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A favor de España: El coste de la ruptura (parte II)
| | Union Progreso y Democracia. 30.07.14 | |  Félipe Córdoba. - Debido al interés mostrado a continuación se ofrece el resumen ejecutivo del libro, cuyos autores son Fernando Savater, Clara Eugenia Núñez, Gabriel Tortella, José V. Rodríguez Mora, Francisco Sosa Wagner, Mercedes Fuertes, José Miguel Fernández Dols, Aurelio Arteta, Jaime Mª de Berenguer de Santiago, Enrique Helguera, Carlos Martínez Gorriarán, Rosa Díez, Mario Vargas Llosa y Ramón Marcos Allo quien también ha presentado hace unos días el libro en Oviedo. El presente resumen también está disponible en la web de Unión Progreso y Democracia A FAVOR DE ESPAÑA Los costes de la ruptura Resumen ejecutivo Fundación Progreso y Democracia | SUMARIO
¿Por qué este Informe?
Prefacio
Los editores
¿Ciudadanos o nativos?
Fernando Savater
1. Un diagnostico preliminar: las razones del éxito del nacionalismo disgregador en España
Ramón Marcos Allo
2. Más de 500 años juntos: síntesis de la evolución histórica de Cataluña y el País Vasco en España
Clara Eugenia Núñez y Gabriel Tortella
3. El contenido real del derecho a decidir: un patrimonio común de todos, no fraccionable
Ramón Marcos Allo y A.G. Ibáñez
4. Los costes de romper España:
4.1 Los costes económicos
José V. Rodríguez Mora
4.2. El Estado a prueba: costes políticos e institucionales
Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes
4.3. El contrato secesionista: la visión conductual
José Miguel Fernández Dols y Jaime María de Berenguer de Santiago
4.4. Costes lingüísticos y culturales
Aurelio Arteta y Enrique Helguera de la Villa
5. El futuro de España
Carlos Martínez Gorriarán
6. Dos reflexiones finales:
6.1. ¿Quién defiende a España?
Rosa Díez
6.2. El derecho a decidir
Mario Vargas Llosa
¿Por qué este Informe?
Este Informe surge de la necesidad de llenar un vacío. Frente a una estrategia claramente meditada y pensada, abundantemente financiada, de fabricación de un potente discurso nacionalista, millones de españoles vienen encontrándose huérfanos de planteamientos para defender algo muy sencillo: que la idea de España, una realidad con más de 500 años de historia, ha sido un proyecto exitoso y que sigue siendo la plataforma más segura y potente para navegar por las aguas turbulentas de un mundo globalizado, complejo, incierto y en crisis permanente. Los distintos gobiernos de la nación y los grandes partidos nacionales han estado hasta ahora en otra cosa: en el pacto, en el parche, cuando no en la más pura indolencia cómplice con el chantaje y el victimismo permanente que representa la obsesión identitaria.
Por ello, ante una de las mayores crisis históricas de nuestro proyecto de vida en común, desde Unión Progreso y Democracia se ha planteado esta iniciativa, que quiere que transcienda su propia actividad de partido, abierta a que se incorpore una parte de la sociedad civil preocupada por lo que está sucediendo y por la falta de respuesta de las instituciones. Con ese ánimo, se ha dado entrada a expertos y a académicos independientes, junto a otros que colaboran habitualmente con nosotros, varios de ellos procedentes tanto del País Vasco como de Cataluña. El objetivo común es analizar con rigor, coherencia y serenidad todas las contradicciones y falacias que se encuentran tras la estrategia secesionista, así como valorar los costes directos e indirectos (económicos, sociales, políticos, etc...) que este proceso tendría para todos los españoles, incluidos los propios ciudadanos catalanes y vascos.
Seguidamente se ofrece un resumen de las principales líneas argumentales y algunas conclusiones que se contienen en los distintos capítulos del Informe, a cuya lectura completa nos remitimos.
Prefacio
Si España llegara a romperse lo que se habría roto es no sólo un Estado con siglos de historia, sino sobre todo una comunidad nacional democrática. Todos perderíamos y seríamos mucho más pobres. Lo que se empobrecería no es solamente la economía, sino las libertades personales y civiles, la igualdad jurídica y de oportunidades, la dignidad colectiva y la pertenencia a una comunidad frustrada y fracasada. Donde ahora sólo hay líneas en un mapa de Comunidades Autónomas, habría fronteras muy reales. Donde existe la libertad de circular y vivir como ciudadano en un amplio y diverso país, se instauraría el confinamiento y la extranjería en pequeños territorios.
Ciertamente, en los territorios separados sería aún peor: nuestros actuales conciudadanos dejarían de serlo y perderían además la libertad de elegir y de pensar o sentir por su cuenta de modo diferente a la mayoría tribal. Habrían perdido la pertenencia a una gran comunidad de iguales -España y también la Unión Europea- para ganar en enemigos, extranjería, exclusión y pobreza. Muchos acabarían en el exilio interior de ser tratados como extranjeros en su propia casa.
Ahora bien, nada de esto es inexorable. El antídoto consiste en recuperar y reforzar aquello que está amenazado por la disgregación, es decir, todo lo que nos ha unido material, política, cultural, moral y afectivamente. Para ello hay que hablar claramente y en voz alta a favor de España, nuestra auténtica comunidad nacional democrática pero la única que, para algunos, no debería ni siquiera mentarse.
Hablar a favor de España es hacerlo a favor del pluralismo y la diversidad pero también a favor de la unidad y la ciudadanía compartida. Y también a favor de todas las comunidades que la componen: a favor de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valencia, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, de Ceuta y Melilla.
Y hablar a favor de España es hacerlo también a favor de una Europa verdaderamente unida, de la ciudadanía europea.
¿Ciudadanos o nativos?
La actual situación social y política ha adquirido en España una vocación suicida de la que muchos parecen desentenderse y otros, aún peor, alegrarse. Tras el franquismo, había en España un lógico deseo de diversidad, pero la oferta descentralizadora más ambiciosa de nuestra historia ha tenido el efecto contrario al buscado: todo lo local se ha visto glorificado mientras que cuanto se compartía con el resto del país se ha llegado a minimizar como una subordinación vergonzosa. Décadas de desidia han fragmentado la conciencia ciudadana, reforzando cualquier diferencia del vecino como legítima y deslegitimando en cambio cualquier reivindicación unitaria como reaccionaria.
Se ha reinventado un nuevo avatar del clásico caciquismo hispano: un bipartidismo “de facto” que se apoya en nacionalistas regionales a cambio de dejarles manos más o menos libres en su territorio. Así se explica la resignación ante prácticas neofranquistas como la inmersión lingüística que arrincona y proscribe la lengua común, o las concesiones en temarios escolares aberrantes de historia, geografía, etc… La configuración de esta mentalidad fraccionada convierte a los ciudadanos en meros nativos (aunque sea de adopción), ayudada, a lo largo de los años, por muchos medios de comunicación y creadores de opinión considerados progresistas, que bien podrían serlo en otras cuestiones pero desde luego no en ésta. Hoy el separatismo es el nuevo populismo español, que acogota a los discrepantes con manifestaciones callejeras y el unanimismo manipulado de los medios de comunicación al servicio de la retórica demagógica. Los nacionalistas pretenden inventar el “ciudadano de la gleba”, pegado a su demarcación y único con derecho a ejercer como tal en ella. El derecho a decidir que reclaman los nacionalistas es en realidad el derecho a exigir que los demás no intervengan en las decisiones sobre lo que consideran territorio exclusivamente propio.
Este Informe que presentamos no se dirige a catalanes, vascos, gallegos o andaluces en exclusividad, sino a ellos y a todos los demás: es decir, no a los nativos sino a los ciudadanos españoles. Su objetivo es informar de quiénes somos políticamente, de lo que está en juego en los retos separatistas y de lo que podemos perder por desidia o indiferencia, pérdidas que van ciertamente más allá de los indudables perjuicios económicos. Queremos despertar una respuesta política al separatismo no sólo entre ciudadanos afincados en tal o cual región sino en todos los del país porque, aunque nadie puede decir con razón que España le roba, sí que tenemos buenas razones para alarmarnos de que quieren robarnos España.
1. Un diagnostico preliminar: las razones del éxito del nacionalismo disgregador en España
¿Por qué está triunfando en España el nacionalismo disgregador? ¿Por qué pueden germinar y crecer posiciones de nacionalismo étnico en una sociedad avanzada de Occidente en el siglo XXI? ¿Por qué una sociedad con un nivel educativo muy aceptable puede poner en juego su futuro aceptando de manera acrítica un discurso plagado de falacias y mitos? ¿Por qué ha fallado la democracia y la capacidad de respuesta del Estado?
Nos hallamos ante un proceso de conversión social en algunas comunidades de España que no es fruto del azar. El objeto de este capítulo es analizar sus causas.
En primer lugar, se considera qué condiciones existían al inicio de la transición que pudieran favorecer el éxito del nacionalismo disgregador. El buen caldo de cultivo de ese fenómeno ha venido determinado esencialmente por la pervivencia de un fuerte sentimiento nacionalista en una minoría muy activa e integrada de la población de algunas regiones, al que acompañaba el menor peso específico de una mayoría con fuertes vínculos con el resto de España; hay que tener en cuenta también la debilidad tradicional de la idea de España y de sus símbolos cohesionadores y la vinculación tradicional en España entre la izquierda sociológica y el ideario nacionalista. Asimismo en la transición se configuró un régimen institucional propicio marcado por un sistema electoral que en un régimen de bipartidismo imperfecto dio un amplio poder decisorio a los partidos nacionalistas, a lo que se unió la falta de un modelo territorial definido en la Constitución y la configuración de un sistema de partidos en Cataluña en el que el PSC ha hecho seguidismo del nacionalismo.
En segundo lugar, se examina la estrategia sostenida del nacionalismo durante los últimos 30 años a través de los factores políticos, sociales y culturales de los que se ha servido para imponer su ideología. Se considera fundamentalmente la intervención del poder político en Cataluña sobre la educación, los medios de comunicación y el intento de configuración de un sistema institucional propio lo más diferente posible al común, en el que destaca singularmente el Parlamento catalán como determinante del proceso de ingeniería social. La existencia de esa estrategia incrementalista desmonta una falacia del pensamiento catalanista: la que pretende hacer creer que las movilizaciones independentistas actuales son un movimiento espontáneo de la ciudadanía que la clase política se ha limitado a tratar de canalizar y liderar.
En tercer lugar, se cuestiona cómo es posible que este éxito del nacionalismo se esté logrando a la vista de todos, y sin que nadie haya sabido darle respuesta. En España se ha renunciado a llevar adelante una estrategia política proactiva que evitará el gradiente que se estaba generando entre españoles por las políticas nacionalistas. El Estado muchas veces ha actuado tarde y mal, es decir, en el límite y de forma reactiva y poco o nada argumentada.
En conclusión, es el momento de hacer esas políticas proactivas, argumentadas, para construir intereses comunes en un marco político común. Ésta es una tarea de responsabilidad que debe ser compartida por todos los españoles y que implicará un profundo cambio de la forma de gobernarnos.
2. Más de 500 años juntos: España, Cataluña y el País Vasco, síntesis de unas relaciones históricas
Este capítulo estudia y sintetiza desde un punto de vista histórico el encaje de Cataluña y el País Vasco en la nación española, mostrando sus problemas y características más notables. Comienza con una referencia a los factores geográficos que contribuyen a las tendencias políticas centrífugas en la Península Ibérica para luego examinar la tendencia contraria, la centrípeta, apoyada en factores históricos, religiosos y lingüísticos: el recuerdo del Reino Visigodo, la Reconquista, el catolicismo y las lenguas romances, con predominio del castellano. Se examina también cómo tanto el País Vasco como Cataluña se incorporaron a lo que luego sería España a través de Castilla y Aragón respectivamente, de manera pacífica, y a comienzos de la Baja Edad Media. Las dos rebeliones catalanas, la de 1640 y la de 1705, en circunstancias diferentes, pero en ambos casos con gran violencia, tuvieron consecuencias catastróficas para España y, muy especialmente, para Cataluña, que quedó desmembrada y devastada. Sin embargo, la abolición de los fueros ("desescombro" la llamó Vicens Vives) con los decretos de Nueva Planta estimuló un proceso de crecimiento económico como Cataluña no había conocido desde la Edad Media. También fue cruenta la abolición de los fueros en el País Vasco en el siglo XIX (Guerra Carlistas), pero igualmente fue seguida de un acelerado proceso de crecimiento y desarrollo.
En ambas regiones, sin embargo, el desarrollo económico, que contrastaba con el retraso del resto de España a finales del siglo XIX, dio lugar al nacimiento de partidos nacionalistas, sin duda muy legítimos, pero basados en interpretaciones históricas míticas y discutibles, partidos que, además, en ocasiones, como la presente en Cataluña, han adoptado programas claramente secesionistas.
La historia muestra claramente que para Cataluña los intentos secesionistas tuvieron consecuencias catastróficas y que los períodos de integración pacífica con el resto de España, desde 1715 hasta el presente, fueron épocas de desarrollo económico y social muy por encima de la media española y de otros países de nuestro entorno.
3. El contenido real del derecho a decidir: un patrimonio común de todos, no fraccionable
El “derecho a decidir” se convirtió en clave de la estrategia secesionista desde el momento en que sus defensores descubrieron que era esencial dar con una idea que tuviera una buena venta en todos los contextos, al mismo tiempo que ocultaba cualquier debate sobre las consecuencias potencialmente negativas de la secesión. Sin embargo, este enfoque superficial y simplista, en clave puramente emocional, pretende esconder numerosas contradicciones y falacias.
No es cierto que el derecho a decidir venga legitimado por el Derecho internacional. Por el contrario, una suerte de “derecho a la estatalidad” para cualquier minoría nacional sería suicida para una organización estable del mundo y autodestructivo para cualquier minoría nacional (que debería auto-dividirse eternamente). No existe unanimidad sobre qué debe entenderse por “pueblo” catalán y vasco, ni cuáles serían las condiciones para el surgimiento de una nueva nación en el mundo: existen unos 3.000 grupos humanos que presentan una entidad colectiva, ¿todos ellos deberían constituirse en nuevas naciones? Resulta asimismo falso que el derecho a decidir sobre la ruptura de un Estado pueda pertenecer “solo” a los ciudadanos que residen en un territorio concreto pues ello supondría negar el mismo derecho al resto de los ciudadanos sobre una cuestión que les afecta directamente. En democracia el derecho a decidir ya existe, no hay que crearlo “de nueva planta”, la cuestión nada baladí es que ese derecho es patrimonio de todos los ciudadanos españoles y no sólo de una parte de ellos. Tampoco es verdad que el proceso secesionista sea la consecuencia de la falta de generosidad “federalizante” del modelo español; todo lo contrario, el nuestro es uno de los sistemas más descentralizados del mundo, claramente mayor que el británico (caso escocés) o incluso que el canadiense (caso quebequés). Por ello, resultaría lógico que las condiciones de una posible ruptura fueran más exigentes aquí, un Estado que viene operando con fronteras estables y reconocidas desde hace siglos.
Identificar además “consulta secesionista” con democracia supone ignorar que ésta debe estar sujeta a reglas. Así: la pregunta y el momento de la consulta no pueden quedar en las manos de los convocantes, máxime cuando no se dan las condiciones democráticas mínimas, con unas instituciones que no son neutrales y que juegan desde hace años a expulsar a los indecisos o condicionar su voto; antes de votar habría que conocer previamente las consecuencias de uno u otro resultado; y la necesidad de una mayoría clara, tanto de nivel de participación, como de porcentaje de votos positivos, determinaría que si la ciudad de Barcelona o la provincia de Tarragona votaran mayoritariamente por permanecer en España debiera respetarse asimismo su voluntad.
Por tanto, el derecho a decidir, tal como se presenta por los grupos secesionistas y quienes los apoyan, resulta una falacia y un engaño. La consulta que necesita España sería, en su caso, otra que plantease las cuestiones fundamentales que deban ser objeto de reforma constitucional para mejorar el funcionamiento de nuestro Estado y ponerlo a la altura de las exigencias del siglo XXI.
4. Los costes de romper España
4.1. Costes económicos
Los efectos económicos de la independencia se han convertido en el centro del debate sobre la separación. Los partidarios de la ruptura de los lazos que unen a los españoles aducen que la independencia conllevará innumerables beneficios económicos para los ciudadanos de Cataluña y el País Vasco. Lo dicen de forma tan insistente y vehemente a través del monopolio de los medios de comunicación en sus comunidades, que se ha convertido en una verdad casi autoevidente por sectores importantes de la población. Y, sin embargo, en general sus argumentos son falsos, exagerados, o carecen de fundamento lógico, obvian una multitud de consecuencias negativas de la independencia tanto para los ciudadanos del resto de España como para los de las comunidades directamente afectadas. Una ‹‹verdad» que se impone también porque, sorprendentemente, el Estado ha abandonado la batalla de las ideas y parece poco inclinado a explicar a la población las verdaderas consecuencias de este proceso. En este capítulo explicamos por qué asegurar que la independencia será una fiesta es faltar gravemente a la verdad.
Empezamos negando la principal. El argumento de las balanzas fiscales («España nos roba») es falso y éticamente deleznable. No es siquiera un argumento económico. Se trata de formular una idea acerca de quién es digno de ser conciudadano y quién no lo es, la esencia de la que parte el nacionalismo: “nosotros somos mejores”. Además, la territorialización del gasto público contiene enormes inconsistencias lógicas. Las mismas razones que hacen que sea difícil argumentar la independencia de Barcelona del resto de Cataluña por estos motivos, convierten en absurdo defender la independencia de Cataluña del resto de España. Pero, por si todo esto fuera poco, es estrictamente falso que el Estado trate a Cataluña de forma discriminatoria mientras que es obvio que el tratamiento fiscal del País Vasco beneficia enormemente a este territorio a expensas del resto de los españoles. De hecho, una comparación con la actividad fiscal territorializada de otros gobiernos de corte federal sugiere que España es un país perfectamente normal, excepto por la salvedad del sistema del cupo.
En segundo lugar, el argumento pseudo-economicista por el cual una declaración unilateral de independencia no debería tener ninguna consecuencia negativa es incorrecto. Esta tesis argumenta (ignorando los aspectos jurídicos) que ni a España ni a la Unión Europea les conviene castigar a Cataluña o el País Vasco con una expulsión de la Unión (tanto económica como monetaria), por lo no se atreverán a tomar esa decisión. Ello es falso porque confunde optimalidad con equilibrio. Decir que los gobiernos siempre toman la “mejor” decisión es sencillamente absurdo. Pero incluso aunque fuera cierto que a España en su conjunto no le conviniera la expulsión de un territorio (lo cual no es obvio), resulta casi evidente que tal expulsión sí beneficiaría a muchos españoles. Para estos grupos de presión debería ser fácil conseguir la expulsión, pues tras la independencia la simpatía de lo que quede de España hacia catalanes y vascos se prevé escasa. Lo mismo se aplicaría a nivel internacional y en Europa ya que numerosos países desearían dar ejemplo a sus regiones díscolas.
Por último, se realiza el ejercicio de medir los costes que tendría el romper los lazos de extraordinaria afinidad que existen entre Cataluña y el País Vasco, por un lado, y el resto de España, por el otro. Primero, es absurdo pensar que la independencia no produciría consecuencias muy negativas sobre los flujos comerciales. Si Cataluña y el País Vasco fuesen países independientes difícilmente podrían mantener los patrones de comercio que a día de hoy tienen. Serían casos únicos, extraordinarios, rarezas. Ningún país concentra tantísimo su comercio con otro como estas comunidades hacen con el resto de España. Y ello es debido a que las fricciones comerciales con el resto de España son extraordinariamente pequeñas cuando se comparan con las que existen entre países de la Unión Europea.
Para probar esos efectos negativos se realiza el siguiente ejercicio. En el modelo standard de economía internacional calculamos las fricciones comerciales que a día de hoy existen entre Cataluña y el País Vasco con el resto de España y el resto del mundo. Calculamos también las fricciones entre España y el país que le es más cercano desde el punto de vista económico, que resulta ser Portugal. A continuación realizamos el ejercicio contrafactual de sustituir las fricciones de Cataluña y el País Vasco con el resto de España por las que Portugal tiene con España. Las consecuencias son las siguientes: (1) el comercio con lo que queda de España desciende abruptamente, (2) el comercio con el resto del mundo aumenta substancialmente, y (3) debido a la caída de la competencia que implica el poner fronteras la calidad media de las empresas de Cataluña y el País Vasco cae asimismo dramáticamente. El resultado sería una caída substancial, abstrayéndose de efectos fiscales, de alrededor de un 10% de la productividad, salarios y renta en Cataluña y el País Vasco. Incorporando efectos fiscales, la caída de la renta sería de alrededor de un 2-3% en Cataluña y de un 10% en el País Vasco.
No, la independencia no será una fiesta. Por el contrario, lo razonable es esperar que tenga costes considerables para las partes implicadas y, por supuesto, para el resto de España.
4.2. El Estado a prueba: costes políticos e institucionales
Una de las características de la España contemporánea es la sustancial degradación del poder del Estado en el territorio español como consecuencia de la aparición de unos poderes neofeudales que anidan en las instancias territoriales. La misma fragmentación que afecta al Estado se advierte claramente en los partidos políticos que han gobernado y gobiernan España, cuyos dirigentes, al carecer de criterios sólidos y válidos para toda España sobre cuestiones fundamentales, se orientan exclusivamente por la brújula lamentable de los intereses electorales a corto plazo y, ya como guinda, lavan sus manos a diario en la palangana del sectarismo y de la improvisación. A esta calamitosa situación no hubiéramos llegado si no contáramos con un sistema político enhebrado por una red de relaciones personales e intereses singulares que están poniendo en pie como decimos un sistema feudal remozado que conecta a los individuos por intereses de grupo, territoriales y corporativos. Es decir, un sistema democrático degradado. Expresión elocuente de esta realidad es el intento de separación del territorio de Cataluña del resto de España.
El camino adecuado para abordar la secesión requeriría la reforma constitucional. Un procedimiento que aseguraría la participación de todos los ciudadanos españoles en una delicadísima cuestión, supuesta la evidencia de que las partes no pueden por sí solas decidir acerca de la forma de su integración en el todo.
Y es que la secesión supondría levantar fronteras y aduanas que rompería la libre circulación de mercancías y de medios de pagos que existe en la Unión Europea, porque originará la salida de esa Comunidad de Derecho con todas sus consecuencias: la necesidad de pasaporte al quedar fuera del espacio Schengen, la necesidad de decidir qué moneda será de curso legal, sin poder apoyarse en el Banco central europeo, la pérdida de las ayudas de la política agraria comunitaria, de los fondos estructurales y de cohesión y un largo etcétera.
Será preciso atender a muchas reformas institucionales y de reordenación territorial: el traslado de tantas sedes de instituciones y organismos estatales en Cataluña; habrá de abrirse un cauce para que los funcionarios públicos puedan optar entre permanecer en el territorio escindido y perder, en los términos de la legislación en vigor, la nacionalidad española y la carrera administrativa, o pasar a España; ajustar los presupuestos; analizar las ayudas dadas a través del Fondo de reestructuración bancaria o del Fondo de liquidez autonómico, las ayudas a los Municipios, las destinadas a la reducción de los peajes de las autopistas, las cifras de las inversiones... otro largo etcétera que determinará el correspondiente finiquito. Un elevado coste.
Es del coste de la no-España de lo que hablamos en este informe. Cuantifíquese cuánto supone dedicar nuestras energías a debatir este problema artificialmente planteado en un país que padece, además de una crisis económica grave inscrita en la esfera de la que afecta a otros países, una crisis institucional propia, doméstica, de unas dimensiones incalculables. De la primera, de la crisis económica, iremos saliendo por el sacrificio de muchos españoles y por la ayuda de Europa y el efecto de la globalización económica. De la crisis política e institucional no saldremos si no somos nosotros quienes aprestemos los instrumentos para ello. Es decir, si en la esfera política no se adoptan las decisiones pertinentes.
4.3. Las claúsulas psicosociales del contrato secesionista
Un “lemon” es un coche de segunda mano con averías y defectos ocultos. El Nobel George Akerlof escribió un famoso artículo, “The Market for Lemons”, con un mensaje: la información asimétrica genera comerciantes deshonestos, compradores crédulos o insensatos y productos de baja calidad. El debate sobre la secesión no es –aunque a veces lo parezca—un problema mercantil, pero la información es asimétrica: las élites políticas secesionistas tienen mucha más información que el común de los ciudadanos. Y los riesgos, en ese contexto, son los mismos que predice Akerlof.
En este capítulo se intenta aumentar la simetría de la información en la “transacción secesionista”. El discurso secesionista del nacionalismo catalán actual guarda más parecido con movimientos políticos como el Tea Party que con movimientos de auto-determinación postcoloniales. La reivindicación fundamental es, despojada de tecnicismos economicistas, muy simple: los más ricos no tienen por qué ser obligados a compartir su riqueza con los pobres, los mecanismos de solidaridad son un expolio. La libertad, en tal discurso, no es responsabilidad social sino búsqueda de satisfacción de los propios intereses.
¿Pero los intereses de quién? ¿Cuál es la “letra pequeña” del contrato secesionista que se quiere hacer “firmar” a toda la ciudadanía, a los de “dentro” por comisión y a los de “fuera” por omisión? ¿A qué intereses satisface?
La respuesta es que reivindicar un nuevo Estado satisface ante todo los intereses de una élite porque, teniendo en cuenta la definición clásica de estado (la institución con el monopolio legítimo de la violencia), el beneficiario inmediato de un nuevo estado no es el “pueblo” sino la élite local que ocupe el aparato del nuevo Estado y obtenga legitimidad para ejercer la violencia sobre sus nuevos súbditos.
El que algunos políticos catalanes excluyan el papel central de la violencia en la reivindicación secesionista con la afirmación “esta vez es distinto” debería poner los pelos de punta a los ciudadanos porque es un síntoma típico de optimismo irrealista. Los tiempos de crisis --y una secesión unilateral nacionalista es una gran y traumática crisis—suelen mostrar la cara menos amable de la implantación de un régimen político: revanchismo, más prejuicios, nuevas formas de discriminación y el gran muñidor del sufrimiento, el odio. Y de la mano de un estado joven y aislado, y por tanto inseguro, son muy probables la censura, el expansionismo (La Gran Nación), la utilización de los niños por el aparato de propaganda y la subordinación de la vida privada, incluyendo la familia, al “nuevo espíritu nacional”.
Los españoles merecemos unas élites políticas que no eludan sus responsabilidades fomentando lo que Freud llamó “el narcisismo de las pequeñas diferencias”. La conducta pasada es el mejor predictor de la conducta futura. Y la trayectoria reciente de las elites políticas de Cataluña no sugiere que sean los heraldos de una sociedad mejor (véanse los datos sobre inversión en educación o situación de los trabajadores reseñados en el escrito). Lo que todos precisamos son instituciones más transparentes en las que una sociedad cívica y solidaria, basada en un patriotismo constitucional, pueda prosperar a salvo de los discursos particularistas de las élites locales.
4.4. Los costes de la política lingüística
Los principales costes en materia lingüística no son tanto los que traerán consigo una posible secesión de Cataluña y Euskadi, sino los que venimos pagando desde mucho antes y que predisponen justamente a esa secesión. Tales costes -en otros términos, la injusticia lingüística del nacionalismo- se dan por lo menos en cinco dimensiones básicas: a) la siembra de falsos principios normativos, b) la implantación de sentimientos colectivos infundados, c) el sufrimiento de muchos, d) la desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos y e) el derroche presupuestario. De cada una de ellas se hace una breve explicación y se ofrecen las razones o datos que la avalan.
Se responde, por otra parte, negativamente a la pregunta de si existe un derecho de elección lingüística. Se advierte al lector de que en esta postura se traspasa la letra de la Constitución y la jurisprudencia sobre la materia, pero se propone que se la tome a modo de hipótesis sobre la que reflexionar. Se pasa entonces a exponer los errores principales de ese presunto derecho de elección y algunos de sus efectos perversos.
4.5. Los costes culturales.
En cuanto a los efectos culturales, la secesión de Cataluña (y por ende la del País Vasco) dejaría una huella traumática en la cultura española, sumiéndola en una crisis psico-social similar a la del 98 pues, como entonces, lo que está en cuestión es la idea de España. En Cataluña, la independencia de España mediante la afirmación excluyente de su singularidad y la negación de lo común o compartido, crearía una realidad social compleja y escindida, con una parte de la población cercana a la euforia por la inauguración de un nuevo destino colectivo, y otra parte, decididamente esquizofrénica y proclive a episodios depresivos, intentando disimular en la superficie la clara amputación artificial de una parte de su identidad.
La creación de una identidad colectiva despojada de toda relación con España pasa por la destrucción de la cultura común -que se ha realizado de forma planificada y continuada bajo el concepto siniestro de “la construcción nacional”, como consecuencia de un proceso artificial -no natural- de ingeniería social que pervierte el normal desarrollo y mestizaje de una sociedad moderna. Y los principales vectores han sido la imposición del catalán como la lengua propia (en la enseñanza, en los medios de comunicación y en el funcionamiento de la administración) en contraposición al castellano; la catalanización del territorio, la toponimia, las calles y hasta los rótulos de los establecimientos comerciales; la construcción de las señas de identidad de Cataluña sobre la base de negar lo español; la exaltación de los rasgos étnico-culturales catalanes; la confrontación de las ciudades: Barcelona contra Madrid; la utilización política del deporte elevando los simples partidos de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona al espacio simbólico de la confrontación de España contra Cataluña y, finalmente, la eliminación o debilitamiento de las estructuras culturales estatales y la creación de otras propias, llamadas nacionales, gracias a la concentración de competencias en favor de las autonomías. Con la potestad normativa y los presupuestos a su disposición, han tenido los instrumentos claves para romper el tejido cultural común y para que los agentes públicos y privados de la industria cultural catalana, profesionales, empresarios y artistas, se hayan movido en el largo abanico entre la adhesión inquebrantable al nuevo régimen para medrar, y la postura de no significarse demasiado, para garantizar por lo menos su supervivencia.
Frente a esta idea de la cultura catalana, pura, genuina y esencial, exploramos la realidad histórica y social de una sociedad rica, entreverada de tradiciones diferentes y profundamente mestiza, deteniéndonos en la viva presencia de la lengua castellana, la literatura y la edición en Cataluña así como en el profundo arraigo de los denostados símbolos de la cultura española: los toros y el flamenco. No debemos olvidar, como decía George Orwell en 1984, que “Aquél que controla el pasado controla el futuro. Aquél que controla el presente controla el pasado”.
5. El futuro de España
Se lleva a cabo una reflexión sobre las dificultades de España para constituirse como Estado nacional de éxito en el siglo XIX, el modo en que esas dificultades han influido en el presente -especialmente en la rareza de que los nacionalismos españoles sean separatistas periféricos-, por ejemplo en las peculiaridades del Estado de las Autonomías, y los desafíos y oportunidades que esa herencia histórica proyecta sobre el futuro de España.
El futuro de España pasa por la superación democrática del Estados de las Autonomías, cuyos innegables méritos para facilitar el tránsito a la democracia desde una deplorable dictadura no deben ocultar las deficiencias en calidad democrática e insostenibilidad del Estado, como la crisis ha puesto dramáticamente de manifiesto.
Se propone una reforma constitucional profunda de la que salga un Estado Federal basado en los principios de cooperación, lealtad federal e igualdad fiscal y política de las Comunidades Autónomas. La falta o debilidad histórica del nacionalismo español representa, paradójicamente, una ventaja para un cambio en sentido federal, si se consigue ganar la batalla de la opinión pública a los nacionalismos separatistas contrarios a la igualdad y cooperación. La participación activa de esa España federal en un proceso de unidad política de Europa, también con un modelo federal, es la otra parte esencial de este proyecto de futuro.
6. Dos reflexiones finales
6.1. ¿Quién defiende a España?
Nuestra nación no tiene ciudadanos que la defiendan porque nadie nos ha explicado que el proyecto político más digno y que merece más la pena es la defensa de la ciudadanía, una integración social basada en compartir los mismos derechos al margen de la parte de la nación en la que se viva o se haya nacido, al margen de la etnia, de la religión, de la tradición cultural… Nada más progresista que la cerrada defensa de la igualdad entre ciudadanos; nada más reaccionario que afirmar que la pertenencia o la etnia deben primar sobre la participación política o la igualdad.
El patriotismo no necesita “enemigos” ni excluye a nadie, sino que consiste en defender los valores comunes y la lealtad entre conciudadanos, un concepto esencial para la democracia. Mientras resulta común oír proclamas en nombre de los vascos, de los catalanes, de los gallegos, de los andaluces… nadie habla en nombre de todos los españoles. Quién nos iba a decir que, tantos años después, iba a seguir teniendo validez aquella sentencia de Emilio Castelar en su discurso de dimisión el 2 de enero de 1874: “Aquí, en España, todo el mundo prefiere su secta a su patria”.
Y, sin embargo, hoy como ayer, defender a España es defender la igualdad de todos los españoles, defender el mantenimiento de los vínculos de lealtad entre nuestros conciudadanos, defender la inmutabilidad de los artículos fundamentales de nuestra Constitución, que son aquellos que proclaman que la soberanía reside en el pueblo español, que todos somos iguales ante la ley, que los titulares de derechos son los ciudadanos y no la tribu o el territorio. Nada, ni la historia milenaria, ni la lengua, ni las tradiciones, está por encima de los derechos de los ciudadanos.
Defender lo que nos une, la España de los ciudadanos cabales y sin complejos, debe ser el compromiso de todos y el que nosotros asumimos.
6.2. El derecho a decidir
El nacionalismo no es una doctrina política sino una ideología que está más cerca del acto de fe en que se fundan las religiones que de la racionalidad que es la esencia de los debates de la cultura democrática. El nacionalismo es una construcción artificial que, sobre todo en tiempos difíciles, como los que vive España, puede prender rápidamente, incluso en las sociedades más cultas por obra de demagogos o fanáticos en cuyas manos “el país opresor” es el chivo expiatorio de todo aquello que anda mal.
A principios de los setenta los nacionalistas eran una clara minoría burguesa y conservadora. Desde entonces el fenómeno ha crecido sin tregua sin que la mayoría de españoles y de catalanes que son conscientes de la catástrofe que la secesión sería para España y sobre todo para la propia Cataluña, se movilicen intelectual y políticamente para hacer frente a las inexactitudes, fantasías, mitos, mentiras y demagogias que sostienen las tesis independentistas.
Pertenecer a una nación no es ni puede ser un valor ni un privilegio, porque creer que sí lo es deriva en xenofobia y racismo, como ocurre siempre a la corta o a la larga con todos los movimientos nacionalistas. Hay muchas cosas que sin duda andan mal en España y que deberán ser corregidas, pero hay muchas cosas que asimismo andan bien, y una de ellas –la más importante- es que ahora España es un país libre, donde la libertad beneficia por igual a todos sus ciudadanos y a todas sus regiones. Nunca en su historia las culturas regionales de España han gozado de tanta consideración y respeto, ni han disfrutado de una libertad tan grande para continuar floreciendo como en nuestros días.
El nacionalismo, los nacionalismos, si continúan creciendo en su seno como lo han hecho en los últimos años, destruirán una vez más en su historia el porvenir de España y la regresarán al subdesarrollo y al oscurantismo. Por eso, hay que combatirlos sin complejos y en nombre de la libertad.
Felipe Córdoba (responsable de Acción Política de UPyD Alhaurín de la Torre)
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