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Los carísimos cementerios de elefantes
Union Progreso y Democracia. 07.10.14 
En este País de paradojas e injusticias, a los trabajador@s desempleados se les reconoce una prestación contributiva de desempleo o bien un subsidio o ayuda siempre y cuando tengan derecho a la misma y por tiempo limitado. No es así el caso para muchos de los políticos una vez que dejan sus cargos, bien por abandono o por que no fueron reelegidos de nuevo.
Como caso reciente tenemos el del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que tras su abandono de la política ocupará un puesto vitalicio como consejero permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid retribuido con 8.500€ al mes, despacho, secretaria y coche oficial.
O sea que el exministro es infinitamente mejor tratado que millones de parados y aspirantes a mileurista de este País. No está ni un día en el paro y ya le dan un sueldo millonario.
Los responsables políticos como Gallardón tienen una pensión de unos dos años al dejar puestos de responsabilidad y no es "de recibo" que el exministro tenga un puesto de por vida a cargo de los contribuyentes.

Y en todo caso el privilegio concedido al exministro es acaso un reconocimiento a la abultadísima deuda generada en el ayuntamiento de Madrid durante su etapa de alcalde, o quizás en agradecimiento a las tasas judiciales impuestas en su mandato como ministro de Justicia, o tal vez un premio de consolación por no haber podido sacar adelante una Ley que atentaba contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su concepción.

Pero no es solo el caso de Gallardón, en nuestro País hay muchísimos políticos en cementerios de elefantes que tenemos que costear de por vida, concretamente consejos de Estado hay 17 y excepto Cantabria todas las comunidades autonómicas los tienen (Cataluña tiene dos).

Otro caso reciente es el del  expresidente Rafael Escuredo, nombrado hace unos días consejero con dedicación exclusiva del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía con otro sueldazo, a cargo de los de siempre.
Y luego se quejan de que los ciudadanos les retiren su confianza y su voto para dárselo, según ellos,  a revolucionarios y demagogos que no tienen ni idea.

Si estar a favor de suprimir gastos innecesarios y privilegios es ser revolucionario, UPyD se enorgullece de serlo.
 
Comunicado de UPyD:
Apenas 48 horas ha tardado el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en encontrar trabajo. Y no se trata de un minijob, precisamente. Como miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, Gallardón ganará 8.500 euros al mes. Se trata de un organismo cuya eliminación ha reclamando, hasta en tres ocasiones, el grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, el resto de grupos aprobaron -la última vez en julio de este año- prorrogar la vida del Consejo, que cuesta 4,3 millones al año y sirve, sobre todo, para acoger a otros excargos políticos de renombre.

El Consejo Consultivo es una réplica a escala autonómica del Consejo de Estado. Si UPyD lo considera superfluo y pide su eliminación es porque precisamente el Consejo de Estado puede realizar las mismas funciones sin gasto adicional para los madrileños. Por desgracia, el Consejo Consultivo no es una anomalía en el entramado institucional madrileño ni español. Los órganos innecesarios como éste han proliferado a lo largo y ancho del mapa autonómico con un coste muy alto para los ciudadanos. Los recortes y subidas de impuestos de los últimos años se han producido sin haber purgado previamente este tipo de entes, destinados únicamente al acomodo de antiguos dirigentes, el tejido de redes clientelares y el lustre de las CCAA.

UPyD considera urgente que de una vez por todas se prescinda de este tipo de gastos innecesarios. De hecho, siempre que se refiere a la reforma fiscal, el diputado nacional Álvaro Anchuelo recuerda que en España sigue existiendo un problema de gasto público, y no sólo de ingresos, y que cuando se dice que no hay alternativa a las subidas de impuestos se está faltando a la verdad. Además, el partido magenta realizó en el año 2010 un informe que se publicó bajo el título de El Coste del Estado Autonómico en el que pormenorizaba el ahorro que podía lograrse con un nuevo modelo territorial más racional y sostenible: hasta 40.000 millones de euros al año.

Felipe Córdoba (responsable de Acción Política de UPyD Alhaurín de la Torre)
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