No existe democracia sin Estado, sin ciudadanía, sin ley. Todos los ciudadanos españoles, sin exclusión, deben y pueden decidir sobre el futuro de su país. Si en Cataluña se celebra una consulta ilegal sobre el futuro de España, excluyendo a los no catalanes y presionando a los catalanes que no quieren la secesión, el separatismo habrá ganado al vulnerar el primer principio democrático: que España es de todos los españoles. El separatismo reclama un privilegio antidemocrático: decidir a quién convertirán en extranjero en su propio país. Lo de menos es que quieran dibujar un nuevo mapa. Lo verdaderamente grave es que quieran abolir la ciudadanía. Donde ahora hay un gran país abierto que comparten gentes de muy diversa condición, ideas, creencias y lenguas, un espacio común para la libertad y la convivencia, pretenden levantar fronteras que nos separen, dividan, encierren. Los ciudadanos catalanes quedarían fuera de España y Europa, confinados, perdiendo a sus compatriotas. Su país, por el que viajaban libremente por trabajo o vacaciones, será tierra extranjera. La Europa libre y próspera, resurgida de las cenizas de dos guerras provocadas por el nacionalismo, ya no será suya.