La promotora según el Registro de la Propiedad adquirió las fincas en el mes de marzo de 2004, por 1.103.034, 31 € (183.629.466 ptas). Al año de esta compra en abril de 2005, el Ayuntamiento firma un Convenio Urbanístico con esta promotora, y se compromete a cambiarle las normas urbanísticas para que pueda construir en el sector 352 viviendas y un techo edificable de 35.201 metros cuadrados.
El promotor una vez realizada las cesiones que le corresponde le queda un saldo neto a su favor de 203 viviendas. De estas viviendas el promotor va a construir 163 viviendas de renta libre y 40 de VPO.
Pues bien este promotor ahora mismo y una vez consiga esta recalificación de terrenos, sin haber realizado ninguna inversión, ningún gasto en infraestructura ha obtenido un beneficio de casi 10 millones de €
Tomando como referencia el mercado inmobiliario, los precios de mercado del sector recalificado, del suelo donde se proyectan construir esta vivienda sería del siguiente modo:
Vivienda libre 163 x 60.000 € = 9.780.000 €
Vivienda VPo 40 x 36.000€ = 1.440.000 €
Como las fincas fueron adquiridas a 1.103.034. 31 € por el mero hecho de cambiar las normas urbanísticas ya hay un pelotazo de 10.116.966 €.
Es una inmoralidad social que un promotor consiga la compra de terrenos no urbanizables que se dedican a la agricultura, comprado a precio de terrenos no urbanizable, y que tras los pasos pertinentes consiga una recalificación de esos terrenos para convertirlos en urbanizables. Este sistema de urbanismo que por el hecho de trazar líneas en los mapas y convertir en multimillonarios a quién se les recalifica terrenos es el origen por el cual en muchos Ayuntamientos de España existe graves problemas de corrupción urbanística. Incluso la Generalitat Valenciana, ha propuesto que las plusvalías de las recalificaciones de terrenos no sean para el último dueño, sino que se reparta entre los dueños anteriores de los terrenos durante los últimos 25 años.
¿Si el Ayuntamiento tenía prisas por conseguir terrenos para VPO porqué no se dirigió a los anteriores propietarios de los mismos en el año 2004 y les ofreció la posibilidad de recalificarles los terrenos?. ¿Por qué espera al año 2005 cuando la promotora ya es propietaria de todos los terrenos? ¿Quién se dirige al Ayuntamiento y al Alcalde para conseguir esta recalificación de terrenos?. ¿Es ideal del Ayuntamiento?.
Ahora bien esta situación de pelotazos urbanísticos y especulación que padece Andalucía, no es sólo culpa de los Ayuntamientos, tan culpable son los Delegados de Obras Públicas de la Junta de Andalucía (PSOE), pues pecan de omisión en el cumplimiento de sus deberes. No se entendería sino el grado al que ha llegado la especulación y la corrupción urbanística en nuestra Comunidad Autónoma.
Mercedes Avila. Concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. | 
En el Pleno del día 15 de diciembre de 2006, el Equipo de Gobierno del PP aprobó, la aprobación Inicial de una Modificación de Normas Subsidiarias denominadas UR-PE-02 en zona del Peñón a favor de la promotora Mesón, 30S.L. Consiste en convertir 54.155,31 metros cuadrados de zona no urbanizable, dedicada a cultivo de productos agrícolas en zona residencial para la construcción de 352 viviendas. Esta modificación proviene como no, de un Convenio Urbanístico suscrito entre el Alcalde y la promotora Mesón, 30 S.L. Como consecuencia de esta recalificación de terrenos el promotor obtiene por el mero hecho de cambiar una norma urbanística un auténtico “pelotazo urbanístico”, obteniendo un beneficio de más de 10 millones de €.
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