Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les han sido arrebatadas ilegalmente.
En un nuevo informe titulado Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, Amnistía Internacional examina la aplicación en 2012 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), y muestra que defrauda a la gran mayoría de la personas a quienes se robó la tierra. Muchas de ellas no han podido regresar a casa debido a las constantes amenazas de violencia y a la lentitud del proceso de restitución.