El timo de la balanza fiscal

Para la Iglesia la propiedad no es un derecho absoluto. No defiende el derecho “de propiedad” de los enriquecidos, sino el derecho “a la propiedad” de los pobres, para que nadie carezca de lo necesario para vivir y trabajar, y se cumpla solidaria y justamente el destino universal de los bienes. Ya los Santos Padres hablaban de la obligación de restituir a los necesitados que en justicia pesa sobre los ricos, Juan Pablo II lo llamaba la “hipoteca social” de la propiedad. Los impuestos intentan hacer efectiva esa “hipoteca social” y por ello, en una fiscalidad justa, la distribución entre ingresos y gastos debe ser necesariamente desigual. Deben pagar más quienes más tienen, y recibir más servicios los desfavorecidos. Los economistas hablan de redistribuir la renta.  

Sorprende por ello que se esgrima -más algunos cristianos- la desigualdad en “las balanzas fiscales” como una injusticia que padecen las regiones enriquecidas. Su victimismo es un escándalo ante la verdad de los hechos: en los últimos siglos la política económica (el Franquismo especialmente) favoreció el desarrollo de Vizcaya, Barcelona y Madrid dirigiendo allí las inversiones y mano de obra del resto del país, y obligando con el proteccionismo al consumo de sus productos. Hoy la mayor parte de los impuestos recaudados en esos núcleos los pagamos en todo el territorio donde operan los bancos, eléctricas, telefónicas, constructoras,... con sede fiscal allí; no los pagan sólo ellos. También la inversión pública en toda España revierte en grandes empresas afincadas allí, que construyen autovías, aves, hospitales,... De modo que ni en el pasado, ni en el presente, es cierto que ellos den más y reciban menos. Reclaman más privilegios, no que se haga justicia.