El argumento que el partido ecologista defenderá la próxima semana ante el Fiscal de Medio Ambiente, Francisco Montijano, es que cuando existen indicios de que una obra está recogida como delito en el Código Penal debe acordarse inmediatamente su paralización cautelar, si la reparación del daño es difícil o imposible, hasta que recaiga resolución o sentencia firme.
Para el Portavoz de Los Verdes en Málaga, Angel Rodríguez, firmante de la denuncia admitida a trámite por la Fiscalía el pasado 16 de noviembre, “ese es exactamente el caso que nos ocupa, por lo que así se lo haremos saber personalmente al Fiscal con la mayor brevedad posible”. Según Rodríguez, la continuidad de las obras a fecha de hoy, después de una orden de paralización provisional dictada por el propio ayuntamiento en septiembre, “es una evidente ofensa al Estado de Derecho que el Ayuntamiento de Málaga debería haber impedido en cualquier momento precintando las obras, esto es, cumpliendo con su obligación según la legislación urbanística”. El portavoz verde “calificó como chapuza administrativa y política” la licencia de obra concedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo a Gas Natural el pasado verano. Igualmente, Rodríguez anunció que Los Verdes pedirán al Alcalde “que este escándalo conlleve consecuencias políticas inmediatas en dicho organismo si se confirman unas sospechas que no sólo son fundadas para nosotros y para los vecinos de Campanillas y Maqueda, sino también para el Fiscal de Medio Ambiente”. Por último, afirmó que “una vez más el gobierno municipal queda al descubierto en su estrategia de vender la ciudad a cualquier gran empresa que traiga un buen maletín bajo el brazo”, en referencia a la entrega de 1,7 millones de euros de la gasista catalana al ayuntamiento a cambio de facilidades para la construcción de la Térmica. Las Diligencias de Investigación nº 1016/06, que tramita la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga en virtud de la denuncia de Los Verdes contra el Ayuntamiento y Gas Natural, tienen como fin delimitar si la licencia de obra menor 4024, de 11 de julio de este año, constituye un delito de prevaricación especial contra la ordenación del territorio del art. 320 del Código Penal. El Fiscal, Francisco Montijano, tiene hasta el 16 de mayo de 2007, en plena campaña electoral, para recabar las pruebas suficientes para llevar el caso al Tribunal competente o, en caso contrario, archivar definitivamente el expediente. Resumidamente, el delito consistiría en que el Ayuntamiento concedió licencia para realizar obras contra la calificación urbanística del suelo vigente, ya que ninguna modificación del PGOU, ni la general ni la puntual tramitada en paralelo por Urbanismo, habían sido aprobadas definitivamente en ese momento. Como el PGOU vigente, por tanto, era el de 1998, que calificaba los terrenos como SNUPAR o “Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola de Regadío”, las únicas licencias que podían concederse eran las vinculadas a la actividad agropecuaria.
Angel Rodríguez, Portavoz de Los Verdes en Málaga (616954982)
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