandan los grandes partidos.
¿Cómo confiar en un Alcalde que en el año 2000 prometió cerrar las canteras en 5 años, y lo que hace es bordear la Ley y las Sentencias Judiciales para que continúen explotándose las canteras ilegales?
¿Quién puede fiarse de un Delegado de Gobernación de la Junta de Andalucía “ese tal Marcos”, según un artículo, que decide que las canteras, cerradas por orden judicial, tienen que continuar, “independientemente de los conceptos jurídicos”?
Ante este panorama, ¿Qué mueve a las Administraciones públicas, Junta y Ayuntamiento a negociar y buscar argucias legales para vaciar de contenido una sentencia judicial firme? ¿No será que la contrapartida que ofrece la Junta a cambio de la continuidad de las canteras ilegales sea la concesión de miles de viviendas y la especulación urbanística en el nuevo Plan de ordenación para el Ayuntamiento de Alhaurín? ¿Qué intereses mueven las canteras para que las Administraciones que han de cumplir y hacerla cumplir la desafíen de esta manera? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados de este Plan?
La aplicación de la Ley, lo que corresponde.
Aplicando la Ley, lo que corresponde es:
Cumplimiento real y efectivo de la sentencia judicial. Por tanto, cese inmediato de la actividad extractiva y cierre de las canteras ilegales.
Apertura de un Expediente sancionador a las empresas que han infringido la Ley.
Restablecimiento de la legalidad urbanística que significaría una restauración verdadera debiendo las empresas extractivas reponer, en la medida de lo posible, la sierra a su estado original sin que en ningún caso, según Ley, puedan obtener beneficio alguno. Por tanto, no está permitida la extracción y mucho menos la comercialización de áridos con el consiguiente lucro a empresas que han actuado en la más absoluta clandestinidad. ES DECIR LA VERDADERA RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN QUE SE ESTABLECE EN LAS LEYES.
Actuaciones Judiciales.
El fraudulento Plan especial es un fraude de ley tramitado ilegalmente incumpliendo diversas sentencias judiciales y violando las más elementales normas urbanísticas y medioambientales.
La información aportada por la Delegada de Innovación Sra. Gámez (PSOE) y el Delegado de Medio Ambiente Sr. Trillo (PSOE), es falsa de raíz. En primer lugar, el TSJA establece que cualquier movimiento de tierra obligatoriamente esta obligado a realizar la EIA. Tal es así que los propios técnicos de la Delegación de Medio Ambiente se han negado a firmar este documento que exonera a los canteros este trámite. Miente el Sr. Trillo pues la ley 7/94 en su anexo I, señala este requisito legal.
La Delegada de Innovación también falsea la realidad e incluso los trámites administrativos siguientes. Según Auto del Juzgado de lo contencioso-Administrativo n. 4 de Málaga, en estas canteras ilegales, la Sra. Gaméz (PSOE), no tiene ninguna competencia. Por lo tanto no es cierto que en años posteriores se van a realizar Planes de Labores.
* Denuncia penal a la fiscalía contra las personas, que hayan votado a favor de este fraudulento Plan.
* Incidente de Ejecución de Sentencia ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo 4 de Málaga. Organo judicial que ha dictaminado en Auto firme, que a estas canteras sólo se les puede aplicar legalmente un expediente sancionador y otro de restablecimiento de la legalidad urbanística. Nunca legalizarlas.
* Medida cautelar de suspensión del fraudulento Plan.
* Demanda ante los Tribunales para que se les aplique una sanción de 80 millones de euros como expediente sancionador a los canteros ilegales.
* Denuncia ante la fiscalía anticorrupción de todo lo actuado y organizado por los delegados de la Junta de Andalucía (PSOE) y el Alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (PP).
No hay futuro sin respeto al medioambiente.
El progreso no puede estar basado en la destrucción.
Lina Arlandis. PDSS | 
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