El suelo que se venderá será para construir viviendas sociales
La ley obliga al Ayuntamiento a vender el suelo para poder llevar a cabo este tipo de viviendas

Con respecto a las acusaciones vertidas por la concejala de Izquierda Unida, Mercedes Ávila, referentes a la “poca transparencia” de la partida sobre la venta de activos reales o concesiones administrativas recogida en el capítulo de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento, el concejal de Hacienda, Rafael Gómez Chamizo, ha aclarado que esta cantidad se percibirá por la venta de suelo para la construcción de viviendas sociales.

“La ley nos obliga a vender el suelo municipal para que se puedan edificar viviendas sociales”, indicó Gómez Chamizo. De esta venta, que está recogida en los presupuestos generales de 2007 como enajenación de inversiones reales del capítulo de ingresos, el ente local percibirá un total de 6.300.000 euros. Además  la venta del suelo catalogado para este fin social, se realizará por concurso público en el que se tendrán en cuenta el precio ofertado por los terrenos, el proyecto y el precio de venta de las casas una vez construidas.

A pesar de que en el informe realizado por el Interventor municipal se indica que los informes adicionales que requiere la oposición no son exigidos por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el edil de Hacienda ha querido explicar que “no se va a privatizar ningún servicio y los presupuestos es una previsión y se puede modificar”. Asimismo, Gómez Chamizo indicó que el equipo de gobierno está realizando un importante trabajo en cuando a la elaboración del inventario de los bienes públicos, algo que se había abandonado por otras corporaciones.

Por otro lado, de nuevo la edil de IU se equivoca con respecto a los ingresos estimados por el servicio de grúa, ya que no es necesario que exista el servicio para poder presupuestar los ingresos que se obtendrán del mismo una vez que se ponga en funcionamiento. Además, en el capítulo de inversiones del Presupuesto para 2007 una de las partidas que se destinan a este fin es la adquisición de vehículos grúa con un importe de 85.000 euros. Lo mismo ocurre con la transferencia prevista para la fundación de 300.000 euros, cantidad que será entregada por las empresas extractivas, donde tampoco es necesario que esté creada la fundación para que se contemple en el presupuesto.